Rodrigo Santos Alonso Quintanilla y Otros.
Expediente 121/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rodrigo Santos Alonso Quintanilla y Otros.
- Juez Tercero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
- Rodrigo Santos Alonso Quintanilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************quien se ostentó de apoderado legal de Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, contra actos del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Vespertino, con sede en esta ciudad, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para subsanar la prevención que se le efectuó a Juan Antonio Herrera Aussin quien se ostentó apoderado de Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, transcurrió del doce al dieciocho de febrero del mismo año, sin que haya dado cabal cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificado, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, con fundamento en el citado artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Herrera Aussin quien se ostenta apoderado de Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, en contra de los actos del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO ...Mérida, Yucatán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para subsanar la prevención que se le efectuó a Juan Antonio Herrera Aussin quien se ostentó apoderado de Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, transcurrió del doce al dieciocho de febrero del mismo año, sin que haya dado cabal cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificado, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, con fundamento en el citado artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Herrera Aussin quien se ostenta apoderado de Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, en contra de los actos del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Herrera Aussin, quien se ostenta apoderado del quejoso Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, contra actos del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, la cual fue exhibida con dos copias y siete anexos. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, y 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, requiérase al ocursante para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, por escrito: Acredite con documento idóneo el carácter de apoderado del quejoso Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, con el que se ostenta; y, Exhiba las copias suficientes del citado documento para correr traslado a cada una de las partes. Lo anterior es así, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que adjunta a la misma se advierte, que el documento con el que pretende acreditar su personalidad, se trata de una copia simple y no de una copia certificada como se señala en la demanda. Como se establece en la jurisprudencia P./J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y ocho, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como la diversa jurisprudencia P./J. 37/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIII, Abril de 2001, Pagina 125 de la Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." Como se establece en la jurisprudencia (Común), tesis 2ª./J.124/2016 (10ª.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Con el apercibimiento que de no subsanar dicha prevención, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su escrito de demanda y como su autorizado a Edgar Miguel Poot Delfino, en términos del artículo 12 de la Ley de amparo, y a Héctor Ernesto Franco Ceja y Rosalyn Guadalupe Gamboa Quintal términos restringidos a que alude la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acreditaron ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia. de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante, y asimismo, se tienen como sus autorizado en términos restringidos a los restantes que menciona en su escrito cuenta por así haberse solicitado expresamente. Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud del ocursante para el uso de aparatos electrónicos, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase de su conocimiento que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
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