Rodrigo Richard López Cerda

Expediente 1420/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1420/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Rodrigo Richard López Cerda

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio del Subadministrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "2", mediante el cual informa la imposibilidad jurídica para cumplir con el requerimiento formulado en auto del ocho de noviembre actual, precisando que la autoridad competente para desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación es la Jefa del Servicio de Administración Tributaria. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y, se tiene a la autoridad de mérito desahogando el requerimiento formulado en autos, quedando insubsistente el apercibimiento decretado. En consecuencia, con copia del oficio de cuenta y con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto, y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de seis días, contado a partir del siguiente al que haya quedado notificada del presente acuerdo, de cumplimiento la ejecutoria de amparo dictada en autos, esto es, desincorporé de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación. Se apercibe a la autoridad requerida que en caso de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el diverso 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, según este último precepto, se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para que determine la procedencia de la aplicación de la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal y se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Escrito de cuenta. Agréguese el escrito de Silvia Guadalupe Ibáñez Casco, quejosa en el presente asunto, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, y promueve ampliación de demanda. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el proveído mencionado. Por tanto, en virtud de que el escrito de ampliación de demanda se formula en términos legales, y además, se presentó dentro de los plazos que establecen los artículos 17 y 111, de la Ley de Amparo, esto es, cuando la parte quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, y antes de la celebración de la audiencia constitucional, se tiene por ampliada su demanda en los términos precisados en el escrito que se provee. Lo anterior, encuentra sustento legal en la Tesis de Jurisprudencia número 15/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." De igual forma, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencia número VI.2o.C. J/240, visible en la página 1339, del Tomo XIX, Enero de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza lo siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Por tanto, con una copia del escrito de ampliación de demanda, córrase traslado a las autoridades responsables Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación 07 del Valle de la Delegación Sur de la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Hágase del conocimiento de las partes que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las doce horas con cuarenta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, para su desahogo. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado a las autoridades responsables Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación 07 del Valle de la Delegación Sur de la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, que deberán rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído y deberán adjuntarse en su caso, las constancias en que justifiquen la constitucionalidad de sus actos, refiriéndose al número de oficio en el que se les comunique la presente determinación, por lo que se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no remitir su informe justificado en los términos precisados, se les impondrá multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Además, deberán: a) Manifestar si son ciertos o no los actos reclamados, en el entendido que la aceptación de la existencia del mismo no implica la admisión de su inconstitucionalidad. b) Informar a este Juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a qué órgano correspondió conocer del mismo. c) Hacer saber a este órgano jurisdiccional sobre la cesación de efectos de los actos reclamados o la existencia de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento del presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aún durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. d) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos a), b), c) y d), se le impondrá multa de cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Obligación de las partes sobre la actualización de alguna causal de improcedencia. Hágase del conocimiento de las partes que, en términos del ordinal 64 de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar de inmediato a este órgano de control constitucional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63 de la referida ley, debiendo exhibir las constancias que la acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este Juzgado le impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 251, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Apercibimiento relativo a la denominación de autoridades. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto, previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, la parte quejosa solicita se aperture incidente de falsedad de firma, en contra de la firma plasmada en el oficio número 37 91 02 90 0110/Ref.PE/SF/2018 de veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Atento al contenido del escrito de la parte quejosa por el cual, ofrece como prueba de su parte, la pericial en materia de grafoscopía. En consecuencia, con fundamento en los artículos 119, párrafos primero, cinco y siete, y 120 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo a aludida probanza, en su preparación, con vista del cuestionario inserto en el escrito de referencia, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, de estimarlo pertinente, amplíen dicho cuestionario y designen perito de su parte, apercibidas que de no hacerlo se les tendrá por conformes con el dictamen que, en su momento, emita el perito oficial. En mérito de lo expuesto, este Juzgador estima indispensable verificar la autenticidad de las firmas que calza la demanda de amparo reconocida por Silvia Guadalupe Ibáñez Casco y la plasmada en el oficio 37 91 02 90 0110/ref.,PE/SF/2018 de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, donde se le da respuesta a la petición de la parte quejosa, razón por la cual se ordena la práctica de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía. Asimismo, con copia del aludido escrito y con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, gírese atento oficio al DIRECTOR GENERAL DE ESPECIALIDADES PERICIALES DOCUMENTALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva designar perito en materia de caligrafía y grafoscopía, para que funja como oficial de este órgano constitucional en la prueba pericial ordenada; o bien, manifieste la imposibilidad legal o material para ello, apercibido que de ser omiso, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase como perito de la parte quejosa a Ana Gabriela Villegas Carrillo, por lo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cítese a la misma por conducto de su oferente, para que en el término de tres días comparezca en el local de este Juzgado Federal, para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido, apercibida la parte quejosa que de no comparecer su perito en el término otorgado, se le tendrá por perdido el derecho para tal efecto; y, asimismo, se le tendrá por conforme con el dictamen que emita el perito oficial. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito de cuenta; así como la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y de ser tomadas en consideración al momento de dictar sentencia. Por esa razón, una vez que se obtengan los resultados de esta prueba y se concluya sobre la autenticidad de las firmas que calzó la demanda de amparo reconocida por Silvia Guadalupe Ibáñez Casco y la plasmada en el oficio 37 91 02 90 0110/Ref.PE/SF/2018 de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se dictará el acuerdo que en derecho proceda; ya que la discrepancia de las firmas puede traer como consecuencia una causa notoria y manifiesta de improcedencia, situación en la cual se haría ociosa la substanciación del juicio.

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