Rodolfo López Ibarra

Expediente 1536/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1536/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo López Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio remitido electrónicamente por el Secretario de Tribunal del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual envía copia certificada del testimonio relativo al conflicto competencial penal 1/2023, de su índice, en el que ese órgano colegiado, resolvió: ".ÚNICO. Se declara que el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso. Notifíquese; con testimonio de esta determinación a los Jueces contendientes; remítanse los autos del juicio de amparo respectivo, a la jueza declarada legalmente competente, para su conocimiento y tramitación correspondiente; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido." Sin que sea necesario acusar recibo de estilo, en razón de que el mismo fue generado de forma automática. ARCHIVO. En consecuencia, en atención a la certificación secretarial que antecede, y a la determinación de la superioridad, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de este Juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la Ley en la Materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. DESTRUCCIÓN. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: I. Destruir el presente cuaderno de antecedentes, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. II. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 20. III. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente proveído, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de enero de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, glósese al cuaderno de antecedentes el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, mediante el cual informa que se admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual quedó bajo el número 1/2023. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el cual transcribe el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que determinó no ser competente para conocer del juicio de amparo indirecto 1035/2022, de su estadística, por las razones ahí expuestas, al que adjunta la demanda de amparo promovida por *****, contra el acto del Secretario de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, así como diversas constancias. Por otra parte, de autos se advierte que en proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, se reservó proveer sobre la competencia declinada; por ende, se levanta la reserva y analizadas las constancias remitidas por el órgano declinante, se provee: NO SE ACEPTA COMPETENCIA Sentado lo anterior, debe decirse que este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada por el Juzgado oficiante, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1). El catorce de noviembre de dos mil veintidós, el aquí quejoso *****, promovió demanda de amparo, contra el acto del Secretario de Relaciones Exteriores, con sede en Ciudad de México, a quien reclamó lo siguiente: "La omisión de cumplir lo ordenado por el artículo 35, de la Ley de Extradición Internacional, y en el artículo 14, punto 4, del Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, y poner en libertad al suscrito, no obstante haber transcurrido en exceso el plazo fijado por la ley para la entrega del acto reclamado, desde la fecha de expedición del mandamiento u orden para la extradición, sin haber sido llevado fuera del territorio de la parte requerida. Todo lo anterior en relación con el acuerdo de extradición dictado en mi contra dentro del expediente *****, formado con motivo de la solicitud formal de extradición formulada por el gobierno de los Estados Unidos de América." 2). Por razón de turno, tocó su conocimiento al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, cuyo titular en esa misma fecha (catorce de noviembre del año en curso), la registró bajo el número *****, y estimó que su conocimiento correspondía al Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en dicha ciudad, al tener relación con el diverso juicio de amparo *****, de su índice. 3). De igual forma, en auto de veintinueve de noviembre del año que transcurre, el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, tuvo por recibido el asunto de mérito, ordenando registrarlo bajo el número *****, y se avocó al conocimiento de la demanda de derechos fundamentales, validando las actuaciones realizadas; sin embargo, estimó que carecía de competencia legal para conocer de dicha demanda, por razón de territorio, pues su conocimiento correspondía a un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Lo anterior, indicó, ya que tratándose de actos ejecutables, siempre debía atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto y de la lectura de la demanda se observaba que el quejoso *****, , se encontraba interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, es decir, fuera de la jurisdicción de ese Juzgado de Distrito y se dolía de un acto que tenía aparejada ejecución material. Además, sostuvo que la omisión reclamada por el peticionario de amparo, tenía su impacto precisamente en el lugar donde se encontraba recluido, esto es, en el centro penitenciario antes indicado, por lo que, concluyó que el acto impugnado tenía ejecución material en la jurisdicción territorial del Estado de Chiapas, que es una jurisdicción diversa a la de ese órgano jurisdiccional, por tanto, se surtía la competencia al Juez de Distrito con jurisdicción en donde estaba ejecutándose el aludido acto, aunado a que no se advertía dato alguno que indicara que se estuviera verificando o que se llevaría a cabo en el ámbito de la residencia de ese Juzgado Federal. Precisado lo anterior, como se estableció con antelación, respetuosamente, la suscrita estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por lo siguiente. En principio, debe establecerse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 357/20101 , sostuvo que la extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que se halla en su territorio, a otro Estado que la reclama, por tener ahí el carácter de inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta. De igual manera, adujo que la extradición constituye un medio esencial de cooperación entre los Estados de la comunidad internacional, que busca evitar la impunidad de los delitos, ya que permite el reconocimiento de procesos y sentencias penales extranjeras y consiente el traslado de personas para su tramitación o la ejecución de las mismas en el país requirente, a fin de que los responsables de la comisión de un delito no se puedan sustraer de la acción de la justicia al escapar del territorio donde cometieron el delito y refugiarse en otro país. Por tanto, señaló que la extradición es un caso excepcional, respecto de la soberanía del Estado requerido, por lo que el trámite correspondiente está sujeto a requisitos constitucionales, legales o convenidos que deben ser cumplidos; por lo que, el solo hecho de que un Estado (requirente) haga solicitud a otro Estado (requerido), no es suficiente para que la persona sea entregada, pues dicha solicitud puede ser satisfecha o no por el Estado requerido, en razón del cumplimiento de las normas constitucionales o legales, así como atendiendo a las obligaciones pactadas en los tratados y convenios internacionales en la materia. En ese sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 318/20132 , determinó que con el objeto de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas del procedimiento de extradición, con independencia del lugar donde se encuentre recluido el reclamado, el juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo promovido contra alguno de los actos derivados de este procedimiento, es el que radica en la jurisdicción del juez instructor del procedimiento de extradición. Asimismo, ese Alto Tribunal consideró que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo abrogada; y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, el juez competente para conocer del amparo que se promoviera en contra de la resolución que concede la extradición, será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado, por lo que en principio, pudiera concluirse que éste será el del lugar donde el reclamado se encuentre recluido; sin embargo, adujo la Sala que en lo concerniente al procedimiento de extradición previsto por la Ley de Extradición Internacional, el lugar de reclusión no necesariamente equivale al lugar donde se va a ejecutar la resolución que concede la extradición. Para arribar a esa convicción, el Alto Tribunal realizó una síntesis del procedimiento de que se trata, estableciendo lo siguiente: 1. De los artículos 16 y 17 de la Ley de Extradición Internacional, se obtiene que el Estado extranjero requirente debe manifestar ante el Secretario de Relaciones Exteriores la intención de presentar petición formal para la extradición de una determinada persona, la cual deberá contener los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, pudiendo solicitar la adopción de medidas precautorias. 2. Del último artículo se sigue, que si la Secretaría estima fundada la petición, la transmitirá al Procurador General de la República (hoy Fiscal General de la República), para que éste promueva ante el Juez de Distrito que corresponda, las medidas apropiadas a petición del propio Procurador. 3. Conforme al artículo 18, el Juez de Distrito decretará la detención provisional de la persona con miras a ser extraditada, medida que por disposición del artículo 119, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede exceder de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya cumplimentado la medida precautoria. 4. Si la medida precautoria se ejecuta, el juez de distrito debe notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el inicio del plazo a que se refiere el punto anterior, para que a su vez lo haga del conocimiento del Estado extranjero solicitante, ya que, dentro de ese plazo, tendrá que presentar la petición formal de extradición a la propia Secretaría, con todos los requisitos que señalan los artículos 10, fracción V y 16 de la Ley de Extradición Internacional y el correspondiente tratado. 5. Si la petición formal de extradición no se presenta dentro del plazo indicado, el juez levantará de inmediato la medida precautoria, ya que así lo exige el artículo 18, primer párrafo, de la ley en consulta. 6. En cambio, si estando sometido el reclamado a alguna medida precautoria, se presenta la petición formal de extradición, sin reunir todos los requisitos, es obligación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, darlo a conocer al Estado promovente, a fin de que subsane las omisiones o defectos, dentro del improrrogable plazo constitucional de sesenta días que esté corriendo desde que se cumplimentó la medida precautoria de aseguramiento, pues así lo indica el artículo 20 de la ley arriba citada. Debe entenderse que, si no se subsanan las omisiones o defectos, no puede considerarse presentada la petición formal de extradición, y la consecuencia al término del plazo indicado, será el levantamiento de las medidas precautorias en aplicación del primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Extradición Internacional. 7. Si presentada oportunamente la petición formal de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores la encuentra improcedente no la admitirá, según el artículo 19. 8. Conforme al artículo 21, si la Secretaría de Relaciones Exteriores resuelve admitir la petición, debe enviar requisitoria al Procurador General de la República -actualmente Fiscal General de la Repúblicaacompañada del expediente, para que promueva ante el juez de distrito competente el cumplimiento a la petición formal de extradición y ordene la detención del reclamado y en su caso el secuestro de papeles, dinero u otros objetos relacionados con el delito. 9. Recordando que en caso de que el reclamado se encuentre sometido a las medidas precautorias, debe entenderse que al tiempo en que el juez de distrito, con vista de la solicitud formal de extradición que le ha sido enviada, por la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de la Procuraduría General de la República -actualmente Fiscalía General de la República-, ordena la detención del reclamado, la privación de la libertad de éste queda sujeta a dicha orden, y ya no a la medida precautoria, conclusión a la que se llega del análisis sistemático de los artículos 17, 18, 21 y 24 de la Ley en estudio. 10. De los artículos 24 a 27 de la ley, se advierte que al reclamado se le hará comparecer ante el juez de distrito, y éste le dará a conocer el contenido de la petición de extradición y los documentos que se acompañen, en audiencia en que podrá nombrar defensor, o en su defecto será asistido por el de oficio que elija o el que designe el juez en su lugar; ante el propio juez tendrá la oportunidad de oponer excepciones, ofrecer pruebas e incluso obtener su libertad bajo fianza, si procediera. Finalmente en los plazos de ley el juez dará a conocer a la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión jurídica respecto de lo actuado y probado ante él. 11. La Secretaría de Relaciones Exteriores, con vista del expediente que le remita el juez y la opinión de éste, deberá resolver si concede o rehúsa la extradición, en resolución que sólo puede ser impugnada mediante el juicio de amparo. Situación que se establece en los artículos 29, 30 y 33 de la Ley de Extradición Internacional. En ese orden de ideas, el máximo tribunal estableció que la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que se concede la extradición, una vez que ha quedado firme, es la que da la pauta para la entrega del reclamado; sin embargo, el artículo 34 de la Ley de Extradición Internacional, establecía un procedimiento al que debe sujetarse esta entrega, a saber: El reclamado deberá ser puesto a disposición de la Procuraduría General de la República -actualmente Fiscalía General de la República, previo aviso a la Secretaría de Gobernación, quien será la encargada de entregarlo al personal autorizado por el Estado que obtuvo la extradición en el puerto fronterizo o en su caso, a bordo de la aeronave en que deba viajar el extraditado. Así, precisó que el cumplimiento de la resolución que concedió la extradición comienza con la extracción del centro de reclusión, a fin de ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República -actualmente Fiscalía General de la República-, por ser ésta la encargada de su entrega al Estado reclamante, en el lugar convenido (puerto fronterizo o aeropuerto), el cual, por estar sujeto al lugar donde se convenga la entrega puede no coincidir con la jurisdicción del juez donde se encontraba recluida la persona requerida, dado que para ello sería necesario además, que en esa sede existiera un puerto fronterizo o algún lugar destinado para la llegada y salida de aeronaves y que sea alguno de éstos precisamente el que se señalara para ese evento. Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que con el objeto de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas del procedimiento de extradición que bien podrían ser contradictorias y que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad y mucho menos a las personas requeridas, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo promovida en contra de la resolución definitiva emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores por la que concede la extradición, es el que radica en la jurisdicción del juez instructor del procedimiento de extradición, con independencia del lugar donde se encuentre recluida la persona requerida. Además, el Alto tribunal señaló que dicho criterio obedecía, sobre todo, a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional; ya que era preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos que pudieran presentarse -atento a las diversas etapas del procedimiento de extradición-, en una sola jurisdicción, a saber, en la que coincidiera con el lugar donde radicaba la autoridad que instruía el procedimiento de extradición. Ahora bien, en el caso en estudio, de la demanda de amparo relativa, se advierte que el quejoso aduce bajo protesta de decir verdad, que la orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos de América, fue emitida el veintiséis de junio de dos mil quince, por el Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en el procedimiento de extradición 4/2015-V. Por tanto, atendiendo al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia para conocer del juicio de amparo de origen, se surte a favor del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por ser quien se encuentra dentro de la misma jurisdicción que el juez instructor del procedimiento de extradición (Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México), con independencia de que el hoy quejoso *****, se encuentre recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS-CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán, de ahí que no se comparta el criterio del juez oficiante. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que en el texto de la jurisprudencia 116/20133 , el Máximo Tribunal del país, haya abordado un acto diverso al que nos ocupa, como lo es el relativo a la resolución definitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede la extradición, pues lo relevante es que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 318/2013, de la cual derivó dicho criterio, se advierte que la Primera Sala determinó que el objetivo que se perseguía con la fijación de la competencia en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción residiera el juez instructor del procedimiento respectivo, obedecía principalmente a maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional; puesto que era preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos que pudieran presentarse en las etapas del procedimiento de extradición, en una sola jurisdicción. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que no es posible aceptar la competencia propuesta; por lo que, mediante oficio devuélvanse las constancias relativas al juicio de amparo *****, vía Estafeta al Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, solicitándole de la manera más atenta que remita vía interconexión, el acuse de recibo correspondiente e informe la determinación que se sirva emitir. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. MANIFESTACIÓN QUEJOSO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación personal de veinticinco de noviembre del año en curso, en la que el quejoso *****, manifestó lo siguiente: "Solicita se le notifique personalmente todo lo que rinda la autoridad responsable y se le remita copia de los informes de cumplimiento que remitan o rindan las potestades responsables". En esas circunstancias, dígasele al quejoso que por acuerdo de veintiocho del mes y año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Jueza de Control Especialidad en Ejecución del Poder Judicial del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, informando a este órgano jurisdiccional los actos tendentes al cumplimiento a la sentencia amparadora; situación que se ordenó notificarle personalmente, corriendole traslado con copia de dicha actuación judicial. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Hágase del conocimiento al quejoso de la presente determinación, en el lugar de su reclusión, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social número quince "CPS CHIAPAS" y entréguesele copia de la misma. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico *****. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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