Rodolfo Sandoval Ramírez
Expediente 816/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rodolfo Sandoval Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con un escrito con registro 14916. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos el oficio de cuenta suscrito por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito; en atención a su contenido, dígasele que mediante oficio 24929/2021 de veintiséis de agosto del presente año le fueron remitidas las copias que indica en su ocurso, no obstante lo anterior, como lo solicita, mediante oficio que derive de este proveído, remítasele por la vía de mensajería rápida copia certificada de las constancias que solicita. Notifíquese.
- Principal
El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción con folio 11674. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vistos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco; en atención a su contenido, como lo solicita, remítasele copia certificada de las constancias que solicita. Notifíquese.
- Principal
CAUSA ESTADO El Secretario CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del once al veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se exhibió billete de depósito, garantía o fianza sobre los cuales se tenga que proveer su destino. Que existe un tomo de prueba por devolver. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil dieciséis. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez, con la certificación que antecede. Conste. El Secretario. Lic. Héctor Hugo Mejorada Bedolla. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la resolución por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se negó y concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el incidente de suspensión de los actos reclamados, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, un legajo de prueba que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Jessy*
- Principal
El siete de noviembre de dos mil dieciséis, el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de veinte días que prevé el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, a fin de que acreditara ante este juzgado que había entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Lizeth y Gumaro Ruvalcaba Iñiguez, transcurrió del doce de septiembre al trece de octubre del presente año, sin que hubiera cumplido con tal determinación, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE.Que el plazo de tres días que se le otorgó al quejoso en el auto de once de octubre de dos mil dieciséis, a efecto de que acreditarán la condición de escasos recursos, transcurrió del veinte al veinticuatro de octubre de este año, sin que se hubiera realizado manifestación alguna. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con las certificaciones que anteceden.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de noviembre de dos mil dieciséis.Vistas las certificaciones de cuenta de las que se advierte que ha transcurrido el término de veinte días concedido al quejoso en auto de siete de septiembre del año en curso (fojas 54 y 55), a fin de que acreditara ante este juzgado que había entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Lizeth y Gumaro Ruvalcaba Iñiguez, el cual transcurrió del doce de septiembre al trece de octubre del presente año, sin que de autos se advierta que haya dado cumplimiento a lo ordenado, no obstante que mediante comparecencia de veinte de septiembre de la presente anualidad (foja 63), se hizo entrega al autorizado de la parte quejosa Sergio Daniel Sandoval Sandoval, de los edictos por los que se ordenó el emplazamiento de mérito; y que transcurrió el término de tres días concedido a fin de que el quejoso acreditara su condición de escasos recursos, apercibido que de no hacerlo subsistiría la orden de que fueran publicados a su costa. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de siete de septiembre de la presente anualidad y se procede al análisis del presente juicio de garantías, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán.En efecto, el estado de autos advierte que durante la tramitación del presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."Se llega a tal determinación por las razones que a continuación se exponen:De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes:En auto de veinticinco de julio de la presente anualidad, se determinó que de las constancias que remitió el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Nochistlán de Mejía, Zacatecas (consistentes en copias certificadas de la causa penal 54/1999, instruida en contra de Rodolfo Sandoval Ramírez, por la comisión del delito de Homicidio Calificado, en perjuicio de Gumaro Ruvalcaba Quezada) se advertía el carácter de terceros interesados a los hijos del fallecido, de nombres Lizbeth y Gumaro Ruvalcaba Iñiguez; y toda vez que no se desprendía domicilio alguno se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, proporcionara el domicilio actual y correcto de los citados (foja 14).El diez de agosto de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de julio de la anualidad en curso, sin que hubiera hecho manifestación alguna, en relación con el domicilio requerido; se giraron oficios al Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral, Director General de la Policía Ministerial del Estado, Gerente de Teléfonos de México, Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Administrador Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, Delegada Estatal de la Procuraduría General de la República, todos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días y en auxilio a las labores de este Juzgado, proporcionaran el último domicilio registrada de los terceros interesados (foja 21).Mediante proveído de siete de septiembre de la anualidad en curso, una vez que se recibió la totalidad de los oficios dirigidos a las dependencias citadas en el punto segundo, sin haber localizado dato alguno a nombre de los terceros interesados, al haberse agotado el procedimiento de investigación a que se refiere el último párrafo del inciso b), de la fracción II, del artículo 27, de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento de los aludidos terceros interesados por medio de edictos a costa del quejoso y se le apercibió que en caso de no acreditar la publicación de los mismos dentro del término de veinte días, posteriores a que se hiciera la notificación del proveído en mención, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio (fojas 54 a 55).Posteriormente, el veinte de septiembre de la presente anualidad, compareció ante el personal de este juzgado el autorizado de la parte quejosa Sergio Daniel Sandoval Sandoval, a recoger los edictos derivados del juicio de amparo en que se actúa (foja 63).Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciséis, el quejoso solicitó se le autorizará publicar el edicto para emplazar a los terceros interesados, sólo en uno de los diarios de circulación nacional, ya que no contaba con los recursos económicos suficientes (foja 66).Mediante proveído de once de octubre del año en curso, que recayó al escrito de diez del mes y año citados, no se proveyó de conformidad con lo solicitado por el quejoso, toda vez que el Código Federal de Procedimientos Civiles, establece la forma precisa y sin excepción, como deben practicarse las notificaciones por edictos, y se le requirió para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del acuerdo acreditara su condición de escasos recursos y, así estar en condiciones de ordenar la publicación, sin costo para el ocursante, en el Diario Oficial de la Federación; apercibiéndolo que de no hacerlo subsistiría la orden de que fueran publicados a su costa, sin que hubiera realizado manifestación.Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, se considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este tribunal federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio de los terceros interesados Lizeth y Gumaro Ruvalcaba Iñiguez, a fin de emplazarlos al presente juicio, sin que se lograra por los motivos precisados en párrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el veinte de septiembre de la presente anualidad, compareció ante el personal de este Juzgado el autorizado de la parte quejosa, a fin de recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del referido tercero interesado, sin que a la fecha haya acreditado la publicación de los mismos; lo que genera la paralización del juicio en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17[.]Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, dispone: "ARTICULO 14.-.Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas:[.]III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto:[.]b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen.Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso b) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ...III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; ...".Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción V, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Pues bien, en el presente juicio se tuvo como terceros interesados a Lizeth y Gumaro Ruvalcaba Iñiguez y no obstante que se requirió al peticionario de amparo a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto del antes nombrado, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este tribunal federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, concretamente el relativo a la investigación de su paradero, siendo por ello que en auto de veinticinco de julio de la presente anualidad, se ordenó emplazarlo por medio de edictos a costa del quejoso; y como se dijo en párrafos que anteceden, compareció ante el personal de este juzgado el autorizado de la parte quejosa a fin de recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del referido tercero interesado, sin que haya acreditado la publicación de los mismos, lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se rige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que conlleva a la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión de la promovente del amparo genera la paralización del juicio en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es la propia impetrante.En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que se dejan sin efectos la fecha y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso".Sin que este Juzgado advierta la existencia de elementos que demuestren la insolvencia del quejoso para realizar la publicación en comento, ya que se trata de un amparo promovido contra una orden de aprehensión (lo que implica que el amparista aún no se encuentra recluido) y éste no realizó manifestación alguna tendente a acreditar dicho supuesto.Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).NOTIFIQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LA PATE QUEJOSA.Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza.- DOY FE.Jessy*
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