Rodrigo Alberto Catzin Uicab

Expediente 690/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
690/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Rodrigo Alberto Catzin Uicab

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de mayo del año en curso. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 690/2021-IV-B, promovido por RODRIGO ALBERTO CATZÍN UICAB, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el veintisiete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció RODRIGO ALBERTO CATZÍN UICAB y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 690/2021-IV-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la rendición del informe justificado con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado resulta ser cierto, tal como se advierte de lo manifestado por la autoridad responsable en su informe de ley, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando se tiene por cierta la existencia del acto. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: Fijar una fecha lejana para la audiencia de ley, en el juicio laboral 1278/2020, que promovió en contra de RILMA EVELIA DEL SOCORRO CASTILLO MOGUEL, y otros (2), derivado de la falta de emplazamiento a los demandados. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente; lo que se corrobora con las constancias que remitió, derivadas del juicio laboral 1278/2020. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Mientras que por lo que hace al actuario adscrito a la Junta, no rindió informe justificado a pesar de estar notificado, por lo que opera en su contra la presunción de certeza del acto que se le atribuye, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se advierten de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Los citados preceptos legales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente a que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Ahora bien, se afirma que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que en el caso, de las constancias que remitió la Junta responsable a su informe, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte que en el expediente 1278/2020, promovido por el aquí quejoso en contra de RILMA EVELIA DEL SOCORRO CASTILLO MOGUEL, JOSÉ ABRAHAM ENRIQUE PERAZA CASTILLO y GERARDO PERAZA CASTILLO, el treinta de noviembre de dos mil veinte la responsable dictó auto inicial en el juicio, en el que admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a la parte demandada y señaló como fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones el treinta de marzo del año dos mil veintiuno a las doce horas. Luego, según acta levantada el treinta de marzo del año en curso, se observa que no se pudo llevar a cabo la audiencia trifásica, en razón de que la parte demandada no asistió ni se encontraba emplazada, por lo que se suspendió dicha audiencia y se señaló como nueva fecha las once horas con treinta minutos del siete de septiembre del año dos mil veintiuno. Ahora bien, cabe destacar que a esta audiencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno no compareció personalmente el directo actor, aquí quejoso, pero sí lo hizo su apoderado legal Santiago Samuel Cel Machado, y fue precisamente en esa audiencia en la que se fijaron las once horas con treinta minutos del siete de septiembre del año dos mil veintiuno. Por tanto, desde esa data la parte quejosa se hizo sabedora del acto aquí reclamado, por lo que, al estar presente en dicha actuación en la Junta laboral sin duda alguna se enteró del señalamiento de la audiencia para la fecha indicada. Por lo que al ser así, desde ese momento tuvo conocimiento del acto reclamado, surtiendo sus efectos desde ese momento; de ahí que el cómputo de quince días para entablar la demanda de amparo, transcurrió a partir del día hábil siguiente, que lo fue el cinco de abril de dos mil veintiuno, y feneció el veintitrés de abril consecuente; siendo que la demanda de amparo se presentó fuera de tiempo el día veintiséis de abril de dos mil veintiuno, como se advierte de la boleta de turno correspondiente: En esa guisa, resulta claro que la parte quejosa se enteró de los actos reclamados el día de la comparecencia por conducto de su apoderado a la diligencia de treinta de marzo del año en curso, por lo que surtió plenamente sus efectos en esa misma data, al tenor del artículo 18 de la Ley de Amparo, para promover el juicio constitucional; por lo que como ya se indicó, el cómputo para promover el juicio de amparo, comenzó a computarse a partir del cinco de abril de dos mil veintiuno, y concluyó el veintitrés de abril siguiente. Lo anterior, dado que se descuentan de lo expuesto, los días treinta y uno de marzo, uno y dos de abril de dos mil veintiuno por haberse declarado inhábiles, así como los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de abril del año en curso por haber sido sábados y domingos, y por lo tanto, inhábiles de conformidad con el ordinal 19 de la Ley de Amparo. De ahí que al haberse presentado la demanda de amparo que dio origen al presente juicio hasta el veintiséis de abril siguiente, es clara y notoria su extemporaneidad. Se afirma lo anterior, dado que la parte quejosa, tuvo conocimiento de los actos que atribuye a la autoridad responsable, en la celebración de la audiencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, pues lo que combate no se trata de violaciones de tracto sucesivo, pues el diverso acto consistente en la falta de notificación de su contraparte la hace derivar precisamente de que esa fue la causa por la que se difirió la audiencia trifásica, y eso no es señalado como un acto reclamado destacado, sino como una consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364, Tomo IX, junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." En tal virtud, al haberse evidenciado el consentimiento tácito de los actos reclamados, lo que se estima así, por no haber promovido la demanda de amparo dentro del plazo que la ley señala para ese efecto, y no encontrarse dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promoverla; es inconcuso que resulta extemporánea su presentación y por tanto, lo procedente es SOBRESEER en el juicio, acorde con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, de la misma ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo haya sido admitida a trámite por este órgano jurisdiccional, pues en ese momento procesal no se consideró notoria y manifiesta para estimar que se actualizaba la causa de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada con registro 202792, visible a página cuatrocientos setenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, Materia: Común, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo que disponen los artículos 1º, fracción I, 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por RODRIGO ALBERTO CATZÍN UICAB, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción; por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a las partes y relaciónese dicho informe y anexo en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto: se tiene por recibido del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, la copia del acuerdo pronunciado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, con el que acusa recibo del oficio 8823/2021, del índice de este Juzgado, que contiene el proveído de catorce de los corrientes, dictado en el juicio de amparo indirecto ********************. Al efecto, toda vez que en el auto pronunciado por la Superioridad, se ordenó requerir a este Juzgado Federal, por conducto del MINTERSCJN, para que en su oportunidad, le informe sobre la resolución que se dicte respecto del cumplimiento de la ejecutoria del fallo constitucional por parte de las autoridades responsables. Por tanto, acúsese recibo del oficio de referencia vía MINTERSCJN a la Suprema Corte Justicia de la Nación. Y mediante oficio, infórmese a la Superioridad que a través del diverso oficio 9762/2021 de fecha veintitrés del actual mes, se le comunicó el requerimiento realizado a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, devuelva la tarjeta de cuse de recibo del oficio 7613/2021 dirigida al ******************** tercero interesado, con el que se le dio vista del contenido del oficio TTSEM/MP/SRÍA.-369/2021, del Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, así como del anexo adjunto, con los que hizo saber relativo al pago realizado a la parte quejosa del fallo laudado en el juicio de origen, a fin de que este órgano jurisdiccional, proceda a resolver lo conducente en relación al cumplimiento de la ejecutoria del amparo. No obstante lo anterior, para lo efectos legales que correspondan, comuníquese al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al incidente de inejecución de sentencia ********************, que tan pronto se emita el acuerdo respectivo se hará de su conocimiento dicha determinación. Notifíquese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, través del MINTERSCJN, a que se refiere el Acuerdo General Plenario 12/2014.

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