Rodrigo Gómez Jiménez
Expediente 193/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gobernador del Estado de México
- Rodrigo Gómez Jiménez
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO ESTADO,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA... MESA: 3
- Principal
VISTA LA DEMANDA DE GARANTIAS, SE DESECHA DE PLANO POR IMPROCEDENTE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO...SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES ÚNICAMENTE DE CARÁCTER PERSONAL, EL QUE INDICA EN SU DEMANDA...MESA 3
- Principal
CITATORIO. Se notifica por medio de lista Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Gómez Jiménez, contra actos que reclama del Gobernador del Estado de México y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 193/2018, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: "IV. ACTO RECLAMADO. la falta de impartición de justicia y derivado de ello, el retraso excesivo en los juicios laborales tal y como se desprende de todas las actuaciones juicio de origen así como el Acuerdo de fecha Treinta y uno de Septiembre del Dos mil Dieciocho, por medio del cual la autoridad responsable POR CONDUCTO DE LA Junta Especial Número OCHO de la Local de conciliación y Arbitraje del valle Cuautitlán Texcoco, impide dar trámite al juicio laboral de manera tendencioso e ilegal, omitiendo substanciar el mismo e impartir justicia de manera clara precisa y congruente de manera expedita e imparcial, violando mi garantía de PETICIÓN, TUTELA JURISDICCIONAL Y DEBIDO PROCESO LEGAL, por lo que al expedir la fecha para mi garantía de audiencia de conciliación, demanda y excepciones. NO ha SEÑALADO FECHA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, ocasionándome un perjuicio toda vez que NO SE PUEDE SUPEDITAR DE NINGUNA FORMA DE ACCESO A LOS TRIBUNALES A CONDICIÓN ALGUNA, según el principio de DEBIDA TUTELA JURISDICCIONAL, y no obstante de haber desahogado dicha prevención con el escrito presentado el día 27 de Noviembre del 2018 con ello ha omitido dictar y señalar fecha de audiencia, lo que también causa perjuicio toda vez que vulnera en perjuicio del escrito la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señalan que LA JUSTICIA SERA PRONTA Y EXPEDITA." Ahora bien, toda vez que en el capitulo de antecedentes del escrito de demanda refiere que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Ecatepec, Estado de México, en veintiuno de agosto de dos mil diecioho, reclamó diversas prestaciones laborales y que mediante escrito de desahogo de demanda presentado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable ha sido omisa en dictar y señalar fecha de audiencia. En mérito de lo anterior, lo procedente es desechar la demanda de amparo, toda vez que se advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, que al respecto establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del artículo y fracción transcrita se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que dicha causal de improcedencia, no viola el acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la Ley de Amparo, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tiendan a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2ª.XCI/2015 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, tomo I, visible a página 690, con número de registro 2009938, cuyo rubro y texto establecen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Así, el diverso artículo señalado, precisa lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los diversos numerales 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; pero nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Es decir, que procede éste, solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando por lo tanto improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente los producen de carácter formal o procesal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos, sin vulnerar los derechos fundamentales. De lo anterior, se advierte que para que un acto sea calificado como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de tales actos deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: la primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia P./J.24/92, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, de la siguiente manera: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por ello, en el caso no resulta procedente el juicio de amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues el quejoso se duele únicamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, por lo que la omisión reclamada, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presentó justamente dentro de él, como lo es la falta de prosecución del trámite del mismo. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional, sin embargo, la omisión y dilacion para radicar la demanda laboral en el expediente J8/605/2018, no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo. En ese orden de ideas, la omisión de la junta responsable, es un acto dentro del juicio, que sólo implicará la afectación de derechos de naturaleza adjetiva, pues no se da el supuesto de procedencia que contempla el referido numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, y no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, y, por ende, sólo puede combatirse a través del amparo directo en términos de lo establecido en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que dicha determinación únicamente produce efectos intraprocesales que son susceptibles de ser reparados en sentencia definitiva si contraviene los intereses de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, cuyo rubro y texto establecen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Se desecha demanda de amparo. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Rodrigo Gómez Jiménez. Domicilio del quejoso. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Téngase por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica en su escrito de cuenta. Notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 77, 94 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que a la letra dice: "Artículo 77. Las partes o sus representantes en los juicios de amparo, previa solicitud expresa y acceso otorgado por el Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito en el que se tramite el asunto de su interés, podrán consultar los expedientes electrónicos, sin que implique permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales." Artículo 94. El otorgamiento de accesos a los expedientes electrónicos se realizará a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y la captura de los datos de las partes en el seguimiento de los expedientes. Artículo 95. Los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito al integrar el expediente electrónico determinarán sobre qué promociones o constancias deberá guardarse sigilo en relación a una o varias partes y, consecuentemente, si deben conservarse en el seguro del órgano jurisdiccional sin digitalizarse, o bien, proceder a su digitalización e integración al expediente electrónico. En este último caso el sistema impedirá su visualización electrónica a la parte respectiva y a sus representantes, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico." Asimismo, dígasele al promovente que una vez que haga del conocimiento de este juzgado federal su número de usuario tendrá acceso digital al expediente en que se actúa. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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