Rodrigo Alonzo Pinzon Ayuso
Expediente 2154/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2154/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rodrigo Alonzo Pinzon Ayuso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto transferible. Finalmente, devuélvanse al Juez responsable, las constancias que anexó a su demanda de amparo, consistentes en copia certificada del juicio natural; lo anterior, sin que sea necesario que acuse el recibo correspondiente. Notifíquese por lista.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con siete minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 2154/2021-VII, promovido por Rodrigo Alonso Pinzón Ayuso. En audiencia pública, Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante José Ignacio Alpuche Aguilar, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de las constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno matutino, con sede en esta capital. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: se tiene por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la referida autoridad responsable, el que se tomará en consideración como corresponda. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta de la documental que exhibió la parte quejosa junto con su demanda de amparo; así como con un legajo de copias certificadas de las constancias que integran el juicio de origen 297/2021, que remitió el Juez responsable como justificación de su informe; las cuales, por su voluminosidad, obran como anexo al resguardo de esta Secretaría. Atento lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas relacionadas y se tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en cuenta como corresponda; no habiendo pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado este periodo. Abierto el periodo de alegatos, se da cuenta al Secretario encargado del despacho con los que formuló la tercera interesada en su escrito recibido por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno; y se certifica: que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de referencia, y por hecha la certificación secretarial que antecede; por lo que se declara cerrado el período de alegatos. A continuación, al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Secretario encargado del despacho declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el juicio de amparo 2154/2021-VII promovido por Rodrigo Alonso Pinzón Ayuso, contra el acto del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta capital. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Rodrigo Alonso Pinzón Ayuso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta capital. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, entre otras cosas, se ordenó el llamamiento a juicio de la tercera interesada, quien fue debidamente emplazada. De igual forma, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, y 37, primer párrafo de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federacio´n y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinacio´n del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en razo´n de que el acto que se reclama tuvo ejecucio´n en esta ciudad de Me´rida; por tanto, es correcto que la demanda de amparo se haya presentado en esta localidad, donde tiene jurisdiccio´n territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro'"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: La sentencia interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintiuno, que resolvió los recursos de revocación interpuestos por el aquí quejoso y tercera interesada contra la parte conducente del acuerdo, de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; declarando fundado el de esta última, por lo que fijó de manera provisional el monto de pensión alimenticia; e infundado el del actor, aquí quejoso, por lo que quedó intocado el régimen de convivencia con sus hijos menores edad; en autos del Procedimiento Especial de Divorcio Incausado 297/2021. TERCERO. Existencia del acto. Es cierto el acto que se reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias conducentes del juicio de origen, que el nombrado Juez remitió en apoyo de su informe; las cuales tienen valor probatorio pleno por ser documentos pu´blicos, en te´rminos de los arti´culos 129 y 202 del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria por disposicio´n del numeral 2 de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetados por las partes. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, ni las partes lo hicieron valer; por lo que procede el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos, ya que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En principio, como antecedentes del procedimiento especial de divorcio incausado 297/2021, cabe destacar que de las copias certificadas que remitió el Juez responsable con su informe, se advierte lo siguiente: Auto de once de mayo de dos mil veintiuno, en el cual, el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán admitió la petición del quejoso de divorcio sin causales en vía de procedimiento especial; y, entre otras cosas, ordenó correr traslado a la tercera interesada Vanessa Arlette Baeza Cerón (fojas 51 y 52 del anexo). Acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a la nombrada tercera Vanessa Arlette, desahogando la vista que se le dio el once de mayo del propio año; y se fijó como régimen de convivencia del quejoso Rodrigo Alonso Pinzón Ayuso con sus hijos menores A.P.B y R.P.B. de diez y ocho años de edad, respectivamente, los días martes, jueves y sábados de cada quince días, con una temporalidad de veinticuatro horas, ya que los recogería a las catorce horas de esos días y los regresaría con su madre a la misma hora del día inmediato siguiente. De igual forma, la responsable reservó pronunciarse sobre la medida provisional de pensión alimenticia hasta que tuviera mejores elementos para resolver (fojas 134 a 137 del anexo). Inconformes con tal determinación, el quejoso y tercera interesada interpusieron recursos de revocación; el primero, contra la parte conducente que fijó el régimen de convivencia; y la segunda, por la reserva de decretar alimentos provisionales a favor de los menores; escritos que se recibieron por auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno (foja 194 del anexo). Resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintiuno, que resolvío los referidos recursos de revocación, declarando no procedente el interpuesto por el aquí quejoso Rodrigo Alonso Pinzón Ayuso, y procedente el de la tercera interesada Vanessa Arlette Baeza Cerón; razón por la cual, se dejó intocado lo concerniente al régimen de convivencia y sólo se modificó la parte conducente relativa a la reserva de alimentos provisionales, estableciendo a favor de los menores, el cuarenta por ciento de las percepciones quincenales del quejoso, equivalente a $3,880.00 (tres mil ochocientos ochenta pesos, con cero centavos, moneda nacional) (fojas 195 a 202 del anexo). Esta última resolución constituye el acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral del primer concepto de violación, se aprecia que esencialmente la parte quejosa alega vulneración a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues aduce que el Juez responsable al dictar su fallo no cumplió con la fundamentación, motivación, exhaustividad y congruencia que requiere todo acto de autoridad; ni con el debido proceso. Lo anterior, ya que se limitó a fijar un porcentaje y monto de pensión alimenticia a favor de sus hijos menores, basándose en manifestaciones genéricas, sin expresar razonamientos lógico jurídicos que justificaran el cuarenta por ciento que se le impuso como pago por concepto de alimentos. Aunado a que la responsable, según refiere, no realizó un estudio ni análisis de la información y circunstancias del caso concreto; y al emitir su resolución, si bien refirió que el porcentaje de pensión alimenticia atendía al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 35 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, omitió realizar el análisis en cuanto a sus posibilidades como deudor alimentario y las necesidades de sus hijos como acreedores; pues, por lo que a él respecta, el Juez únicamente tomó como referencia un recibo de pago de fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, el cual arguye fue expedido hace más de un año y no demuestra de modo alguno sus percepciones actuales. Por lo que, a fin de no transgredir sus derechos, el quejoso afirma que la responsable, previo a dictar el fallo, debió allegarse de la información necesaria para conocer sus posibilidades de cubrir la obligación alimentaria, es decir, cerciorarse del monto de sus ingresos actuales, sin omitir analizar la necesidad de los menores acreedores a través de datos objetivos. Además, manifiesta que la responsable dejó de considerar y valorar toda la información que obraba en autos, ya que había constancia de un cargo mensual por la cantidad de $9,051.40 (nueve mil cincuenta y un pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional), que se le descontaba de sus percepciones totales con motivo de un crédito que le otorgó el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), el cual aduce no fue valorado al momento de fijar alimentos. También refiere que si bien los alimentos son un derecho fundamental que no puede ser vulnerado, no se puede establecer la obligación de proporcionarlos de manera arbitraria, pues tal derecho, no es superior en jerarquía a otros, como los previstos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Por último, dentro de sus motivos de disenso, el quejoso igual afirma que la naturaleza provisional de la medida cautelar no implica que el estándar probatorio se reduzca, ni sea menos rígido; pues sería conculcatorio de derechos. Como se precisó, son infundadas las consideraciones anteriores. En efecto, los artículos 14, párrafo segundo, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De los preceptos jurídicos antes invocados, se infiere, que nadie puede ser privado de sus derechos, sin que se siga un juicio ante tribunales, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y que nadie puede ser molestado, sino mediante mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa. Tales numerales, como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recogen los principios de debido proceso y legalidad; y, por ende, la exigencia de cumplir con las formalidades del procedimiento y justificar racionalmente los actos de autoridad que impliquen alguna molestia o privación de derechos de los particulares. Así, la fundamentación y motivación constituyen requisitos indispensables para que un acto de autoridad tenga plena eficacia; entendiéndose por fundamentación, el deber de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación, señalar con detalle las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitir el acto; siendo necesaria, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas; tal y como se advierte del contenido de la Jurisprudencia número 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo al artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, cabe destacar que la referida exigencia de fundamentación y motivación está concatenada con otros principios, como exhaustividad y congruencia, conforme a los cuales, la autoridad competente al emitir su fallo está obligada a dilucidar todas y cada una de las pretensiones planteadas por las partes. Bajo esa premisa, la congruencia, como principio normativo, delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben pronunciarse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; mientras que la incongruencia, tiene dos vertientes, una interna, cuando no existe una relación lógica entre los razonamientos que expuso la autoridad jurisdiccional en la parte considerativa de su resolución, con la parte resolutiva; y otra externa, cuando se omite pronunciarse en forma total o parcial respecto a las consideraciones formuladas por el inconforme y la contraparte; o bien, está fuera, va más allá o con menos de lo pedido. Y la exhaustividad, que aunque es un concepto explícito, implica que al resolver se atiendan todas y cada una de las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a,/J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y dos, del Tomo XXII, Diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En el caso, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, sí se respetaron las formalidades del procedimiento, por cuanto el recurso de revocación fue sustanciado en sus términos, de conformidad con los artículos 423, 425 y 428 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, y demás aplicables. En cuanto a la fundamentación, el Juez Familiar responsable cito´ los arti´culos que regulan el interés superior del menor, su derecho a una vida digna en condiciones que garanticen su desarrollo integral, su derecho a recibir alimentos, la obligación de los padres de proporcionarlos y la de los juzgadores de dictar las medidas provisionales que estimen necesarias para salvaguardar los intereses de los menores, a saber, los numerales 14, 15 y 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 3º primer párrafo, 11 apartado A, y 12 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 23, 28 y 30 del Co´digo de Familia para el Estado de Yucata´n; y 78, fracción VIII y 487, fracción VI, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Respecto a la motivación, el Juez expuso los argumentos, circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que consideró para emitir el acto, tomando en cuenta los agravios expuestos por la parte recurrente. En efecto, estableció que iniciado el juicio el Juez del conocimiento debe fijar el monto de la pensión alimenticia con base en su sano criterio, ya que en ese momento procesal no cuenta con los medios y pruebas suficientes, pero debe resolver atendiendo a la urgencia de la medida; y será hasta después, ya desahogado el procedimiento y recabadas las pruebas necesarias, que se sustituirá esa medida provisional por una definitiva. De igual manera, que el derecho de recibir alimentos es de interés general y orden público, pues privilegia un alto fin social, la satisfacción de necesidades de un integrante de la familia que no tiene los medios para proveer su subsistencia; por lo que la reserva de decretar alimentos provisionales a favor de los menores, hasta que se contaran con mayores elementos, resultaba contraria a derecho. Por lo expuesto, el Juez declaró fundado el recurso de revocación que interpuso la aquí tercera interesada y procedió a fijar la medida de alimentos provisionales; para ello, consideró un recibo impreso de nómina de fecha once de agosto de dos mil veinte que obraba en autos, emitido por la persona jurídica "Health Mart", Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del aquí quejoso Rodrigo Alonso Pinzón Ayuso, sin que éste haya sido desvirtuado, pues aunque el quejoso alega que data de hace un año, en modo alguno hay otros elementos para demostrar sus percepciones actuales; por lo que hasta este momento no desvirtuó el contenido de ese recibo. Así, ante la presunción de existencia de ingresos del deudor alimentista y el peligro en la demora de fijar alimentos hasta la sentencia, con base en el recibo de nómina el Juez estableció las percepciones quincenales netas del deudor alimentista en $9,701.62 (nueve mil setecientos un pesos, con sesenta y dos centavos, moneda nacional), y le fijó el cuarenta por ciento como porcentaje de pensión a su cargo, que equivale a $3,880.00 (tres mil ochocientos ochenta pesos, sin centavos, moneda nacional). Cantidad que debía pagar de forma quincenal, y con la cual, se estimó se atenderían de manera provisional tanto las necesidades básicas como las necesarias para el óptimo desarrollo psíquico, afectivo y de sano esparcimiento de los menores de edad. Como se ha analizado, la autoridad responsable cito´ los fundamentos, valoro´ las pruebas con las que contaba en el momento en que fijo´ la pensio´n alimenticia provisional, expreso´ las razones por las cuales modificó la parte conducente del acuerdo recurrido, y lo resuelto guarda relación con la petición, las constancias de autos y lo legal, sin incurrir en contradicciones; y, además, resolvió todos los puntos pretendidos, ante ello, es evidente que el acto reclamado se encuentra fundado, motivado, con congruencia y exhaustividad. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones de que el Juez debió allegarse de mayores elementos probatorios para establecer las percepciones actuales del quejoso y las necesidades de los acreedores, cabe destacar que la pensio´n alimenticia se da en dos etapas distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, que en el caso interesa, se determina u´nicamente con base en la informacio´n con que se cuenta hasta el momento de la presentacio´n de la demanda; y la segunda, al dictar sentencia, que es cuando el Juez está en mejores condiciones de normar su criterio, con base en mayores elementos de prueba que aporten las partes y aquellos que de oficio requiera el juzgador en uso de sus facultades. Expuesto lo anterior, es evidente que de los antecedentes narrados, en el caso se está en presencia de la primera, una medida cautelar provisional, que atiende a una prioridad de orden pu´blico, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes demandan los alimentos; y ante la premura se resuelve con los elementos que el juzgador tiene a su alcance, sin ser exigible un estándar probatorio alto. Por consiguiente, tal determinacio´n no deja en estado de indefensio´n al aqui´ quejoso, si se tiene presente que durante el tra´mite del juicio tendrá la oportunidad de ofrecer las pruebas que estime pertinentes; las cuales deberán ser relacionadas y valoradas por la responsable al resolver en sentencia definitiva sobre los alimentos, por ser uno de los puntos controvertidos; pues en la etapa donde se encuentra, el establecimiento de la medida atiende a necesidades imperiosas de subsistencia de menores que no pueden proveerse por si. De ahí que se estimen infundadas las alegaciones del quejoso, pues aunque se trate de una medida de carácter provisional, ello no implica que el estándar probatorio deba reducirse; ya que precisamente el carácter de urgencia de la medida y la premura de asegurar un bien jurídico de alto nivel, como es el bienestar de los menores, conllevan a resolver con los elementos que en ese momento se tengan al alcance. Por ilustrativa, la tesis III.1º.C.184 C (9ª.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Materia (s): Civil, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 160094; de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario." Por último, no obstante lo antes analizado sobre el nivel probatorio en esta etapa, se hace notar que respecto al diverso motivo de inconfomidad del quejoso, relativo a que el Juez al emitir su fallo no valoró el cargo mensual por la cantidad de $9,051.40 (nueve mil cincuenta y un pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional) que se le hace con motivo de un crédito del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT); debe decirse que del recibo de nómina de catorce de agosto de dos mil veinte, que la responsable tomó como base para presumir los ingresos del quejoso, se advierte que dicha deducción ya estaba incluida en sus descuentos salariales; por lo que la cantidad neta de $9,701.62 (nueve mil setecientos un pesos, con sesenta y dos centavos, moneda nacional), de ingresos quincenales que se consideró, no se ve afectada por tal concepto. Ahora bien, respecto al segundo concepto de violación, la parte quejosa refiere que la autoridad responsable no accedió a su solicitud de modificar el régimen de convivencia, limitándose a expresar argumentaciones con razonamientos escuetos; afirmando que no era posible fijar la convivencia para todas las semanas como solicitó, sin hacer un estudio exhaustivo de las circunstancias particulares del caso e incurriendo en contradicciones y falta de congruencia. Reclama también, falta de fundamentación y motivación, pues enfatiza que no le es posible encontrar en la resolución impugnada, un argumento lógico jurídico que justifique limitar la convivencia con sus hijos sólo a tres de cada quince días; lo cual no le parece justo ni equitativo, pues refiere no existe evidencia, ni siquiera presuncional, de que represente un peligro o perjuicio para los infantes. Por lo que insiste que ninguna de las afirmaciones realizadas por la autoridad responsable cumple con el mínimo estándar impuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, dado que lo expresado resulta genérico y sin sustento. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, el Juez responsable al emitir su resolución citó y consideró los artículos 4º Constitucional; 3º y 4º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 3º y 9º de la Convención sobre los Derechos de los Niños; para establecer el interés superior del menor, como principio rector de las decisiones que tome toda autoridad, entre ellas, la judicial; y que atendiendo a ello, no asistía razón a sus alegaciones. Lo anterior, pues a manera de motivos expresó, que al momento de determinar el régimen de convivencia con el padre no custodio, era necesario considerar que si dicho régimen era aplicado todas las semanas, específicamente, ambos días del fin de semana, no se permitiría que los menores realizaran actividades recreativas, culturales y de esparcimiento con su madre; pues si bien, ésta tenía la custodia, eran pocos los momentos en que podía sacarlos a pasear y convivir de forma recreativa con ellos de lunes a viernes. En primer lugar, por las actividades escolares propias de los menores durante la semana; y en segundo, por las realizadas por la madre tanto para su subsistencia, como por las labores domésticas, de supervisión de tareas y pendientes de los menores; razón por la cual, la autoridad consideró justo y equitativo que ambos padres convivieran con sus hijos los fines de semana, para compartir espacios de recreación, esparcimiento y entretenimiento, a fin de lograr el sano desarrollo de los niños. Pues en el régimen fijado, el papá además de los dos días entre semana, tenía los días sábados desde las catorce horas, hasta las catorce horas del día domingo; de lo que se advierte que efectivamente, de tener el mismo régimen cada semana, estarían muy limitados los espacios de recreación de los menores con su madre. Además, la responsable también precisó que en este punto, atendiendo al interés superior del menor, la edad era otro factor importante a considerar, ya que al tener los menores ocho y diez años, se encontraban en edad escolar, por lo que requerían de rutinas establecidas y cuidados especiales que les brinden la seguridad y estabilidad que necesitan para el libre desarrollo de su personalidad; y, de otorgarse los días que el padre solicitó de manera unilateral, sin considerar el mayor beneficio para aquéllos, se pudiera perjudicar su estabilidad emocional por no tener espacios de recreación con su madre, así como la afectación de sus rutinas diarias y escolares. Determinación que, conforme a la motivación de la responsable, atendió no sólo a la satisfacción de las necesidades físicas, sino también mentales y emocionales de los menores; lo que se estima ajustado a derecho y a su interés superior, ya que también es necesario que los niños convivan con su madre en espacios de recreación, fuera de los horarios disciplinarios y de actividades académicas que tienen entre semana, a fin de fortalecer lazos afectivos a través de esos momentos de ocio y juego, que contribuyen a su desarrollo integral, tal como lo hizo notar la responsable. Pues no basta con sólo satisfacer sus necesidades físicas, mentales y vitales, como alimentación, salud, vestimenta y demás; sino que también es importante atender las necesidades emocionales y afectivas de los menores, y es a través de esos espacios de ocio y juego que la madre puede estrechar mayores vínculos con sus hijos, fuera de las formalidades que conllevan las rutinas escolares que tienen entre semana; lo que impacta en su desarrollo integral, fin último del interés superior del menor, más considerando las edades con las que cuentan, de ocho y diez años, donde están en proceso de construcción de su identidad, desarrollo de personalidad y autoestima, en el cual, es vital tener lazos afectivos estrechos con ambos progenitores, los que se fortalecen precisamente en esos espacios recreativos. Por otra parte, en la determinación impugnada, la responsable también especificó que no se dejaba de lado la convivencia de los menores con su padre, pues su presencia era importante para fortalecer su autoestima, su percepción de las relaciones interpersonales con la sociedad y las propias de la familia, lo que igual favorecía su educación y valores; y que el régimen de días establecido sí lo permitía. Continuando, el Juez responsable también destacó que dicho régimen constituía una medida de carácter provisional, la cual podía ser modificada en sentencia definitiva, atendiendo las circunstancias y pruebas que se aporten durante el juicio; pues precisamente el régimen de convivencia era un punto controvertido y en sentencia se valoraría todo lo probado y acreditado por las partes contendientes, por ser hasta ese momento donde se cuenten con más elementos para resolver lo que conlleve un mayor beneficio para los menores. Igual, como correctamente señaló el Juez responsable, no se debe soslayar que el concepto de interés superior de la niñez, tiene una salvaguarda prioritaria en el sistema jurídico mexicano, incluso por encima de los propios intereses de los padres; razón por la cual, acertadamente concluyó que al tener ese principio mayor trascendencia en función del órden público e interés social, antes de privilegiar la igualdad entre progenitores, está primero el interés superior de los menores involucrados; por lo que en ese momento, atendiendo a la etapa en que se encontraba, resolvió que resultaba más benéfico para los infantes con los datos que obraban a su alcance. Apoya lo anterior, la tesis aislada 1ª. CCCVII/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia (s): Constitucional, Civil, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2004775; de rubro y texto siguientes: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Así como la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 334, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Civil, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 159897; que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." Por lo antes expuesto, no asiste razón a la parte quejosa, ya que la autoridad responsable sí expuso todos los fundamentos que consideró para emitir su fallo en determinado sentido, así como las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que estimó para negar, en esa etapa del proceso, el cambio de régimen de convivencia; considerando por encima del interés particular de los progenitores, el de los menores de edad. Además, se advierte adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, así como un estudio exhaustivo del caso particular, pues como se vio, esencialmente, consideró que los menores hijos necesitan convivir y tener sano esparcimiento con cada uno de sus progenitores el fin de semana, ya que entre semana por sus actividades rutinarias no es posible tener ese esparcimiento con su madre; lo que se estima adecuado, pues el derecho de convivencia no es sólo de un progenitor, sino principalmente de los menores, quienes para lograr su sano desarrollo, es conveniente que tengan actividades alternadamente con sus progenitores los fines de semana, por las causas y motivos expresados por la responsable, lo que es acorde al interés superior. Por todo lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso y no advertirse queja deficiente que suplir, de conformidad con lo previsto por el arti´culo 79, fraccio´n II, de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Rodrigo Alonso Pinzón Ayuso, contra el acto que reclamó del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, consistente en la resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintiuno; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante José Ignacio Alpuche Aguilar, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, el escrito firmado por la tercero interesada Vanessa Arlete Baeza Cerón. En principio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada a este juicio, con el carácter de tercero interesada. Ahora bien, con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la tercero interesada, para oír y recibir notificaciones, y como sus autorizados, el predio y personas a que hace mención en su ocurso de cuenta, en los términos ahí establecidos. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dichas personas, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las alegaciones de la ocursante, para ser relacionadas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 600-69-2021-04975, de dieciocho de los corrientes, signado por el Delegado de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente asunto. Ahora bien, en el expediente donde se actúa, se advierte lo siguiente: ° En fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, terminada de transcribir el treinta de septiembre referido, se dictó la sentencia en el presente asunto, en la que en su único punto resolutivo determinó que la JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARÓ NI PROTEGIÓ a Diseño y Coordinación Baku, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra del acto que reclamó de las responsables. ° El veintiuno de octubre de dos mil veinte, se acordó el escrito de Juan José Góngora Puerto (Jr.) apoderado general de la persona jurídica "Diseño y Coordinación "Baku Diseño y Coordinación", Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida en estos autos, por lo que se remitió vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, para que estuviese en aptitud de resolver la revisión interpuesta, mismo que fue admitido para su trámite y resolución y el cual se encuentra aún pendiente por resolver. En tal virtud, por medio de oficio que al efecto se le gire, comuníquese lo anterior a la autoridad Delegado de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad. Finalmente, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en su oficio de cuenta. Notifíquese.
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