Rodrigo Iván Castillo Castillo

Expediente 140/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
140/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Rodrigo Iván Castillo Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto pronunciado en este juicio de amparo el nueve de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia: con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que sobreseyó antes de audiencia en el juicio, promovido por Rodrigo Iván Castillo Castillo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y, por lo que hace al duplicado, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte que a la letra establece: Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: (.) II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y Por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al sobreseerse en el juicio de amparo y el incidente de suspensión es depurable al concederse la suspensión, por lo que se ubican en las hipótesis previstas en el capítulo octavo, artículo 18, inciso a) y 21, incisos a), del Acuerdo General citado. Ahora bien, dado que el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, el disco que acompaño a su informe justificado. Devolución de documentos En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. NOTIFÍQUESE...mesa 0

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento realizado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, remite en un disco formato versátil digital certificado las constancias relacionadas con la orden de aprehensión 884/2019, emitida por el Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, en la causa de control 2269/2019. Remítase a la secretaría de este juzgado federal para su resguardo, el disco formato versátil digital certificado, que anexa a su oficio la oficiante. Ahora bien, del estado de autos se advierte que Rodrigo Iván Castillo Castillo promovió demanda de amparo en la que reclamó: La orden de aprehensión emitida dentro de la carpeta administrativa 2269/2019 El Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea del Poder Judicial del Estado de México, en su denominación correcta, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, negativa que la parte quejosa no desvirtuó, ni ofreció prueba en contrario. En esa tesitura, ante la inexistencia del acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad precisada procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, materia común, Tomo VI, página 236, de rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea del Poder Judicial del Estado de México, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto consistente en: ? La orden de aprehensión de veinticuatro de octubre de dos mil veinte, dictada en la carpeta administrativa 2269/2019. Ahora, la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado es constitucional y motiva que el Juzgador Federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman esa institución (improcedencia), ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, así como en la Carta Magna y en la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal. Puntualizado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Lo expuesto está cimentado en la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 39, de epígrafe y sinopsis: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se encuentran satisfechos, como se verá a continuación. En esta instancia constitucional, el quejoso Rodrigo Iván Castillo Castillo, reclama la orden de aprehensión de veinticuatro de octubre de dos mil veinte, dictada en la carpeta administrativa 2269/2019, emitida contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito feminicidio cometido en agravio de Karla Lorena García Lozano. Del oficio que se agrega en esta fecha, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda, es decir, el veintidós de marzo pasado, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, tuvo por cumplimentada la orden de aprehensión reclamada y en audiencia de formulación de imputación, en la que una vez escuchadas las partes, en audiencia de prórroga del plazo constitucional, determinó procedente imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, a las doce horas con veinte minutos, del veintiséis de marzo de dos mil veinte, emitió auto de vinculación a proceso, contra el quejoso Rodrigo Iván Castillo Castillo, por su probable intervención en la comisión del delito feminicidio cometido en agravio de Karla Lorena García Lozano; dejándose subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Lo anterior expuesto, incuestionablemente produce un cambio de situación jurídica, en razón que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el auto de vinculación a proceso. En virtud de lo anterior, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas al mandamiento de captura deben considerarse consumadas de un modo irreparable. Es aplicable la jurisprudencia XVII. 1º.P.A. J/18, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, consultable en la página 2482, agosto de 2018, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Bajo esas consideraciones, al haber sido sustituida la orden de aprehensión por el auto de vinculación a proceso, es indefectible que se generó un cambio en la situación jurídica del quejoso, lo que de manera incuestionable actualiza la causa de improcedencia en análisis. En esas condiciones, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Razón por la cual, continuar con el trámite del presente juicio de amparo, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia, acorde a los principios fundamentales establecidos en el artículo 17, Constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, marzo de 2003, foja 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no es factible celebrarla, en virtud de que en veintitrés de octubre de dos mil veinte, se tuvo por apersonados a los terceros interesados Juan Carlos García Cabrera y Sonia Lozano Guevara; por tanto, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que se impongan de las constancias de autos. Por otra parte, del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que no obran la totalidad de las constancias necesarias para poder resolver el juicio de amparo; en tal virtud, a efecto de integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 75 de la Ley Amparo, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, quien tiene a su cargo la carpeta administrativa 2269/2019, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del contenido del presente auto, remita copia certificada de todas y cada una de las constancias que tuvo a la vista el Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en línea, para emitir la orden de aprehensión que se le reclama en el presente asunto, lo anterior para que este juzgador este en posibilidad de resolver lo que en derecho proceda, apercibido que de no hacerlo dentro del término establecido, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio. En tal virtud, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con cuarenta y seis minutos, del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Se apersonan terceros interesados. Por recibido el escrito presentado por Juan Carlos García Cabrera y Sonia Lozano Guevara, mediante el cual se apersonan al juicio de amparo en su carácter de terceros interesados; con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, ténganse por apersonados al juicio. Domicilio. Por otro lado, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de los terceros interesados el que señalan en su escrito, en virtud de que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, dado que señala el correo electrónico monse11088@hotmail.com, para oír y recibir notificaciones; atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (COVID- 19), y conforme al Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de resguardar la integridad y salud del personal adscrito a éste órgano jurisdiccional y de las partes, realícense las notificaciones a través del correo que proporcionan para tal efecto. Autorizados. Téngase por autorizada para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la profesionista que refiere en su escrito, hasta en tanto, acredite tener registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. De igual forma, se toma nota del correo electrónico proporcionado tremearca@hotmail.com, de dicha profesionista; en términos del párrafo que antecede. Notifíquese.

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