Rogelio Azcorra Medina

Expediente 873/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
873/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
19/10/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Azcorra Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador de manera oficiosa, procede efectuar la aclaración de la sentencia dictada en los presentes autos el veintiocho de septiembre del año en curso, que no obstante que no se advierte obscuridad, ambigüedad o incongruencia alguna, se hace para precisar únicamente lo que se pretendió plasmar en el último párrafo del considerando sexto, en los siguientes términos: "...Sin embargo, a consideración del suscrito ello no actualiza una causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que si la prevención derivó como una consecuencia directa de la resolución de aceptación de la competencia, que es precisamente el acto reclamado, debe estimarse que el aquí quejoso no debió de haberse sujetado a lo exigido por la responsable hasta en tanto se decidiera sobre la legalidad de la competencia aceptada; de manera que lo correcto sería que hasta que ya se encontrara decidida esa cuestión, sería entonces, que le debería de haber empezado a correr el término que le fue impuesto por la responsable; pues de otra manera lo dejaría en estado de indefensión cuando precisamente la resolución que contiene ese apercibimiento se encontraba impugnada." En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en la copia certificada de las constancias que integran el expediente 341/2018 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, residente en esta ciudad; por tanto, devuélvase a la citada autoridad el tomo correspondiente, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo relativo, dado que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio TJA/230/2018, de cinco de octubre en curso, del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por medio del cual solicita la aclaración de la sentencia firmada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Al respecto, dígasele a la autoridad responsable, que no ha lugar a acceder favorablemente a su solicitud, en virtud de que de conformidad con el último párrafo, del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración que pretende solamente procede de manera oficiosa y respecto de sentencias ejecutorias, por lo que no se encuentra legitimado para realizar dicha petición, ni se está en el momento procesal para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Diciembre de 1997, en la página 6, con número de registro 197248, cuyo rubro y texto señalan: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." No obstante lo anterior, hágase de su conocimiento que a consideración del suscrito juzgador, no existe obscuridad, ambigüedad o incongruencia alguna en la sentencia, ya que claramente se precisó que se negaba al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que tuviera por efecto, ni se constriñera a la autoridad, a actuar en determinado sentido. Siendo conveniente precisar que, en la parte destacada por la responsable, únicamente se expusieron las consideraciones por las que el suscrito resolutor estimó procedente analizar el estudio de fondo del acto reclamado, y no declarar la improcedencia del juicio, por un cambio en la situación jurídica del quejoso, al haber declarado la responsable no tener por presentada la demanda del quejoso, porque no se compartía dicho proceder. Lo anterior, al no estar en aptitud de dividir la continencia de la causa de la determinación de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en la que por una parte se aceptó la competencia declinada a favor del Tribunal, y por la otra, se realizó una prevención al quejoso respecto de su demanda, porque implicaba dejarlo en estado de indefensión, pues al haber impugnado en esta vía constitucional lo relativo a la competencia, no podía ser sujeto a lo exigido, sino hasta en tanto se decidiera sobre la legalidad o no del acto reclamado. Por tal motivo, infórmese a la autoridad responsable que en su caso, será en el momento procesal oportuno, cuando el suscrito juzgador, de así considerarlo, proceda a realizar las manifestaciones pertinentes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a este expediente el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; que remite en cumplimiento a la solicitud que se le hizo por acuerdo de veintidós de agosto del año en curso; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes; relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace al documento remitido por la autoridad responsable, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen; debiendo extraerse fotocopias de las constancias relativas al acto reclamado, a fin de que éstas sean certificadas y agregadas a este expediente, en cumplimiento a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a este expediente el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, junto con un anexo; al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Por otra parte, toda vez que el Tribunal responsable informa y acredita que con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, asumió la competencia para el conocimiento de la demanda instaurada por Rogelio Azcorra Medina y le concedió un plazo legal para que ajustara su demanda a los requisitos especificados en el auto, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada o se desecharía. En consecuencia, solicítese al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de todas las constancias que obren en el expediente 341/2018, incluyendo el acuerdo que haya recaído a la prevención realizada al quejoso por auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.

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