Rodolfo Paz Saucedo
Expediente 751/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rodolfo Paz Saucedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, en la que por una parte se SOBRESEYÓ en el juicio y por la otra se negó la protección constitucional; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Tomando en consideración lo anterior, no obstante que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, al encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido acuerdo, en razón de haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo V-751/2022 promovido por Rodolfo Paz Saucedo, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente al Juzgado Segundo de Distrito, por razón de turno, Rodolfo Paz Saucedo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, y otras autoridades; en los términos siguientes: "DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORES Se reclama el haber dictado en su contra una ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O PRESENTEACIÓN Y/O DETENCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN Y/O CITACIÓN Y/O ENTREVISTA; ya que desde hace quince días anteriores a la presentación de esta demanda de garantías, algunas personas con vestimenta de civil, a bordo de vehículos no oficiales, como son camionetas tipo pick up, de modelo reciente, color blancas, sin insignias oficiales de alguna dependencia y sin identificación oficial, se han presentado en diversas ocasiones por fuera de mi domicilio, que lo es en domicilio conocido en la población de Ziráhuen, Michoacán, preguntando a algunos de los vecinos de la comunidad por mi persona; siendo de esa manera que pretenden ejecutar en mi contra una posible orden de aprehensión y/o detención y/o presentación y/o comparecencia y/o citación y/o entrevista en mi contra de manera ilegal. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS Se reclama la orden de aprehensión y/o detención y/o presentación y/o comparecencia y/o citación y/o entrevista en mi contra de manera ilegal, ya que desde hace quince días anteriores a la presentación de esta demanda de garantías, algunas personas con vestimenta de civil, a bordo de vehículos no oficiales, como son camionetas tipo pick up, de modelo reciente, color blancas, sin insignias oficiales de alguna dependencia y sin identificación oficial, se han presentado en diversas ocasiones por fuera de mi domicilio, que lo es en domicilio conocido en la población de Ziráhuen, Michoacán, preguntando a algunos de los vecinos de la comunidad por mi persona; siendo de esa manera que pretenden ejecutar en mi contra una posible orden de aprehensión y/o detención y/o presentación y/o comparecencia y/o citación y/o entrevista en mi contra de manera ilegal.". Actos que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20, apartado B, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, 15 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y returno. Mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito radicó el libelo bajo el expediente número 423/2022 de su índice, y determinó prevenir al promovente sobre algunas inconsistencias en torno al acto y autoridades señaladas como reclamadas Dicho requerimiento fue atendido oportunamente en escrito de nueve de mayo del año en curso. Así, por auto de once de mayo de dos mil veintidós, el órgano jurisdiccional del conocimiento admitió a trámite el libelo, ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables y dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Asimismo reconoció como tercero interesado, al Agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento del cual emana el acto reclamado, en términos de lo que dispone el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectuó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Luego, en proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, el mencionado juzgado federal determinó carecer de competencial legal para conocer del juicio de amparo, por lo que ordenó su remisión a este Juzgado Tercero de Distrito, en términos de lo que disponen los artículos 45 y 46, ambos fracción II, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las direcciones generales de gestión judicial y de estadística judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos, publicado el catorce de marzo de dos mil veintidós, y las consultas de turno. TERCERO. Avocamiento y prosecución del juicio. Mediante auto de once de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento del asunto y determino convalidar las actuaciones llevadas a cabo por el homólogo federal; por lo que ordenó notificar personalmente a las partes de ello para su conocimiento y dio intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Posteriormente, en proveído de cinco de agosto del año en curso, también se reconoció el carácter de tercero interesado a José Javier Cortes Zayas, en cuanto víctima en la causa de origen, por lo que fue llamado y se apersonó a este juicio constitucional a deducir sus derechos. Finalmente, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza penal emitidos por una autoridad con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: Las órdenes de presentación, detención, localización, citación o entrevista. La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso Rodolfo Paz Saucedo, el cinco de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 1150/2021, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de daño en las cosas doloso, en perjuicio de José Javier Cortés Zayas, previsto y sancionado por el artículo 228, fracción II, en relación con el 19, fracción I, 20, fracción II y 24, fracción III, del Código Penal del Estado, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos. I. De todos los actos reclamados, pero solo de algunas autoridades. No son ciertos los actos reclamados consistentes en las órdenes de presentación, detención, localización, citación, entrevista y aprehensión, únicamente por lo que ve a (1) la Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán; (2) Encargado de la Policía de Investigación del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán; y, (3) Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia. Lo anterior debido a que al rendir sus informes justificados negaron la existencia de todos los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara algún elemento de convicción a través del cual desvirtuara la señalada negativa. Por tanto, si no se acreditó con alguna documental, testimonial o diverso elemento de convicción, que existieron las órdenes de presentación, detención, localización, citación, entrevista y aprehensión, solo por las autoridades en cita, debe prevalecer la negativa que se hizo referencia con antelación. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917- septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, página 305, Sexta Época, con registro 1002350, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". En esas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados precisados con anterioridad y por las autoridades referidas, procede sobreseer dentro del presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a las autoridades responsables citadas y por los actos aquí precisados. II. De las órdenes de presentación, detención, localización, citación o entrevista, por las restantes autoridades. Tampoco son ciertos los actos reclamados a las restantes autoridades responsables (4) Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán; (5) Fiscal General del Estado de Michoacán; (6) Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado; y, (7) Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado, consistentes en las órdenes de presentación, detención, localización, citación o entrevista. Se arriba a la anterior conclusión debido a que, si bien no se pronunciaron expresamente respecto a la existencia o inexistencia de los referidos actos reclamados, sin embargo, no es procedente aplicar la presunción de certeza de tales mandamientos de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues las órdenes de presentación, detención, localización o citación (sin incluir la entrevista), se diferencian técnicamente de una orden de aprehensión, de manera que es probable que el agraviado a la orden de aprehensión librada en su contra, la haya designado erróneamente con esas denominaciones. Bajo ese contexto, es dable considerar como inexistentes los actos reclamados a las autoridades en cita consistentes en las órdenes de presentación, detención, localización, citación o entrevista. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, también se sobresee en el juicio constitucional respecto de dichos actos reclamados a las autoridades referidas. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Contrario a la apreciación del Agente del Ministerio Público adscrito, respecto a la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y su ejecución, de las constancias que integran los presentes autos se advierte que las autoridades responsables precisadas con los numerales 4, 5, 6 y 7 del considerando precedente, al rendir sus informes justificados señalaron que era cierto. Además, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, allegó la constancia consistente en un disco compacto (DVD) que contiene la audiencia de cinco de enero de la presente anualidad, en la que se dictó la orden de aprehensión. Prueba a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser considerado tal disco óptico como una documental pública. Se cita como apoyo, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2022586 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Penal Tesis: PC.VI.P. J/7 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1650 Tipo: Jurisprudencia. "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente.". Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2783 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debido a que las partes del proceso no invocaron causa de improcedencia o sobreseimiento en el juicio, y este juzgador no advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la controversia constitucional planteada, en consecuencia, se procede al estudio de fondo. SEXTO. Estudio. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja a suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo debido a que la resolución de cinco de enero de dos mil veintidós, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: Registro digital: 2014703 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263 Tipo: Jurisprudencia "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.". En su único concepto de violación el quejoso argumenta que el acto reclamado transgrede en su perjuicio el debido proceso legal, violando en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, con la emisión de esos actos de molestia fuera de todo procedimiento legal o judicial, y sin seguir las formalidades del procedimiento, no puede transitar libremente de su casa a su trabajo y realizar otras actividades que son necesarias en su vida cotidiana. A más de que la persona que lo busca acude sin identificación o insignia que acredite el cargo que dice tener. Al respecto invoca los criterios siguientes: "DEBIDO PROCESO INTERNACIONAL. DEBE ACUDIRSE A ÉSTE, SI EN EL ÁMBITO NACIONAL NO SE HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS." y "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.". Como ya se adelantó, dicho planteamiento deviene infundado. Para dar sustento a la premisa anterior, se estima necesario traer a glosa el contenido de los artículos 14, 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. [...] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." (subrayado añadido). De los artículos transcritos se advierte, en lo conducente, que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: a) Que sea dictada por autoridad judicial competente; b) Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en u comisión; d) Asimismo, que se deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado; y, e) (1) La necesidad de cautela o, en su caso, (2) cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad o (3) cuando se sustraiga de la acción de la justicia. Que el mandamiento se emita por autoridad competente. El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión que se reclama la emitió una autoridad judicial competente, esto es, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. Se estima lo anterior porque la autoridad responsable fundó su competencia [Minuto 11:35:54] para emitir la orden de aprehensión reclamada en los artículos 16 de la Constitución, 20, fracción I y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionados con los diversos 37 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ello además tomando en consideración que los hechos delictivos acontecieron en la tenencia de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, correspondiente al Distrito Judicial de Pátzcuaro, lugar donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que el Juez de Control de la Región Morelia, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado. Que preceda querella o denuncia. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, se cumplió en el caso ya que la carpeta de investigación que se integró en contra de Emilio Paz Cazares, Octavio Romero Yacuta, Flor Esmeralda Arciga Ramírez, Rodolfo Paz Saucedo (aquí quejoso) y Jaime Paz Saucedo, se inició con motivo de la querella presentada por José Javier Cortés Zayas. Que los datos de prueba expuestos por el fiscal, determinen la acreditación de un hecho señalado por la ley como delito, así como la precisión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Para justificar que se actualiza el cumplimiento del requisito del inciso c), es importante mencionar que el numeral que prevé y sanciona el hecho delictivo de daño en las cosas doloso que nos ocupa, es el artículo 228, fracción I, del Código Penal del Estado, el que dispone lo siguiente: "Artículo 228. Daño en las cosas doloso (.) II. De uno a dos años de prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, cuando el valor del daño exceda de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización pero no de trescientas veces; (.)." A fin de afirmar que efectivamente existe un hecho previsto y sancionado por los numerales transcritos, los datos expuestos por el Ministerio Público son los siguientes: La querella presentada el quince de diciembre de dos mil veinte, por el representante legal y asesor de José Javier Cortés Zayas, rendida ante el Agente del Ministerio Público [Minuto 11:15:27]. La querella presentada por la víctima José Javier Cortés Zayas [Minuto 11:17:29] La entrevista del testigo presencial Eduardo Hernández Almazán de veinticinco de enero de dos mil veintiuno [Minuto 11:21:07], de la que la Fiscal señaló: ".hace mención de circunstancias similares, lo único que abona, es que es el antecedente, que bueno él conoce al señor José Javier Cortés Zayas, ya que lo ha contratado en diversas ocasiones. que en el mes de diciembre había construido seis zapatas en compañía de más de sus compañeros. anteriormente mencionados, y que, efectivamente, el catorce de diciembre del año dos mil veinte, aproximadamente a las 12:30 horas, se acercaron varias camionetas tipo Pick Up, de diversos colores, en las cuales venían de 80 a 100 personas, bajándose del lugar, Jaime y Rodolfo de apellidos Paz Saucedo. al lugar y empezando a amenazar a su patrón, así lo alude él, estos portaban machetes, refiriéndole que la propiedad les pertenecía a ellos. y, por lo tanto, no podían construir, atento a ello, al recibir amenazas y temer por su vida, se apartaron del lugar, regresando aproximadamente a las 14:30 horas, cuando se percataron que dichas zapatas, así como las construcciones, así como el material. ya no se encontraban.". La entrevista del testigo presencial Julio César Rodríguez Barrón, de veinticinco de enero de dos mil veintiuno [Minuto 11:22:38], al respecto la Fiscal señaló que declaró lo siguiente: ".quien hace mención exactamente lo mismo, simplemente que a él, es a quien Octavio Romero Yáñez directamente lo estuvo amedrentando, con la finalidad de que dejara de grabar, cabe señalar que éste aporta a la representación una memoria USB de 8 gigabytes." Una memoria USB, con grabación del día de los hechos, así como fotografías del catorce de diciembre de dos mil veintiuno [Minuto 11:23:03]. La constancia de autorización de José Javier Cortés Zayas, de cinco de febrero de dos mil veintiuno, ante el Agente de la Policía Ministerial, con la finalidad para ingresar al inmueble, realizar diversos actos de investigación consistentes en un avalúo de daños, así como una inspección al lugar del hecho; el que fue ratificado por la víctima [Minuto 11:23:12]. La segunda entrevista del testigo Julio César Rodríguez Barrón, de doce de febrero de dos mil veintiuno [Minuto 11:23:51]. Inspección pericial al inmueble y el avalúo de daños, realizado por el perito en materia de arquitectura David Javier Venegas Díaz, de tres de marzo de dos mil veintiuno, que concluye que los daños son por un total de $10,260.00 (diez mil doscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) [Minuto 11:24:48]. Dictamen contable del perito Francisco Oceguera Merica (sic), del que la fiscal precisó: ".que hace un avalúo de los daños que compraron físicamente la víctima, hace una contabilidad de $6,660.00." [Minuto 11:25:00]. El dictamen de análisis de video, de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, contenido en la unidad USB [Minuto 11:26:00], del que la Fiscal señaló se observó lo siguiente: ".empiezan a amenazar, y se percata de cinco personas que se dirigen directamente al que graba, y que estos portaban machetes, se logra apreciar diversas amenazas; sin embargo, existe cierto deterioro del audio y video." El dictamen de inspección del lugar de veinte de julio de dos mil veintiuno, por el perito Lucio Jesús Morales Calderón [Minuto 11:26:57], que solo refirió el domicilio de cada uno de los investigados. La carpeta de investigación 1003202017546, en el que obra un dictamen de medidas y colindancias [Minuto 11:27:56]. El testimonio de Óscar González de Cosío [Minuto 11:29:33]. Datos de prueba con los que el juez responsable estimó que resultaban aptos, idóneos y suficientes para justificar el hecho anunciado por el ministerio público, que lo llevaron a concluir medularmente lo siguiente [Minuto 11:39:11]. ".que el catorce de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las 12:30 horas, cuando se estaban realizando estos trabajos, sobre la fracción del predio propiedad del imputado, denominado Tapaneo, ubicado en la tenencia de Zirahuén, acuden hasta ese lugar los investigados, ingresando en varias camionetas, ocupadas por diversas personas de las cuales el hecho les es atribuido solamente a los imputados, porque los testigos presenciales del hecho, señalan que ellos se percatan, como portando machetes, palos y piedras, iban comandados por Emilio Paz Cazares, Octavio Romero Yacuta, Flor Esmeralda Arciga Ramírez, Rodolfo Paz Saucedo y Jaime Paz Saucedo, y que en ese momento, Flor Esmeralda se dirigió hacia la víctima, de manera agresiva, y que le dijo que dejara de construir o que lo iban a matar. Al mismo tiempo que Emilio, Octavio, Rodolfo y Jaime, los restantes imputados con mano armada, comenzaron a romper las bases de concreto que estaban colocadas en el lugar." En concordancia con lo anterior, debe decirse que el juez responsable, en forma correcta, tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de daño en las cosas doloso, toda vez que con los datos de prueba se demostró que, probablemente, el imputado, aquí quejoso, en compañía de otras personas, causó daños a la construcción que estaba realizando la víctima, concretamente al destruir las bases de concreto que habían sido edificadas en el lugar. Probable participación. El juez responsable estimó con base en los datos de prueba, que quien probablemente llevó a cabo el delito de daño en las cosas -entre otros- fue el quejoso, lo que tuvo por evidenciado de la propia querella de José Javier Cortés Zayas, quien estuvo presente, así como con lo declarado por los testigos presenciales referidos, quienes coincidieron en señalar que el imputado, junto con otras personas, ejecutó la conducta atribuida por el Ministerio Público. (1) Necesidad de cautela, (2) cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad o (3) cuando se sustraiga de la acción de la justicia. En cuanto a la necesidad de cautela para poder emitir la orden de aprehensión reclamada, precisó que se cumplía con el requisito exigido por el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que evadió una orden de comparecencia y que fue debidamente citado, siendo la orden de aprehensión el único medio de conducción. Lo que se estima acertado, se explica. La fracción I, del citado numeral, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación - y en caso de que el imputado no se encuentre retenido- solicitará al juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de Control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General deberá cumplir -además de la necesidad de cautela que exige tal fracción- con los precisados previamente. Como requisito para esa forma de conducción al proceso, el numeral en análisis indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Ahora, el propio numeral prevé distintos supuestos para librar orden de aprehensión, los cuales son diferentes al contenido en la fracción III, a saber. Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial (entendiéndose la prevista en la fracción II del propio numeral) y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La derivada de la declaratoria de sustracción de la justicia. La autoridad judicial declarará sustraído de la acción de la justicia al imputado que sin causa justificada: a) No comparezca a una citación judicial; b) Se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, c) Se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Respecto a la declaración del imputado como sustraído de la acción de la justicia, de la interpretación teleológica del párrafo cuarto del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este resolutor federal estima que al prever como supuesto que a) no comparezca a una citación judicial, no debe interpretarse como el incumplimiento a la primera cita contenida en la fracción I del propio numeral (porque esa tiene como finalidad la comparecencia a la audiencia inicial), sino de cualquier citación posterior; es decir, cuando el imputado ya tuvo contacto, por lo menos, en una primera audiencia con el juez de Control. Se estima así, porque los siguientes supuestos -b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo-, implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en determinado lugar o proporcionar su domicilio; es decir, se entiende que en ambos casos ya se sometió al imperio del órgano jurisdiccional y por eso cuenta con esas obligaciones. Entonces, es necesario aclarar que el desacato a un primer citatorio que tiene como finalidad conducir al imputado a la audiencia inicial (fracción I) traerá como consecuencia el dictado de una orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública (fracción II); empero, si aquel tampoco atiende la orden de comparecencia, como en el caso, entonces se está en posibilidad de que la autoridad jurisdiccional prevea su conducción al proceso con una orden de aprehensión (cuarto párrafo). Ello porque la orden de aprehensión contemplada en el cuarto párrafo, debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial, que previamente ha desatendido tanto la citación como la orden de comparecencia, y conforme al precepto 16 de la Constitución Federal debe estar precedida de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, obrar datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y existir la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sus efectos son únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no implica necesariamente que al imputado se le determinará prisión preventiva. Se afirma lo anterior porque la orden de aprehensión no es una medida cautelar, sino una forma para conducirlo al proceso penal cuando se actualice alguno de los supuestos referidos, cuya finalidad es diferente a la citada medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues ésta consiste en conducir a la persona investigada ante la presencia de un Juez de Control para que le comuniquen la imputación que existe en su contra y se formalice la investigación, que de suyo implica que el imputado conozca que se le está investigando -si no lo sabe- y se dé inicio con los actos procesales subsecuentes a ella (formulación de la imputación, vinculación a proceso, entre otros). Esto, siempre que se logre justificar que otra forma de conducción es insuficiente para garantizar la presencia del inculpado en la audiencia inicial, cuando previamente se ha agotado la citación y la orden de comparecencia, sin que el imputado las atienda. La necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, deriva del hecho de que la forma en que se presenta al imputado ante el juez de control generará una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado. En ese orden, de la constancia remitida por el Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, consistente en copia del registro audiovisual de la audiencia de orden de aprehensión referida, se obtiene que la citada autoridad responsable tomó en consideración que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó una orden de comparecencia (previa orden de citación) en contra del aquí quejoso, cuyo cumplimiento fue evadido, y el delito ameritaba pena privativa de libertad, lo que también se encontraba justificado. Para ello precisó que, en el caso específico, los imputados, entre ellos el quejoso, fueron debidamente citados, como advertía de lo señalado por la Jueza Menor Mixta del Distrito Judicial Pátzcuaro, quien se constituyó en el domicilio de aquellos a efecto de llevar a cabo su notificación, y que estos le señalaron que sí tenían conocimiento de la situación, pero que su abogado les había recomendado no acudir, incluso, a no proporcionar información. De igual manera, precisó que agotó la cita y la orden de comparecencia, lo que justificó la necesidad de cautela, porque solo a través de ese medio de conducción podían ser presentados ante dicha autoridad para la audiencia inicial. De ahí que, como lo señaló el Juez de Control, sí se cumple con los requisitos para dictar una orden de aprehensión, tal como lo exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 141, párrafo cuarto, al acreditarse que los imputados, entre ellos, el aquí quejoso Rodolfo Paz Saucedo, evadió tanto la citación como la orden de comparecencia que ordenó previamente, siendo la orden de aprehensión el único medio de conducción al proceso y ante la presencia judicial. Por lo expuesto, se estima que el Juez responsable no vulneró las formalidades esenciales del procedimiento, además de que existen datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para emitir una orden de aprehensión en su contra, porque con lo referido por el fiscal se acreditan los elementos constitutivos del hecho delictuoso de daño en las cosas, así como su probable intervención en su comisión. Aunado a que evadió la orden de comparecencia ordenada por el Juez de Control responsable, lo que justifica que el único medio de conducción para que comparezca el aquí quejoso a la audiencia inicial es la orden de aprehensión, ello en relación con que, como se dijo, el delito que se le imputa sí merece pena privativa de la libertad, y se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 16 Constitucional, previamente analizados. En tanto que la sola afirmación en el sentido de que los agentes que lo buscan no portan identificación, es irrelevante para cuestionar la regularidad constitucional de la orden, pues no es un requisito para su emisión y, a la fecha, tal mandamiento no se ha ejecutado. De ahí lo infundado de lo alegado por el quejoso. Sin que amerite realizar pronunciamiento en cuanto a los criterios que citó el quejoso en su demanda de amparo, intitulados: "DEBIDO PROCESO INTERNACIONAL. DEBE ACUDIRSE A ÉSTE, SI EN EL ÁMBITO NACIONAL NO SE HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS." y "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.". Lo anterior debido a que, como se explicó, sí se respetó el debido proceso que contempla nuestra Carta Magna y la legislación nacional penal, ello aunado a que se advierte que con el dictado de la orden de aprehensión no causa violación grave a los derechos humanos del aquí quejoso. Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgado que el quejoso refiere que días antes de la presentación de su demanda, diversos vehículos sin placas de circulación y sin insignias de alguna institución gubernamental, se desplegaron hacia la comunidad indígena de Zirahuén para preguntar por él. Por lo que eventualmente podría pensarse que debe aplicarse el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas"; sin embargo, ello no acontece así. Dicho protocolo contempla la autoadscripción como un acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado Nacional. Sin embargo, en el particular, dicho extremo debía estar plenamente acreditado pues, incluso, el promovente de amparo no se autoadscribe dentro del grupo indígena que refiere. De ahí que la mera referencia a la comunidad o que viva dentro de la circunscripción de ésta, no quiere decir, per se, que el aquí quejoso tenga la calidad de indígena. En consecuencia, al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso Rodolfo Paz Saucedo, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución, porque su constitucionalidad se hizo depender del acto de la ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Registro digital: 209878 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/338 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 83, Noviembre de 1994, página 69 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo por lo que respecta a los actos y en los términos señalados en el considerando tercero de la presente ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Rodolfo Paz Saucedo, en contra de los actos precisados en el considerando segundo de la presente ejecutoria y por los motivos expuestos en el último. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.LFSL
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante el Secretario Luis Felipe Sánchez Luna, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo ******************** promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que en el presente asunto tienen el carácter reconocido de terceros interesados los agentes del Ministerio Público ********************, ******************** y ********************, quienes se encuentran debidamente emplazados y enterados de la radicación por parte de este órgano jurisdiccional, así como ********************, quien fue debidamente llamado a juicio. El Juez: Téngase hecha la relación que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. El Secretario: Se da cuenta con los siguientes informes: a) Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán. b) Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del titular de dicha Institución. c) Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia. d) Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado. e) Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. f) Agente de la Policía de Investigación encargado del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. El Juez: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse rendidos tales informes. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. El Secretario: Se hace constar que únicamente el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán, remitió como sustento de su informe justificado un disco electrónico que contiene las constancias relativas al acto reclamado, derivadas de la causa penal ********************. El Juez: Ténganse desahogado dicho medio de convicción; al no existir más pruebas que verificar, se pasa al período de alegatos. El Secretario: Se hace constar que únicamente los agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos tanto al Juzgado que conoció del presente asunto en primero término, así como por el adscrito a este órgano jurisdiccional. El Juez: Ténganse reproducidas tales alegaciones, con lo cual concluye la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.Juez Tercero de Distrito en el Estado Omar Alejandro Elizalde Herrera Secretario del Juzgado Luis Felipe Sánchez LunaDva
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Morelia, Michoacán, doce de agosto de dos mil veintidós. Se apersona tercero interesado. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por José Javier Cortés Zayas; atento a su contenido, se le tiene apersonándose al juicio de amparo en que se actúa en cuanto tercero interesado. Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito y, dado lo asentado en la certificación de cuenta, autorizando a Francisco Madrigal Sánchez, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Luis Gerardo Argueta González, Juan Eduardo Mateo de Jesús, Arturo Ruiz Botello y María Guadalupe Flores Hernández, en términos del segundo párrafo, del artículo 24 de la ley de la materia Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.Dva
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