Rodolfo Yepez Contreras
Expediente 180/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 01/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rodolfo Yepez Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
El uno de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que por auto de dieciséis de noviembre del presente año, causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa, y se ordenó devolver a la autoridad responsable juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, las constancias justificativas del acto reclamado; sin embargo se omitió su envío; en consecuencia, y por carecer de objeto su retención, mediante oficio que derive del presente proveído, remítanse a la autoridad en comento las aludidas documentales para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del treinta de octubre al quince de noviembre del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito. Que existen dos tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado de autos. Conste. El secretario. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, en particular la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que por una parte sobreseyó y por la otra negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 113 de la ley de la materia; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión; por lo que no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 180/2017, estando en audiencia pública el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias y se da cuenta con el escrito con folio 14265, signado por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas y Comandante de la Policía Ministerial con residencia en Pinos, Zacatecas (fojas 31 y 79), de igual forma se tiene legalmente emplazado a juicio en su calidad de tercero interesado a Moisés Renovato Ruiz y al Agente del Ministerio Público con intervención en la causa penal de origen (fojas 60 y 111). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con la documental allegada por la responsable (tomos de prueba). El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas la pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en la que se hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado los formuló mediante pedimentos 320/2017 y 319/2017, así como con el diverso 1131/2017, con que se dio cuenta al inicio de esta audiencia (fojas 66 a 69 y 144), de igual forma se hace constar que las demás partes no los formularon; a lo que el juez acuerda: ténganse a la representante social formulando los alegatos de su parte y por precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 180/2017-IV-A; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Rodolfo Yépez Contreras, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas: - La orden de aprehensión girada en contra del quejoso en la causa penal 23/2012. - La omisión de pronunciarse de manera oficiosa respecto de la prescripción de la acción penal en relación con los delitos de asalto y robo dentro de la causa penal 23/2012. 2. Del Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en el Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas: - La ejecución de la orden de aprehensión. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de los actos reclamados, ya que si la omisión que se reclama a la autoridad responsable es lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, es claro que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento; de ahí que se considere que la promoción del juicio de amparo respecto a este tipo de actos es oportuna en cualquier momento. Por otra parte, por lo que hace a la orden de aprehensión no se advierte la fecha en que se haya notificado al quejoso, ni manifestó cuándo tuvo conocimiento de la misma, por lo que a efecto de no dejar al impetrante en estado de indefensión, se estima oportuna de igual manera respecto a este acto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas (foja 31 del juicio de amparo) al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte su existencia; asimismo, el Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en el Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los mismos. Certeza que se acredita con la copia certificada del expediente 23/2012 (dos tomos de prueba); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º . QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador, de manera oficiosa, estima que respecto al acto reclamado consistente en la omisión del juez responsable de pronunciarse respecto a la prescripción de la acción penal del delito de robo simple, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama la parte quejosa se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 103 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, registro 917637, página 81, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el presente caso, como se dijo con anterioridad, entre otros, el acto reclamado consiste en la omisión del juez responsable de pronunciarse respecto a la prescripción de la acción penal del delito de robo simple en la causa penal 23/2012; sin embargo, los efectos de tal omisión han cesado, como enseguida se verá. En efecto, en primer término es necesario precisar que la demanda de amparo que nos ocupa se presentó el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (foja 4 del juicio de amparo); a esa fecha se estima que la omisión que el quejoso reclamó existía, pues la responsable aún no se había pronunciado respecto a la prescripción de la acción penal del delito de robo simple en la causa penal 23/2012, sin embargo, tal omisión ha desaparecido ya que durante la tramitación del presente juicio de amparo, de manera precisa el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 514 a 517del tomo I de prueba) la autoridad responsable decretó el sobreseimiento de la aludida causa penal por lo que hace al robo simple por el que se giró la orden de aprehensión en el citado proceso, en virtud de que consideró que operó la prescripción de la acción penal, lo que provocó con ello que cesaran los efectos del acto reclamado. Es decir, como con posterioridad a la fecha en que se inició el juicio de amparo, la omisión que reclamó el quejoso desapareció, es claro que se restablecieron las cosas al estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda de amparo, por lo que es inconcuso que han cesado en los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, de conformidad con la fracción V del artículo 63, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de pronunciarse respecto a la prescripción de la acción penal del delito de robo simple. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada en su contra dentro de la causa penal 23/2012, de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, de oficio, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud de que ese acto reclamado, fue materia de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso y contra la misma autoridad. El artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;". La disposición legal trascrita establece la causa de inejercitabilidad consistente en que no se puede promover un juicio de amparo, en contra de un acto que haya sido materia de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado. La justificación de la improcedencia de mérito, radica en la legal imposibilidad de que un mismo acto reclamado pueda ser revisado al tamiz del control constitucional, por más de una vez, lo cual resulta ilegal en virtud de que la promoción de los juicios de amparo se volvería interminable, además de que se quebrantaría el principio de certeza jurídica, pues no se tendría la seguridad de cuál de los amparos promovidos proporcionaría la verdad legal, respecto al mismo acto reclamado, lo cual en su momento podría ocasionar sentencias contradictorias. En efecto, se advierte como un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, la existencia de los diversos juicios de amparo 197/2013 y 925/2016, del índice de este Juzgado de Distrito, los cuales se advierte que fueron promovidos por el hoy quejoso en contra de las mismas autoridades responsables (Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas y Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en el Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas) a las que les reclamó el mismo acto reclamado (orden de aprehensión de cuatro de marzo de dos mil trece dictado en la causa penal 23/2012). Así, en el juicio de amparo 197/2013, por sentencia de diez de julio de dos mil trece se negó el amparo al quejoso, misma que fue recurrida y confirmada mediante sentencia de catorce de noviembre de dos mil trece por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito; y por lo que hace al segundo juicio de amparo 925/2016 por auto de diez de agosto de dos mil dieciséis se desechó la demanda, auto que fue recurrido mediante recurso de queja y resuelto mediante sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito que declaró infundado el recurso -constancias que se ordenan agregar en copia certificada al presente expediente-. De lo anterior, se concluye que el acto que ahora se reclama ya fue materia de otro juicio de amparo que causó ejecutoria, y consecuentemente, constituye cosa juzgada para todos los efectos legales conducentes. Por ende, se hace palpable que la orden de aprehensión que ahora se reclama, fue materia de otro juicio de amparo biinstancial, que fue resuelto por un juzgado federal y confirmado por un Tribunal Colegiado; de ahí que se actualice la causal de improcedencia de mérito. Por los anteriores motivos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de cuatro de marzo de dos mil trece. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en el Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, en virtud de que ellos se hacen derivar de los de la autoridad ordenadora, aunado a que no se combaten por vicios propios. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún otro motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Antes de entrar al estudio del fondo del asunto, es pertinente precisar que no se pasa por alto que se haya declarado la improcedencia del juicio de amparo respecto la orden de aprehensión de cuatro de marzo de dos mil trece, pues si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 67/2007-PS (registro 168602), señaló que la improcedencia del juicio cuando se reclama una orden de aprehensión que fue materia de otro juicio de amparo se actualiza aunque se alegue la prescripción de la acción penal, lo cierto es que en el caso, como se indicó al precisar los actos, se estima que la intención del impetrante es reclamar dicha omisión como acto autónomo, lo que conlleva una análisis independiente de la legalidad del mandamiento de captura. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo C, Quinta Época, del tenor siguiente: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA PENAL. La autoridad judicial no debe, por imperativo categórico de la ley, continuar en perjuicio del acusado, el procedimiento iniciado en su contra, ni menos condenarlo, si opera la prescripción de la acción penal, debe aplicar de oficio, tan pronto como tenga conocimiento de ella; y no puede aducir un Juez, que por el hecho de haberse acogido el reo para ser juzgado, a un nuevo Código Penal, consistió en la violación del artículo 14 constitucional, porque tratándose de la garantía individual consignada en dicho precepto, debe tenerse en cuenta que la misma es irrenunciable, en perjuicio del reo, por ser de estricto derecho público y porque en estas condiciones, las autoridades judiciales están obligadas, en todo caso, a aplicar los preceptos del código punitivo más favorable al reo, aun contra la voluntad de éste, tanto más, cuanto que si el nuevo Código Penal estatuye que cuando entre la perpetración de un delito y la sentencia irrevocable que sobre él se pronuncie, se promulgaren una o más leyes que disminuyan la sanción establecida en otra ley vigente, al cometerse el delito o la sustituyan con otra menor, se aplicará la nueva ley, ello debe entenderse en términos lógicos y no llevados al absurdo torpemente por el reo cuando señala una sanción más grave que la de la ley anterior, porque ello implicaría, también, la violación del artículo 14 constitucional invocado, al dar efectos retroactivos a una ley en perjuicio de un acusado, siendo así que sólo puede admitirse la aplicación retroactiva de una ley, cuando favorece al interesado y no agravia derecho alguno. Precisado lo anterior, procede el estudio de los conceptos de violación, mismos que resultan infundados aun suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, El peticionario de amparo sostiene que por lo que hace al delito de asalto, la acción penal se encuentra prescrita, por lo que el juez responsable de manera oficiosa se debió haber pronunciado al respecto, ya que ésta será continúa y se contará desde el día en que se cometió el delito. Al respecto manifiesta que desde el diecinueve de marzo de dos mil doce, el agente del Ministerio Público investigador ejercitó acción penal en su contra, por lo tanto fue desde esa fecha en que inició el cómputo de la prescripción de la acción penal. Así, sigue diciendo que el término para la prescripción de la acción penal es continua y se contará desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado, y la última actuación lo fue al momento de que se ejercitó acción penal en su contra, sin que obste que posteriormente se realizaron diferentes actuaciones, como el auto de inicio, órdenes de aprehensión y diversos juicios de amparo, pues a su parecer tales actuaciones no son aptas para interrumpir el término para la prescripción de la acción penal, por lo que, si el término medio aritmético de la sanción del delito de asalto es de cuatro años, resulta evidente que desde el diecinueve de marzo de dos mil doce ha transcurrido dicho plazo. Los conceptos de violación, como se adelantó, son infundados, pues si bien en el caso el delito de asalto por el que se giró la orden de aprehensión en contra del quejoso es un delito consumado, y por regla general el término para la prescripción de la acción penal se cuenta desde el día en que se cometió el delito, sin embargo, lo cierto es que dicho plazo se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público o por el Juez en la averiguación acerca del delito y sus autores, comenzando a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 102 del Código Penal del Estado de Zacatecas. Lo anterior es así, ya que si bien de las constancias de autos aparece que los hechos que se le imputan al quejoso ocurrieron el diecisiete de marzo de dos mil doce y se trata de un delito instantáneo, y de igual manera el diecinueve de marzo del mismo año se ejercitó acción penal en su contra, la fecha de consumación del mismo y la fecha en la que se ejercitó acción penal en su contra, no pueden ser consideradas como punto de partida para contabilizar el cómputo para que opere la figura de la prescripción de la acción penal, porque dicho plazo fue interrumpido, primero, por la consignación del Ministerio Público (diecinueve de marzo de dos mil doce -fojas 12 a 65 del tomo I de prueba-), después, por la orden de aprehensión girada en contra del quejoso el veintiocho de agosto de dos mil doce (fojas 187 a 216 del tomo I de prueba). Ahora, si bien la orden de aprehensión se giró el veintiocho de agosto de dos mil doce, lo cierto es que el quejoso promovió juicio de amparo indirecto en su contra, del que tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándolo con el número 800/2012, en el que concedió el amparo a la parte quejosa, y en cumplimiento a esa ejecutoria, la responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión girada en contra del quejoso y dictó una nueva orden de aprehensión el cuatro de marzo de dos mil trece en contra de éste, siendo esta última orden de captura la vigente, por lo que, el término para la prescripción de la acción penal, transcurrió a partir del dictado de esta fecha, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no había transcurrido el plazo que la ley señala para que la prescripción del delito de asalto por el que se ordenó la captura del hoy quejoso. En efecto, como fue anotado, se advierte que el cuatro de marzo de dos mil trece en la causa penal 23/2012, se giró orden de aprehensión en contra del quejoso, entre otros, por el delito de asalto, previsto y sancionado en el artículo 263 primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, vigente en la fecha de los hechos (diecisiete de marzo de dos mil doce), cuyo contenido es el siguiente: "263.- Al que en despoblado o en paraje solitario haga uso de violencia sobre una persona con el propósito de causar un mal, obtener un lucro o beneficio o de exigir su asentimiento para cualquier fin, y cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia que se emplee, independientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido, se le aplicará prisión de dos a seis años y multa de diez a treinta cuotas. El asalto a que se refiere este artículo dará lugar a la sanción anterior aun cuando se ignore el propósito que llevó al asaltante a ejecutar el delito." Asimismo, es necesario transcribir el contenido de los artículos 93, 94, 96, 98, 102 y 103, del Código Penal en el Estado de Zacatecas, que establecen los principios generales de la figura de la prescripción. "Artículo 93. La prescripción extingue la acción penal y la facultad de ejecutar las sanciones impuestas. "Artículo 94. La prescripción es personal y para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento. "Artículo 96. Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contaran desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa o de delito imposible." "Artículo 98. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso bajará de tres años. La acción para exigir la reparación del daño prescribirá en tres años." "Artículo 102. La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público o por el juez, en la averiguación acerca del delito y sus autores aunque, por ignorarse quienes sean éstos, no se encaminen las diligencias contra personas determinadas. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia." "Artículo 103. Lo prevenido en la primera parte del artículo anterior no comprende el caso en que las diligencias comiencen a practicarse después de que hubiere transcurrido ya la tercer parte del término de la prescripción, computado en la forma prevista en el Artículo 96; entonces la prescripción continuará corriendo y ya no podrá interrumpirse, sino por la aprehensión del inculpado. Lo dispuesto en la parte final del mismo artículo anterior, tampoco comprende el caso en que las actuaciones quedaren interrumpidas por un tiempo igual a la cuarta parte del término de la prescripción. Entonces ésta no podrá ser interrumpida sino por la aprehensión del inculpado.". Precisado lo anterior, si conforme a la parte conducente de los artículos 96 y 102 transcritos, en el caso de delito consumado, como en la especie acontece, el término para la prescripción de la acción penal se contará desde el día en que se cometió el delito y se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público o por el Juez en la averiguación acerca del delito y sus autores, comenzando a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia; por ende éste Órgano de Control Constitucional, toma en consideración que, como fue anotado, de las constancias que integran la entonces causa penal de origen 23/2012, se advierte que los hechos que se le imputan al quejoso ocurrieron el diecisiete de marzo de dos mil doce y se trata de un delito instantáneo, y de igual manera el diecinueve de marzo del mismo año se ejercitó acción penal en su contra, girando posteriormente orden de aprehensión en contra del quejoso el veintiocho de agosto de dos mil doce; además, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto número 800/2012, en el que se concedió el amparo a la parte quejosa, y en cumplimiento a esa ejecutoria, la responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión referida, y dictó una nueva orden de aprehensión el cuatro de marzo de dos mil trece, siendo esta última orden de captura la vigente, siendo el día siguiente a esa fecha cuando inició el plazo para que transcurra la prescripción de la acción penal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis 1a./J. 44/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, página 81, del tenor siguiente "ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN DE LA (CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE HASTA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS). De la interpretación a lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Morelos, en relación con la figura de la prescripción, y en especial de su artículo 115, se desprende que aquélla opera en cualquier etapa del procedimiento (excepto en la de ejecución) y se consuma por el solo transcurso ininterrumpido del tiempo señalado para ello en el precepto aplicable al caso concreto, siempre y cuando el sujeto activo se encuentre sustraído de la potestad de la autoridad competente; sin embargo, dicho término se interrumpe -en el periodo de averiguación previa- con la consignación de la misma a la autoridad jurisdiccional, aun sin detenido, momento en que el Ministerio Público ejerce inicialmente la acción por más que no lo hayan interrumpido las actuaciones practicadas en esta etapa. En tal hipótesis, el término para la prescripción nuevamente empezará a contar a partir del dictado de la orden de aprehensión correspondiente, de continuar evadido el presunto responsable, o desde el de la evasión en esa etapa de instrucción que se inicia con dicha consignación; lo mismo que en la de juicio, en virtud de la suspensión del procedimiento por ese motivo, término que es interrumpido con la reaprehensión del sujeto activo; no dándose tal supuesto de sustracción a la acción de la justicia (excepción hecha de las practicadas en la etapa de averiguación previa), las demás actuaciones que se lleven a cabo en los restantes periodos del procedimiento penal sí interrumpen el término que la ley prevé para que se configure la prescripción, pues tal precepto no debe entenderse en el sentido de que un derecho prescribe mientras se ejerce". En ese orden de ideas, conviene advertir que para la actualización de la prescripción de la acción penal los numerales antes invocados del Código Penal de Zacatecas, señalan que la figura de la prescripción de la acción penal operará en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, por lo que si en el caso se dictó la orden de aprehensión por el delito de robo asalto, el cual de conformidad con el primer párrafo del artículo 263 está sancionado con una pena de prisión de dos a seis años, la media aritmética es de cuatro años. Luego si de las constancias que integran el presente expediente, se reitera, la orden de captura vigente fue girada en contra del quejoso el cuatro de marzo de dos mil trece (fojas 362 del tomo I de prueba) en la causa penal 23/2012, quedando el procedimiento suspendido respecto de éste hasta la ejecución de la referida orden, entonces, el cómputo para la prescripción de la acción penal, comenzó a correr a partir del cinco de marzo de dos mil trece, por lo que los cuatro años que fueron señalados como media aritmética a la fecha de presentación de la demanda de amparo que dio lugar a este juicio de amparo (dieciséis de febrero de dos mil diecisiete), aún no habían transcurrido, por lo que, bajo esa óptica, resulta evidente que la autoridad responsable no ha incurrido en violación a los derechos fundamentales del quejoso, porque al no haber trascurrido un plazo igual al término medio aritmético correspondiente al delito por el que se dictó la orden de aprehensión, equivalente a cuatro años, desde que fue girada la orden de captura, pendiente de cumplirse, no era obligatorio, que el juez responsable, se pronunciara, de oficio, sobre tal aspecto. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación del quejoso, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que solicita. OCTAVO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a loa novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rodolfo Yépez Contreras, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo por las razones anotadas en el diverso quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Rodolfo Yépez Contreras, contra el acto reclamado y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones precisadas en el diverso séptimo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa asistido del Secretario Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso. Doy fe.
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las once horas del día de hoy nueve de octubre del dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Conste. El Secretario El nueve de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con la certificación secretarial que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de fecha dieciséis de mayo del presente año, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Comandante de la Policía Ministerial del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; en consecuencia, con el objeto de evitar reposiciones innecesarias, dese vista al tercero interesado Moisés Renovato Ruiz, con el contenido del referido comunicado; lo anterior para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés convenga. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la continuación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles
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