Rodolfo Ortiz Martinez

Expediente 35/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
35/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Ortiz Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; por el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 6/2023 (14/2023-6), en virtud de haber notificado al quejoso Rodolfo Ortiz Martínez, el proveído de once de enero del presente año. Háganse las anotaciones correspondientes, dese de baja en el libro respectivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de once de enero de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Rodolfo Ortiz Martínez, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************contra actos que reclama del Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tenango de Doria, Hidalgo y otras. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número ********************del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, Hidalgo en donde se encuentra compurgando una pena de prisión, a otro diverso. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.]." De dicha porción normativa se destaca que la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: Que el acto reclamado se trate de una resolución o acto proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado. Que por virtud de ese medio, la resolución o acto pueda ser modificado, revocado o nulificado. Que la suspensión del acto reclamado con motivo de la interposición del recurso, medio de defensa o juicio, tenga los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, y no exija mayores requisitos ni plazos que los contemplados para el otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva. En esa tesitura, en primer término, se destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional extraordinario; que se identifica como principio de definitividad, de esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos; sin embargo, también existen excepciones al aludido principio. En ese orden de ideas, de la literalidad de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, Hidalgo en donde se encuentra compurgando una pena de prisión, a otro diverso; así como su ejecución. Sin que contra el mismo, hubiera agotado algún medio ordinario de defensa, sino que acudió directamente al juicio de amparo. Así, para estar en aptitud de determinar lo relativo a la procedencia de la demanda de amparo que se atiende, conforme a la causal de inejercicio invocada, es necesario verificar que no se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad. En ese tenor, debe decirse que en los artículos 5, 9, fracciones IV y IX, 30, 50 a 52, 57, 116, 117, 120 a 125, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se regulan los tipos de traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo; además contempla el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado), combata dicho acto, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciséis de enero de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, indicó "que la orden de traslado, ya sea emitida dentro del proceso o una vez dictada la sentencia condenatoria, modifica las condiciones de la situación de privación de libertad en la que se encontraban el procesado y el sentenciado, las cuales, pueden afectar de manera directa otros derechos de estas personas, como son el de una defensa adecuada y el de purgar la pena en un centro penitenciario cercano a su domicilio." En esa línea de pensamiento, la Ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados y su procedimiento, a saber: Traslados voluntarios; Traslados involuntarios; y, Traslados urgentes (o excepcionales). El traslado voluntario, se encuentra previsto en el artículo 50, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; inicia a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, quien celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. El traslado involuntario, tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51, de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado urgente o excepcional, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente; la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. En esa tesitura, cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber, un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley en comento en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno (control jurisdiccional oficioso). Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (análisis a petición de parte). Adicionalmente, cabe destacar que, con independencia del tipo de traslado -voluntario, involuntario o urgente-, el artículo 116, fracción I, en relación con el numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, instituyen la controversia judicial ante el Juez de Ejecución como un medio eficaz para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. Así, con lo hasta aquí expuesto, se puede decir que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el "recurso de apelación" y una "controversia judicial" como medios jurisdiccionales eficaces para combatir dicho acto de autoridad. En tal virtud, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte que la autoridad judicial competente haya realizado pronunciamiento al respecto y que el quejoso manifiesta que se transgredirán sus derechos fundamentales con la ejecución del traslado combatido, previo acudir al amparo, debe agotar la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con los artículos 52, 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevé la suspensión del acto combatido, cuya resolución, en su caso, derivaría en la confirmación, modificación o revocación de la referida orden de traslado. Aunado a lo anterior, se estima que la regulación de esa controversia, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional; medida que puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución. Además, se trata de un mecanismo de defensa reglamentado bajo el esquema del sistema acusatorio: mediante audiencia y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente contra las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Derivado de lo anterior, se concluye que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el Juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Así, se reitera, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió agotar la controversia judicial, en aras de observar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. En relación con lo expuesto, debe decirse que el numeral 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé las hipótesis de excepción a tal principio, relativas a que la orden de traslado urgente o excepcional, no carezca de fundamentación; no implique una violación directa a la Constitución; y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Supuestos que no se configuran en el caso, porque las hipótesis para su procedencia están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en el artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida, según lo dispone el nuevo paradigma de judicialización de las penas. Ello, ya que corresponde a las autoridades judiciales en específico a los jueces de ejecución, revisar las condiciones de internamiento en los centros de reinserción, así como de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Además, el traslado previsto en el referido artículo 52, no se materializa como una violación indirecta a la libertad personal fuera de procedimiento; ya que cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa su excepcionalidad y la obligación de la autoridad administrativa para notificar, dentro de un plazo determinado, la decisión de traslado a un Juez con el fin de que se efectúe un control sobre su legalidad. Sin que se inadvierta el contenido de las jurisprudencias 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO" y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA"; en las que esencialmente se destacó que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento; lo anterior, en virtud de que dichas tesis jurisprudenciales fueron aprobadas en sesiones de seis de febrero de dos mil trece y veinticinco de noviembre de dos mil quince, respectivamente, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual aconteció el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. También, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada mediante la controversia judicial ante el Juez correspondiente, con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad, sin perjuicio de que se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional; incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación. Lo anterior, lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues como ya se expuso, se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida (recurso de apelación). Finalmente, al haberse demostrado que en torno a la orden de traslado urgente o excepcional, existe un medio ordinario de defensa que incluso puede ser impugnable en otra instancia, contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal; es inconcuso que en la especie, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Aunado a que el traslado del quejoso a diverso centro de reclusión, no se encuentra en alguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento -dado que el procedimiento del traslado se encuentra previsto y regulado en el capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal-; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; y por tanto, en el caso de los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. En razón de lo antes expuesto, es manifiesta e indudable la improcedencia conforme lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha la demanda de amparo, respecto del acto reclamado por el promovente del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de dos mil dos, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. NOTIFICACIÓN DE PROVEÍDO Por otra parte, tomando en consideración que el promovente ********************se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; en consecuencia, envíese despacho al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal ordene a quien corresponda se sirva a notificar al promovente de referencia el presente proveído; hecho que sea, deberá devolver de inmediato el despacho de mérito. SE HABILITAN DIAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo y 28, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles necesarios para que los actuarios puedan realizar las notificaciones personales que se ordenen en este juicio, así como para entregar los oficios correspondientes. Notifíquese y por despacho por encontrarse recluido en el Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano