Rogelio Arcadio Lope Martínez

Expediente 994/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
994/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Rogelio Arcadio Lope Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguense a los mismos para los efectos legales correspondientes, los informes justificados rendidos por la Directora y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. En la especie, de dichos informes justificados se desprende que las autoridades responsables mediante cédula de notificación de veinte de noviembre pasado, dieron respuesta al aquí impetrante del amparo, de su solicitud registrada con número de folio 155832-2018, en donde le comunicaron que con fecha nueve de noviembre anterior, se suspendió su referida solicitud relativa a la inscripción de un aviso definitivo de compraventa respecto del predio denominado Santa Cruz de la localidad y municipio de Hunucmá, Yucatán, toda vez que el predio de mérito reportó cierre de registro ordenado por el Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, mediante oficio 3346, en autos del expediente 609/2018. Lo que se patentiza con copia certificada de las constancias correspondientes que remitió la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con su informe justificado, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la omisión de dar respuesta a la inscripción solicitada con el número de folio 155832-2018, de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, respecto del predio rústico denominado Santa Cruz, ubicado en la localidad y municipio de Umán, Yucatán. Sin embargo, del contenido de los informes justificados rendidos por las citadas autoridades responsables, se advierte que con fecha veinte de noviembre pasado, le fue notificada la respuesta a dicha solicitud, en donde se le informó que el nueve de noviembre del año en curso, se suspendió la solicitud número 155832-2018, correspondiente a la inscripción de un aviso definitivo de compraventa respecto del predio denominado Santa Cruz de la localidad y municipio de Hunucmá, Yucatán, toda vez que el predio de mérito reportó cierre de registro ordenado por el Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, mediante oficio 3346, en autos del expediente 609/2018; circunstancias que acontecieron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, pues ya se le dio respuesta a su solicitud. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Finalmente, respecto a lo manifestado por la autoridad responsable Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en su informe justificado, en el sentido de que en el organigrama de dicha institución no existe la figura de calificador del Departamento Inmobiliario F del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; no es el caso hacer pronunciamiento alguno al respecto, en razón de lo acordado en el cuerpo del presente proveído. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el alegato ministerial número 354/2020 signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio DGAJ/5110/2020, signado por el Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, quien comparece por el Director en Jefe y por el Director General de Registro y Control Documental, todos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, que remite con relación al requerimiento que se hizo por auto de diez de marzo de dos mil veinte y mediante el cual manifiesta: "En atención al acuerdo de fecha 10 de marzo de 2020, notificado en este órgano desconcentrado el día 17 de septiembre siguiente, por el que se requiere al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, en su carácter de superior jerárquico, para que indique a ese Juzgado de Distrito, el nombre de la persona que debe atender y resolver el impedimento técnico manifestado en el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1273/2020 signado por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, así como el cargo y domicilio oficial de la misma. - - - Sobre el particular, cabe señalar que mediante oficio DGAJ/5109/2020 de esta misma fecha, el cual se adjunta en copia certificada al presente, se ha requerido al Director General de Registro y Control Documental, para que se imponga respecto a lo ordenado en autos, información que tan pronto sea proporcionada la misma se hará del conocimiento de ese órgano jurisdiccional. - - - Al tenor de lo esgrimido en el presente oficio, solicito a Usted tenga a esta autoridad realizando las manifestaciones de referencia y solicitando no se haga efectiva en contra de esta autoridad la medida de apremio señalada en autos." Al efecto, téngase a la autoridad oficiante informando las gestiones de mérito; asimismo, toda vez que de la misiva y anexo de cuenta, se advierte que con fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, libró el oficio DGAJ/5109/2020, dirigido al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, a fin de dar cumplimiento a lo requerido. Por tanto, tomando en consideración el tiempo transcurrido entre la emisión de dicho oficio DGAJ/5109/2020 (veintidós de septiembre de dos mil veinte) y el día de hoy, hace probable que ya se haya resuelto la imposibilidad técnica manifestada por la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en su oficio RAN/YUC/SR/DJ/1405/2020, recibido por auto de diez de marzo de dos mil veinte. En consecuencia, requiérase a la citada encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS informe a este Juzgado cuál es el estado que guarda el certificado parcelario número ********************, así como la entrega del mismo a la parte quejosa ********************. Lo anterior, a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto, lo que se le requiere con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, debiendo remitir copia certificada completa y legible de las constancias conducentes. Apercibida la citada autoridad que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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