Rogelio Barreda Cal y Mayor

Expediente 793/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
793/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
24/07/2017

Partes del expediente

  • Rogelio Barreda Cal y Mayor

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tal motivo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ROGELIO BARREDA CAL Y MAYOR, EL ACUERDO QUE DICE: Rogelio Barreda Cal y Mayor promueve demanda de amparo contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 793/2017 que le corresponde. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley, es decir, se establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que en la fracción XXIII de dicho artículo, se da sustento a la improcedencia legal y jurisprudencial; esto es, que puede derivar de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues las enumeradas por el artículo 61 no son limitativas sino enunciativas. Por otra parte, existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que es improcedente el juicio de amparo cuando se reclama de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición cuando el particular eleve la solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Es aplicable al caso, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2008884 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) Página: 480 "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Cabe precisar que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia constituida por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ser acatada por los Juzgados de Distrito. HECHOS En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de las autoridades responsables adscritas al Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, Veracruz, de responder su escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual la parte quejosa 1) señaló nuevo domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, 2) solicitó se autorizaran a nuevas personas para consultar el expediente 1594/2013/III del índice del juzgado de referencia, así como la devolución de los documentos ahí mencionados, y 3) revocó el domicilio y personas anteriormente autorizadas al escrito en mención. CONCLUSIÓN Por lo anterior, se concluye respetuosamente que es improcedente el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, debido a que la omisión que reclama es derivada de una solicitud efectuada en un procedimiento civil seguido en forma de juicio; máxime que incluso la violación que alega no implica necesariamente que vaya a obtener una respuesta desfavorable. Es así que, cuando la omisión reclamada ocurre dentro de un procedimiento, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Similar criterio fue sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al resolver la queja 188/2016 de su índice, por unanimidad de votos, en sesión de fecha trece de octubre de dos mi dieciséis. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Polansky Liliana Carmona Ponce debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y se autoriza únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones e imponerse de los autos a la persona restante debido a que no cuentan con cédula profesional registrada en ese sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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