Rodolfo Orozco Plancarte
Expediente 571/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 31/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rodolfo Orozco Plancarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Como de la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no compareció ante este Juzgado de Distrito a recibir los edictos que se precisaron en proveído de veintitrés de julio del año que transcurre, relativos al emplazamiento de la tercero interesada -, no obstante de habérsele notificado con fecha veinticuatro del mismo mes y año, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; en consecuencia, si en el particular la quejosa no compareció a recibir los señalados edictos, no obstante estar debidamente notificada para tal efecto, lo procedentes es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en términos del numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II, del artículo 63, en relación con el 27 fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, al constituir tal omisión la falta de cumplimiento a las obligaciones a cargo de la parte quejosa, en relación con el emplazamiento por edictos a la tercero interesada -. Así es, por auto de veinte de junio del año que transcurre, se tuvieron por recibidos los autos originales del presente asunto, mismos que remitió el tribunal de alzada a fin de reponer el presente procedimiento con la intención de que la parte quejosa pudiera presentar las pruebas que considerara pertinentes para acreditar su situación socioeconómica y no dejarlo en estado de indefensión; en ese sentido, se otorgó a dicha parte quejosa un término de ocho días para realizar lo anterior, en el entendido que de no hacerlo se proveería lo en derecho correspondiera, por lo que al no haber hecho manifestación alguna al respecto, en diverso de nueve de los actuales se requirió a la responsable Director del Centro de Prevención y Readaptación Social Licenciado David Franco Rodríguez, con la finalidad de que remitiera un estudio socioeconómico del aquí quejoso y así poder determinar el suscrito si procedía la excepción prevista en el inciso C de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de la Materia; al ocurrir lo anterior, este Órgano Jurisdiccional, realizó el análisis correspondiente del estudio en mención y se determinó el veintitrés de julio siguiente, que -, no posee escasos recursos y no se encuentra en el supuesto de excepción antes mencionado, por lo que en dicho acuerdo se ordenó realizar el emplazamiento de la tercero interesada en mención por medio de edictos a su costa, sin que la parte quejosa haya comparecido dentro del término ahí otorgado a recoger los mismos y/o realizar el trámite respectivo. En consecuencia, a la fecha la quejosa incumplió con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial en el procedimiento, pues como ya se dijo, ésta no compareció a recoger los edictos ordenados en el proveído de veintitrés de julio del presente año, no obstante de encontrarse notificada como se aprecia de la notificación realizada por el actuario adscrito; además de que no se aprecia que haya comparecido ante este Juzgado a realizar los trámites necesarios para su publicación, con lo cual quedó paralizado el juicio de garantías al arbitrio de la quejosa, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, ya que entorpece la administración de la justicia por retardar la solución del conflicto, situación que no es atribuible a este Órgano Jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público; circunstancia ante la cual este juzgador no puede pronunciarse sobre el fondo de la litis planteada. Por tanto, si en el particular la quejosa no compareció a recoger los edictos, no obstante de estar debidamente notificada del proveído donde se ordenó tal emplazamiento, además, tampoco acreditó no contar con recursos económicos para sufragar el pago de la publicación de edictos, y lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio, en términos de la fracción II, del artículo 63, en relación con los artículos 5, fracción III, inciso b) y 27, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, al constituir tal omisión la falta de cumplimiento a las obligaciones a cargo de la parte quejosa, en relación con el emplazamiento por edictos a la tercero interesada Genoveva Hernández García. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia número 27, emitida por los Tribunales de Circuito, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página número 1868, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados.". No pasa inadvertido que la jurisprudencia a que se refiere el criterio invocado, fue modificada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se colige de la página 416, tomo XXXII, del mes de agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; sin embargo, en la ejecutoria que dio origen a la modificación, se indicó: "En ese orden de ideas, lo procedente es concluir que habiéndose agotado el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y que el juzgador ordene su emplazamiento a través de edictos a costa de la parte quejosa y ésta no los recoja para proceder a su publicación, puede decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo." Determinación que toma el suscrito a fin de evitar que el procedimiento quede paralizado indefinidamente ante la actitud omisa de la parte quejosa. No obsta para la anterior determinación el hecho de que la Jurisprudencia de rubro "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO", haga alusión a que el incumplimiento de publicar los edictos no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, ya que también aduce que el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, ya que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, publique los edictos a su costa. Circunstancia, que en la especie no aconteció, toda vez que el quejoso-, como se dijo con anterioridad, no compareció a recoger los edictos para la publicación de los mismos, pero tampoco manifestó nada a este Juzgado sobre la imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o bien que tuviera algún impedimento material momentáneo para presentarse a recogerlos y pagar la publicación de tales edictos, dentro del término concedido. En relación a lo anterior, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la que se fijó a las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Charo, Michoacán, al que anexa el estudio socio económico que le fuera requerido mediante oficio 4288, de nueve de los actuales, y que le fuera practicada al aquí quejoso ****, el que se ordena agregar a los autos, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como del estado que guardan los autos se advierte que mediante ejecutoria de seis de junio de dos mil diecinueve el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, ordenó la reposición del procedimiento dentro del presente asunto a efecto de que se analizara nuevamente si procede o no la excepción prevista en el inciso c, de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, misma que a la letra dice: ".c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso." Asimismo, ordenó la superioridad se permitiera al quejoso que presentara pruebas para acreditar su situación económica a efecto de no dejarla en estado de indefensión, y en su caso, haciendo uso de las facultades potestativas con que cuenta este juzgador se recabara medio de prueba a fin de formar un criterio sobre la condición económica de aquel, y de esta forma determinar si **** posee "escasos recursos". Al respecto, este tribunal en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve y en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal superior, le otorgó al quejoso un plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación de tal auto, a fin de que presentara las pruebas que estimara convenientes para acreditar su situación económica, en el entendido que en caso de no hacerlo este órgano jurisdiccional proveería lo que en derecho corresponda, auto este último que le fuera notificado personalmente al autorizado del quejoso y defensor particular de nombre *****, el veintiuno de junio siguiente, sin que a la fecha en que se actúa haya hecho manifestación alguna. No obstante lo anterior, en diverso proveído de nueve de junio de dos mil diecinueve, ante la omisión del aquí quejoso y en acatamiento a lo ordena por la superioridad, este juzgado federal de oficio ordenó girar atenta comunicación al Director del Centro de Prevención y Readaptación Social "lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán, a efecto de que dentro del término de cinco días practicara por conducto de su departamento de Trabajo Social, un estudio socioeconómico al impetrante de garantías del cual debía desprenderse la situación económica de éste y de su familia. Luego, en cumplimiento a tal requerimiento, mediante oficio 17652, recibido en este tribunal el veintidós de julio que transcurre, el Director del reclusorio en comento remitió el estudio solicitado, del cual se procede a hacer un estudio pormenorizado a efecto de determinar si el mencionado ***** posee o no escasos recursos. Ahora, del estudio en mención, claramente se puede advertir que al ser entrevistado el aquí quejoso por la trabajadora social del Centro de reclusión en que se encuentra, de nombre *****, y con el visto bueno del Director del mencionado Centro Penitenciario, fue contundente en precisar su situación económica, aduciendo tener una escolaridad de normal básica, teniendo como ocupación anterior profesor, que incluso se encuentra jubilado de la misma, por lo que mensualmente percibe el sueldo correspondiente, que cuenta con casa propia, la cual es habitada únicamente por su esposa *****, quien también tiene una escolaridad de normal básica y actualmente tiene como ocupación ser profesora, que no tiene dependientes económicos, ya que todos sus hijos son mayores de treinta años los cuales tienen escolaridad mínima de segundo año de preparatoria, todo lo anterior, aunado al hecho de que incluso el presente juicio de amparo fue promovido a favor del mencionado ***** por su defensor particular, quien a su vez lo asiste dentro de la causa penal seguida en su contra por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, por el delito de violación y que incluso dicha parte ya realizó el pago así como la publicación de los diversos edictos publicados en el Periódico de mayor circulación en la República, se puede inferir que el aquí quejoso no posee escasos recursos, por lo que no se encuentra en el supuesto de excepción a que se refiere el inciso "c" de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo. En consecuencia y dado que ya fue agotado el proceso de investigación de domicilio de la tercera interesada *****, a que se refiere la fracción III, inciso "b", del numeral 27 de la ley de la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a la citada *****, mediante la publicación de edictos, que contendrá una relación sucinta de la demanda de garantías, así como de la fecha señalada para la audiencia constitucional, los que se ordenan publicar a costa del quejoso, por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, no así en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, dado que como se dijo en párrafos precedentes, el aquí quejoso ya lo había realizado con anterioridad; apercibiéndole, que de no comparecer a juicio a señalar domicilio para recibir notificaciones personales, las ulteriores le correrán por lista; fíjese copia del edicto en los estrados de este juzgado y déjese a su disposición copia simple de la demanda de garantías en la Secretaría de este Juzgado. Por otra parte, hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa, para que de conformidad con el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, comparezca a recoger los edictos y realice su publicación, lo cual deberá acreditar; bajo apercibimiento que de no demostrar haber entregado para su publicación los citados edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el presente juicio de garantías de conformidad con el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 64/2002 que por contradicción de tesis 16/2000 sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de 24 de mayo de 2002, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Le de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a su costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo plateado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no se puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicio se resuelvan dentro de los términos que al respecto señala la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso quejoso". Así como la diversa Tesis publicada en la Novena Época, Tomo XII, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1235 que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Cobra aplicación a lo anterior la Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, visible en la página 727 que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." Asimismo la Tesis publicada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1714, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE ORDENARLO A COSTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO PUEDA TENER COMO CONSECUENCIA PRIVAR DE LA LIBERTAD AL QUEJOSO Y ÉSTE MANIFIESTE SU IMPOSIBILIDAD ECONÓMICA PARA CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 84/2011). Asimismo, hágasele saber que de acuerdo a lo previsto por el artículo 17 segundo párrafo de la Constitución General de la República, la Justicia debe ser pronta y expedita, por ello la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en los juicios de amparo, atendiendo a lo que dispone el artículo 115 de la Ley de Amparo, debe señalarse dentro de los treinta días, y en su caso, llegado el día fijado para ello, esta autoridad proveerá lo correspondiente a efecto de que transcurra el tiempo necesario para que la parte tercero interesada quede debidamente emplazada mediante edictos." Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional fijada para las once horas con veinte minutos del siete de agosto del presente año, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
Como del estado procesal que guardan los autos se desprende que aún transcurre el término de cinco días concedido en proveído de nueve de julio de los actuales, al Director del Centro de Prevención y Readaptación Social Licenciado David Franco Rodríguez; consecuentemente, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE VEINTE HORAS DEL SIETE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de julio de dos mil diecinueve. Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el término de ocho días concedido a la parte quejosa en diverso de veinte de junio del presente año, para que presentara pruebas con la finalidad de acreditar su situación económica, ha transcurrido; en ese sentido y a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, gírese atento oficio a la autoridad responsable Director del Centro de Prevención y Readaptación Social Licenciado David Franco Rodríguez, a fin de que realice un estudio socioeconómico al quejoso -o bien, envié uno reciente y actualizado, con el apercibimiento que de no hacerlo o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 236, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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