Rogelio Barragan Valerio y Otros.

Expediente 931/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
931/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
25/06/2015

Partes del expediente

  • Rogelio Barragan Valerio y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    De la diligencia de notificación que antecede se advierte que el quejoso Rogelio Barragán Valerio, desiste del juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase las anotaciones correspondientes e infórmese a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Analizada la demanda de amparo promovida por Rogelio Barragán Valerio, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Cerro de León. Villa Aldama, Veracruz, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 37, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 931/2015. SUSPENSIÓN DE PLANO De las constancias que integran este expediente se advierte que el acto reclamado consiste en la privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial por la supuesta falta cometida por el quejoso, restricción de tránsito a los límites de su estancia, suspensión total de estímulos, incluyendo visita familiar e íntima; por lo que comuníquese a las autoridades responsables que la suspensión de plano se hace extensiva a dichos actos; de conformidad con los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se suspenda la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, el castigo del que se dice ser objeto el quejoso; asimismo, deberán restituir los estímulos y beneficios penitenciarios que hayan sido suspendidos, incluyendo la visita familiar e íntima, salvo que exista alguna causa justificada en contrario; lo cual deberá efectuarse bajo su más estricta responsabilidad, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en el artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro hómine. INCIDENTE Sin tramitarse incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Con el mismo fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo que antecede, remitiendo a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Para el caso de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado nieguen la existencia de los actos reclamados, deberán acreditar su dicho con las constancias respectivas. Además, de ser el caso, deberán anexar copias certificadas del reporte que dio origen al correctivo disciplinario impuesto al quejoso, el citatorio con el que se hizo de su conocimiento la fecha y hora en que se resolvería sobre la infracción que le atribuyeron y que originó dicha sanción y, en su caso, de las constancias relativas a la inconformidad que haya formulado contra la misma. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento y su omisión entorpece el procedimiento, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a las autoridades responsables, para que al rendir su respectivo informe justificado remitan copia certificada legible y completa de las constancias de las que se adviertan los estímulos proporcionados al quejoso antes indicado, en ese centro penitenciario; apercibidas que de no hacerlo en los términos señalados, con fundamento en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días; asimismo, se hace de su conocimiento lo previsto por el artículo citado el cual establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." INFORMACIÓN DE EGRESOS En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que diversos juicios radicados en este juzgado, han sido sobreseídos, en atención a las múltiples órdenes de egreso de internos efectuadas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en la congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. En mérito de lo anterior, se solicita atentamente al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, que informe a este Juzgado si el quejoso Rogelio Barragan Valerio egresó por algún motivo de tal centro de reclusión, y de ser el caso, deberá acreditar su dicho con las copias certificadas correspondientes. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado, sin que se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de reclusión de la parte quejosa. SOLICITUD DE COPIAS Por cuanto hace a las copia que solicita, con fundamento en el artículo 8 Constitucional, expídase copia simple del presente acuerdo a la parte quejosa, y entréguesele en el centro de reclusión en que se encuentra, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, recabando el recibo correspondiente. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo AUTORIDADES INEXISTENTES En términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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