Rodrigo Castellanos Campos

Expediente 2/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2019

Partes del expediente

  • Rodrigo Castellanos Campos

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto siete de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del diez al dieciséis de enero del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Finalmente, glósese el oficio número 21-1-2-1682/19, signado por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 195, por el cual este órgano jurisdiccional le notificó el auto de siete de enero del año en curso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos, el oficio 21-1-2-29/19, signado por la Presidenta de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Estado, al que anexa la demanda de amparo promovida por Rodrigo Castellanos Campos. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 2/2019 y acúsese recibo de estilo, para los efectos legales a que haya lugar. Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 2/2019. Ahora bien, vista la demanda de garantías promovida por RODRIGO CASTELLANOS CAMPOS, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "El acto consistente en la sentencia interlocutoria de fecha 05 de noviembre de 2018, a través de la cual, la Segunda Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal de Justicia Administrativa, CONFIRMA en todos sus Términos el acuerdo de 18 de septiembre de 2018, por lo que ve al desechamiento de la prueba "inspección judicial", misma que no se tomará en cuenta para el dictado del fallo definitivo". Acto respecto del cual se estima que resulta improcedente el juicio de amparo. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, relacionados con la fracción III del normativo 172 que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; Respecto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el artículo 107, fracción V, antes transcrito, es claro en señalar que se entiende por estos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, el acto reclamado en el particular, consistente en la sentencia interlocutoria que confirma el auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el que la Magistrada Instructora desechó la prueba consistente en la inspección judicial ofrecida por la parte actora en el juicio administrativo número 2448/18-21-01-5-OT. Se precisa que en el caso concreto el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del agraviado, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros, si se atiende a que la determinación de la autoridad responsable, de confirmar el proveído de dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado Instructor dentro del Juicio de nulidad número 2448/18-21-01-5-OT, a través del cual desechó la prueba de Inspección Judicial ofrecida por el aquí quejoso, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, en relación al 172, fracción III de la Ley de Amparo, porque no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino sólo sus defensas, ni decide el fondo de la Litis planteada y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado de la sentencia definitiva en que el material probatorio es valorado, la que incluso puede ser favorable a sus intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra en su caso la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo, previo agotar en su caso el recurso correspondiente ya que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento a que se refiere el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que refiere que se considera violadas las leyes del procedimiento y que afecta las defensas de la parte agraviada cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o cuando no se reciban conforme a la ley. Tiene aplicación a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Gobernación número 12, de la Colonia Cinco de Diciembre en esta ciudad y autorizando para tal efecto a los licenciados Domingo Ruiz López, María Esther Ruiz López, Sergio Manuel Rivera Camacho y Andrea Fernanda Guizar Ascencio, quienes gozaran de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho antes los órganos jurisdiccionales, se localizaron sus cedulas profesionales, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados, no así a Julieta Beatriz Cacho Rodríguez, en tanto acredite estar legalmente facultada para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa y únicamente para recibirlas a Norma Alejandra Pérez Torres, toda vez que el promovente manifiesta que es pasante de la referida profesión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos, el oficio 21-1-2-29/19, signado por la Presidenta de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Estado, al que anexa la demanda de amparo promovida por Rodrigo Castellanos Campos. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 2/2019 y acúsese recibo de estilo, para los efectos legales a que haya lugar. Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 2/2019. Ahora bien, vista la demanda de garantías promovida por RODRIGO CASTELLANOS CAMPOS, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "El acto consistente en la sentencia interlocutoria de fecha 05 de noviembre de 2018, a través de la cual, la Segunda Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal de Justicia Administrativa, CONFIRMA en todos sus Términos el acuerdo de 18 de septiembre de 2018, por lo que ve al desechamiento de la prueba "inspección judicial", misma que no se tomará en cuenta para el dictado del fallo definitivo". Acto respecto del cual se estima que resulta improcedente el juicio de amparo. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, relacionados con la fracción III del normativo 172 que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; Respecto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el artículo 107, fracción V, antes transcrito, es claro en señalar que se entiende por estos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, el acto reclamado en el particular, consistente en la sentencia interlocutoria que confirma el auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el que la Magistrada Instructora desechó la prueba consistente en la inspección judicial ofrecida por la parte actora en el juicio administrativo número 2448/18-21-01-5-OT. Se precisa que en el caso concreto el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del agraviado, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros, si se atiende a que la determinación de la autoridad responsable, de confirmar el proveído de dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado Instructor dentro del Juicio de nulidad número 2448/18-21-01-5-OT, a través del cual desechó la prueba de Inspección Judicial ofrecida por el aquí quejoso, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, en relación al 172, fracción III de la Ley de Amparo, porque no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino sólo sus defensas, ni decide el fondo de la Litis planteada y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado de la sentencia definitiva en que el material probatorio es valorado, la que incluso puede ser favorable a sus intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra en su caso la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo, previo agotar en su caso el recurso correspondiente ya que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento a que se refiere el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que refiere que se considera violadas las leyes del procedimiento y que afecta las defensas de la parte agraviada cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o cuando no se reciban conforme a la ley. Tiene aplicación a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Gobernación número 12, de la Colonia Cinco de Diciembre en esta ciudad y autorizando para tal efecto a los licenciados Domingo Ruiz López, María Esther Ruiz López, Sergio Manuel Rivera Camacho y Andrea Fernanda Guizar Ascencio, quienes gozaran de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho antes los órganos jurisdiccionales, se localizaron sus cedulas profesionales, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados, no así a Julieta Beatriz Cacho Rodríguez, en tanto acredite estar legalmente facultada para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa y únicamente para recibirlas a Norma Alejandra Pérez Torres, toda vez que el promovente manifiesta que es pasante de la referida profesión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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