Rodrigo Márquez González
Expediente 240/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 3 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 03/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rodrigo Márquez González
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 3 DE ABRIL DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a tres de abril de dos mil diecinueve. I. Cumple requerimiento. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese el escrito aclaratorio que presenta ********************mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló el veintidós de marzo del año en curso (f. 26-27); en tal virtud, se provee: II. Fijación de la litis. De la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que el quejoso reclama de las autoridades responsables: La resolución de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Juez de control de Oralidad Penal de la Región IV del partido judicial de esta ciudad, dentro del cuadernillo ******************** formado con motivo de la solicitud de la nulidad o exclusión de datos de prueba, que refiere fueron obtenidos ilícitamente por el fiscal, policía ministerial y peritos en su contra, dentro de la carpeta de investigación ********************. V. Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En tal virtud, analizado el acto reclamado descrito en la demanda en forma clara y puntual, se resuelve que carece de la característica material y formal de imposible reparación, y por ello, no procede el juicio de amparo indirecto. Para demostrar esta conclusión, se precisan los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al quejoso una ejecución de imposible reparación. Han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y sólo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, sólo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Ahora bien, si en la especie el acto reclamado lo es la resolución de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Juez de control de Oralidad Penal de la Región IV del partido judicial de esta ciudad, dentro del cuadernillo ******************** formado con motivo de la solicitud de la nulidad o exclusión de datos de prueba, que refiere fueron obtenidos ilícitamente por el fiscal, policía ministerial y peritos en su contra, dentro de la carpeta de investigación ********************, acorde con los antecedentes narrados en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que todavía se está en la etapa inicial de integración de la carpeta de investigación y aun no se ha judicializado el asunto, es inconcuso que desde esa perspectiva, la resolución de no proveer sobre la no exclusión o anulación de los datos de prueba, en modo alguno es impugnable a través del amparo indirecto; al constituir una resolución cuya ejecución no es de imposible reparación, o bien, en su caso, que afecte los derechos sustantivos de la parte quejosa y trascienda al resultado del fallo. En efecto, la sola inadmisión de proveer sobre exclusión o anulación de pruebas en la etapa inicial del proceso penal acusatorio, per se, sólo tiene efectos procesales, pues en su caso, la posible afectación a los derechos sustantivos, podría reflejarse hasta que concluya la primera fase de la etapa inicial del proceso, con el dictado del auto de vinculación proceso, esto es, una vez que se decida sujetarlo a una investigación formalizada o judicializada. Lo que así se considera, en virtud de que el nuevo sistema de justicia penal, se conforma por una serie de etapas con fines distintos, que una vez desarrolladas, son conclusivas; por lo que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a derechos sustantivos, se observará en la determinación que defina cada una de ellas, contra las cuales, previo el agotamiento del principio de definitividad -de existir medio ordinario de defensa o que aun existiendo, sea opcional o no obligatoria su interposición-, podrán impugnarse en la vía constitucional, donde podrán examinarse las posibles violaciones a derechos fundamentales. Mientras tanto, las incidencias acaecidas durante la sustanciación de cada etapa, generalmente deben considerarse con efectos procesales y sin afectación irreparable, en tanto que, en las distintas resoluciones que se definan, podrán ser reparadas las posibles violaciones sufridas durante su desarrollo. Siempre y cuando hayan sido objeto de debate entre las partes e impugnadas, en su caso, por los medios ordinarios de defensa previstos para tal efecto. Es decir, en respeto a los principios de igualdad procesal y contradicción, dichas violaciones deben llegar debidamente preparadas para su examen. Con el fin de sustentar la anterior afirmación, conviene en principio precisar las generalidades del sistema penal acusatorio, a la luz de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales (legislación aplicable al caso concreto) y tomando como referencia el desarrollo que al respecto realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, reconoció que la reforma procesal penal tuvo como finalidad que mediante la aplicación de dichos principios, se cumpliera con los objetivos del sistema penal acusatorio, a saber: esclarecer la verdad de los hechos, específicamente, determinar la existencia de delito y en su caso, identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; procurar la reparación del daño; respetar a las partes e intervinientes el debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Ahora bien, de las disposiciones constitucionales relativas y del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de imputar, acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio se pueden distinguir tres momentos distintos: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; b) la etapa intermedia, en la que se desarrolla admisión y depuración probatoria por parte del citado juzgador, con miras a la apertura de un juicio oral; y finalmente, c) la realización del juicio, donde un tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. En la audiencia inicial, el juez de control desahogará la vinculación a proceso, la cual, en su caso, iniciara con los medios o datos de prueba aportados por el imputado y su defensor, en cuyo desahogo se atenderán las reglas del juicio oral; luego, mediante el principio de igualdad y equilibro procesal, la fiscalía presentará los datos de prueba recabados dentro de la carpeta de investigación; después, en atención al principio de contradicción, el juez permitirá que el defensor conteste, y de ser necesario otorgará su réplica y contrarréplica. Con base en lo anterior, el juez de control podrá decretar auto de vinculación a proceso, si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión -momento en el que termina la investigación inicial o desformalizada-; cuyo auto podrá ser impugnado en apelación, o en su caso, vía juicio de amparo indirecto. Además, en este acto, el juez de control deberá fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, dependiendo de la pena máxima del delito (si excede o no de dos años de prisión), tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma; la cual deberá celebrarse dentro de un plazo de dos a seis meses (investigación complementaria). Así, el cierre de investigación formalizada concluye con la decisión del Ministerio Público de formular o no acusación en contra del imputado. No obstante, existe la posibilidad de que esta etapa no concluya con una acusación, sino que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso; en ese sentido, se da por terminada la segunda etapa procesal de investigación, en su fase complementaria. Como se puede observar, la reforma al sistema de justicia penal trajo como cambio fundamental, la circunstancia de que la formulación de la imputación debe realizarse con base en los datos obtenidos en la investigación, pero con la intervención de una autoridad jurisdiccional quien tiene el deber de controlar las actuaciones que puedan derivar en la afectación de algún derecho fundamental del imputado y determinar los medios de prueba que deberán ser desahogadas en juicio oral. Así, la etapa preliminar o de investigación tiene como finalidad la acumulación de datos de prueba suficientes, a partir de los cuales pueda determinarse en un primer momento, si se sujeta o no a una persona a una investigación formalizada, en cuyo caso, el juez de control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Por ello, al conocer de la investigación, el juez de control deberá verificar que -de ser el caso- el indiciado haya sido detenido conforme a las exigencias constitucionales; no hubiere existido una dilación injustificada entre su detención y su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente; no haya sido objeto de actos de incomunicación o tortura; hubiere sido informado de sus derechos, entre otras cuestiones. Luego, como se indicó, al iniciar la audiencia de vinculación a proceso, el imputado y su defensor tienen la oportunidad de ofrecer medios probatorios; desahogada la prueba, si la hubo, se concederá la palabra al Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima y luego al imputado, quienes realizarán sus argumentaciones a fin de esclarecer el hecho controvertido. Agotado el debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso, dándose en ese momento, por terminada la investigación en su fase inicial. Finalizada esa primera fase, el juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo de investigación complementaria, de acuerdo a la pena máxima del hecho delictivo, por lo que una vez cerrada la investigación formalizada o judicializada, se da por terminada la primera etapa del proceso penal acusatorio. Cabe destacar que al cierre de la investigación no le sigue inmediatamente la realización del juicio, sino la etapa intermedia que también se realiza ante el juez de control; la cual inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por finalidad principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. Esta etapa se caracteriza por depurar los hechos y pruebas que serán materia de debate en el juicio oral y en su caso, en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Una de las principales responsabilidades del juez de control durante esta etapa, es asegurarse de que en el desarrollo de la investigación (segunda fase), no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y que, en su caso, las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, donde puedan generar mayores perjuicios o incluso lo invaliden en su totalidad. Así, al dictar el auto de apertura a juicio, el juez de control debe excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de violación a derechos fundamentales. De lo anterior, se colige que en la especie, el imputado, si bien puede verse afectado por no anularse o excluirse pruebas, previo a la emisión de la resolución de vinculación a proceso, esto sólo se verá reflejado en caso de que dicha resolución le sea contraria a sus intereses, en cuya hipótesis podrá combatir tal inadmisión, como violación procesal al impugnar en amparo indirecto la decisión del juez de control por la que decide vincularlo a proceso. Esto es, la inadmisión o anulación de pruebas solo produce efectos procesales, puesto que la afectación a los derechos sustantivos, podrán producir efectos, solo si el fallo que resuelve sobre la vinculación a proceso, le es desfavorable, esto es, que decida vincularlo a una investigación formalizada o judicializada, ya que si se decide lo contrario, es decir, que no se le vincule a dicha investigación, la alegada afectación no trascendería, por lo que no puede considerarse que sea de imposible reparación, podrá alegarse como violación procesal al impugnar el referido auto de vinculación a proceso. Así se estima, porque el proceso penal acusatorio se compone de etapas que se aprecian conclusivas; esto es, tienen un inicio y un término, por lo que para que puedan ser combatidas las incidencias acaecidas durante su desahogo, es necesario esperar a constatar si realmente tuvieron trascendencia en la resolución que resuelva determinada fase. En el caso concreto, una vez que se haya dictado auto de vinculación a proceso contra el imputado. Aserto que se sostiene, pues es evidente que ese momento es el indicado para revisar la idoneidad, pertinencia y eficacia de la prueba ofrecida o reunida dentro de la primera fase de la primer etapa de investigación inicial, por lo que su inadmisión o no anulación, si bien es susceptible de incidir en la prerrogativa del quejoso a una defensa adecuada, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, del pacto federal, y por tanto, derecho sustantivo, lo cierto es que sus efectos sólo se producirán o no en la vinculación a proceso. Es así, ya que dicha determinación se emite a través del examen y ponderación de los datos de prueba y debate de las partes, por lo que es ahí la oportunidad para examinar si la inadmisión o exclusión de pruebas en esa fase, fue o no con transgresión a los derechos fundamentales del imputado. Por ende, se estima que es mediante el amparo indirecto que se promueva contra el auto de vinculación a proceso, como puede examinarse el actuar de la juez de control, dada la conclusión de la primera fase de la etapa inicial de la investigación. Considerar lo contrario, esto es, que los actos con efectos procesales acaecidos previo al dictado del citado auto de vinculación a proceso, puedan ser objeto de análisis constitucional en la vía indirecta de manera independiente o destacada, sin conocer si pudieran tener una afectación a sus derechos fundamentales, sería propiciar el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procedimientos penales de corte acusatorio, cuya naturaleza es sumarísima. Norma el criterio anterior, la Tesis XVIII.2o.P.A.4 P, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, visible en la Página 3164, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época, Registro 2017649, bajo el rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS PREVIO AL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (INADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA). DEBEN RECLAMARSE, EN SU CASO, CUANDO SE IMPUGNE DICHO AUTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la inadmisión de pruebas por el Juez de control, previo al dictado del auto de vinculación, sólo produce efectos procesales, pues si bien pudiera afectar el derecho a la defensa adecuada, lo cierto es que sólo sería trascendente si el fallo que resuelve sobre la vinculación es desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Entonces, si el proceso acusatorio se compone de etapas que tienen un principio y fin, debe estimarse que para que las incidencias acaecidas durante su desahogo puedan ser combatidas, es necesario esperar a constatar si realmente tuvieron trascendencia en la resolución culminatoria de esa fase; en el caso, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, pues ese momento es el indicado para revisar la idoneidad, pertinencia y eficacia de la prueba ofrecida o reunida dentro de la primera fase de la primera etapa de investigación, por lo que su inadmisión, aunque susceptible de incidir en prerrogativas del quejoso, sólo producirá efectos en el auto que vincula a proceso. Por ende, es mediante el amparo indirecto que se promueva contra dicho auto, como puede examinarse el actuar previo del Juez de control, dada la conclusión de la primera fase de la etapa inicial de la investigación. Más aún, porque no es viable el estudio posterior a la conclusión de esa etapa, ya que continuaría la investigación formalizada o complementaria, que una vez concluida, el Ministerio Público podrá formular acusación, dando pauta a la apertura de la etapa intermedia, donde sólo podría abordarse el estudio de la exclusión probatoria. Asimismo, sólo las pruebas que se llegasen a admitir en el auto de apertura a juicio oral, serán las que podrán ser desahogadas por el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, no sería posible que los medios de prueba inadmitidos durante la primera fase de la etapa inicial, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, sean objeto de estudio como violaciones al analizar la sentencia de primer grado, pues la primera etapa procedimental (investigación) ya habría concluido y, en su caso, de no impugnarse con el auto de vinculación a proceso, quedarían irremediablemente consumadas. Considerar lo contrario, sería admitir la posibilidad de que por medio del amparo se ordenara reabrir etapas anteriores, con el consecuente menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procesos acusatorios, cuya naturaleza es sumarísima. Ahora bien, como los plazos establecidos para resolver sobre la vinculación son breves, al examinar esa determinación en amparo indirecto, en su caso, si son impugnadas, deben también analizarse las incidencias ocurridas durante el desahogo de toda la etapa inicial, verbigracia, la calificación de la detención, medidas cautelares y el plazo que se otorga para la investigación complementaria. Esto, siempre y cuando, en respeto a los principios de igualdad procesal y contradicción, hayan sido materia de debate entre las partes ante el Juez de control, y con el objeto de que dichas violaciones queden debidamente analizadas en vía constitucional, para que no tengan que ser motivo de análisis en posteriores etapas. Sin que lo anterior obstaculice la procedencia del amparo contra actos distintos de los precisados, cuando sí sean de ejecución irreparable." En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último interpretado a "contrario sensu", ambos de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 113 del mismo ordenamiento, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida del licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien autoriza y da fe."
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