Rodrigo Gerardo Vallejo Mora
Expediente 957/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rodrigo Gerardo Vallejo Mora
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE León, Guanajuato; dos de diciembre de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. I. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 957/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Rodrigo Gerardo Vallejo Mora. III. Autoridad responsable. Titular del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social y otras autoridades. IV. Fijación de la litis. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que el quejoso en esencia hace consistir los actos reclamados en: La posible emisión de una orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato" a otro distinto (sin especificar cuál) y su posible ejecución. V. Análisis de procedencia de la demanda. Asimismo, de la lectura del ocurso de cuenta, se advierte que el impetrante se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", ubicado en Ocampo, Guanajuato, pero tiene temor de que lo trasladen a un centro de reclusión diverso dentro de la república mexicana, manifestando que conoció de lo anterior de manera verbal por personal dependiente de las autoridades responsables. VI. Se desecha demanda de amparo. Precisado lo anterior, quien resuelve que el presente juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. En principio, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, en la especie la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando su posible traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", ubicado en Ocampo, Guanajuato, a un diverso centro de reclusión dentro de la república mexicana. Luego, de la lectura de la demanda de cuenta, se obtiene que el impetrante se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", ubicado en Ocampo, Guanajuato, pero tiene temor de que lo trasladen a un diverso centro de reclusión dentro de la república mexicana, ya que asegura le fue informado de manera verbal por personal dependiente de las autoridades responsables que se ha ordenado su traslado. De esto, se advierte que la orden de traslado que reclama el quejoso es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que el quejoso haya sido informado de manera verbal por personal dependiente de las autoridades responsables que se ha ordenado su traslado, no implica que a la fecha de presentación de la demanda exista una orden de las autoridades señaladas como responsables para trasladado a un diverso centro de reclusión dentro de la república mexicana, o que dicha orden sea inminente de realización cierta. De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados existan o puedan llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por el quejoso no se advierte la ineludible emisión de dicha orden, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia, tan es así que únicamente refiere que se enteró de forma verbal por personal dependiente de las autoridades responsables, que se le pretende trasladar a un diverso centro de reclusión, sin que exprese datos objetivos que evidencien su certeza. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso esta Juzgadora se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización de los actos reclamados o que están a punto de hacerlo, y por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Sin que con esta determinación se le deje en estado de indefensión, toda vez que en términos del artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, para el caso de que sea notificado de la existencia de dicha orden o bien, para el caso de que tal acto llegare a ejecutarse sin mediar notificación de por medio. "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y." VI. Domicilio y autorizados. Ahora bien, no obstante que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el boletín judicial de este Juzgado de Distrito, sin embargo, ningún precepto de la Ley de Amaro, ni de la que es supletoria contemplan como domicilio esa hipótesis, se tiene que incumplió con lo ordenado por el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la legislación en cita, esta y las subsecuentes notificaciones hágansele por medio de lista hasta en tanto la parte quejosa señale uno diverso para tal fin. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que señala en su escrito de cuenta, toda vez que no es un nombre de usuario registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que no satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obstante lo anterior, téngasele proporcionando correo electrónico, con la finalidad de entablar comunicaciones no procesales; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. Por otro lado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo a Manuel Alejandro Pérez Ramírez y Aarón Guevara Barajas, en razón de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del mismo numeral y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, al resto de las personas que menciona en su ocurso, por no encontrarse en dicho supuesto. VII. Uso de medios electrónicos. Por lo que hace al uso de medios electrónicos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, hágase del conocimiento del promovente, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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