Rodolfo Reyna Gallegos

Expediente 731/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
731/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Reyna Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja civil 248/2020 y el legajo de copias, las cuales se ordena destruir por resultar innecesarias. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se declaró infundada la queja interpuesta contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; este expediente es susceptible de destrucción, la que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contados a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 248/2020. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa y once copias que se acompañan, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de las constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta realizada por el quejoso Rodolfo Reyna Gallegos, mediante la cual ratifica el contenido y firma de su ocurso presentado en este juzgado el veintisiete de octubre del presente año, en atención al requerimiento de veintiocho del citado mes y año. En esas condiciones, se ordena proveer lo conducente respecto a la demanda de amparo que nos ocupa, conforme a las siguientes consideraciones. Ahora bien, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, este juzgado federal advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Asentado la anterior, se sostiene que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como se expondrá en los apartados subsecuentes. El supuesto determinado en la fracción y numeral aludido establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Así pues, conviene precisar que el quejoso señaló expresamente como acto reclamado la determinación de veinticuatro de septiembre del año actual, dictada en el recurso de revocación relativo al expediente de origen 998/2019, en la que se declaró firme el proveído de dieciséis de julio del presente año, por el que se acordó lo que a continuación se transcribe: ".dígasele que deberá estarse a la copia certificada que consta en la foja 24 de autos, en el que se incluye como beneficiaria a ROSA LETICIA GALLEGOS, en la cuenta perfil de la finada... Dejando a salvo sus derechos para que en la segunda sección actúe el albacea definitivo conforme lo marca el ordinal 662 del Código de Procedimientos Civiles." Asimismo, en el escrito aclaratorio de demanda, la parte quejosa manifestó que el juicio sucesorio de origen se encuentra en el trámite de la primera sección. En ese orden, resulta evidente el acto reclamado surge dentro de la tramitación de la primera sección de un juicio sucesorio intestamentario, la cual no ha concluido, pues aún no se dicta interlocutoria que la concluya. En ese sentido, el acto que reclama la parte quejosa no se trata de alguna de las resoluciones que den por concluida alguna de las tres primeras etapas del juicio sucesorio, y tampoco se trata de la resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo. De igual modo, los efectos de la resolución reclamada de ninguna manera afectan en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son, únicamente que se de apertura a la etapa de alegatos dentro de la primera sección del juicio sucesorio subyacente, lo cual no constituye una violación irreparable, pues incluso la consecuencia de dicha situación se concretaría hasta el dictado de la resolución que dé por concluida la primera sección de dicho contradictorio. Máxime que, en el juicio de origen, aún no se ha emitido resolución en la primera sección del juicio sucesorio de origen (según los antecedentes del acto reclamado expresados por el quejoso bajo protesta de decir verdad); de ahí que resulte evidente que el acto reclamado es de carácter meramente procesal. Siendo indudable que la resolución que constituye el acto reclamado tampoco contenga alguna determinación que cause una afectación distinta a los derechos adjetivos de la quejosa directa, que amerite la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por ello, se insiste, el acto reclamado señalado en este juicio de derechos humanos no afecta algún derecho sustantivo del solicitante del amparo, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que los derechos que señala le fueron vulnerados, resultan tener la naturaleza adjetiva o procesal. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. No es inadvertido para esta juzgadora, que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido por Abraham Caamal Zavala, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza el usuario "nohoshni", la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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