Rodolfo Radamés Pérez Cooper
Expediente 1287/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1287/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rodolfo Radamés Pérez Cooper
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Édgar José Moreno Hernández en representación de Fernando Daniel Jiménez Díaz y otros; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1287/2022-3, promovido por *********, contra los actos que reclama del Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 11 y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cinco de agosto de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual contiene evidencia criptográfica, **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La incomunicación, dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración. La deportación. La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, y por ende la inminente detención fuera de todo procedimiento, que tenga por objeto regresarlos a su país de origen. El aseguramiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. AUTORIDADES RESPONSABLES Titular o Director del Instituto Nacional de Migración Delegación Tabasco, con residencia en Villahermosa. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Delegación Tabasco, con residencia en Villahermosa. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa. Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y PREVENCIÓN DE RATIFICACIÓN DE DEMANDA. En acuerdo de seis de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el expediente 1287/2022-3 y se concedió la suspensión de plano a los quejosos, previniéndoseles para que ratificara la misma, lo cual realizaron ante la actuaria judicial de este órgano jurisdiccional en la diligencia de esa misma fecha. TERCERO. DESECHAMIENTO POR DIVERSO QUEJOSO. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo por cuanto hace al quejoso Marcos Antonio Toledo Sainz y/o Marco Antonio Toledo Sainz. CUARTO. RETURNO POR CONOCIMIENTO PREVIO POR DIVERSO QUEJOSO. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional estimó que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, es donde debe tramitarse y resolver el presente asunto por cuanto hace a las autoridades y actos reclamados por el quejoso Maikol Félix Breto Cuellar. QUINTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de seis de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la aludida demanda por los diversos quejosos restantes; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento o detención. La orden de deportación. El traslado de los quejosos de una entidad a otra. Incomunicación. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Respecto de los actos identificados con los b), c) y d) del considerando precedente, son inexistentes. En efecto, es inexistente el acto reclamado consistente en la incomunicación porque, de la diligencia de seis de agosto de dos mil veintidós, realizada por la fedataria judicial de este órgano jurisdiccional, se obtiene que los quejosos no manifestaron que se encontraran aislados o incomunicados. En cambio, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se les otorgó el derecho de realizar llamadas telefónicas, por lo que, contrario a lo que aducen, se encontraban comunicados. Constancia que, en términos del artículo 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al ordinal 2 de la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio, al haber sido realizada por una persona con fe pública, en ejercicio de sus funciones. Al respecto, sirve de apoyo la tesis formulada por el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materias(s): Común, Volumen 181-186, Sexta Parte, página 16, con número de registro 249049, del siguiente rubro y texto: ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". Asimismo, se corrobora con lo manifestado por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración en Tabasco al rendir su informe justificado, con el análisis de las constancias relativas que adjuntó en copia certificada del expediente migratorio de los quejosos **********. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con Registro digital 227634, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Así, de las citadas constancias se advierte que, si bien, mediante auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se dio inicio al procedimiento migratorio de los impetrante de amparo, también lo es que no se advierte que se haya resuelto su deportación o su traslado ilegal, además, por acuerdo de salida de diez de agosto de dos mil veintidós, se autorizó la salida de la estación migratoria de los quejosos, lo anterior con el objete de proseguir su proceso administrativo conforme a la normativa correspondiente y en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente juicio constitucional. De lo anterior, se dio vista a la parte impetrante mediante el proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, sin que a la fecha en que se dicta la presente resolución, se hayan allegado medios de prueba que desvirtúen lo afirmado por la autoridad responsable. Por tanto, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo; esto es, el cinco de agosto del presente año, el acto reclamado en estudio era inexistente. Es de tomar en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Así como la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Con base en lo anterior, queda plenamente acreditada la inexistencia de la conducta omisiva incoada a la autoridad responsable. Por tanto, lo procedente es declarar la inexistencia del acto reclamado a las referidas responsables y con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) del considerando segundo de esta ejecutoria, resulta cierto, dado que así lo reconocido la Representante Local, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que adjuntó del expediente administrativo migratorio de los quejosos 1) Fernando Daniel Jiménez Díaz, 2) Rodolfo Radames Pérez Cooper, 3) Antonio González Portales, 4) Dayan González Suri, 5) Dayanis Suri Suarez, 6) Dayana de la Caridad González Suri, 7) Rociel Alejandro Morales González y/o Raciel Alejandro Morales González, 8) Camilo Peña Suárez, 9) Luis Díaz Valdez y 10) Raúl Correderas Ramos. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos de los actos precisados en el considerando que antecede; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, en diez de agosto de dos mil veintidós, decretó la salida provisional de 1) Fernando Daniel Jiménez Díaz, 2) Rodolfo Radames Pérez Cooper, 3) Antonio González Portales, 4) Dayan González Suri, 5) Dayanis Suri Suarez, 6) Dayana de la Caridad González Suri, 7) Rociel Alejandro Morales González y/o Raciel Alejandro Morales González, 8) Camilo Peña Suárez, 9) Luis Díaz Valdez y 10) Raúl Correderas Ramos., aquí quejosos, de la Estación Migratoria en cuestión. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -cinco de agosto de dos mil veintidós-, indudablemente existían los actos reclamados de mérito. Sin embargo, a la data del presente fallo, sus efectos ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de seis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por **********, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" de la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en representación del Titular o Director del Instituto Nacional de Migración, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables y anexos que acompaña, consistente en copia de diversas constancias a nombre de los quejosos en el presente juicio de amparo, en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto la certificación que antecede, se advierte que las autoridades señaladas como responsables Titular o Director del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, el Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y el jefe del departamento jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, todos con sede en esta ciudad, omitieron rendir el informe justificado que se les solicitó mediante proveído de seis de agosto del año en curso, a través de los oficios 27658/2022, 27659/2022, 27660/2022 y 27661/2022, a pesar de que fueron notificados ese mismo día, por lo que el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, transcurrieron del ocho al veintiséis de agosto de la presenta anualidad En ese contexto, en términos del arábigo 75 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciban la notificación del presente acuerdo, remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado, las cuales deberán estar debidamente legibles, foliadas y costuradas, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Bajo el apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta (50) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional); lo que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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