Rodolfo René Cupul García
Expediente 1302/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rodolfo René Cupul García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que en copia certificada acompaña al mismo, del que se advierte que la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo se encuentra en vías de ejecución. Lo anterior aseveración obedece a que la autoridad oficiante, en cumplimiento a la misma, informa que ya se dio respuesta a la solicitud hecha por la parte quejosa, y que una vez que sea notificada lo hará del conocimiento de este Juzgado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Director Jurídico, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, con apoyo en el numeral 258 de la ley de la materia, se les impondrá en lo individual, multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Artículo 26 de la Constitución Federal, que equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 1302/2023-VII-B, promovido por ********************, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otra autoridad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado en la misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y su Director Jurídico. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 1302/2023-VII-B y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, a través del cual solicitó que el vehículo marca ********************, Modelo ********************, Color Gris, con número de serie ******************** y número de serie remarcada ********************, sea puesto a disposición de la autoridad ministerial por estar involucrado en un hecho delictivo, o en su caso, si ya lo hizo, así se lo comunique. TERCERA. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a nombre propio y en representación del Titular de dicha dependencia, reconoció la existencia del acto que se le atribuye; manifestaciones que constituyen una confesión en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, suficientes para tener por acreditada su existencia. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTA. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Son fundados los conceptos de violación que expone la parte quejosa, toda vez que se advierte que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales que consagra el artículo 8º de nuestra Carta Magna. El indicado ordinal a que nos referimos, dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". La existencia de este derecho fundamental es la consecuencia de una exigencia jurídica y social en un régimen de legalidad. Así es, sociológica e históricamente el derecho de petición se revela como la exclusión o negación de la llamada vindicta privada, en cuyo régimen a cada cual le era dable hacerse justicia por su propia mano. La potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en general, es decir, toda persona moral o física que tenga este carácter se deriva como derecho subjetivo público individual de la garantía respectiva consagrada en el numeral aludido. En esa virtud, la persona tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita de cualquier índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso, etc., de suerte que el estado y las autoridades (funcionarios y empleados), en razón a la relación jurídica consignada en el numeral citado, tienen como obligación ya no un deber de carácter negativo o abstención como en la anteriores garantías, sino la ejecución o cumplimiento positivo de un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado eleve. Dicho acuerdo no es sino el parecer que emite el órgano estatal sobre la petición formulada, sin que ello implique que necesariamente deba resolver de conformidad con los términos de la solicitud, sino basta con que sea congruente con dicha instancia. Por tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar un acuerdo expresando por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido, y además, que lo haga del conocimiento del solicitante; pero no solamente debe pronunciar dicho acuerdo y notificar su contenido, sino que la respuesta debe ser congruente con lo solicitado. Ciertamente, de la redacción del referido numeral 8º de la Constitución Federal, se desprende que para dar debido cumplimiento a lo preceptuado en el mismo deben reunirse los siguientes requisitos formales: a) A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. b) Que la respuesta sea congruente con la petición planteada. c) Hacerlo conocer en breve término al peticionario. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 205-216, tercera parte, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRAMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones. Partiendo de las anteriores premisas y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Se advierte que del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aceptó que no se ha dado respuesta al ocurso referido por la parte quejosa, esto es, presentado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, debido a la excesiva carga de trabajo de esa Secretaría; el cual no fue no objetado en autos, por lo que se acreditó que en la fecha indicada, la parte quejosa realizó una petición por escrito de manera pacífica y respetuosa al Secretario de Seguridad Pública del Estado. De lo anterior, se observa que la parte solicitante del amparo acreditó haber cumplido con los requisitos que debe satisfacer el derecho de petición, es decir, los especificados en el inciso a) antes mencionado, consistentes en que la petición debe constar por escrito y realizarse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad, en este caso al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En el ocurso de mérito, la parte quejosa, solicitó se le dé respuesta de manera fundada al escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, a través del cual solicitó que el vehículo marca ********************, Modelo ********************, Color Gris, con número de serie ******************** y número de serie remarcada ********************, sea puesto a disposición de la autoridad ministerial por estar involucrado en un hecho delictivo, o en su caso, si ya lo hizo, así se lo comunique. Al rendir su informe justificado, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia de dicho acto reclamado, argumentando que por la excesiva carga de labores de esa Secretaría no era posible generar una contestación a la solicitud de la aquí parte quejosa. Sin embargo, ello no justifica la constitucionalidad de su actuación omisa, ya que la obligación que el artículo 8° de la Constitución Federal impone a las autoridades a quienes se presente una petición es la de resolver sobre ella, no en un sentido específico, lo que implica que la autoridad responsable debió emitir una respuesta, por escrito, debidamente motivada, en que se pronunciara sobre la petición formulada por el peticionario del amparo, y hacérselo de su conocimiento; y a la presente fecha, la responsable no acreditó haber dado contestación a dicha petición. Máxime que han transcurrido dos meses de la fecha en que se presentó ante la responsable a la en que se resuelve el presente juicio de amparo, sin que ella haya acreditado que dio respuesta a la petición que le formuló el ahora quejoso. Esto es así, porque el gobernado no puede ver afectados sus derechos fundamentales como consecuencia de que el Estado, como garante de tales derechos, no haya proveído lo necesario para atender, con celeridad, las necesidades de quienes acuden a él. Sirve de apoyo la tesis XV.3o.38 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario." Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PETICIÓN, FORMA DE RESPETAR EL DERECHO DE (ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN). Si se comprueba que la quejosa se dirigió a la Dirección General de Precios pidiéndole la reconsideración de la multa, este solo hecho es suficiente para imponer la obligación a la autoridad a quien se dirige la petición, que dé contestación en el sentido que estime conveniente, aun siendo una autoridad incompetente para resolver un recurso en el que no tiene facultades; es decir, precisamente hacerle saber al peticionario que dicha inconformidad fue turnada a la autoridad que compete, que la misma resulta infundada, o en su caso desecharla por las razones que se estimen convenientes y con los fundamentos en que se apoye, pero fundamentalmente, se debe dar contestación a la petición, porque lo contrario contraviene en forma inevitable lo dispuesto en el artículo 8o. constitucional siendo de advertirse que el precepto establece la obligación de contestar por escrito la petición correspondiente, sin que lo anterior quiera decir, que deba ser en determinada forma, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece el derecho de petición en los términos antes especificados, por lo que la autoridad tiene la obligación de contestarle lo que estime conveniente, pero no dejarlo sin acuerdo alguno." Por consiguiente, la falta de contestación a la petición formulada por la parte quejosa, implica vulneración al derecho fundamental enmarcado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación analizados, procede conceder al quejoso ********************el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo que, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la autoridad deberá acatar este fallo, para el efecto de que: 1. Dado el tiempo transcurrido, se cumpla con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Federal, esto es, en un término no mayor a tres días hábiles, deberá darse respuesta congruente al escrito del quejoso presentado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés. 2. Se le notifique personalmente a la parte quejosa dicha contestación o información, en el domicilio que se haya señalado al respecto. Sin que lo anterior implique que deba pronunciarse en sentido favorable a la petición formulada por el accionante del amparo, sino que, se insiste, únicamente que dé respuesta a la solicitud o enterar los resultados de las gestiones que haya o esté realizando, toda vez que el derecho humano tutelado por el artículo 8° constitucional, sólo contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar y que son dictar el acuerdo correspondiente por escrito y comunicar en breve término ese proveído a la peticionaria del amparo. En apoyo a lo anterior, ilustra la jurisprudencia 2a./J.1/2001, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. (Visible en el Tomo XIII, página 203, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2001, Novena Época)." SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra de los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director Jurídico, para los efectos y por las razones expuestas en la consideración quinta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense el informe justificado de cuenta rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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