Rodolfo Raul Melendez Flores
Expediente 1098/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rodolfo Raul Melendez Flores
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Como de la certificación que antecede, así como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de ocho de octubre pasado, en el que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
...CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA .Y/O SUS AUTORIZADOS..., DEL PROVEÍDO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Vista la demanda de cuenta promovida por - por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento de la Región de Morelia, Michoacán, y otra autoridad; se advierte que el acto reclamado es el siguiente: ".Del Juez de Control y Enjuiciamiento, Licenciado en derecho -, se reclama la resolución de fecha 13 trece de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 00314/2019, formado por motivo de Suspensión Condicional del Proceso. De la UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPESIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, la vigilancia de la medida cautelar, señalada en el artículo 195 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, la vigilancia del pago y el registro en la base de datos de la salida alterna." Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de la materia, que dispone: "ARTÍCULO 61. El Juicio de Amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]". Como se desprende el numeral citado, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por ello es pertinente asentar los antecedentes que se desprenden del libelo constitucional presentado por la parte quejosa, tal como los refiere el promovente, bajo protesta de decir verdad, mismos que rezan: ". Acto continuo, se dicta el auto de vinculación y la Fiscalía no solicitó medida cautelar, se manifiesta conforme el asesor legal; abriéndose debate para el cierre de investigación y se fija el 6 seis de julio del presente año o el día siguiente hábil, emitiéndose por escrito la resolución en términos del artículo 67 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO. Ahora bien el 13 trece de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, veinticuatro de enero de la presenta anualidad (sic), se declara abierta la audiencia intermedia y se le plantea a las partes la posibilidad de llegar a una salida alterna, esto es, se me explicó que se llevarían a cabo acuerdos reparatorios y previo a la audiencia las defensoras señalaron que sería por la cantidad de $16,994.00 pesos [dieciséis mil novecientos noventa y cuatro pesos], pero como se puede advertir en la videograbación la supuesta víctima aumentó el quantum de la reparación del daño por la cantidad de $19,800.00 (diecinueve mil ochocientos pesos) que deben ser pagaderos en veinte exhibiciones mensuales, diecinueve de los cuales por la cantidad de $1000.00 (mil pesos) y la vigésima por $800.00 (ochocientos pesos), el primer pago el uno de octubre de este año y los pagos subsecuentes cada primero del mes, hasta su total liquidación el primero de mayo de dos mil veintiuno; sin embargo, en la propia audiencia no se expuso la causa por la cual el erario se debía aumentar, ni el Juez -, verificó las razones de ese aumento, aunque el suscrito quise realizar manifestaciones al respecto el Juez -, me acotó a no dar explicación, la que no se puede escuchar en la videograbación de la. audiencia ya que lo indique a mi defensora y el Juez señala que me había alcanzado a escuchar y no era necesario que lo repitiera, y que no era el momento procesal oportuno para realizar ninguna manifestación de ese tipo, lo cual trasgrede mi derecho de defensa, pues no entendí los alcances jurídicos que tenía dicha audiencia, asimismo, no comprendí el hecho del aumento del quantum, ya que como también fue expresado por la defensa no cuento con un salario remunerado, no cuento con pensión y por mi edad avanzada me es imposible conseguir un empleo para liquidar el adeudo contraído no por mí, sino por la Defensoras Publicas -; porque como fue manifestado en la audiencia inclusive por el Asesor de la supuesta víctima - soy una persona con insolvencia." De lo narrado, se desprende que el quejoso se duele del auto de trece de septiembre del año en curso, en el cual se declaró abierta la audiencia intermedia en la causa penal 314/ 2019, y se planteó a las partes la posibilidad de llegar a una salida alterna; es decir, se explicó al quejoso que se llevarían a cabo acuerdos reparatorios, y se le hicieron saber las cantidades a pagar, con motivo de la suspensión condicional que le fué concedida, respecto del proceso en cita; así como de la vigilancia de dicha medida cautelar por parte de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, lo cual, al acceder el quejoso, así como su defensa a la suscripción de un acuerdo reparatorio a efecto de suspender de manera condicionada el proceso a prueba, ello constituye el consentimiento del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que la voluntad del quejoso de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales, ello tomando en consideración que uno de los presupuestos para ser sujeto de la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, éste no los cuestione, ya que dicha aceptación tiene como finalidad obtener un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso, pasa por buscar una solución que se erige en la honestidad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. A mayor abundamiento, es preciso asentar que de sostener lo contrario a lo expuesto en líneas que anteceden, desnaturalizaría el sistema de solución alternativo de conflictos, al avalar que el imputado ejerza intereses incompatibles, como son que uno de ellos tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna de conflictos, al suscribir un acuerdo reparatorio consistente en la suspensión condicional y, el otro, cuestionar dicho acto, así como sus consecuencias jurídicas como son la vigilancia de su cumplimiento y el registro de éste en la base de datos de la autoridad, a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. A lo anterior tiene aplicación la Jurisprudencia 33/2017, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Materia Común, Penal, página 461, Décima Época, Primera Sala, que a la letra dice: CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por lo anterior, con apoyo en los numerales 113 y el diverso 61, fracción XIII de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO por su notoria e indudable improcedencia, la demanda de amparo de cuenta promovida por - de conformidad con los razonamientos esgrimidos. En apoyo a la conclusión anterior, se invoca por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, así como por autorizada para tal efecto a -, asimismo, como lo solicita el ocursante, se ordena a la Analista Jurídica (SISE) dar de alta a -, con su respectivo nombre de usuario "-", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio tenga acceso al expediente electrónico, sin las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de la Materia, toda vez que no cuenta con cédula profesional que la faculte como licenciada en derecho, debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como se acredita con la impresión correspondiente y se asentó en la certificación de cuenta."; LO ANTERIOR, POR NO HABERSE NOTIFICADO DE MANERA ELECTRÓNICA LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION.
- Principal
Vista la demanda de cuenta promovida por - por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento de la Región de Morelia, Michoacán, y otra autoridad; se advierte que el acto reclamado es el siguiente: ".Del Juez de Control y Enjuiciamiento, Licenciado en derecho -, se reclama la resolución de fecha 13 trece de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 00314/2019, formado por motivo de Suspensión Condicional del Proceso. De la UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPESIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, la vigilancia de la medida cautelar, señalada en el artículo 195 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, la vigilancia del pago y el registro en la base de datos de la salida alterna." Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de la materia, que dispone: "ARTÍCULO 61. El Juicio de Amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]". Como se desprende el numeral citado, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por ello es pertinente asentar los antecedentes que se desprenden del libelo constitucional presentado por la parte quejosa, tal como los refiere el promovente, bajo protesta de decir verdad, mismos que rezan: ". Acto continuo, se dicta el auto de vinculación y la Fiscalía no solicitó medida cautelar, se manifiesta conforme el asesor legal; abriéndose debate para el cierre de investigación y se fija el 6 seis de julio del presente año o el día siguiente hábil, emitiéndose por escrito la resolución en términos del artículo 67 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO. Ahora bien el 13 trece de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, veinticuatro de enero de la presenta anualidad (sic), se declara abierta la audiencia intermedia y se le plantea a las partes la posibilidad de llegar a una salida alterna, esto es, se me explicó que se llevarían a cabo acuerdos reparatorios y previo a la audiencia las defensoras señalaron que sería por la cantidad de $16,994.00 pesos [dieciséis mil novecientos noventa y cuatro pesos], pero como se puede advertir en la videograbación la supuesta víctima aumentó el quantum de la reparación del daño por la cantidad de $19,800.00 (diecinueve mil ochocientos pesos) que deben ser pagaderos en veinte exhibiciones mensuales, diecinueve de los cuales por la cantidad de $1000.00 (mil pesos) y la vigésima por $800.00 (ochocientos pesos), el primer pago el uno de octubre de este año y los pagos subsecuentes cada primero del mes, hasta su total liquidación el primero de mayo de dos mil veintiuno; sin embargo, en la propia audiencia no se expuso la causa por la cual el erario se debía aumentar, ni el Juez -, verificó las razones de ese aumento, aunque el suscrito quise realizar manifestaciones al respecto el Juez -, me acotó a no dar explicación, la que no se puede escuchar en la videograbación de la. audiencia ya que lo indique a mi defensora y el Juez señala que me había alcanzado a escuchar y no era necesario que lo repitiera, y que no era el momento procesal oportuno para realizar ninguna manifestación de ese tipo, lo cual trasgrede mi derecho de defensa, pues no entendí los alcances jurídicos que tenía dicha audiencia, asimismo, no comprendí el hecho del aumento del quantum, ya que como también fue expresado por la defensa no cuento con un salario remunerado, no cuento con pensión y por mi edad avanzada me es imposible conseguir un empleo para liquidar el adeudo contraído no por mí, sino por la Defensoras Publicas -; porque como fue manifestado en la audiencia inclusive por el Asesor de la supuesta víctima - soy una persona con insolvencia." De lo narrado, se desprende que el quejoso se duele del auto de trece de septiembre del año en curso, en el cual se declaró abierta la audiencia intermedia en la causa penal 314/ 2019, y se planteó a las partes la posibilidad de llegar a una salida alterna; es decir, se explicó al quejoso que se llevarían a cabo acuerdos reparatorios, y se le hicieron saber las cantidades a pagar, con motivo de la suspensión condicional que le fué concedida, respecto del proceso en cita; así como de la vigilancia de dicha medida cautelar por parte de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, lo cual, al acceder el quejoso, así como su defensa a la suscripción de un acuerdo reparatorio a efecto de suspender de manera condicionada el proceso a prueba, ello constituye el consentimiento del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que la voluntad del quejoso de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales, ello tomando en consideración que uno de los presupuestos para ser sujeto de la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, éste no los cuestione, ya que dicha aceptación tiene como finalidad obtener un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso, pasa por buscar una solución que se erige en la honestidad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. A mayor abundamiento, es preciso asentar que de sostener lo contrario a lo expuesto en líneas que anteceden, desnaturalizaría el sistema de solución alternativo de conflictos, al avalar que el imputado ejerza intereses incompatibles, como son que uno de ellos tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna de conflictos, al suscribir un acuerdo reparatorio consistente en la suspensión condicional y, el otro, cuestionar dicho acto, así como sus consecuencias jurídicas como son la vigilancia de su cumplimiento y el registro de éste en la base de datos de la autoridad, a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. A lo anterior tiene aplicación la Jurisprudencia 33/2017, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Materia Común, Penal, página 461, Décima Época, Primera Sala, que a la letra dice: CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por lo anterior, con apoyo en los numerales 113 y el diverso 61, fracción XIII de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO por su notoria e indudable improcedencia, la demanda de amparo de cuenta promovida por - de conformidad con los razonamientos esgrimidos. En apoyo a la conclusión anterior, se invoca por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, así como por autorizada para tal efecto a -, asimismo, como lo solicita el ocursante, se ordena a la Analista Jurídica (SISE) dar de alta a -, con su respectivo nombre de usuario "-", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio tenga acceso al expediente electrónico, sin las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de la Materia, toda vez que no cuenta con cédula profesional que la faculte como licenciada en derecho, debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como se acredita con la impresión correspondiente y se asentó en la certificación de cuenta.
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