Rodrigo Chávez Abarca
Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- La Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán
- Rodrigo Chávez Abarca
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en este juicio de amparo el quince de noviembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor proveído el alegato constitucional 432/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; toda vez que de autos se advierte que el quince de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 2343/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y anexos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado que le fue solicitado con el cual remite copia certificada del auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente ordinario laboral 1B-1668/2022, del índice de la Junta responsable, mediante el cual recibió, radicó la demanda y requirió a la parte actora, así como el auto de once de noviembre actual, mediante el cual acordó la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso. Atento a lo anterior, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán y turnada el día siguiente a este Juzgado Federal, RODRIGO CHAVEZ ABARCA, en cuanto apoderado de JUAN CARLOS y DARIO ambos de apellidos HINOJOSA CÁRDENAS, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistente en: " Se reclama a la autoridad señalada la OMISIÓN DE EMITIR EL ACUERDO DE ADMISIÓN Y LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, ocasionando graves perjuicios a mi representada, violentando sus derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Demanda que fue admitida en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós; y, de la integridad del juicio de amparo se advierte que el quejoso en esencia reclama la omisión de radicar la demanda laboral presentada y emitir pronunciamiento respecto medida cautelar solicitada en la citada demanda, misma que dio origen al juicio laboral 1B-1668/2022, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional específicamente del oficio 2343/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remitió copia certificada de las constancias que obran dentro del juicio laboral 1B-1668/2022, de su índice. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copia certificada al oficio de referencia en párrafos que anteceden, se advierte: - Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el controvertido de origen, la Junta responsable radicó la demanda laboral promovida por la parte quejosa JUAN CARLOS HINOJOSA CÁRDENAS y DARIO HINOJOA CÁRDENAS, requirió a la misma por omisiones, apercibiéndola, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones y se ordenó al Actuario de la adscripción emplace a la parte demandada en el juicio natural. Así como, por auto de fecha once de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Presidente y Secretaria adscritos a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, donde se tuvo por presentada la medida cautelar solicitada y declarando improcedente decretar el secuestro provisional y demás medidas cautelares, por no demostrarse la necesidad de dicha medida cautelar. Documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo tanto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan el acto reclamado en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de radicar la demanda laboral presentada y emitir pronunciamiento respecto medida cautelar solicitada en la citada demanda, misma que dio origen al juicio laboral 1B-1668/2022, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; también lo es que mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se radicó, se admitió, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones y se ordenó al Actuario de la adscripción emplace a la parte demandada en el juicio de origen, según se advierte de las constancias respectivas, así como por proveído de once de noviembre actual, se acordó lo relativo a la medida cautelar solicitada. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 2343/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y anexos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado que le fue solicitado con el cual remite copia certificada del auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente ordinario laboral 1B-1668/2022, del índice de la Junta responsable, mediante el cual recibió, radicó la demanda y requirió a la parte actora, así como el auto de once de noviembre actual, mediante el cual acordó la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso. Atento a lo anterior, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán y turnada el día siguiente a este Juzgado Federal, RODRIGO CHAVEZ ABARCA, en cuanto apoderado de JUAN CARLOS y DARIO ambos de apellidos HINOJOSA CÁRDENAS, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistente en: " Se reclama a la autoridad señalada la OMISIÓN DE EMITIR EL ACUERDO DE ADMISIÓN Y LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, ocasionando graves perjuicios a mi representada, violentando sus derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Demanda que fue admitida en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós; y, de la integridad del juicio de amparo se advierte que el quejoso en esencia reclama la omisión de radicar la demanda laboral presentada y emitir pronunciamiento respecto medida cautelar solicitada en la citada demanda, misma que dio origen al juicio laboral 1B-1668/2022, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional específicamente del oficio 2343/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remitió copia certificada de las constancias que obran dentro del juicio laboral 1B-1668/2022, de su índice. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copia certificada al oficio de referencia en párrafos que anteceden, se advierte: - Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el controvertido de origen, la Junta responsable radicó la demanda laboral promovida por la parte quejosa JUAN CARLOS HINOJOSA CÁRDENAS y DARIO HINOJOA CÁRDENAS, requirió a la misma por omisiones, apercibiéndola, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones y se ordenó al Actuario de la adscripción emplace a la parte demandada en el juicio natural. Así como, por auto de fecha once de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Presidente y Secretaria adscritos a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, donde se tuvo por presentada la medida cautelar solicitada y declarando improcedente decretar el secuestro provisional y demás medidas cautelares, por no demostrarse la necesidad de dicha medida cautelar. Documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo tanto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan el acto reclamado en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de radicar la demanda laboral presentada y emitir pronunciamiento respecto medida cautelar solicitada en la citada demanda, misma que dio origen al juicio laboral 1B-1668/2022, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; también lo es que mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se radicó, se admitió, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones y se ordenó al Actuario de la adscripción emplace a la parte demandada en el juicio de origen, según se advierte de las constancias respectivas, así como por proveído de once de noviembre actual, se acordó lo relativo a la medida cautelar solicitada. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
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