Rodrigo Avila Martinez

Expediente 1411/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1411/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Avila Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rodrigo Ávila Martínez, por conducto de su apoderado jurídico Rubén Saldaña Rodríguez, contra el acto atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia y para los efectos que se especifican en el sexto. Notifíquese

  2. Principal

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Beatriz Alonso Sandoval, en relación al acto reclamado al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, San Luis Potosí, por las consideraciones y para los efectos señalados en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese; hágase personalmente a las partes.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con De conformidad con el artículo 19 de la ley de amparo. fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento Mediante ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: "Con fundamento en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Rubén Reyes Flores, para que las autoridades responsables Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y el Director General de los Servicios de Salud, ambos de esta ciudad, cumplan con lo siguiente: 1. Proporcionen y garanticen cabalmente al quejoso Rubén Reyes Flores, el derecho a la salud al nivel más alto posible, para lo cual deberán tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al rango más elevado posible de salud del quejoso, considerando particularmente que padece de enfermedad renal crónica, y para lo que se le ha indicado por parte de los médicos tratantes, dos sesiones de hemodiálisis, así como los medicamentos eritropoyetina 4000 UI y hierro dextran 100 mg, acorde a lo expuesto en la presente determinación. Lo anterior, hasta en tanto, derivado de la valoración periódica a la que estuviese sujeto dicho quejoso, conforme a su enfermedad, se disponga lo opuesto, es decir, que ya no persiste el estado de enfermedad que padece y que por ello, ya no requiera medicamento o tratamiento alguno. Resulta necesario precisar en este aspecto que, dada la naturaleza de la enfermedad con la que fue calificado el solicitante de garantías y atendiendo a que el diagnóstico, tratamiento, medicamentos y consultas dependerán en gran medida a la evolución del padecimiento que le aqueja, para efectos de cumplir con la ejecutoria de amparo, bastará con que las autoridades responsables hagan el pronunciamiento respectivo en el sentido de que acatarán este fallo, con independencia de que en lo sucesivo, provean todo lo necesario para el estricto cumplimiento de la ejecutoria respectiva en los términos señalados en la presente determinación. Ello, sin perjuicio de que quedan expeditos los derechos del quejoso de mérito para denunciar ante esta juzgadora, en cualquier tiempo, el incumplimiento en el que incurran las citadas responsables. En el entendido de que, de carecer de los recursos necesarios, las autoridades responsables deben demostrar que han utilizado todos los recursos que están a su disposición para lograr su efectividad. 2. Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud del quejoso, de tal manera que se cumpla de forma inmediata con la secuencia continúa de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento, justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. Debiendo destacarse en este aspecto que la atención médica, deberá realizarse hasta en tanto que, derivado de la valoración periódica a la que se encuentra sujeta el citado impetrante, conforme a su enfermedad, un especialista de esa institución, bajo su más estricta responsabilidad, disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y por ende, no requiere ningún tratamiento adicional ni la entrega de medicamentos." Marco jurídico Es oportuno reflexionar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo"2 . También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada"3 . Acciones de cumplimiento Sentado lo anterior, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se desprende que en acatamiento a la ejecutoria de amparo, la apoderada legal de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, informó que su representada, conforme al ámbito de sus facultades y competencias, coadyuvará y realizará conjuntamente con el Hospital responsable, las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la salud de la Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. quejosa, en cuanto a la práctica del procedimiento, estudios o medicamentos; asimismo, el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto, informó las gestiones realizadas, tendentes a acatar la ejecutoria de mérito y precisó bajo protesta de decir verdad que su representada acatará el fallo protector dictado y continuará proporcionando la atención médica integral oportuna que requiera el aquí quejoso y al efecto puntualizó, bajo protesta de decir verdad que su representada acatará el fallo protector dictado y continuará proporcionando la atención médica integral oportuna que requiera el aquí quejoso, garantizando su derecho a la salud mientras subsista su padecimiento, proporcionándole el tratamiento médico apropiado, llevando a cabo los diversos estudios y suministrando los medicamentos que le sean prescritos por los médicos especialistas; tan es así, que continúa recibiendo sus dos sesiones de hemodiálisis a la semana, siendo la última de ellas, la registrada el uno de octubre del año en curso, en la Unidad Estatal de Hemodiálisis (Institución a cargo de Servicios de Salud del Estado); que no obstante el referido quejoso no asistió a la consulta que tenía programada para el cuatro de septiembre del presente año en la especialidad de oftalmología, empero el dieciocho de septiembre de los corrientes acudió a consulta a la especialidad de nefrología donde fue revisado y valorado por el médico tratante, en la cual se refiere asintomático, cardiopulmonar sin compromiso, se prescribe plan a seguir para sus próximas sesiones de hemodiálisis, manteniendo un pronóstico de salud reservado a evolución. De las comunicaciones se advierte: EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA "Con fundamento en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Rubén Reyes Flores, para que las autoridades responsables Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y el Director General de los Servicios de Salud, ambos de esta ciudad, cumplan con lo siguiente: 1. Proporcionen y garanticen cabalmente al quejoso Rubén Reyes Flores, el derecho a la salud al nivel más alto posible, para lo cual deberán tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al rango más elevado posible de salud del quejoso, considerando particularmente que padece de enfermedad renal crónica, y para lo que se le ha indicado por parte de los médicos tratantes, dos sesiones de hemodiálisis, así como los medicamentos eritropoyetina 4000 UI y hierro dextran 100 mg, acorde a lo expuesto en la presente determinación. Lo anterior, hasta en tanto, derivado de la valoración periódica a la que estuviese sujeto dicho quejoso, conforme a su enfermedad, se disponga lo opuesto, es decir, que ya no persiste el estado de enfermedad que padece y que por ello, ya no requiera medicamento o tratamiento alguno. Resulta necesario precisar en este aspecto que, dada la naturaleza de la enfermedad con la que fue calificado el solicitante de garantías y atendiendo a que el diagnóstico, tratamiento, medicamentos y consultas dependerán en gran medida a la evolución del padecimiento que le aqueja, para efectos de cumplir con la ejecutoria de amparo, bastará con que las autoridades responsables hagan el pronunciamiento respectivo en el sentido de que acatarán este fallo, con independencia de que en lo sucesivo, provean todo lo necesario para el estricto cumplimiento de la ejecutoria respectiva en los términos señalados en la presente determinación. La apoderada legal de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, informó que su representada, conforme al ámbito de sus facultades y competencias, coadyuvará y realizará conjuntamente con el Hospital responsable, las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la salud de la quejosa, en cuanto a la práctica del procedimiento, estudios o medicamentos. Asimismo, el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto, informó las gestiones realizadas, tendentes a acatar la ejecutoria de mérito y precisó bajo protesta de decir verdad que su representada acatará el fallo protector dictado y continuará proporcionando la atención médica integral oportuna que requiera el aquí quejoso y al efecto puntualizó que se garantiza el derecho a la salud mientras subsista su padecimiento, proporcionando el tratamiento médico apropiado, llevando a cabo los diversos estudios y suministrando los medicamentos que le sean prescritos por los médicos especialistas de su representada; igualmente, comunicó que el aquí quejoso continúa recibiendo sus dos sesiones de hemodiálisis a la semana, siendo la última sesión registrada el día 1 de octubre de dos mil veintitrés en la Unidad Estatal de Hemodiálisis (Institución a cargo de Servicios de Salud del Estado); que no obstante el referido quejoso no asistió a la consulta que tenía programada para el cuatro de septiembre del presente año en la especialidad de oftalmología, empero el dieciocho de septiembre de los corrientes acudió a consulta a la especialidad de nefrología donde fue revisado y valorado por el médico tratante, en la cual se refiere asintomático, cardiopulmonar sin compromiso, se prescribe plan a seguir para sus próximas sesiones de hemodiálisis, manteniendo un pronóstico de salud reservado a evolución. Ello, sin perjuicio de que quedan expeditos los derechos del quejoso de mérito para denunciar ante esta juzgadora, en cualquier tiempo, el incumplimiento en el que incurran las citadas responsables. En el entendido de que, de carecer de los recursos necesarios, las autoridades responsables deben demostrar que han utilizado todos los recursos que están a su disposición para lograr su efectividad. 2. Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud del quejoso, de tal manera que se cumpla de forma inmediata con la secuencia continúa de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento, justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. Debiendo destacarse en este aspecto que la atención médica, deberá realizarse hasta en tanto que, derivado de la valoración periódica a la que se encuentra sujeta el citado impetrante, conforme a su enfermedad, un especialista de esa institución, bajo su más estricta responsabilidad, disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y por ende, no requiere ningún tratamiento adicional ni la entrega de medicamentos." Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, con lo cual funda su dicho de haber dado cumplimiento con lo establecido en la ejecutoria de amparo. En ese orden de ideas, si la apoderada legal de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí informó que su representada, conforme al ámbito de sus facultades y competencias, coadyuvará y realizará conjuntamente con el Hospital responsable, las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la salud de la quejosa, en cuanto a la práctica del procedimiento, estudios o medicamentos y por su parte, el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto, manifestó bajo protesta de decir verdad que se continuará brindando la atención médica correspondiente que requiera el aquí quejoso Rubén Reyes Flores; es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Se tiene por cumplida Por tanto, una vez efectuado el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable acató la totalidad de los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto al emitir la nueva resolución, ya que, se enfatiza, realizó todos los deberes jurídicos ordenados en el fallo protector y no sobrepasó lo establecido en la sentencia de amparo. Recurso de inconformidad Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado que guardan los autos y lo asentado en la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encontraba programada para las once horas con treinta minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés; sin embargo, en la citada data, se llevaron a cabo protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, adscritos a los órganos judiciales del Noveno Circuito, lo que generó un impacto e impedimento para que los justiciables pudieran tener acceso al edificio sede donde se ubican los referidos órganos, cuestión que actualizó un supuesto extraordinario que impidió la comparecencia de las partes a los respectivos. Por lo anterior, los juzgadores del circuito en términos del artículo 9, fracción XIII, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero del dos mil quince, determinaron suspender las labores jurisdiccionales de manera física en los juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado, así como en el Centro de Justicia Penal Federal y Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí, todos con sede en esta ciudad, a partir de las nueve horas del diecisiete de octubre del año actual y hasta las cero horas del dieciocho del referido mes y año, motivo por el cual no correrán plazos, ni términos procesales en dicha temporalidad y se dejaron sin efectos las diligencias y citas programadas en la misma. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, en aras de salvaguardar los derechos de las partes y estén en posibilidad de acudir a la audiencia constitucional, de considerarlo conveniente a sus intereses, se señala como nueva fecha y hora para su verificativo las TRECE HORAS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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