Rodrigo Aram Vera Madrid
Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rodrigo Aram Vera Madrid
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Finalmente, agréguese a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de nueve de junio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de nueve de junio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los oficios signados, el primero, por la Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual rinde su respectivo informe en relación a la suspensión de plano; y el segundo, por el Fiscal de la dicha Unidad, mediante el cual informa que los quejosos Baltazar Concepción Alejandre Canul, Rodrigo Aram Vera Madrid y Rodrigo Perera Santos, fueron puestos en libertad el siete de junio del año en curso, tal como lo acredita con las constancias que adjunta al oficio de cuenta; por lo que, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase dando cumplimiento a los requerimiento de seis y siete de los corrientes. Ahora bien, se trae a colación que mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés, Rodrigo Baltazar Alejandre Echeverría, solicitó a favor de los directos quejosos Baltazar Concepción Alejandre Canul, Rodrigo Aram Vera Madrid y Rodrigo Perera Santos, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, y de otras autoridades, consistentes en la detención e incomunicación de dichos agraviados. En ese sentido, de las constancias de autos, como son los informes de ley rendidos por las autoridades responsables, así como la razón actuarial de seis de junio del año en curso, se desprende que no es cierto el acto reclamado por lo que respecta a la incomunicación, pues el Actuario de la adscripción localizó a los quejosos en el área de estacionamiento de la Fiscalía General del Estado. En tanto que, respecto a su detención o privación de libertad fuera de procedimiento, el Fiscal Supervisor informó que los quejosos Baltazar Concepción Alejandre Canul, Rodrigo Aram Vera Madrid y Rodrigo Perera Santos, se encontraban detenidos por la probable comisión de un delito, y en consecuencia se abrió la carpeta administrativa radicada con el número G8-3126/2023 y luego fueron dejados en libertad. En tal virtud, no obstante la certeza del acto privativo de la libertad reclamado, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la detención que realizaron en su contra el cinco de junio de dos mil veintitrés, que dio origen a la carpeta administrativa radicada con el número G8-3126/2023. Ahora bien, del informe de cuenta rendido por Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, señaló que los quejosos Baltazar Concepción Alejandre Canul, Rodrigo Aram Vera Madrid y Rodrigo Perera Santos, fueron puestos en libertad el siete de los corrientes. Circunstancias que se corroboran con las constancias remitidas en los oficios de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Por tanto, con dicho acto cesaron los efectos de la detención reclamada, pues se destruyeron de forma total. Además, se tiene que el citado proveído siete de junio de dos mil veintitrés, y su notificación de la misma data, se realizaron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la conducta de la responsable cesó en sus efectos, el siete de los corrientes, en el que se notificó a la parte justiciable el acuerdo de esa fecha por medio del cual ordenó ponerlo en libertad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por consiguiente, esta Juzgadora Federal, decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, por lo que hace a la inexistencia de la incomunización y la fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal por lo que hace a la detención; y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Director General de Ejecutorias en la unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, en representación del titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias, quien a su vez representa al Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, todos con sede en la ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones que se están realizando para dar cumplimiento a la sentencia de amparo y señala que por cuanto a la documentación que le fue devuelta mediante oficio de diecisiete de los cursantes, ella corresponde a las actuaciones encaminadas a acatar la sentencia concesoria; sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en razón de que la comunicación de cuenta fue glosada a estos autos por acuerdo de dos de junio en curso y se proveyó lo relativo a su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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