Rodolfo Viera Torres

Expediente 859/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
859/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo Viera Torres

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 2-B.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa, pudo recurrir en queja el auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, a favor de ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1.- Jefe de la Estación Migratoria denominada siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2.- Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Chiapas con sede en esta ciudad. 3.- Encargado y/o Titular del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad. Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: La privación de la libertad con fines de deportación, repatriación asistida y/o retorno a su país de origen, fuera de procedimiento. Detención o alojamiento prolongado. La posible incomunicación. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes **con el número 859/2022. SUSPENSIÓN DE PLANO Al respecto, es dable precisar que en proveído de quince de julio de dos mil veintidós, dictado en el diverso juicio de amparo indirecto 858/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, se concedió la suspensión de plano al aquí quejoso y oficio respecto de los mismos actos reclamados y por las autoridades responsables señaladas en el juicio en que se actúa; circunstancia que, en términos de lo dispuesto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, constituye un hecho notorio para esta juzgadora. Razón por la cual, en el presente asunto no se proveerá lo relativo a la suspensión de los actos reclamados, toda vez que ya fueron materia de concesión en el juicio antes citado. Por su aplicación, se cita la jurisprudencia XXII. J/12 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito1, que literalmente refiere: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO., sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento* DESECHAMIENTO Por otra parte, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente; lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta 1 Publicada en la página 295, del Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 2 Registro digital: 199531 Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De los numerales transcritos se observa que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, este juzgado de Distrito, advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Para tal efecto, es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del literal siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: *** X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios* (Énfasis añadido). Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia, es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con claridad, que la improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, no se encuentra condicionada a que además de que el acto reclamado en un juicio de amparo sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro diverso juicio de amparo en trámite contra las mismas autoridades responsables, en cada uno de los juicios exista también identidad de pretensiones o causa de pedir del quejoso, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. Sobre el particular, conviene citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte, Tomo XCIX, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, Sexta Época, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior. La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litis pendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y dos, Tomo 205-216 Primera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia. Como se precisó con antelación, la parte impetrante reclama en su demanda de amparo, origen de este juicio: La privación de la libertad con fines de deportación, repatriación asistida y/o retorno a su país de origen, fuera de procedimiento. Detención o alojamiento prolongado. La posible incomunicación. Contra actos de las siguientes autoridades: 1.- Jefe de la Estación Migratoria denominada siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2.- Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Chiapas con sede en esta ciudad. 3.- Encargado y/o Titular del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad. Mientras que en el juicio de amparo 858/2022 del índice de este propio Juzgado, en auto de quince de julio del año en curso, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por ***, a favor de ***, contra actos atribuidos a las siguientes autoridades responsables: 1.- Jefe de la Estación Migratoria denominada siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2.- Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Chiapas con sede en esta ciudad. 3.- Encargado y/o Titular del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad. Y, como actos reclamados señaló: La privación de la libertad con fines de deportación, repatriación asistida y/o retorno a su país de origen, fuera de procedimiento. Detención o alojamiento prolongado. La posible incomunicación. En consecuencia, en auto de esa misma data, se proveyó sobre la suspensión de plano de los actos reclamados en favor de la parte quejosa, y se ordenó ratificar la demanda en los siguientes términos: "Ahora, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente es necesario que la directa parte quejosa Rodolfo Viera Torres ratifique la petición de amparo, promovida a su favor por Valeria Cano Ortega, en términos de los artículos 6 y 15 de la ley de la materia. Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, a fin de notificar a Rodolfo Viera Torres; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente: Vocear o llamar a la parte quejosa, en el lugar respectivo; Notificarle el presente auto; Requerirlo para que en ese acto o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre. Apercibido que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas: Dar fe del estado físico en que se encuentra la parte agraviada. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad.. De ahí que, de la consulta realizada al expediente electrónico, esto en el Sistema Integral de Expedientes ***, se advierte que la parte quejosa ***, ratificó la petición de amparo promovida a su favor por ***, en el juicio 858/2022 del índice de este propio Juzgado, siendo las veintiuna horas con cinco minutos del quince de julio de dos mil veintidós, esto ante el Fedatario de la adscripción. Aunado a lo anterior, se advierte que en el juicio 858/2022 del índice de este propio Juzgado, se concedió la suspensión de plano a favor del hoy quejoso en los siguientes términos: Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a ***, respecto del acto reclamado consistente en la privación de libertad del ahora recurrente, con motivo del alojamiento en la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad, PARA EL EFECTO DE QUE SEA PUESTO EN INMEDIATA LIBERTAD, debiendo las autoridades responsables dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Criterio similar asumió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, por resolución pronunciada en sesión extraordinaria de diez de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de queja 183/2022.. Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que Rodolfo Viera Torres, no sea objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco de la privación ilegal de la libertad, incomunicación con fines de deportación, retorno a su país o repatriación fuera de procedimiento, esto es, sin causa legal, en el entendido de que la parte quejosa deberá quedar a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentre, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad administrativa competente que conozca del procedimiento respectivo, para la continuación del mismo, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata las autoridades responsables en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le hagan saber a la parte quejosa su derecho como presentado: Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fue alojado, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Lo anterior es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta, por tanto, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales. ? Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; ? Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ? Acceder a comunicación telefónica; ? Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros.". Lo anterior, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Con lo antes expuesto, queda evidenciado que el acto reclamado en la demanda que dio origen a este asunto, es materia de otro juicio de amparo previamente promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados, en el que se concedió la suspensión de plano y ya fue ratificada en sus términos por el directo quejoso; por lo tanto, es inconcuso que en el caso, se actualiza la figura de litispendencia antes mencionada. Sobre el particular, conviene citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte, Tomo XCIX, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, Sexta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: 'El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior'. La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: 'El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas'. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litis pendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Así como, la tesis VII.P.83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y dos, Tomo 205-216 Primera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Se debe precisar que la cita de los mencionados criterios, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dicha tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente con respecto a los temas que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. En esas condiciones, al actualizarse de manera notoria la causal de improcedencia antes analizada, es indudable la improcedencia del presente juicio, lo que impone desechar de plano la demanda promovida por Valeria Cano Ortega, a favor de Rodolfo Viera Torres, contra actos del Jefe de la Estación Migratoria denominada siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en: La privación de la libertad con fines de deportación, repatriación asistida y/o retorno a su país de origen, fuera de procedimiento. Detención o alojamiento prolongado. La posible incomunicación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que las notificaciones a la parte quejosa, en el presente juicio de amparo se realicen vía electrónica, debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia, por conducto de ***con los nombres de usuario *** y ***respectivamente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hom e/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Por las razones expuestas en el párrafo que antecede, no se hace necesario proveer respecto del domicilio físico que señala la promovente. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que el correo electrónico ***y el número de teléfono ***que proporciona, podrá considerarse por los actuarios correspondientes, como un medio únicamente para establecer contacto, pues la Ley de Amparo, no contempla ese medio para realizar notificaciones. Con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a ***con los nombres de usuario ***la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hom e/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectivas las referidas autorizaciones. Se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones, a Valeria Cano Ortega, dado que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. En términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones a ***, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA, PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado ***se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea, proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el arábigo 5 del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al teléfono 9626987434 extensiones 1101 y 1105. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente *** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus ***, para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet *** En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CREACIÓN E INICIO DE LABORES DEL JUZGADO Toda vez que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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