Rodrigo Sánchez Sánchez

Expediente 234/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
234/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Rodrigo Sánchez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el trece de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 234/2020, promovido por Rodrigo Sánchez Sánchez, en audiencia pública, Manuel Camargo Serrano, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, Secretario de Juzgado, en cumplimiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Co2 (Covid-19). Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo, auto admisorio, ampliación de demanda, admisión de la misma, constancias de notificación a las partes e informes justificados de la autoridad responsable , así como los acuerdos donde se proveyó lo conducente. Asimismo, certifica que no transcurre ningún plazo procesal, ni se encuentra pendiente emplazamiento alguno. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio, así como con la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y el secretario hace constar que las partes no los formularon, así como que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó intervención alguna. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Con lo que se concluye el período de referencia. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintinueve de enero de dos mil veinte, turnada el mismo día a este Juzgado de Distrito en la misma materia y jurisdicción, Rodrigo Sánchez Sánchez promovió amparo indirecto, en contra de la autoridad y actos reclamados, siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad responsable al Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: Se reclama de la responsable la omisión de dar contestación a los tres escritos de fecha de dos de diciembre y dieciséis de diciembre respectivamente, de dos mil diecinueve presentado en oficialía de partes el dos de diciembre y dieciséis de diciembre respectivamente de dos mil diecinueve". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa señaló que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló como derecho violado el contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Admisión de demanda. Mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte (fojas 22 a 24), se admitió a trámite la demanda propuesta, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Requerimiento para ampliar. Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como actos reclamados oficios PACDMX/DERHF/SRH/0444/2020 y PACDMX/DERHF/SRH/0445/2020, ambos de veintidós de enero de dos mil veinte, atribuidos a la autoridad que los emitió. Al efecto, por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, el quejoso desahogó en los siguientes términos (fojas 54 a 75): "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables a: Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México Subdirector de Recursos Humanos de la policía Auxiliar de la Ciudad de México. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: Se reclama de la autoridad señalada como responsable, Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, la omisión de dar contestación a tres escritos de petición por tres diferentes peticiones de pago de haberes de retiro denominadas; compensación por retiro, compensación por incapacidad total o permanente y fondo de ahorro en los términos que lo indica el artículo octavo de nuestra carta magna que señala; "A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término". Se reclama de la autoridad señalada como responsable Subdirector de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, presentar ante ese juzgado los oficios número PACDMX/DERHF/SRH/0445/2020, PACDMX/DERHF/SRH/0444/2020, PACDMX/DERHF/SRH/0995/2020 respectivamente, mismos que se señalan como actos impugnados en la presente ampliación de demanda, con los que pretende dar respuesta a los escritos de petición por concepto de fondo de ahorro, compensación por incapacidad total permanente y compensación por retiro respectivamente que se detallan en el capítulo respectivo, contenidos en el contrato de trabajo celebrado entre la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y el suscrito, de los que se desprenden violaciones como son (.). La aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del suscrito. Considerar validos documentos que señala su existencia en los oficios señalados de los que se desprende la renuncia del suscrito a mis derechos como personal en retiro. La elusión por simulación de dar cumplimiento a los solicitado y como se describirá en el capítulo respectivo". QUINTO. Ampliación de demanda. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la ampliación de demanda y se requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado. SEXTO. Suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación. A través del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de plazos a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, periodo que se extendió a través de los Acuerdos Generales 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 hasta el treinta y uno de julio del año en curso, como medida de contingencia con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-Co2 (COVID -19). SÉPTIMO. Reanudación de plazos procesales. En proveído de tres de agosto de dos mil veinte, con base en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entre otros puntos levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil vente, se reanudó el trámite en el presente juicio de amparo, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. OCTAVO. Audiencia constitucional. Previos los trámites legales correspondientes, la audiencia constitucional se celebró, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafos primero y tercero, de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman omisiones y actos de naturaleza administrativa, en el caso de los primeros carecen de ejecución pero la demanda se presentó en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción; por otro lado, los segundos tienen ejecución en el territorio ya señalado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México: La omisión en dar respuesta a los escritos (dos) presentados el dos de diciembre y (uno) el dieciséis de diciembre, todos de dos mil diecinueve. Los oficios PACDMX/DERHF/SRH/0444/2020 y PACDMX/DERHF/SRH/0445/2020, ambos de veintidós de enero de dos mil veinte y PACDMX/DERHF/SRH/0995/2020, de once de febrero de dos mil veinte. Sin que, en el caso, se tenga como diversa autoridad al subdirector de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, toda vez que actuó en representación de dicho director de la misma corporación, así como que los escritos de petición se dirigieron a éste último. Tampoco se tienen como actos destacados los que el quejoso expresó como (i) la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del suscrito; (ii) considerar validos documentos que señala su existencia en los oficios señalados de los que se desprende la renuncia del suscrito a mis derechos como personal en retiro; y, (iii) la elusión por simulación de dar cumplimiento a los solicitado y como se describirá en el capítulo respectivo, toda vez que se trata de argumentos a manera de conceptos de violación, que en su caso serán analizados en el apartado relativo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, consistente en la omisión en dar respuesta a los escritos presentados, (dos) el dos de diciembre y (uno) el dieciséis de diciembre, todos de dos mil diecinueve, no obstante la negativa planteada al rendir informe justificado (fojas 27 y 28). Se dice lo anterior, pues destacan los acuses de recibo de los escritos presentados en la oficialía de partes de la Dirección General de la Policía Auxiliar, (dos) el dos de diciembre y (uno) el dieciséis de diciembre, todos de dos mil diecinueve, que obran en autos, a través de los cuales, el quejoso solicitó el pago de fondo de ahorro, pago de la compensación por retiro y el pago de compensación incapacidad total permanente igual al importe del seguro de vida. Sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintinueve de enero de dos mil veinte) se hubiera emitido la respuesta correspondiente. Documentales que tienen valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También son ciertos los actos atribuidos al Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, consistentes en los oficios PACDMX/DERHF/SRH/0444/2020 y PACDMX/DERHF/SRH/0445/2020, ambos de veintidós de enero de dos mil veinte y PACDMX/DERHF/SRH/0995/2020, de once de febrero de dos mil veinte, toda vez que así lo manifestó al rendir informe justificado a la ampliación de demanda (fojas 84 a 87). Lo que se corrobora, de las constancias anexas al mismo, consistentes en copia certificada de los referidos oficios. Documentales que, por obrar en copia certificada, tienen valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez que son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, al Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, toda vez que el subdirector de Recursos Humanos de dicha corporación, en suplencia por ausencia emitió respuesta a los escritos presentados, (dos) el dos de diciembre y (uno) el dieciséis de diciembre, todos de dos mil diecinueve, a través de los cuales, el quejoso solicitó el pago de fondo de ahorro, pago de la compensación por retiro y el pago de compensación incapacidad total permanente igual al importe del seguro de vida. El citado artículo establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Para que se actualice la causa de improcedencia señalada, es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto de molestia y, si éste es de carácter omisivo, realice la conducta cuya omisión se le reclama; para que con ello, en forma total e incondicional, se destruyan todos los efectos del acto u omisión, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto u omisión no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o, habiendo irrumpido en ella, no dejen ninguna huella de dicha afectación. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En concreto, se actualiza la referida causa de improcedencia, porque en autos obra copia certificada de los oficios PACDMX/DERHF/SRH/0444/2020 y PACDMX/DERHF/SRH/0445/2020, ambos de veintidós de enero de dos mil veinte y PACDMX/DERHF/SRH/0995/2020, de once de febrero de dos mil veinte, a través de los cuales se dio respuesta a las peticiones de dos de diciembre y dieciséis de diciembre, todos de dos mil diecinueve. En efecto, la autoridad responsable exhibió con su informe justificado a la ampliación de demanda, copia certificada de los oficios de veintidós de enero y once de febrero, todos de dos mil veinte, a través de los cuales dio respuesta a la solicitud de pago de fondo de ahorro, pago de la compensación por retiro y el pago de compensación incapacidad total permanente igual al importe del seguro de vida. Ello con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de enero de dos mil veinte), toda vez que en el caso de los oficios PACDMX/DERHF/SRH/0444/2020 y PACDMX/DERHF/SRH/0445/2020, ambos de veintidós de enero de dos mil veinte, le fueron notificados a la parte quejosa el seis de febrero del mismo año, a través de persona autorizada en el domicilio señalado para tales efectos. En el caso del oficio PACDMX/DERHF/SRH/0995/2020, de once de febrero de dos mil veinte, le fue notificado a través de correo certificado del servicio postal mexicano con guía de seguimiento MC585829810MX, del que se advierte en la página https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx, le fue entregado en el domicilio señalado para tales efectos el cinco de marzo de dos mil veinte. Documental con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En esas condiciones, se estima que ya cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, en virtud de que la situación jurídica y de hecho que dio origen al presente juicio de amparo se extinguió, pues como se advierte de las constancias de autos, ya se dio respuesta a los escritos de petición (dos) de dos de diciembre y (uno) de dieciséis de diciembre, todos de dos mil diecinueve. Documentales de las que tuvo conocimiento la parte quejosa y con las que además en el caso de los oficios PACDMX/DERHF/SRH/0444/2020 y PACDMX/DERHF/SRH/0445/2020, ambos de veintidós de enero de dos mil veinte, se le dio vista a través del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, mismo que se le notificó personalmente en diligencia del tres de marzo siguientes. De manera que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada, debido a que ya se alcanzaron los beneficios prácticos que podría reportar la concesión del amparo en su contra. En lo conducente es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA". En virtud de las consideraciones expuestas, al acreditarse plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer respecto de las omisiones atribuidas a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la citada ley. Finalmente, respecto del acto reclamado consistente en los oficios PACDMX/DERHF/SRH/0444/2020 y PACDMX/DERHF/SRH/0445/2020, ambos de veintidós de enero de dos mil veinte y PACDMX/DERHF/SRH/0995/2020, de once de febrero de dos mil veinte, se advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que no constituye propiamente un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, la vía propuesta no es la idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con la suspensión del servicio activo, remoción, cese o baja. Es preciso indicar, como se explicó previamente, el artículo 61 de la Ley de Amparo establece causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 1, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacionen con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el presente asunto, el hecho de que el quejoso fuera miembro de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios y sus remuneraciones sean automáticamente actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Pues es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: (i) las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, (ii) las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Si bien las relaciones laborales que regula el apartado A se suscitan entre particulares, y las relaciones laborales que regula el apartado B se suscitan entre particulares y órganos públicos, lo cierto es que, con independencia de las partes que las configuran, ambos tipos de relaciones laborales tienen la misma naturaleza: relaciones de coordinación. Ahora bien, el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre las partes de ésta (patrón y trabajador) no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Así, tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón lo podría hacer, por lo que en dichas relaciones no ejerce su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que ahí surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, constituyan en ambos casos relaciones de coordinación. Ya desde la octava época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el cese de los trabajadores al servicio del estado no puede estimarse como un acto de autoridad estatal, ya que en términos del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria, el Estado se ubica en una posición jurídica similar a la de un patrón; lo que evidencia que en las relaciones que entabla con sus trabajadores no actúa con su poder de imperio -característica distintiva de los actos de autoridad-. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia P./J. 10/90, que lleva por rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE". Más recientemente, puede verse la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN". Si bien, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores; lo cierto es que en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto (que se rija por el derecho del trabajo), sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado. Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, solo que son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo y, por ende, no tienen derecho a reclamar estabilidad en el empleo ni a la inmutabilidad en las condiciones de permanencia. Por esa razón, en oposición a los demás empleados públicos, los miembros de las instituciones policiales no pueden acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver sus conflictos individuales, en términos del artículo 123, Apartado B, fracción XII, de la Constitución; sin embargo, ello no implica que no exista una vía ordinaria para ello, pues por afinidad, pueden acudir al Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa. Al respecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 82/98, que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL". En el caso, de una interpretación hermenéutica y sistemática de la demanda de amparo, el quejoso se duele de los oficios PACDMX/DERHF/SRH/0444/2020 y PACDMX/DERHF/SRH/0445/2020, ambos de veintidós de enero de dos mil veinte y PACDMX/DERHF/SRH/0995/2020, de once de febrero de dos mil veinte, en que la autoridad responsable atendió a sus peticiones relativas al pago de fondo de ahorro, pago de la compensación por retiro y el pago de compensación incapacidad total permanente igual al importe del seguro de vida. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico planteado, únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con la suspensión, remoción o cese de éstos. En efecto, tratándose del procedimiento que puede culminar con la remoción o cese de los policías, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que el acuerdo de inicio constituye un acto de imposible reparación, porque puede culminar en la separación del servicio activo y, aun cuando con posterioridad se demuestre la ilegalidad de esa actuación, no podrán ser reinstalados, por la prohibición establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, por lo que el juicio de amparo es procedente. No obstante, en el caso, aun cuando el quejoso se desempeñó como policía de dicha corporación, y está sujeto al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, lo cierto es que el acto que reclama no se vincula con "el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él" que la Segunda Sala del Alto Tribunal pretendió tutelar con la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) - mencionada con anterioridad-, lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Entonces, en el juicio de amparo no se puede analizar esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación administrativa que une a la parte quejosa con la dependencia para la que labora y en sustitución de un tribunal burocrático. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.T. J/39 (10a.), que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA)". De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 31/2019 (10a.), que lleva por rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES". Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre un miembro de las fuerzas policiales y la dependencia para la que presta sus servicios, con motivo del desarrollo de estos, si no se vinculan con su suspensión, remoción o con el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo. Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria (de supra a subordinación); sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se da porque es el órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias (en substitución de un tribunal laboral), más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. La anterior determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Así, al quedar demostradas las causas de improcedencia contempladas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, ésta última en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, se sobresee en el juicio. Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Director General y Subdirector de Recursos Humanos, ambos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por el que ofrecen pruebas. En términos del artículo 119, segundo párrafo, de la ley de la materia, se tienen como pruebas de las autoridades responsables, las documentales anexas o su ocurso de cuenta, las que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y de poder ser tomadas en consideración al momento de dictarse la sentencia. Notifíquese

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso se recibieron los informes justificados de la Jefa de Gobierno, de la Secretaria de Administración y Finanzas y del Tesorero, todos de la Ciudad de México, sin que medien los ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia, como lo establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan en su lugar las trece horas con cuarenta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil veinte, para su verificativo... Notifíquese.

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