Rodrigo Rodríguez Peral

Expediente 437/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
437/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • Rodrigo Rodríguez Peral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo se notifica a la parte quejosa Rodrigo Rodríguez Peral, el auto de doce de noviembre actual que dice: "..Ensenada, Baja California, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran expresado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa Rodrigo Rodríguez Peral, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil en esta ciudad, en los términos y para los efectos siguientes: "Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 315/2015, de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso Rodrigo Rodríguez Peral". Protección constitucional que se hizo extensiva a las autoridades responsables actuario del Juzgado Segundo de lo Civil y Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio, ambas en esta ciudad, al revestirles el carácter de ejecutoras. Inconforme con dicha determinación la tercero interesada Elisa Alonso Morales interpuso recurso de revisión en su contra, del que por cuestión de turno correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito con sede en Tijuana, Baja California, quien por resolución pronunciada en sesión de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión civil 339/2018, confirmó la sentencia recurrida, por lo que en proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por recibida la aludida determinación, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable (fojas 181 a 202). En acatamiento a ello, la Juez Segundo de lo Civil en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el ocho de octubre de dos mil diecinueve (páginas 209 a 212), informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitió copia certificada del auto de seis de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 315/2015, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en dicho procedimiento, a partir de la diligencia de emplazamiento practicada al aquí quejoso Rodrigo Rodríguez Peral el diez de septiembre de dos mil quince; asimismo, por oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de octubre de dos mil quince, remitió copia certificada del proveído dictado en el juicio de origen el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en el que ordenó dejar sin efecto el oficio 752-A de siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el que en su momento, ordenó al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio inscribir la sentencia pronunciada en el juicio natural. Por su parte, la autoridad responsable ejecutora, Registrador Público de la Propiedad y de Comercio en esta ciudad, por oficio recibido en este juzgado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, informó que canceló la inscripción ordenada por el juez responsable mediante oficio 752-A de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio ordinario civil ***, la cual quedó registrada bajo partida ** sección civil de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, al efecto anexó copia certificada de la hoja de inscripción respectiva. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por las responsables, con las cuales estimaron dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. En las relatadas condiciones, este juzgador determina que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró que dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio ordinario civil 315/2015, a partir de la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso Rodrigo Rodríguez Peral, como se advierte de las constancias que remitió y que fueron valoradas con antelación. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al declararse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo se notifica a la parte quejosa Rodrigo Rodríguez Peral, el auto de treinta de octubre actual que dice: "..Visto, agréguense a los autos para que obren como correspondan, los oficios de cuenta que remiten la juez Segundo de lo Civil, y la Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, ambos con residencia en esta ciudad y anexos que acompañan, mediante los cuales informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, corriéndoles traslado con copia certificada de las constancias relativas y las que ya obran en autos, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable..." Asimismo, se hace de su conocimiento, que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado, copia certificada del auto de veintiocho de octubre actual, dictado por el Juez Segundo de lo Civil Provisional, en el juicio 315/2015 y oficio 3690, firmado por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, al que anexa la cancelación de inscripción registrada con número de partida 5332335.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo se notifica a la parte quejosa Rodrigo Rodríguez Peral, el auto de veinticuatro de octubre actual que dice: "..Visto, la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "[...]Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil **, a partir de la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso Rodrigo Rodríguez Peral. Protección constitucional que se hace extensiva a las autoridades responsables actuario del Juzgado Segundo de lo Civil, y Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio, ambas en esta ciudad, pues les reviste el carácter de ejecutoras." Asimismo, el tres de octubre del año en curso, se recibió copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en el juicio de amparo en revisión civil ** de su índice, en la que confirmó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el nueve de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el juez provisional y actuario del Juzgado Segundo de lo Civil en esta ciudad, y anexo del que se advierte que el siete de octubre de dos mil diecinueve, se dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio ordinario civil **, a partir de la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso Rodrigo Rodríguez Peral, el diez de septiembre de dos mil quince, sin embargo, no remite constancia que acredite haber informado lo anterior al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, a efecto de que procediera a la cancelación de la inscripción ordenada en el juicio ordinario civil **de su índice. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe a este Juzgado del cumplimiento dado a lo ordenado por el juez Segundo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, en estricto acatamiento a la citada ejecutoria, respecto de la cancelación de la inscripción ordenada en el juicio ordinario civil ** de su índice. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable juez Segundo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo remitir copia certificada de las constancias relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, conforme lo establece el artículo 258 de la indicada Ley de Amparo. Asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa Rodrigo Rodríguez Peral, mediante el cual realiza manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable; dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Visto; agréguense a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, de la que se advierte la imposibilidad de la actuaria, de notificar el proveído de nueve de octubre del presente año, por los motivos que expone; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a la parte quejosa el proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto.

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