Rodrigo Vázquez Romero
Expediente 1187/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rodrigo Vázquez Romero
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio remitido electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual comunica la resolución pronunciada en el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resolución de la que se advierte que la citada Superioridad declaró legalmente competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno, para que conozca del juicio de amparo promovido por Rodrigo Vázquez Romero, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Mexicanos y otras autoridades. En ese sentido, tomando en consideración que en el expediente principal, ya no queda diligencia alguna que realizar, por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente de antecedentes es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el que informa que insiste en declinar la competencia a favor de este Juzgado, por lo que ordenó remitir el expediente relativo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a fin de que determine el órgano jurisdiccional que debe conocer de la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que adjunta el expediente ******************** de su índice, que contiene la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Del oficio de cuenta se advierte que el Juzgado remitente se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se menciona, considerando que debe conocer de la misma un juez de Distrito en el Estado de Yucatán, partiendo de la base de que la ejecución de los actos reclamados tendrá verificativo en el lugar en el que el quejoso presta sus servicios, esto es, en la ********************. Sin embargo, este Juzgado no acepta la competencia que se plantea para conocer del juicio constitucional que se remite. Lo anterior porque, la competencia es un presupuesto de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios, se encuentran contenidos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres reglas para fijar la competencia: 1. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se ha presentado la demanda. Ahora bien, aún cuando en el caso lo que se reclama es la emisión de una norma bajo su naturaleza autoaplicativa, la autoridad declinante estableció su incompetencia en el primero de los supuestos antes nombrados, al considerar que la ejecución de los actos reclamados se encuentra en donde el quejoso presta sus servicios, esto es, en la ruta de la ********************; sin embargo, esté órgano jurisdiccional considera que no habría ejecución material en esta entidad federativa de Yucatán, como determinó, sino en el Estado de Quintana Roo, ya que dicho tramo carretero se encuentra dentro de esta última entidad. En tales consideraciones, al no existir ejecución alguna de los actos reclamados en el estado de Yucatán, respetuosamente, este órgano de control constitucional, como se anticipó, no acepta la competencia declinada por el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo ******************** de su índice promovido por ******************** contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por los motivos expuestos en el presente proveído; por tanto, devuélvase el expediente principal remitido, solicitando el acuse el recibo correspondiente, para los efectos legales correspondientes. Fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes. Por último, es preciso señalar que no es procedente notificar personalmente al quejoso el presente acuerdo, en virtud de que este juzgado federal no aceptó la competencia declinada y por tanto, no se radicó el asunto ni se generó un cambio de jurisdicción por razón de territorio. Tiene aplicación la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, volumen CXVIII, primera parte, sexta época, Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 257643, que a la letra dice: "AUTO DE RADICACIÓN, LA NOTIFICACIÓN DEL, DESPUÉS DE UNA COMPETENCIA, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. La nueva radicación de los autos en el juzgado en el cual la Suprema Corte haya fincado la competencia que le plantean dos Jueces de Distrito de distinta jurisdicción, debe notificarse a las partes en forma personal, ya que dicha radicación implica: a) un cambio de jurisdicción por razón de territorio, y b) la reanudación de las actuaciones procesales en el juicio después de un periodo de haberse suspendido con motivo del mencionado conflicto competencial; razones ambas que son suficientes para justificar el ejercicio, por parte del Juez, de la facultad discrecional que para tal efecto le confiere el artículo 30, primer párrafo, de la Ley de Amparo; discrecionalidad que, en tanto que arbitrio judicial, no puede quedar sujeta a la voluntad caprichosa del Juez, sino que tiene que ajustarse a los dictados de la razón, de acuerdo con una apreciación adecuada de las circunstancias de tiempo y lugar y de la trascendencia del acto a que la notificación se refiera, a efecto de que todas aquellas resoluciones de trascendencia para las partes lleguen con certeza a su pleno conocimiento, mediante notificación personal, garantizándoles así la oportunidad de hacer valer sus defensas en tiempo y forma." Notifíquese y cúmplase. (...)
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