Rodrígo Luna Segovia

Expediente 1449/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1449/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Rodrígo Luna Segovia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que RODRÍGO LUNA SEGOVIA, no se inconformó en contra de la determinación mediante la cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, éste órgano judicial determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por ende una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso RODRÍGO LUNA SEGOVIA, y en atención a lo que solicita, dígasele que los Actuarios cuentan con tres días para notificar los proveídos y sentencias, por lo que ayer se generó la notificación electrónica del proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós a que hace referencia en su escrito de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por RODRÍGO LUNA SEGOVIA, por medio del cual se le tiene subsanando la prevención impuesta mediante proveídos de quince, veintidós y veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Luego, del análisis de la demanda de amparo, su ampliación y de sus escritos aclaratorio, se advierte que las mismas son notoriamente improcedentes, lo que conduce a desecharlas de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto transcrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Precisado lo anterior, se estima que en la especie respecto al acto reclamado consistente en: "La resolución pronunciada el dos de diciembre de dos mil veintiuno por la primera de las autoridades responsables con motivo del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de once de junio del año en curso dentro de la sucesión legítima a bienes de mi extinto padre, Raúl Luna Cosío, la cual se sustancia en el índice a cargo de dicha juzgadora bajo número de expediente 53/2021." Se actualiza la causal de improcedencia contenida en el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, del propio ordenamiento; preceptos legales que se citan a continuación: El primero de los numerales establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Por excepción, sólo serán impugnables en amparo indirecto, aquellos actos dictados dentro del juicio cuya ejecución sea irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:.(.) .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." [.]" El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo consistente en la resolución de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar en el juicio sucesorio 53/2021, por medio de la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de once de junio de dos mil veintiuno, por el cual el citado juez se pronunció respecto a la notificación de diversos proveídos, así como sobre la expedición de copias de manera gratuita; no afecta de modo directo o inmediato alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa ni trasciende de un modo irreparable en su esfera jurídica, pues sólo constituye una afectación de carácter procesal, ya que, en todo caso la afectación o violación a sus derechos se podría materializar hasta que la autoridad responsable resuelva en definitiva en cada etapa del juicio sucesorio, que finalmente puede resultar favorable o no a los intereses de la parte quejosa. De ahí, que no se pueda pretender que por virtud del señalado acto reclamado habrá afectaciones irreparables sobre sus derechos sustantivos, y que por ello deba admitirse su amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de datos y contenido siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539 Tipo: Jurisprudencia ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Así como en lo conducente a la explicación de los actos de ejecución irreparable, la jurisprudencia 37/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, de datos y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J 4/5001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laborar desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede firmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirime los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De ahí que, se reitera, la resolución de dos de diciembre de dos mil veintiuno que se pretende impugnar a través de la demanda de amparo que se atiende, en todo caso, transgrede derechos adjetivos, los cuales producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que por sus características se refieren a aspectos propios de un proceso, y no una violación directa a la Constitución General de la República, virtud a que no causa perjuicios de imposible reparación sobre las personas o las cosas, pues el único efecto que produce es que, no se le otorguen copias de manera gratuita y que las notificaciones que no son de carácter personal se le realicen conforme lo contempla el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, por lo que indefectiblemente corresponde a la gama de prerrogativas de naturaleza adjetiva o procesal, las que se caracterizan por surgir durante el trámite de un juicio, de forma que antes de éste el gobernado no los tenía; cuenta habida que aún en esas circunstancias la parte quejosa puede obtener sentencia favorable a sus intereses, con lo cual desaparecerían fácticamente los efectos de las violaciones procesales, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo, y de no ser así, impugnarse en vía de agravios mediante el recurso ordinario -de resultar procedente-, o como violación procesal en el juicio de amparo directo que llegara a promoverse contra la sentencia definitiva dictada en ese asunto. Por otra parte, no es óbice a lo anteriormente considerado el que la parte quejosa hubiese señalado que reclama también en su escrito de demanda la expedición, promulgación de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno en relación al artículo 40 de la citada ley, pues en tratándose de amparo contra leyes, su procedencia y estudio se encuentra supeditado a que el acto de aplicación (la resolución de dos de diciembre de dos mil veintiuno) sea procedente para efectos del amparo, lo que como ha quedado patente, no se actualiza, de manera que no puede encontrarse en esa excepción pues el requisito de procedibilidad no se colma. Esto es así ya que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Es convergente al caso la Jurisprudencia 2ª/J 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo registro digital 191311 que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia respecto al acto reclamado consistente en la resolución de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar en el juicio sucesorio 53/2021, por medio de la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de once de junio de dos mil veintiuno, procede desechar la presente demanda de amparo respecto al citado acto reclamado. Ahora bien, en lo referente al diverso acto reclamado consistente en la omisión del Juez y Notificadora del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de realizar debidamente la notificación de los autos de cuatro y dieciocho de marzo, dieciséis de abril y uno de junio, todas de dos mil veintiuno en el juicio 53/2021 de su índice. Este juzgado de distrito advierte que la demanda respecto a dicho acto es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, pues se actualiza la cual establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:..". La referida causal de improcedencia que se desprende del segundo de los preceptos transcritos, es de estudio preferente a las demás, debido a que la demanda de amparo que se analiza no se presentó en tiempo y, por ende, este órgano de control constitucional no puede actualizar otra diversa, dado que la acción, en sí misma, es improcedente por extemporánea. Es aplicable a la consideración que antecede, en lo conducente, la tesis I. 3o. A. 135 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 619, del Tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES." Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la interpretación literal del precepto antes transcrito, se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que en el mismo se prevé para la promoción del juicio de amparo, que son: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; o 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de sus actos de ejecución; o 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora, como se había adelantado en la especie, la parte quejosa en su demanda de amparo reclama lo siguiente:  la omisión del Juez y Notificadora del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de realizar debidamente la notificación de los autos de cuatro y dieciocho de marzo, dieciséis de abril y uno de junio, todas de dos mil veintiuno en el juicio 53/2021 de su índice. Sin embargo, el promovente del amparo, en su escrito de aclaración de demanda presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno ante este Juzgado de Distrito señala lo siguiente: 5. El nueve de junio de esta anualidad comparecí por escrito ante la Juez responsable a realizar cinco puntos expositivos, en los que; 5.1 señalé una deficiencia de parte de la Notificadora responsable, en el sentido de que presentó uno de los oficios ordenados ante autoridad incorrecta, a fin de que se enmendara tal situación; 5.2 manifesté que, al haber señalado la cuenta de correo electrónico antes referida, se nos debían de notificar a los herederos toda clase de notificaciones por esa vía, y, no obstante ello, advertí que habían resoluciones que no nos habían sido notificadas por ese medio y que fueron dictadas los días cuatro y dieciocho de marzo, dieciséis de abril y uno de junio, todas de dos mil veintiuno, de lo cual me percaté al consultar el Boletín Judicial, por lo que pedí que, en regularización del procedimiento, se nos practicaran por ese medio las notificaciones que no se nos habían practicado debidamente; 5.3 de forma subsidiaria interpuse un incidente de nulidad respecto de aquellas notificaciones practicadas ilegalmente (en forma distinta a la señalada por las partes, o sea, por correo electrónico) en las fechas antes indicadas, esgrimí los correspondientes conceptos de anulación y oferté las pruebas conducentes; 5.4 solicité que, por las razones apuntadas en los puntos precedentes, se me autorizara la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el citado expediente, tanto lo existente como lo que en diverso momento se integrara, a fin de que sirvieran como medio de prueba en la queja administrativa que yo presentara a causa del incumplimiento de los deberes allí precisados, respecto de lo cual, pedí se autorizaran sin cobro de derechos o concepto alguno por su certificación y autoricé a persona de confianza para que pudiera gestionar y obtener tales copias, y; 5.5 finalmente, pedí que se observaran los plazos previstos por la ley aplicable para que se nos administrara e impartiera justicia con la mayor expedites posible." Manifestaciones que constituye una confesión que de por lo menos desde el nueve de junio de dos mil veintiuno conocía de la deficiencia de la notificación de los autos de cuatro y dieciocho de marzo, dieciséis de abril y uno de junio, todas de dos mil veintiuno en el juicio 53/2021 por parte de la Notificadora adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Tepic, Nayarit, En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona cpacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por lo que queda de manifiesto que el aquí quejoso por lo menos desde el nueve de junio del año en curso, conocía de la existencia del citado acto reclamado; por tanto, se concluye que presentó su demanda de amparo fuera del término que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo; tomando en consideración que la demanda de amparo en análisis, se presentó en de manera electrónica el catorce de diciembre del presente año; por lo cual, debe decirse que por una simple operación aritmética, a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrieron más de quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Materia; de ahí que sea incuestionable que la parte quejosa consintió tácitamente el acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por no promover la presente demanda de amparo dentro del término de quince días hábiles a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de la Materia. Ello es así, porque del artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el cómputo de quince días hábiles para la interposición de la demanda de amparo, empezará a contar desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame, a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de sus actos de ejecución de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, porque de acuerdo con el espíritu que informa el citado precepto, el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa y que sirve de base para el cómputo del término de quince días hábiles para la promoción del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Así como la jurisprudencia P./J. 27/96, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Igualmente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1035, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión del Juez y Notificadora del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de realizar debidamente la notificación de los autos de cuatro y dieciocho de marzo, dieciséis de abril y uno de junio, todas de dos mil veintiuno en el juicio 53/2021 de su índice, por lo que con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se procede a DESECHAR de PLANO la demanda de amparo respecto al citado acto reclamado. Finalmente, de la ampliación de demanda y sus anexos, así como de su escrito aclaratorio se advierte que el quejoso reclama el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno por medio del cual el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar le negó la expedición de copias certificadas de manera gratuita. Este juzgado de distrito advierte que la demanda respecto a dicho acto es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, pues se actualiza la cual establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Ahora bien, de lo previsto por el dispositivo 61, fracción XVIII, se colige, en lo que al caso interesa, que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se haya emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional, respecto del cual, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las determinaciones controvertidas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente y enseguida se precisan dos excepciones a tal regla, mismas que no tienen aplicación en la especie, supuesto que se trata del caso de los terceros extraños a juicio y a diversos supuestos relativos a la materia penal. En efecto, dicha causal reglamenta lo que constituye jurisprudencial y doctrinalmente se conoce como principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional, es únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, de tal suerte que éste deberá ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su consideración, o en su defecto, le perjudique su omisión; de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus garantías individuales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que el ordenamiento legal del acto así lo contemple, sino obligatorio, pues la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es terminante en prever que se agoten los medios legales establecidos, como requisito sine qua non, para entonces estar en posibilidad de comparecer a esta vía constitucional, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. En ese contexto, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit aplicable al juicio natural en lo que al asunto interesa, dispone: "ARTÍCULO 634.- Las resoluciones que no sean irrecurribles ni apelables, podrán ser revocadas por el Juez que las dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto." (.) "ARTÍCULO 636.- La revocación debe pedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, por escrito, del que se ordenará correr traslado a la contraria por igual término, y transcurrido el mismo se resolverá dentro de los tres días siguientes.". De los anteriores preceptos normativos, en lo que concierne, se sigue que en contra de las resoluciones que no sean recurribles ni admitan el recurso de apelación, pueden ser impugnadas a través del recurso de revocación, medio de impugnación que puede tener como efecto, modificar las resoluciones controvertidas. Por su parte, en términos del artículo 633 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, establece los autos que son irrecurribles, como se observa a continuación: "ARTÍCULO 633.- Los tribunales no admitirán nunca recursos notoriamente frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, aplicando las sanciones que prevé el presente código. Son irrecurribles, además de los casos expresamente determinados por la ley, las resoluciones que se dicten: I.- Ordenando el trámite a cualquier medio preparatorio; II.- Otorgando la posesión y administración al cónyuge supérstite de los bienes de la sociedad conyugal; III.- Mandando abrir a prueba un juicio o admitiéndola; IV.- Decidiendo los incidentes a que se refieren los artículos 620 y 630 fracciones II, III, IV, VII, VIII, X y XII de este Código; V.- Decidiendo el recurso de revocación; VI.- Las que se dicten con carácter provisional, excepto aquellas en que se disponga otra cosa; VII.- Decidiendo el fondo del asunto cuya suerte principal no exceda del equivalente a ciento ochenta y dos veces la UMA en la fecha que se pronuncie la sentencia; VIII.- Declarando ejecutoriada una sentencia; IX.- En ejecución de sentencia, salvo los casos previstos por la ley; X.- Decidiendo de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta; y XI.- Aprobando el remate o declarando la adjudicación de bienes embargados." Asimismo, los artículos 645 y 651 de la referida legislación, enumeran las resoluciones contra las que puede oponerse el recurso de apelación. Dichos preceptos establecen: "ARTÍCULO 645.- Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones que se hagan valer impugnando: I.- El auto admisorio de demanda; II.- La negativa de admisión de demanda o de un medio preparatorio de juicio; III.- El auto que deseche pruebas; IV.- La desestimación de posiciones, preguntas o repreguntas; V.- Los autos o determinaciones en que se declare confeso al absolvente o en que se niegue; VI.- Interlocutorias con fuerza de definitivas que no paralizan ni ponen término al juicio; VII.- Sentencias definitivas que se pronuncien en juicios de desahucio, alimentos o diferencias conyugales; VIII.- La negativa a la ejecución de resoluciones de tribunales de otros estados o del extranjero en cumplimiento de un exhorto; IX.- El auto que niegue a un cónyuge supérstite la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal; X.- La resolución que declare la sustitución del administrador de la sociedad conyugal y la terminación de dicha sociedad; XI.- La concesión de separación del domicilio familiar; XII.- La declaratoria de herederos y el reconocimiento o desconocimiento de esa calidad o de la validez de testamento; y XIII.- Las demás resoluciones contra las que expresamente así lo señala la ley." "ARTÍCULO 651.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan en contra de: I.- Las providencias dictadas en jurisdicción voluntaria; II.- La resolución en que un juez se inhibe del conocimiento de un asunto; III.- Las interlocutorias o autos definitivos en que se declare procedente un incidente de previo y especial pronunciamiento o que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación; IV.- Autos o determinaciones dictadas en las audiencias denegando la admisión de pruebas, desechándolas o declarándolas desiertas totalmente; V.- Sentencias definitivas, salvo los casos de excepción; VI.- La declaración de caducidad; VII.- La resolución que declare o niegue el sobreseimiento; VIII.- La concesión de la ejecución de una resolución de tribunales de otros estados o del extranjero en obsequio de un exhorto; IX.- La resolución que se dicte con carácter de definitiva decidiendo cualquier cuestión de índole familiar, salvo las referidas a alimentos, diferencias conyugales y las contempladas en las fracciones IX a XI del artículo 645 del presente código; X.- La resolución que apruebe la partición, siempre y cuando exceda de dos mil veces la UMA, y XI.- Resoluciones dictadas en incidentes de liquidación o similares." Entonces, si el auto combatido no tiene el carácter de irrecurrible en términos del artículo 633 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, ni resulta procedente apelación, como lo establecen los arábigos 645 y 651 de la referida legislación, la quejosa debe de agotar el recurso de revocación previsto en el numeral 634 del mismo cuerpo normativo, previamente a acudir al juicio de amparo; de no oponer dicho medio de defensa, se actualiza la causal prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Apoya el criterio que se sustenta, la Jurisprudencia VI.2º.C. J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página mil ochocientos dieciséis, tomo XXIII, marzo de dos mil seis, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". Ahora, como se había adelantado el promovente reclama en la presente instancia constitucional el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno emitido dentro de los autos del juicio sucesorio 53/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, en el cual la responsable no le autorizó la expedición de copias certificadas de manera gratuita, lo que considera es violatorio de sus derechos. Por lo antes expuesto, es necesario destacar que el acto que reclama el promovente de amparo, consistente en el auto dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, no se encuentra previsto en los supuestos que establecen los artículos 633, 645 y 651 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, pues dicho acuerdo no es irrecurrible ni apelable. En consecuencia, en contra del acto que en esta vía constitucional reclama la parte quejosa, procede el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, a través del cual puede ser modificado o revocado; por ende, el promovente debió agotar ese recurso antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil seiscientos sesenta y cinco, Tomo XXIII, Febrero de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, en acatamiento al principio de definitividad que rige la técnica de estudio en el presente asunto, resulta indispensable que se interpusiera dicho recurso previamente a la promoción del presente juicio de amparo, ya que no se ubica dentro de los supuestos de excepción, a saber: Cuando el acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el arábigo 22 Constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la Jurisprudencia. Además, que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. De tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Se dice lo anterior, toda vez que el promovente de la vía es parte el juicio sucesorio de origen, pues de los hechos que bajo protesta de decir verdad, relata en su demanda de amparo se advierte lo anterior, de ahí que no se actualice la excepción del principio de definitividad, pues el quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio. Asimismo, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, mayo de dos mil dos, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En las relacionadas condiciones, se colige que en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo respecto al acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno por medio del cual el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar le negó la expedición de copias certificadas de manera gratuita; consecuentemente, se DESECHA de PLANO la demanda de garantías promovida por Rodrigo Luna Segovia, por su manifiesta e indudable improcedencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta que suscribe el quejoso RODRIGO LUNA SEGOVIA, mediante el cual manifiesta dar cumplimiento a la prevención realizada en autos. Luego, téngasele por hechas las manifestaciones que expone; ahora, toda vez que el promovente en su ocurso manifiesta que amplía su escrito inicial de demanda de demanda contra el nuevo acto que reclama a la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar con residencia en esta Ciudad, que hace consistir en: ". Como tal señalo la omisión y/o el incumplimiento del deber legal que se deriva dentro del párrafo tercero del artículo 3° de la Ley de Amparo a cargo de la autoridad que señalo como responsable, que consiste en la expedición de copias certificadas sin costo alguno para que sirvan en la sustanciación del presente juicio de amparo." Y que de los anexos que acompaña se advierte que mediante ocurso presentado ante dicha autoridad el catorce de diciembre del presente año, le solicitó dichas constancias en el expediente 53/2021 del que deriva el acto reclamado, a lo que recayó el acuerdo de dieciséis de los presentes mes y año, en el que la mencionada autoridad acordó lo conducente respecto a las copias que refiere en el capítulo del acto reclamado. En consecuencia, requiérasele para que aclare si lo que ahora reclama en su ocurso de ampliación de demanda que plantea, es la respuesta dada por la citada autoridad en dicho proveído, ello a fin de establecer la litis constitucional en este asunto. Haciendo hincapié que le sigue transcurriendo el plazo de otorgado por auto de quince de diciembre del presente año para dar cabal cumplimiento a la prevención que se le efectúa.Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J.39/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Localizable en el Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Página 400, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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