Rodrígo Montes Castro
Expediente 967/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2021
Partes del expediente
- Rodrígo Montes Castro
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes el oficio 429/2021-C de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución de diez de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciada por ese Tribunal en el incidente en revisión 774/2019, deducida del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1119/2019 del índice de este juzgado; en consecuencia, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y, hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por la quejosa BEATRIZ GUADALUPE OLAGUE MEZA; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, y acúsese el recibo d estilo correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Rodrigo Montes Castro; luego, en atención a lo que solicita, hágase el cotejo y certificación correspondiente de las documentales que acompañó a su escrito de demanda; y una vez hecho lo anterior, devuélvanse a la parte quejosa los documentos que acompañó a la misma, dejando en su lugar la copia certificada por la Secretaria de este juzgado de Distrito, previa constancia de recibo de su entrega que se deje en el presente expediente. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a efectuar el trámite de la recepción de los citados documentos, tendrá que agendar una cita en el portal de servicios en línea específicamente en el micrositio "Agenda OJ" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19 NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual en cumplimiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito en el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, informa que los datos proporcionados relativos al despacho 109/2021 del índice de este Juzgado, no coinciden con el despacho que existe en dicho Juzgado; sin embargo, no es el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recepcionado dicho despacho debidamente diligenciado por parte de la Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por RODRIGO MONTES CASTRO, contra actos del Pleno del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 967/2021; formándose los expedientes impreso y electrónico respectivos, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el juicio de amparo que ahora se intenta deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso la parte quejosa reclama del Pleno del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México y del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, con residencia en esta ciudad de Tepic, lo siguiente: "De la autoridad responsable descrita con el inciso a) Tribunal Superior Agrario (su pleno) que lo integra, le reclamo el contenido de su determinación dictada en sesión administrativa celebrada el 25 de agosto de 2021 en la cual aprobó por unanimidad mi cese en mi plaza de Jefe de la Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 19 con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, con efectos a partir del uno de septiembre de 2021, lo anterior lo hizo basándose en diversas actas administrativas que recibió, observaciones asentadas en actas de visita de inspección, las omisiones que dice incurrí en mis funciones a solicitud del magistrado señalado también como autoridad responsable.". Luego, en el caso a estudio se tiene que las autoridades señaladas como responsables Pleno del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México y Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, con residencia en esta ciudad de Tepic, no se encuentran en los supuestos exigidos por la ley para considerarse como autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo. Así, el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, estos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se colige que las autoridades señaladas como responsables en la demanda no tienen dicho carácter para efectos del juicio de amparo, toda vez que, en principio la relación existente entre éstas y el quejoso, no es de supra a subordinación, dado que el acto reclamado deriva de una relación laboral; pues aun cuando el amparista pretenda evidenciar que la relación es de otra naturaleza jurídica, lo cierto es, que del análisis practicado a la demanda de amparo en su integridad, a partir del principio de unidad, del cual se encuentra investida, se advierte que el acto reclamado derivó con motivo de la relación de trabajo que existe entre ellos, pues refiere el quejoso que se desempeñaba como trabajador y ocupaba el cargo de Jefe de la Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 19 con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit. Se dice lo anterior, porque la parte quejosa reclama en esta vía constitucional, de manera destacada la supresión de sus funciones en cargo que venía desempeñando en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, con residencia en esta ciudad de Tepic. En efecto, se colige que el acto en sí mismo reclamado se traduce en el despido en el cargo que ostentaba y, como consecuencia, la terminación de la relación de trabajo que tenía con su patrón Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México y de forma directa con el Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, con residencia en esta ciudad de Tepic; acto que no es de autoridad, sino que se emitió por el ente público en su carácter de patrón. Por tanto, la demanda de amparo indirecto que se analiza resulta ser improcedente, debido a que el juicio de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; de ahí, la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, al sustentarse precisamente en tal relación laboral y no en la diversa relación que existe entre gobernante y gobernado. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis VII.2.A.T.10 A, sustentada por el Segundo Tribunal colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Tomo IX, Febrero de mil novecientos noventa y nueve, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal. En tal virtud, resulta incuestionable que entre las autoridades responsables y el promovente, existe un vínculo contractual derivado de la relación laboral existente con un patrón, por tanto, es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de suprasubordinación como autoridades investidas de imperio, de ahí que, cualquier decisión adoptada por el patrón atañe a dicho vínculo contractual, como ocurre en el caso que se analiza. Por ello, debe concluirse que el conflicto originado con ese motivo, no constituye un acto de autoridad que sea susceptible de analizarse mediante el juicio de amparo indirecto, sino que, se repite, se trata de un hecho derivado de la relación laboral existente entre las partes; en consecuencia, los conflictos que se susciten entre los trabajadores con los organismos oficiales, deben plantearse ante la Junta o Tribunal Laboral competente donde se diriman dichos conflictos. Ello es así, pues se reitera, el acto reclamado por su naturaleza inherente, es claro que está encaminado al ámbito del derecho laboral que en todo caso, rige las relaciones entre patrón y trabajadores; de ahí que las responsables no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Aplica lo anterior, por las razones que la informan y en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 2011298, III.4.T. J/3 (10) de los Tribunales Colegiado de Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y nueve, del Tomo II, marzo de dos mil seis, libro veintiocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera 'autoridad' a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." También es ilustrativa la tesis 2a.LI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 369, registro 200595, que dice: COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla es la autoridad competente para conocer de las controversias laborales en las que la mencionada Secretaría de Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el artículo 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del propio Estado, a dicho tribunal laboral le corresponde conocer de los conflictos individuales que se susciten entre algunos de los departamentos del gobierno del Estado y sus trabajadores'; además, dicha Secretaría ejerce la función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, respectivamente. No es óbice para lo anterior que el artículo 8. de la invocada Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, excluya de su ámbito a los trabajadores de la educación, habida cuenta que la Legislatura Estatal no ha expedido las leyes especiales que refiere el precepto en comento, ni menos se ha instituido algún tribunal con atribuciones específicas para conocer de conflictos de esta índole. Así como el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página trescientos veintinueve, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De igual manera la tesis I.6.T. 26 L, Materia Laboral, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta y siete, del Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito." Así también es aplicable la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y uno, tomo XCIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "TRABAJADORES DEL ESTADO DE MICHOACAN, ANTES DE OCURRIR AL AMPARO DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE RESPECTIVO. Si un trabajador al servicio de los Poderes del Estado de Michoacán, reclama en amparo ante un Juez de Distrito, el cese en su empleo y la falta de pago de sus sueldos, dicho juicio de garantía debe sobreseerse, porque si bien es verdad que el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Michoacán, por el contenido de su artículo 1., de ninguna manera priva a los respectivos títulos de su carácter de autoridad, antes bien, por tener ese carácter resultan vinculados por las disposiciones del estatuto; también lo es que el artículo 2., del mismo ordenamiento, reconoce la existencia, para todos los efectos legales, de una relación jurídica de trabajo entre autoridades y funcionarios por un lado, y por otro, los trabajadores al servicio de unas y otras, ligados entre sí por un complejo de derechos y obligaciones recíprocos; esto es, la violación de los primeros y la infracción de las últimas, como producido entre partes dentro de aquella relación jurídico-laboral, no dan origen a controversia de que deban conocer originalmente los tribunales de la Federación, en el sentido del artículo 103 constitucional, sino que surten la competencia del Tribunal de Arbitraje, según el artículo 63, fracción I, y el único procedimiento idóneo para resolverlos, es el previsto en el artículo 100, ambos del estatuto que se menciona." De ahí que, se insiste, en el presente caso las autoridades señaladas por la parte quejosa no tienen la calidad de autoridades responsables, en términos del artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, en el caso particular, las autoridades señaladas como responsables, se insiste, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que, en principio la relación existente entre estas y la parte quejosa, no es de supra a subordinación, dado que el acto reclamado deriva de una relación laboral; en virtud de que se advierte que el acto reclamado derivó con motivo de la relación de trabajo que existe entre ellos tal como se precisó en párrafos que anteceden. Consecuentemente, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de garantías promovida por RODRIGO MONTES CASTRO, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Ahora, en atención a lo diverso que solicita la promovente, en el sentido que se le tenga señalando el correo electrónico lic.rodigo_montizal@hotmail.com para recibir notificaciones, dígasele que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no ha lugar a acordar de conformidad, dado que para la autorización de dichas notificaciones es necesario contar con firma electrónica y nombre de usuario. Sin embargo, téngase a la parte quejosa proporcionando la cuenta de correo electrónico que indica para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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