Rodolfo Ramón López

Expediente 423/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
423/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Ramón Gómez
  • Rodolfo Ramón López
  • Juez Primero Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de agosto dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por la parte quejosa Rodolfo Ramón López, María Santos o María de los Santos Gómez Bravata, Dolores Ramón Tosca, Rodolfo Ramón Gómez, por sí y representación de su menor hijo de iniciales B.R.R.L., Gabriela Ramón Gómez, por sí y representación de sus menores hijos de iniciales A.M.R. y D.M.R.; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger las copias certificadas de las actas de nacimiento que aportaron al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverá el documento a que se alude. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, residente en esta ciudad, CUATRO TOMOS DE PRUEBAS consistentes en un tomo en copia certificada del expediente civil 427/2005; cuadernillo de incidente de liquidación de intereses, gastos y costas; cuadernillo de lanzamiento, y cuadernillo de amparo inicial CCCLXXXIV/2006; que adjuntó a su informe justificado, los cuales se manejaron por cuerda separada. Ahora, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 423/2021-10, promovido por 1. Rodolfo Ramón López, 2. María Santos o María de los Santos Gómez Bravata, 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R., contra actos de la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Circuito Judicial de Centro, Tabasco y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 1°, 4°, 6°, 8°, 14, 16, 26, 27 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el seis siguiente, 1. Rodolfo Ramón López, 2. María Santos o María de los Santos Gómez Bravata, 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R., solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O 1.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo: A).- El Ilegal, Inconstitucional y Arbitrario Acto de Molestia consistente en la Orden de Desalojo Forzoso, que ha decretado en nuestra contra, en contra de nuestra familia, padre, esposa, hijos nueras, nietos, y en contra de todos los que nos encontramos viviendo y habitando en el bien inmueble consistente en el Predio Sub-urbano y construcción, ubicado en la Ranchería Taxco de Nacajuca, Tabasco; con una superficie de terreno de 4,042.64 M2 y superficie construida de 359.01 M2, con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 37.80 TREINTA Y SIETE METROS, OCHENTA CENTIMETROS Y 86.10 OCHENTA Y SEIS METROS, DIEZ CENTIMETROS; con propiedad de NICOMEDES SOBERANES Y NATIVIDAD RAMÓN TOSCA, AL SUR. 120.00 CIENTO VEINTE METROS CON UNIDAD DEPORTIVA E IGLESIA; AL ESTE: 32.55 TREINTA Y DOS METROS, CINCUENTA Y CINCO CENTIMETROS, CON CARRETERA NACAJUCA-VILLAHERMOSA; Y AL OESTE: 31.90 TREINTA Y UN METROS, NOVENTA CENTIMETROS, con propiedad de NICOMEDES SOBERANES; propiedad de la cual se nos pretende privar del derecho de propiedad mediante un Juicio y ejecución de sentencia seguida a nuestras espaldas, ya que no se dio cumplimiento a lo estipulado en la ley ya que no se nos dio la oportunidad de impugnar avalúos que se encuentran realizados muy por debajo del valor real de dicho bien inmueble, lo que es detrimento de nuestro patrimonio, de nuestros derechos humanos fundamentales, como lo es el derecho a una vivienda como lo establecen los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, también existe la condena al pago de intereses moratorios leoninos y otras prestaciones que son ilegales y???????? anticonstitucionales, así también existen diversas irregularidades en dicho Juicio y procedimiento hipotecario, con número de expediente 427/2005, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. Orden de desalojo forzoso que impugnamos por vicios propios y por qué no se encuentra emitida conforme a derecho, y dicho procedimiento judicial no se apegó conforme a derecho; orden de desalojo forzoso dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, Tabasco, en el Juicio Especial Hipotecario con número de expediente 427/2005, tramitado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco; promovido por el Licenciado VICENTE ROMERO FAJARDO, en su Calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de RODOLFO RAMÓN LÓPEZ Y MARÍA DE LOS SANTOS GÓMEZ BRAVATA; en su carácter de parte demandada en el juicio principal que se comenta. 2.- De las Autoridades señaladas como Ejecutoras reclamo: a).- El cumplimiento que pretenden darle a la orden de desalojo forzoso que ha emitido la autoridad señalada como responsable ordenadora. B).- Todos los restantes actos de autoridad que guarden alguna relación con los anteriores o que sean consecuencia de ellos, en especial la cancelación de mis derechos de propiedad que se ha realizado a favor del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, su ejecución y demás actos para concretarla." [sic] A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "III. Como AUTORIDAD ORDENADORA se señala: A).- Al Juez Primero Civil de Primera Instancia AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA se señala: B).- Al Juez Primero y Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco C).- Al Actuario Judicial Adscrito al Juzgado Primero y Segundo Civil de Primera Instancia del Municipio de Nacajuca, Tabasco (.)" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El seis de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 423/2021-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO INTERESADA. En proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno se tuvo apersonándose al presente juicio de amparo a la parte tercero interesada Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima institución de banca múltiple grupo financiero Banorte, por conducto de su apoderada legal para pleitos y cobranzas Sandra Rodríguez Suárez.????? CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado:  La orden de desalojo forzoso decretada en el juicio especial hipotecario 427/2005; así como su ejecución respecto del inmueble ubicado en Ranchería Taxco de Nacajuca, Tabasco; con una superficie de terreno de???????????? 4,042.64 M2 y superficie construida de 359.01 M2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca-Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables Juez y Actuaria del Juzgado Segundo Civil de Nacajuca, Tabasco, toda vez que al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora, toda vez que la Juez Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, manifestando que el órgano jurisdiccional a su cargo se tramita el expediente 427/2005, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por Vicente Romero Fajardo, apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de banca múltiple grupo financiero BANORTE, contra Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata. Asimismo, entre otras cosas refirió que en proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo de lanzamiento derivado del citado expediente, decretó orden de lanzamiento de los ejecutados Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, y en su caso de los terceros ocupantes, del predio urbano y construcción ubicado en Ranchería Taxco de Nacajuca, Tabasco; con una superficie de terreno de 4,042.64 M2 y superficie construida de 359.01 M2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca- Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes, para ponerlo en posesión de la parte actora, por conducto de su apoderado legal. Por lo que ordenó remitir exhorto al Juez Civil de Primera Instancia en turno, en el municipio de Nacajuca, Tabasco, para su ejecución, que por razón de turno le correspondió conocer al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco. Lo anterior, se concatena con el informe justificado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia de esa municipalidad, quien refirió que procedió a la diligenciación del citado exhorto, y ordenó al Actuario de su adscripción su ejecución.?????????? Por lo tanto, los actos atribuidos al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco y Actuario de su adscripción, no existen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna tendiente a desvirtuar tales negativas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que literalmente reza: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO respecto el acto que se les atribuye a las autoridades precisadas en este considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, con residencia en esta ciudad, Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia y Actuario de su adscripción, del municipio de Nacajuca, Tabasco. Lo que se corrobora con las constancias allegadas al juicio de amparo, consistentes en las copias certificadas del expediente citado, que remitieron en apoyo a los informes justificados las autoridades ordenadoras. Documentales que en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo, merecen eficacia probatoria plena. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."??????????? QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, es preciso reseñar los antecedentes del acto reclamado: 1.- El treinta y uno de agosto de dos mil cinco, el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Villahermosa, Tabasco, admitió a trámite y registró bajo el juicio especial hipotecario 427/2005, de su índice, la demanda promovida por Vicente Romero Fajardo, apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima institución de banca múltiple grupo financiero Banorte, contra Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata. Asimismo, en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil seis, se tuvo a Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, dando contestación a la demanda interpuesta en su contra. 2.- Seguida la secuela procesal, el treinta de mayo de dos mil seis, la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Villahermosa, Tabasco, dictó sentencia, en la que determinó que el actor probó los elementos constitutivos de su acción y los demandados no justificaron su defensa, por lo que los condenó a pagar de $489,627.09 (cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos veintisiete pesos 09/100 moneda nacional), por concepto de capital insoluto; $188,536.48 (ciento ochenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos 48/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios - calculados del treinta de junio de dos mil tres al treinta y uno de julio de dos mil cinco más los que se siguieran venciendo-; $80,171.27 (ochenta mil ciento setenta y un pesos 27/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios -calculados del treinta de junio de dos mil tres al treinta de junio de dos mil cinco más los que se siguieran venciendo-; así como al pago de los gastos del juicio, incluyendo los honorarios profesionales a razón del 20% (veinte por ciento) sobre la totalidad del adeudo, que el actor justifique en ejecución de sentencia. 3.- En contra de la anterior determinación, los demandados promovieron recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Villahermosa, Tabasco, bajo el toca civil 1316/2006, de sus índice; mismo que fue resuelto el veintiséis de septiembre de dos mil seis, en la que confirmaron la sentencia definitiva dictada el treinta de mayo de dos mil seis. Contra dicha determinación, los demandados Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, interpusieron juicio de amparo directo, el cual por razón de turno le correspondió conocer al entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual registró con el número 992/2006, de su índice. Por lo que en sentencia de ocho de diciembre de dos mil seis, la Alzada negó el amparo y protección a los citados demandados.????????????? 4.- En proveído de seis de agosto de dos mil siete, se abrió la sección de ejecución, en el que se concedió un término de tres días hábiles para que el acreedor manifestara si quería intervenir en el avalúo y subasta de bien mueble, apercibida de que de no hacerlo se tendría por perdido su derecho para designarlo. 5.- Luego, en proveído de veintidós de octubre de dos mil siete, se tuvo a Verónica Hernández Carrillo como acreedora reembargante, relativo al juicio ejecutivo mercantil 191/2004, para que en caso de quedar remanente se haga el pago de las prestaciones que reclamó en el referido expediente. 6.- Mediante auto de tres de junio de dos mil ocho, se emitió auto aprobatorio de remate, en el que se aprobó el remate en segunda almoneda celebrado el veintitrés de mayo de dos mil ocho, respecto del predio sub-urbano y construcción, ubicado en la ranchería Taxco del municipio de Nacajuca, Tabasco, con una superficie de terreno de 4,042.64 metros cuadrados y superficie construida de 359.01 metros cuadrados, que se localiza dentro de las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca- Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes, inscrito bajo el número 54 del Libro General de entradas afectándose el predio número 1781, folio 33 del libro mayor, volumen 8. Su valor comercial fue fijado en $819,180.00 (ochocientos diecinueve mil ciento ochenta pesos cero centavos moneda nacional). 7.- Después, en proveído de veintiséis de enero de dos mil nueve, se declaró ejecutoriado el auto aprobatorio de remate. 8.- Posteriormente, en proveído de ocho de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, en términos del artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, ordenó notificar a los demandados María de los Santos Gómez Bravata, Rodolfo Ramos López y a la acreedora reembargante Verónica Hernández Carrillo, el proveído de tres de diciembre de dos mil quince, así como los demás acuerdos que recayeran en el juicio por lista fijada en los estrados de ese Juzgado. 9.- Mediante auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se requirió a los demandados para que comparecieran ante la notaria número veinticinco, en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días hábiles a firmar la escritura de adjudicación, apercibidos que de no hacerlo la titular del juzgado lo haría en rebeldía. Lo que se notificó a los demandados por lista de estrados el veinte de enero de dos mil diecisiete. 10.- En proveído de ocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por perdido el derecho a los demandados para acudir a la firma de escritura para adjudicación. 11.- Luego, en proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó notificar a los demandados???????????? para que dentro del término de cinco días hábiles desocuparan y entregaran el inmueble motivo de la litis del juicio especial hipotecario 427/2005; ordenándose girar exhorto al municipio de Nacajuca, Tabasco, debido a que el domicilio de la demandada y el inmueble se encuentra ubicado en dicho municipio. Lo que fue notificado a los demandados Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por conducto del primero de ellos. 12.- Luego, en proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el cuadernillo de lanzamiento, derivado del juicio hipotecario 427/2005, al haber transcurrido el término concedido a los demandados y/o terceros ocupantes para que hicieran entrega voluntaria del inmueble materia de condena en el juicio, en términos de los artículos 380, 381, 385 fracción I, y 394 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, decretó orden de lanzamiento de los ejecutados Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, y en su caso a los terceros ocupantes, con auxilio de la fuerza pública, del predio urbano y construcción ubicado en la Ranchería Taxco, del municipio de Nacajuca, Tabasco, con una superficie de terreno de 4,042.64 metros cuadrados y superficie construida de 359.01 metros cuadrados, que se localiza dentro de las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca-Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes, inscrito bajo el número 54 del Libro General de entradas afectándose el predio número 1781, folio 33 del libro mayor, volumen 8. Lo anterior, para ponerlo en posesión de la apoderada general para pleitos y cobranzas de la sociedad mercantil denominada Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, por conducto de la actuaria judicial. Ordenándose girar exhorto al municipio de Nacajuca, Tabasco para su ejecución, debido a que el domicilio de la demandada y el inmueble se encuentra ubicado en dicho municipio. 13.- En proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó el lanzamiento de los ejecutados, por lo que se envió exhorto al juez correspondiente al citado municipio. 14.- Comunicación que por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, quien en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, ordenó la diligenciación del exhorto 107/2020, deducido del expediente 427/2005, relativo al juicio especial hipotecario. En ese orden, el Juez auxiliar, turnó la comunicación al Actuario Judicial adscrito a ese órgano, para que llevará a cabo el lanzamiento de los ejecutados Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, y en su caso a los terceros ocupantes, con auxilio de la fuerza??????????? pública, del citado predio y pusiera en posesión a la demandada por conducto de su apoderado legal. Asimismo, facultó al fedatario para que rompiera las cerraduras o candados en caso necesario. De igual modo, mediante oficio requirió al Presidente Municipal de aquél lugar, para que por su conducto ordenará al Director de Seguridad Pública proporcionará elementos a su cargo para el resguardo y orden de la diligencia en la hora y fecha que señalará para esa diligencia. Sin embargo, hasta la fecha no ha tenido verificativo la orden de lanzamiento. SEXTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede estudiar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo. Ahora, respecto a los actos reclamados por los quejosos 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R, es necesario señalar que no son parte en el juicio 427/2005, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por Vicente Romero Fajardo, apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero BANORTE, en contra Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, lo cual tiene como consecuencia que le revista el carácter de persona extraña al juicio en estricto sentido. Lo anterior, al señalar que resulta afectado con la ejecución de un acto jurisdiccional emitido en un juicio respecto del cual es completamente ajeno, es decir, es aquella persona que no figura en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material. En ese sentido, cuando una persona resulta afectada con la ejecución de un acto jurisdiccional emitido en un juicio respecto del cual es completamente ajena, deberá demostrar si tiene el interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo; es decir, deberá acreditar la existencia real del daño o detrimento directo en alguno de sus derechos con motivo del acto autoritario que reclama. Al respecto, es oportuno indicar que los artículos 5°, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevén: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación????????????? real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De la interpretación relacionada de los preceptos y fracciones citadas, se desprende de manera destacada que para la procedencia del juicio de amparo se requiere, como presupuesto procesal, que el peticionario de amparo acredite resentir una afectación en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados. Así pues, se tiene que el interés jurídico es la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo con motivo de un acto de autoridad, de ahí que de acuerdo con los artículos 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo vigente, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación con motivo de un acto de autoridad y sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada prerrogativa constitucional. Tiene aplicación al respecto la tesis jurisprudencial 1ª./J. 168/2007, con registro 170500, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, del Tomo XXVII, Enero de 2008, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice???????????? INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De igual forma, la tesis jurisprudencial, con registro 224803, número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 582, del Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Asimismo, se torna importante señalar, que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, es el principio de existencia de la afectación personal y directa, que prevén los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo vigente, así como el 107 Constitucional, pues se ha mencionado que por "agravio" debe entenderse toda afectación, violación o menoscabo (personal y directo) ocasionado a la persona física o moral, que aduce ser titular de un derecho subjetivo. Lo que trae como consecuencia que si un acto de autoridad no irroga agravios al promovente de esta instancia constitucional el juicio intentado deviene improcedente. Por lo tanto, la noción de afectación o agravio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo??????????? toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Así es, para la procedencia de la acción constitucional debe existir un agravio o perjuicio personal y directo que pueda ser reparable mediante éste, pero si no existe tal perjuicio o agravio que restituir, el juicio no será procedente, pues en términos del artículo 77 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esa prerrogativa exige, lo que pone de manifiesto que la posible resolución amparadora se debe fincar en el agravio ilegal causado a la esfera jurídica del promovente con la emisión del acto reclamado. De ahí que, la intención del legislador plasmada en los artículos 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo en vigor, revela que para que los tribunales federales puedan conocer de una demanda de amparo indirecto, es menester que a quien aduzca ser titular de un derecho, se le cause a su esfera jurídica una afectación personal y directa que pueda ser legítimamente protegible, en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia con registro 358665, número 347 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 371 del Apéndice 1917-septiembre 2011, Tomo II, materia: Común, parte: SCJN segunda sección, que establece: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. De igual manera se surte la cita del precedente relevante de la propia Sala del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 100 del Apéndice 1917- 2000, Tomo VI, Común, que prescribe: PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues? para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Ahora, como se anunció, es cierto el acto reclamado consistente en la orden de desalojo forzoso decretada en el juicio especial hipotecario 427/2005; así como su ejecución respecto del inmueble ubicado en Ranchería Taxco de Nacajuca, Tabasco; con una superficie de terreno de 4,042.64 M2 y superficie construida de 359.01 M2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca-Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes. Sin embargo, la parte quejosa 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R, no acreditan su interés jurídico en el presente asunto, pues tomando en consideración que no formaron parte de la relación jurídica procesal en el expediente natural, era necesario acreditar tal extremo, a efecto de que su posesión, en principio pueda ser analizada y de ser procedente protegida a través del juicio de amparo; y, en el caso únicamente exhibieron como justificación del derecho sobre el bien inmueble motivo de la orden de lanzamiento reclamada, los siguientes documentos: 1. Cuatro actas de nacimiento con folios 0240049, A27 1857884, A27 0585221, y 4349888 024, expedidas por el Oficial del Registro Civil, a nombre de Dolores Ramón Tosca, Brian Ronaldo Ramón Leyva, Anielka Montero Ramón, y Dylan Montero Ramón, respectivamente. 2. Cinco Copias simples de la credencial de elector para votar con fotografías, expedidas todas por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Rodolfo Ramón López, María de los Santos Gómez Bravata, Dolores Ramón Tosca, Rodolfo Ramón Gómez y Gabriela Ramón Gómez, respectivamente. 3. Una copia simple de la credencial expedida por la Secretaría de Desarrollo Social, del Gobierno Federal, a nombre de Dolores Ramón Tosca. 4. Cinco impresiones fotográficas. Sin embargo, dichas probanzas resultan insuficientes para que este órgano de control analice la constitucionalidad del acto del que impugna.???????????? Efecto, en relación a las probanzas señaladas en los numerales 2 y 3, al tratarse de copias fotostáticas simples, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno y, por lo tanto, conforme a su naturaleza jurídica de conformidad con los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga valor indiciario, empero no corrobora con algún otro medio de prueba que son propietarios del bien inmueble en litigio. No obstante aun cuando dichas copias fueran presentados en original y se les otorgara valor probatorio pleno, no acreditan el interés jurídico, en virtud de que los mismos únicamente acreditan la identidad de las personas. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 18, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 379, Tomo III, primera parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." De igual manera, la probanza marcada con el número 4, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, quedan al prudente arbitrio judicial; de ahí que, dicha fotografía no pueda demostrarse el interés jurídico de los quejosos; máxime, que no se encuentran adminiculadas con algún medio de prueba idóneo y eficaz para acreditar dicho interés. Finalmente, en relación a la probanza relativa al numeral 1, mismas que adjuntaron los quejosos a su escrito de demanda de amparo, debe decírseles que si bien tienen valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es de señalar que las mismas solo???????????? tienen el alcance de comprobar la identidad de las personas; de ahí que, no pueda dárseles el alcance de demostrar que se ve menoscabado el derecho transgredido. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de amparo, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Apoya lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187733, del siguiente rubro y texto: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo???????????? indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En esa tesitura, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la posesión debe estar amparada por alguna de las figuras jurídicas del derecho común, como en la especie puede ser a través de uno de los contratos traslativos de dominio. Por tanto motivo, resulta necesario que la documentación que allegue al juicio de amparo, en la que base el derecho de su posesión del bien inmueble, debe ser de fecha cierta, entendiéndose como tal, aquellos que se encuentren en los supuestos siguientes: I. A partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente; II. Desde la muerte de cualquiera de los firmantes; o, III. Desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia por contradicción de la Novena Época, con registro 192662, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, diciembre de 1999, materia civil, tesis 1a./J. 46/99, página 78, de rubro y sumario: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que?????????? sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." En este punto, conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio o de uso, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Por tanto, cuando los documentos carezcan de fecha cierta, ello imposibilita determinar si el reclamo que se hace a la autoridad responsable deriva de actos anteriores o posteriores a la adquisición del derecho o crédito litigioso, de manera que no son aptos para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, por lo que con la figura de la fecha cierta se garantiza la legalidad y certeza jurídica a las que deben sujetarse los actos jurídicos traslativos de dominio; es decir, el quejoso debe acreditar que el documento se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente; desde la muerte de cualquiera de los firmantes; o, desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio, para efectos de acreditar que éste es de fecha cierta y por ende valida su realización a partir de ese momento, a fin de analizar y estudiar la posible afectación a su derecho a través del juicio de amparo. Al efecto, el artículo 879 del Código Civil para el Estado de Tabasco dispone que quien posee un bien a título de dueño es poseedor originario. Si en virtud de un acto jurídico el poseedor a título de dueño entrega a otro un bien, concediéndole el derecho de retenerlo temporalmente en su poder en calidad de arrendatario, usufructuario, comodatario, depositario, u otro título análogo la persona que reciba el bien es poseedor precario. Los poseedores precarios a que se refiere el párrafo anterior se regirán por las disposiciones que norman los actos jurídicos, en virtud de los cuales tienen una posesión derivada. Así, la posesión de inmuebles para efectos del amparo puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, depositario u otro título análogo; y requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. Por ello, si la persona extraña, ante el Juez Federal, no justifica la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no???????????? constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la prerrogativa de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VII.1o.C. J/6 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de registro 196471, localizable en la página 665, tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: POSESIÓN CIVIL. LA SIMPLE DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE, DEMOSTRADA POR EL TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De acuerdo con lo que establecen los artículos 826, 827 y 829 del Código Civil del Estado, la posesión de inmuebles puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. Por ello, si la tercero extraño, ante el Juez Federal, omite acreditar la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. En efecto, para que este órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, era necesario que la parte quejosa acreditara el interés jurídico exhibiendo un título de propiedad o de posesión. En esos términos, no puede concluirse que la parte quejosa acreditara su interés jurídico en el juicio de amparo, y lo que procede es sobreseer en el juicio, respecto a los quejosos 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R, por los actos atribuidos al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo respecto de los actos reclamados al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia y Actuario de su adscripción, del municipio de Nacajuca, Tabasco, al controvertirse en vía de consecuencia, y no por vicios propios. Resulta aplicable, la tesis jurisprudencial 516 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice 1995, Tomo VI, Parte SCJN, materia Común, página 339, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES???????????? ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En esa medida, al decretarse el sobreseimiento en el juicio resulta innecesario pronunciarse sobre los conceptos de violación que refiere la parte quejosa, pues éstos van encaminados a controvertir el fondo del reclamo. Cobra aplicación, la jurisprudencia de la Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, materia común, visible a página 49, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Consecuentemente, se itera, lo procedente es imponer el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, respecto a los quejosos 1. Rodolfo Ramón López, 2. María Santos o María de los Santos Gómez Bravata, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo???????????? caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De lo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia legislación de proceder. Asimismo, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia únicamente cuando se trata de la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendiéndose como aquélla que, optativamente: a) Aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado. b) Reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. c) Declara la imposibilidad material para dar cumplimiento a lo sentenciado. d) Declara la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a lo sentenciado. e) Ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, se pueden reclamar junto con aquélla, en la demanda constitucional, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Y, en los procedimientos de remate se entiende como "última resolución" aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en términos del párrafo que antecede. Al respecto se invoca la jurisprudencia emitida por el Más Alto Tribunal del País, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una?????????? interpretación diferente. De igual forma, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o. J/27, emitida por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la cual aparece publicada en la página 435, del Tomo II, Septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que establece: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Por ello, los requisitos legales para la procedencia del amparo, en las órdenes de lanzamiento libradas en esta etapa de los juicios naturales (ejecución), no se indica que aquéllas deban ser trascedentes o de gravedad tal en sus efectos, como excepción, para el estudio de fondo. Antes bien, al ser la orden de lanzamiento emitida en cumplimiento a la cosa juzgada, por una de las partes procesales que fue oída y vencida en el mismo, el interesado deberá esperarse a la emisión de la última resolución. Es congruente con lo anterior, el precedente con registro digital 163152, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XXXIII, de enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.- La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese contexto, el Alto Tribunal Constitucional ha fijado su postura a través de diversos criterios jurisprudenciales, que el alcance de la frase legal: última resolución, habrá de entenderse como aquella????????????? en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Apoya lo anterior, el precedente con registro digital 190035, emitido por el Pleno del máximo Tribunal del país, publicada en la página 31, Tomo XIII, de abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Así como el diverso 377255, emitido por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 159, tomo LXIX, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: EJECUCION DE SENTENCIAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA.- Si se reclama una resolución que no es la última que deba dictarse en los autos de ejecución de un sentencia, de acuerdo con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías toda vez que, conforme a tal precepto, tratándose de actos de ejecución de sentencias, el amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, de lo que resulta que el amparo en la especie es improcedente y debe sobreseerse por la causal apuntada". Con todo, se tiene como conclusión que se impuso la condicionante de que los actos de ejecución sean impugnables hasta la última resolución que en éste recaiga, con el objeto de evitar el ejercicio abusivo del juicio constitucional, y así, no obstaculizar la materialización de la condena ya obtenida en el fallo definitivo. Asimismo, si el acto reclamado se refiere a una resolución de una sentencia y no es la última en el procedimiento de ejecución, también debe estimarse improcedente el juicio de garantías.????????? En ese contexto, si el acto reclamado, constituye la orden de desalojo forzoso decretada en el juicio especial hipotecario 427/2005 el nueve de octubre de dos mil veintiuno; así como su ejecución respecto del inmueble ubicado en Ranchería Taxco de Nacajuca, Tabasco; con una superficie de terreno de 4,042.64 M2 y superficie construida de 359.01 M2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca-Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes, al tratarse de un acuerdo intraprocesal de la referida substanciación, se comprende como que aún se encuentra inmerso en la fase del procedimiento de cumplimiento o ejecución al fallo definitivo, sin que esa resolución sea la que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que se haya ordenado el archivo definitivo del expediente, o que sea una cuestión incidental que implicara la ejecución parcial de lo condenado. Precisamente, porque en dicho auto la juez responsable, únicamente ordenó el lanzamiento de la ocupante del predio rústico en disputa, con la finalidad de que diera cumplimiento a la sentencia, pero aún dependerá de la eficacia de tal actuación para que la Juez, en un pronunciamiento posterior, considere si se tiene cumplida o no la sentencia. Esto es, si bien la orden judicial y diligencia de lanzamiento, así como su ejecución, se dirigen a preparar y lograr el acato a la sentencia definitiva, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada al resultado que pudiera tener la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado. Pero, en ningún modo esa decisión tiene o puede tener la calidad de acto final en el procedimiento de ejecución del controvertido de origen. Aplica al caso el precedente con registro 189344, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 34, Tomo XVI, de julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de????????????? sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. Tan es así de las constancias del juicio de origen se desprende que la última actuación judicial, tendente a intentar dar cumplimiento a la sentencia, fue la orden de lanzamiento de nueve de octubre de dos mil dieciocho, y que hasta la fecha no ha sido posible llevar a efecto por el Juez auxiliar ejecutante. De lo que se advierte que el acto reclamado aún no se ha llevado a cabo o, por lo menos, no existe vestigio procesal que así lo evidencie. Partiendo de ello, esta Juzgadora, estima que, en su caso, la Juez del conocimiento, con posterioridad tendría que dictar un acuerdo específico en el que, de acuerdo al resultado de la diligencia de lanzamiento - aun no ejecutada- con apoyo de la fuerza pública, tenga cumplida íntegramente la sentencia dictada con anterioridad; acuerde la imposibilidad jurídica o material de acatar lo sentenciado en autos; y, ordenar el archivo definitivo del juicio especial hipotecario, dando así, por reconocido el cumplimiento a su decisión final o la imposibilidad para ello. En su defecto, emita el pronunciamiento que corresponda, a efecto de que se intente cumplir con lo decidido definitivamente. Sólo en los primeros casos mencionados, la parte afectada (sea cual fuere) podrá impugnar la decisión final y los actos intermedios de ese procedimiento de ejecución del fallo final. Por ende, no se puede entender ese acto reclamado como la "última actuación", ya que sólo se ordenó el lanzamiento de la hoy recurrente, del???????????? inmueble afecto al juicio, para acatar esa determinación y así continuar con el procedimiento de ejecución. En ese sentido, se sobresee el presente juicio de amparo, respecto a los actos reclamados por los quejosos 1. Rodolfo Ramón López, 2. María Santos o María de los Santos Gómez Bravata; toda vez que, el acto reclamado no cumple con los requisitos establecidos en la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, sin dejar en estado de indefensión al recurrente, ya que puede reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que lo hubieren dejado sin defensa, pero hasta la última resolución dictada en dicho procedimiento. Apoya lo anterior, el precedente con registro 178405, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1331, Tomo XXI, de mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión última resolución en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo". Así como la diversa Tesis: I.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Página: 2639, de contenido: ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN. De conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo???????????? indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente y, que tratándose de remates, en términos del párrafo tercero de la misma fracción, se establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial, por regla general, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento; esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente; por tanto, cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate; esto es, posteriores a la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, como puede ser el auto en que se hace efectivo el apercibimiento por no haber entregado el bien objeto del juicio y se ordena el lanzamiento, debe estimarse que para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la estatuida en el párrafo tercero de la misma fracción, en tanto que el acto reclamado no se emitió en la fase procesal de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a dicho remate; máxime que la orden de lanzamiento no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia del demandado de entregar el bien rematado.". Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 y 65 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE???????????? PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por 1. Rodolfo Ramón López, 2. María Santos o María de los Santos Gómez Bravata, 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R., contra el acto y autoridades precisadas en el considerando SEGUNDO, por los motivos y fundamentos expuestos en el TERCERO y SEXTO apartados considerativos de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA 2. Con fundamento en el artículo 27 Inciso b) de la nueva Ley de Amparo, notifico el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, a la parte tercero interesada, en virtud de no haberse presentado dentro de los dos días hábiles siguientes, tal y como le fue indicado en citatorio, el cual a la letra dice------------------------------------------------------------------------------------ VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 423/2021-10, promovido por 1. Rodolfo Ramón López, 2. María Santos o María de los Santos Gómez Bravata, 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R., contra actos de la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Circuito Judicial de Centro, Tabasco y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 1°, 4°, 6°, 8°, 14, 16, 26, 27 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el seis siguiente, 1. Rodolfo Ramón López, 2. María Santos o María de los Santos Gómez Bravata, 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R., solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O 1.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo: A).- El Ilegal, Inconstitucional y Arbitrario Acto de Molestia consistente en la Orden de Desalojo Forzoso, que ha decretado en nuestra contra, en contra de nuestra familia, padre, esposa, hijos nueras, nietos, y en contra de todos los que nos encontramos viviendo y habitando en el bien inmueble consistente en el Predio Sub-urbano y construcción, ubicado en la Ranchería Taxco de Nacajuca, Tabasco; con una superficie de terreno de 4,042.64 M2 y superficie construida de 359.01 M2, con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 37.80 TREINTA Y SIETE METROS, OCHENTA CENTIMETROS Y 86.10 OCHENTA Y SEIS METROS, DIEZ CENTIMETROS; con propiedad de NICOMEDES SOBERANES Y NATIVIDAD RAMÓN TOSCA, AL SUR. 120.00 CIENTO VEINTE METROS CON UNIDAD DEPORTIVA E IGLESIA; AL ESTE: 32.55 TREINTA Y DOS METROS, CINCUENTA Y CINCO CENTIMETROS, CON CARRETERA NACAJUCA-VILLAHERMOSA; Y AL OESTE: 31.90 TREINTA Y UN METROS, NOVENTA CENTIMETROS, con propiedad de NICOMEDES SOBERANES; propiedad de la cual se nos pretende privar del derecho de propiedad mediante un Juicio y ejecución de sentencia seguida a nuestras espaldas, ya que no se dio cumplimiento a lo estipulado en la ley ya que no se nos dio la oportunidad de impugnar avalúos que se encuentran realizados muy por debajo del valor real de dicho bien inmueble, lo que es detrimento de nuestro patrimonio, de nuestros derechos humanos fundamentales, como lo es el derecho a una vivienda como lo establecen los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, también existe la condena al pago de intereses moratorios leoninos y otras prestaciones que son ilegales y???????? anticonstitucionales, así también existen diversas irregularidades en dicho Juicio y procedimiento hipotecario, con número de expediente 427/2005, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. Orden de desalojo forzoso que impugnamos por vicios propios y por qué no se encuentra emitida conforme a derecho, y dicho procedimiento judicial no se apegó conforme a derecho; orden de desalojo forzoso dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, Tabasco, en el Juicio Especial Hipotecario con número de expediente 427/2005, tramitado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco; promovido por el Licenciado VICENTE ROMERO FAJARDO, en su Calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de RODOLFO RAMÓN LÓPEZ Y MARÍA DE LOS SANTOS GÓMEZ BRAVATA; en su carácter de parte demandada en el juicio principal que se comenta. 2.- De las Autoridades señaladas como Ejecutoras reclamo: a).- El cumplimiento que pretenden darle a la orden de desalojo forzoso que ha emitido la autoridad señalada como responsable ordenadora. B).- Todos los restantes actos de autoridad que guarden alguna relación con los anteriores o que sean consecuencia de ellos, en especial la cancelación de mis derechos de propiedad que se ha realizado a favor del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, su ejecución y demás actos para concretarla." [sic] A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "III. Como AUTORIDAD ORDENADORA se señala: A).- Al Juez Primero Civil de Primera Instancia AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA se señala: B).- Al Juez Primero y Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco C).- Al Actuario Judicial Adscrito al Juzgado Primero y Segundo Civil de Primera Instancia del Municipio de Nacajuca, Tabasco (.)" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El seis de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 423/2021-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO INTERESADA. En proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno se tuvo apersonándose al presente juicio de amparo a la parte tercero interesada Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima institución de banca múltiple grupo financiero Banorte, por conducto de su apoderada legal para pleitos y cobranzas Sandra Rodríguez Suárez.????? CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado:  La orden de desalojo forzoso decretada en el juicio especial hipotecario 427/2005; así como su ejecución respecto del inmueble ubicado en Ranchería Taxco de Nacajuca, Tabasco; con una superficie de terreno de???????????? 4,042.64 M2 y superficie construida de 359.01 M2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca-Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables Juez y Actuaria del Juzgado Segundo Civil de Nacajuca, Tabasco, toda vez que al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora, toda vez que la Juez Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, manifestando que el órgano jurisdiccional a su cargo se tramita el expediente 427/2005, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por Vicente Romero Fajardo, apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de banca múltiple grupo financiero BANORTE, contra Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata. Asimismo, entre otras cosas refirió que en proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo de lanzamiento derivado del citado expediente, decretó orden de lanzamiento de los ejecutados Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, y en su caso de los terceros ocupantes, del predio urbano y construcción ubicado en Ranchería Taxco de Nacajuca, Tabasco; con una superficie de terreno de 4,042.64 M2 y superficie construida de 359.01 M2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca- Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes, para ponerlo en posesión de la parte actora, por conducto de su apoderado legal. Por lo que ordenó remitir exhorto al Juez Civil de Primera Instancia en turno, en el municipio de Nacajuca, Tabasco, para su ejecución, que por razón de turno le correspondió conocer al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco. Lo anterior, se concatena con el informe justificado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia de esa municipalidad, quien refirió que procedió a la diligenciación del citado exhorto, y ordenó al Actuario de su adscripción su ejecución.?????????? Por lo tanto, los actos atribuidos al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco y Actuario de su adscripción, no existen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna tendiente a desvirtuar tales negativas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que literalmente reza: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO respecto el acto que se les atribuye a las autoridades precisadas en este considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, con residencia en esta ciudad, Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia y Actuario de su adscripción, del municipio de Nacajuca, Tabasco. Lo que se corrobora con las constancias allegadas al juicio de amparo, consistentes en las copias certificadas del expediente citado, que remitieron en apoyo a los informes justificados las autoridades ordenadoras. Documentales que en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo, merecen eficacia probatoria plena. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."??????????? QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, es preciso reseñar los antecedentes del acto reclamado: 1.- El treinta y uno de agosto de dos mil cinco, el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Villahermosa, Tabasco, admitió a trámite y registró bajo el juicio especial hipotecario 427/2005, de su índice, la demanda promovida por Vicente Romero Fajardo, apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima institución de banca múltiple grupo financiero Banorte, contra Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata. Asimismo, en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil seis, se tuvo a Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, dando contestación a la demanda interpuesta en su contra. 2.- Seguida la secuela procesal, el treinta de mayo de dos mil seis, la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Villahermosa, Tabasco, dictó sentencia, en la que determinó que el actor probó los elementos constitutivos de su acción y los demandados no justificaron su defensa, por lo que los condenó a pagar de $489,627.09 (cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos veintisiete pesos 09/100 moneda nacional), por concepto de capital insoluto; $188,536.48 (ciento ochenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos 48/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios - calculados del treinta de junio de dos mil tres al treinta y uno de julio de dos mil cinco más los que se siguieran venciendo-; $80,171.27 (ochenta mil ciento setenta y un pesos 27/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios -calculados del treinta de junio de dos mil tres al treinta de junio de dos mil cinco más los que se siguieran venciendo-; así como al pago de los gastos del juicio, incluyendo los honorarios profesionales a razón del 20% (veinte por ciento) sobre la totalidad del adeudo, que el actor justifique en ejecución de sentencia. 3.- En contra de la anterior determinación, los demandados promovieron recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Villahermosa, Tabasco, bajo el toca civil 1316/2006, de sus índice; mismo que fue resuelto el veintiséis de septiembre de dos mil seis, en la que confirmaron la sentencia definitiva dictada el treinta de mayo de dos mil seis. Contra dicha determinación, los demandados Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, interpusieron juicio de amparo directo, el cual por razón de turno le correspondió conocer al entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual registró con el número 992/2006, de su índice. Por lo que en sentencia de ocho de diciembre de dos mil seis, la Alzada negó el amparo y protección a los citados demandados.????????????? 4.- En proveído de seis de agosto de dos mil siete, se abrió la sección de ejecución, en el que se concedió un término de tres días hábiles para que el acreedor manifestara si quería intervenir en el avalúo y subasta de bien mueble, apercibida de que de no hacerlo se tendría por perdido su derecho para designarlo. 5.- Luego, en proveído de veintidós de octubre de dos mil siete, se tuvo a Verónica Hernández Carrillo como acreedora reembargante, relativo al juicio ejecutivo mercantil 191/2004, para que en caso de quedar remanente se haga el pago de las prestaciones que reclamó en el referido expediente. 6.- Mediante auto de tres de junio de dos mil ocho, se emitió auto aprobatorio de remate, en el que se aprobó el remate en segunda almoneda celebrado el veintitrés de mayo de dos mil ocho, respecto del predio sub-urbano y construcción, ubicado en la ranchería Taxco del municipio de Nacajuca, Tabasco, con una superficie de terreno de 4,042.64 metros cuadrados y superficie construida de 359.01 metros cuadrados, que se localiza dentro de las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca- Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes, inscrito bajo el número 54 del Libro General de entradas afectándose el predio número 1781, folio 33 del libro mayor, volumen 8. Su valor comercial fue fijado en $819,180.00 (ochocientos diecinueve mil ciento ochenta pesos cero centavos moneda nacional). 7.- Después, en proveído de veintiséis de enero de dos mil nueve, se declaró ejecutoriado el auto aprobatorio de remate. 8.- Posteriormente, en proveído de ocho de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, en términos del artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, ordenó notificar a los demandados María de los Santos Gómez Bravata, Rodolfo Ramos López y a la acreedora reembargante Verónica Hernández Carrillo, el proveído de tres de diciembre de dos mil quince, así como los demás acuerdos que recayeran en el juicio por lista fijada en los estrados de ese Juzgado. 9.- Mediante auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se requirió a los demandados para que comparecieran ante la notaria número veinticinco, en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días hábiles a firmar la escritura de adjudicación, apercibidos que de no hacerlo la titular del juzgado lo haría en rebeldía. Lo que se notificó a los demandados por lista de estrados el veinte de enero de dos mil diecisiete. 10.- En proveído de ocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por perdido el derecho a los demandados para acudir a la firma de escritura para adjudicación. 11.- Luego, en proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó notificar a los demandados???????????? para que dentro del término de cinco días hábiles desocuparan y entregaran el inmueble motivo de la litis del juicio especial hipotecario 427/2005; ordenándose girar exhorto al municipio de Nacajuca, Tabasco, debido a que el domicilio de la demandada y el inmueble se encuentra ubicado en dicho municipio. Lo que fue notificado a los demandados Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por conducto del primero de ellos. 12.- Luego, en proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el cuadernillo de lanzamiento, derivado del juicio hipotecario 427/2005, al haber transcurrido el término concedido a los demandados y/o terceros ocupantes para que hicieran entrega voluntaria del inmueble materia de condena en el juicio, en términos de los artículos 380, 381, 385 fracción I, y 394 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, decretó orden de lanzamiento de los ejecutados Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, y en su caso a los terceros ocupantes, con auxilio de la fuerza pública, del predio urbano y construcción ubicado en la Ranchería Taxco, del municipio de Nacajuca, Tabasco, con una superficie de terreno de 4,042.64 metros cuadrados y superficie construida de 359.01 metros cuadrados, que se localiza dentro de las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca-Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes, inscrito bajo el número 54 del Libro General de entradas afectándose el predio número 1781, folio 33 del libro mayor, volumen 8. Lo anterior, para ponerlo en posesión de la apoderada general para pleitos y cobranzas de la sociedad mercantil denominada Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, por conducto de la actuaria judicial. Ordenándose girar exhorto al municipio de Nacajuca, Tabasco para su ejecución, debido a que el domicilio de la demandada y el inmueble se encuentra ubicado en dicho municipio. 13.- En proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó el lanzamiento de los ejecutados, por lo que se envió exhorto al juez correspondiente al citado municipio. 14.- Comunicación que por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, quien en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, ordenó la diligenciación del exhorto 107/2020, deducido del expediente 427/2005, relativo al juicio especial hipotecario. En ese orden, el Juez auxiliar, turnó la comunicación al Actuario Judicial adscrito a ese órgano, para que llevará a cabo el lanzamiento de los ejecutados Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, y en su caso a los terceros ocupantes, con auxilio de la fuerza??????????? pública, del citado predio y pusiera en posesión a la demandada por conducto de su apoderado legal. Asimismo, facultó al fedatario para que rompiera las cerraduras o candados en caso necesario. De igual modo, mediante oficio requirió al Presidente Municipal de aquél lugar, para que por su conducto ordenará al Director de Seguridad Pública proporcionará elementos a su cargo para el resguardo y orden de la diligencia en la hora y fecha que señalará para esa diligencia. Sin embargo, hasta la fecha no ha tenido verificativo la orden de lanzamiento. SEXTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede estudiar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo. Ahora, respecto a los actos reclamados por los quejosos 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R, es necesario señalar que no son parte en el juicio 427/2005, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por Vicente Romero Fajardo, apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero BANORTE, en contra Rodolfo Ramón López y María de los Santos Gómez Bravata, lo cual tiene como consecuencia que le revista el carácter de persona extraña al juicio en estricto sentido. Lo anterior, al señalar que resulta afectado con la ejecución de un acto jurisdiccional emitido en un juicio respecto del cual es completamente ajeno, es decir, es aquella persona que no figura en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material. En ese sentido, cuando una persona resulta afectada con la ejecución de un acto jurisdiccional emitido en un juicio respecto del cual es completamente ajena, deberá demostrar si tiene el interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo; es decir, deberá acreditar la existencia real del daño o detrimento directo en alguno de sus derechos con motivo del acto autoritario que reclama. Al respecto, es oportuno indicar que los artículos 5°, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevén: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación????????????? real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De la interpretación relacionada de los preceptos y fracciones citadas, se desprende de manera destacada que para la procedencia del juicio de amparo se requiere, como presupuesto procesal, que el peticionario de amparo acredite resentir una afectación en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados. Así pues, se tiene que el interés jurídico es la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo con motivo de un acto de autoridad, de ahí que de acuerdo con los artículos 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo vigente, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación con motivo de un acto de autoridad y sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada prerrogativa constitucional. Tiene aplicación al respecto la tesis jurisprudencial 1ª./J. 168/2007, con registro 170500, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, del Tomo XXVII, Enero de 2008, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice???????????? INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De igual forma, la tesis jurisprudencial, con registro 224803, número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 582, del Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Asimismo, se torna importante señalar, que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, es el principio de existencia de la afectación personal y directa, que prevén los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo vigente, así como el 107 Constitucional, pues se ha mencionado que por "agravio" debe entenderse toda afectación, violación o menoscabo (personal y directo) ocasionado a la persona física o moral, que aduce ser titular de un derecho subjetivo. Lo que trae como consecuencia que si un acto de autoridad no irroga agravios al promovente de esta instancia constitucional el juicio intentado deviene improcedente. Por lo tanto, la noción de afectación o agravio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo??????????? toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Así es, para la procedencia de la acción constitucional debe existir un agravio o perjuicio personal y directo que pueda ser reparable mediante éste, pero si no existe tal perjuicio o agravio que restituir, el juicio no será procedente, pues en términos del artículo 77 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esa prerrogativa exige, lo que pone de manifiesto que la posible resolución amparadora se debe fincar en el agravio ilegal causado a la esfera jurídica del promovente con la emisión del acto reclamado. De ahí que, la intención del legislador plasmada en los artículos 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo en vigor, revela que para que los tribunales federales puedan conocer de una demanda de amparo indirecto, es menester que a quien aduzca ser titular de un derecho, se le cause a su esfera jurídica una afectación personal y directa que pueda ser legítimamente protegible, en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia con registro 358665, número 347 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 371 del Apéndice 1917-septiembre 2011, Tomo II, materia: Común, parte: SCJN segunda sección, que establece: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. De igual manera se surte la cita del precedente relevante de la propia Sala del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 100 del Apéndice 1917- 2000, Tomo VI, Común, que prescribe: PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues? para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Ahora, como se anunció, es cierto el acto reclamado consistente en la orden de desalojo forzoso decretada en el juicio especial hipotecario 427/2005; así como su ejecución respecto del inmueble ubicado en Ranchería Taxco de Nacajuca, Tabasco; con una superficie de terreno de 4,042.64 M2 y superficie construida de 359.01 M2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca-Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes. Sin embargo, la parte quejosa 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R, no acreditan su interés jurídico en el presente asunto, pues tomando en consideración que no formaron parte de la relación jurídica procesal en el expediente natural, era necesario acreditar tal extremo, a efecto de que su posesión, en principio pueda ser analizada y de ser procedente protegida a través del juicio de amparo; y, en el caso únicamente exhibieron como justificación del derecho sobre el bien inmueble motivo de la orden de lanzamiento reclamada, los siguientes documentos: 1. Cuatro actas de nacimiento con folios 0240049, A27 1857884, A27 0585221, y 4349888 024, expedidas por el Oficial del Registro Civil, a nombre de Dolores Ramón Tosca, Brian Ronaldo Ramón Leyva, Anielka Montero Ramón, y Dylan Montero Ramón, respectivamente. 2. Cinco Copias simples de la credencial de elector para votar con fotografías, expedidas todas por el Instituto Federal Electoral, a nombre de Rodolfo Ramón López, María de los Santos Gómez Bravata, Dolores Ramón Tosca, Rodolfo Ramón Gómez y Gabriela Ramón Gómez, respectivamente. 3. Una copia simple de la credencial expedida por la Secretaría de Desarrollo Social, del Gobierno Federal, a nombre de Dolores Ramón Tosca. 4. Cinco impresiones fotográficas. Sin embargo, dichas probanzas resultan insuficientes para que este órgano de control analice la constitucionalidad del acto del que impugna.???????????? Efecto, en relación a las probanzas señaladas en los numerales 2 y 3, al tratarse de copias fotostáticas simples, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno y, por lo tanto, conforme a su naturaleza jurídica de conformidad con los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga valor indiciario, empero no corrobora con algún otro medio de prueba que son propietarios del bien inmueble en litigio. No obstante aun cuando dichas copias fueran presentados en original y se les otorgara valor probatorio pleno, no acreditan el interés jurídico, en virtud de que los mismos únicamente acreditan la identidad de las personas. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 18, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 379, Tomo III, primera parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." De igual manera, la probanza marcada con el número 4, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, quedan al prudente arbitrio judicial; de ahí que, dicha fotografía no pueda demostrarse el interés jurídico de los quejosos; máxime, que no se encuentran adminiculadas con algún medio de prueba idóneo y eficaz para acreditar dicho interés. Finalmente, en relación a la probanza relativa al numeral 1, mismas que adjuntaron los quejosos a su escrito de demanda de amparo, debe decírseles que si bien tienen valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es de señalar que las mismas solo???????????? tienen el alcance de comprobar la identidad de las personas; de ahí que, no pueda dárseles el alcance de demostrar que se ve menoscabado el derecho transgredido. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de amparo, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Apoya lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187733, del siguiente rubro y texto: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo???????????? indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En esa tesitura, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la posesión debe estar amparada por alguna de las figuras jurídicas del derecho común, como en la especie puede ser a través de uno de los contratos traslativos de dominio. Por tanto motivo, resulta necesario que la documentación que allegue al juicio de amparo, en la que base el derecho de su posesión del bien inmueble, debe ser de fecha cierta, entendiéndose como tal, aquellos que se encuentren en los supuestos siguientes: I. A partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente; II. Desde la muerte de cualquiera de los firmantes; o, III. Desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia por contradicción de la Novena Época, con registro 192662, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, diciembre de 1999, materia civil, tesis 1a./J. 46/99, página 78, de rubro y sumario: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que?????????? sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." En este punto, conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio o de uso, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Por tanto, cuando los documentos carezcan de fecha cierta, ello imposibilita determinar si el reclamo que se hace a la autoridad responsable deriva de actos anteriores o posteriores a la adquisición del derecho o crédito litigioso, de manera que no son aptos para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, por lo que con la figura de la fecha cierta se garantiza la legalidad y certeza jurídica a las que deben sujetarse los actos jurídicos traslativos de dominio; es decir, el quejoso debe acreditar que el documento se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente; desde la muerte de cualquiera de los firmantes; o, desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio, para efectos de acreditar que éste es de fecha cierta y por ende valida su realización a partir de ese momento, a fin de analizar y estudiar la posible afectación a su derecho a través del juicio de amparo. Al efecto, el artículo 879 del Código Civil para el Estado de Tabasco dispone que quien posee un bien a título de dueño es poseedor originario. Si en virtud de un acto jurídico el poseedor a título de dueño entrega a otro un bien, concediéndole el derecho de retenerlo temporalmente en su poder en calidad de arrendatario, usufructuario, comodatario, depositario, u otro título análogo la persona que reciba el bien es poseedor precario. Los poseedores precarios a que se refiere el párrafo anterior se regirán por las disposiciones que norman los actos jurídicos, en virtud de los cuales tienen una posesión derivada. Así, la posesión de inmuebles para efectos del amparo puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, depositario u otro título análogo; y requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. Por ello, si la persona extraña, ante el Juez Federal, no justifica la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no???????????? constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la prerrogativa de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VII.1o.C. J/6 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de registro 196471, localizable en la página 665, tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: POSESIÓN CIVIL. LA SIMPLE DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE, DEMOSTRADA POR EL TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De acuerdo con lo que establecen los artículos 826, 827 y 829 del Código Civil del Estado, la posesión de inmuebles puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. Por ello, si la tercero extraño, ante el Juez Federal, omite acreditar la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. En efecto, para que este órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, era necesario que la parte quejosa acreditara el interés jurídico exhibiendo un título de propiedad o de posesión. En esos términos, no puede concluirse que la parte quejosa acreditara su interés jurídico en el juicio de amparo, y lo que procede es sobreseer en el juicio, respecto a los quejosos 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R, por los actos atribuidos al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo respecto de los actos reclamados al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia y Actuario de su adscripción, del municipio de Nacajuca, Tabasco, al controvertirse en vía de consecuencia, y no por vicios propios. Resulta aplicable, la tesis jurisprudencial 516 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice 1995, Tomo VI, Parte SCJN, materia Común, página 339, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES???????????? ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En esa medida, al decretarse el sobreseimiento en el juicio resulta innecesario pronunciarse sobre los conceptos de violación que refiere la parte quejosa, pues éstos van encaminados a controvertir el fondo del reclamo. Cobra aplicación, la jurisprudencia de la Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, materia común, visible a página 49, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Consecuentemente, se itera, lo procedente es imponer el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, respecto a los quejosos 1. Rodolfo Ramón López, 2. María Santos o María de los Santos Gómez Bravata, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo???????????? caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De lo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia legislación de proceder. Asimismo, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia únicamente cuando se trata de la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendiéndose como aquélla que, optativamente: a) Aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado. b) Reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. c) Declara la imposibilidad material para dar cumplimiento a lo sentenciado. d) Declara la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a lo sentenciado. e) Ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, se pueden reclamar junto con aquélla, en la demanda constitucional, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Y, en los procedimientos de remate se entiende como "última resolución" aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en términos del párrafo que antecede. Al respecto se invoca la jurisprudencia emitida por el Más Alto Tribunal del País, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una?????????? interpretación diferente. De igual forma, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o. J/27, emitida por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la cual aparece publicada en la página 435, del Tomo II, Septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que establece: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Por ello, los requisitos legales para la procedencia del amparo, en las órdenes de lanzamiento libradas en esta etapa de los juicios naturales (ejecución), no se indica que aquéllas deban ser trascedentes o de gravedad tal en sus efectos, como excepción, para el estudio de fondo. Antes bien, al ser la orden de lanzamiento emitida en cumplimiento a la cosa juzgada, por una de las partes procesales que fue oída y vencida en el mismo, el interesado deberá esperarse a la emisión de la última resolución. Es congruente con lo anterior, el precedente con registro digital 163152, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XXXIII, de enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.- La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese contexto, el Alto Tribunal Constitucional ha fijado su postura a través de diversos criterios jurisprudenciales, que el alcance de la frase legal: última resolución, habrá de entenderse como aquella????????????? en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Apoya lo anterior, el precedente con registro digital 190035, emitido por el Pleno del máximo Tribunal del país, publicada en la página 31, Tomo XIII, de abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Así como el diverso 377255, emitido por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 159, tomo LXIX, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: EJECUCION DE SENTENCIAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA.- Si se reclama una resolución que no es la última que deba dictarse en los autos de ejecución de un sentencia, de acuerdo con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías toda vez que, conforme a tal precepto, tratándose de actos de ejecución de sentencias, el amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, de lo que resulta que el amparo en la especie es improcedente y debe sobreseerse por la causal apuntada". Con todo, se tiene como conclusión que se impuso la condicionante de que los actos de ejecución sean impugnables hasta la última resolución que en éste recaiga, con el objeto de evitar el ejercicio abusivo del juicio constitucional, y así, no obstaculizar la materialización de la condena ya obtenida en el fallo definitivo. Asimismo, si el acto reclamado se refiere a una resolución de una sentencia y no es la última en el procedimiento de ejecución, también debe estimarse improcedente el juicio de garantías.????????? En ese contexto, si el acto reclamado, constituye la orden de desalojo forzoso decretada en el juicio especial hipotecario 427/2005 el nueve de octubre de dos mil veintiuno; así como su ejecución respecto del inmueble ubicado en Ranchería Taxco de Nacajuca, Tabasco; con una superficie de terreno de 4,042.64 M2 y superficie construida de 359.01 M2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 37.80 y 86.10 con propiedad de Nicomedes Soberanes y Natividad Ramón Tosca; al sur. 120.00 con unidad deportiva e iglesia; al este: 32.55 con carretera Nacajuca-Villahermosa; y al oeste: 31.90 con propiedad de Nicomedes Soberanes, al tratarse de un acuerdo intraprocesal de la referida substanciación, se comprende como que aún se encuentra inmerso en la fase del procedimiento de cumplimiento o ejecución al fallo definitivo, sin que esa resolución sea la que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que se haya ordenado el archivo definitivo del expediente, o que sea una cuestión incidental que implicara la ejecución parcial de lo condenado. Precisamente, porque en dicho auto la juez responsable, únicamente ordenó el lanzamiento de la ocupante del predio rústico en disputa, con la finalidad de que diera cumplimiento a la sentencia, pero aún dependerá de la eficacia de tal actuación para que la Juez, en un pronunciamiento posterior, considere si se tiene cumplida o no la sentencia. Esto es, si bien la orden judicial y diligencia de lanzamiento, así como su ejecución, se dirigen a preparar y lograr el acato a la sentencia definitiva, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada al resultado que pudiera tener la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado. Pero, en ningún modo esa decisión tiene o puede tener la calidad de acto final en el procedimiento de ejecución del controvertido de origen. Aplica al caso el precedente con registro 189344, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 34, Tomo XVI, de julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.- El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de????????????? sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. Tan es así de las constancias del juicio de origen se desprende que la última actuación judicial, tendente a intentar dar cumplimiento a la sentencia, fue la orden de lanzamiento de nueve de octubre de dos mil dieciocho, y que hasta la fecha no ha sido posible llevar a efecto por el Juez auxiliar ejecutante. De lo que se advierte que el acto reclamado aún no se ha llevado a cabo o, por lo menos, no existe vestigio procesal que así lo evidencie. Partiendo de ello, esta Juzgadora, estima que, en su caso, la Juez del conocimiento, con posterioridad tendría que dictar un acuerdo específico en el que, de acuerdo al resultado de la diligencia de lanzamiento - aun no ejecutada- con apoyo de la fuerza pública, tenga cumplida íntegramente la sentencia dictada con anterioridad; acuerde la imposibilidad jurídica o material de acatar lo sentenciado en autos; y, ordenar el archivo definitivo del juicio especial hipotecario, dando así, por reconocido el cumplimiento a su decisión final o la imposibilidad para ello. En su defecto, emita el pronunciamiento que corresponda, a efecto de que se intente cumplir con lo decidido definitivamente. Sólo en los primeros casos mencionados, la parte afectada (sea cual fuere) podrá impugnar la decisión final y los actos intermedios de ese procedimiento de ejecución del fallo final. Por ende, no se puede entender ese acto reclamado como la "última actuación", ya que sólo se ordenó el lanzamiento de la hoy recurrente, del???????????? inmueble afecto al juicio, para acatar esa determinación y así continuar con el procedimiento de ejecución. En ese sentido, se sobresee el presente juicio de amparo, respecto a los actos reclamados por los quejosos 1. Rodolfo Ramón López, 2. María Santos o María de los Santos Gómez Bravata; toda vez que, el acto reclamado no cumple con los requisitos establecidos en la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, sin dejar en estado de indefensión al recurrente, ya que puede reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que lo hubieren dejado sin defensa, pero hasta la última resolución dictada en dicho procedimiento. Apoya lo anterior, el precedente con registro 178405, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1331, Tomo XXI, de mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión última resolución en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo". Así como la diversa Tesis: I.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Página: 2639, de contenido: ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN. De conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo???????????? indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente y, que tratándose de remates, en términos del párrafo tercero de la misma fracción, se establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial, por regla general, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento; esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente; por tanto, cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate; esto es, posteriores a la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, como puede ser el auto en que se hace efectivo el apercibimiento por no haber entregado el bien objeto del juicio y se ordena el lanzamiento, debe estimarse que para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la estatuida en el párrafo tercero de la misma fracción, en tanto que el acto reclamado no se emitió en la fase procesal de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a dicho remate; máxime que la orden de lanzamiento no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia del demandado de entregar el bien rematado.". Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 y 65 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por 1. Rodolfo Ramón López, 2. María Santos o María de los Santos Gómez Bravata, 3. Dolores Ramón Tosca, 4. Rodolfo Ramón Gómez, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales 5. B.R.R.L., 6. Gabriela Ramón Gómez, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales 7. A.M.R. y 8. D.M.R., contra el acto y autoridades precisadas en el considerando SEGUNDO, por los motivos y fundamentos expuestos en el TERCERO y SEXTO apartados considerativos de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

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