Rodolfo Ortíz Martínez
Expediente 1085/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rodolfo Ortíz Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, así como del contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no manifestó inconformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en proveído de veintinueve de marzo del dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos 202 y 205 de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente, es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Debiéndose conservar la demanda, en su caso escrito aclaratorio de ésta, demandas de los expedientes acumulados, las interlocutorias existentes y las sentencias respectivas. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE 29 DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO ACUERDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "SENTIDO DE LA SENTENCIA. Vistos los autos, se advierte que mediante sentencia autorizada el diez de septiembre de dos mil veinte, en el presente juicio de derechos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***, misma que causó ejecutoria por auto de once de enero de dos mil veintiuno. 2. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La concesión del fallo protector consistió a efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo Penal de Tulancingo de bravo, Hidalgo. ". deje insubsistente la resolución reclamada y conforme a derecho, emita otra en la que cumpla con la exigencia formal precisada en la parte considerativa; la cual podrá ser en el mismo sentido del anterior, purgando los vicios formales que lo afectan, o en sentido diverso..". También se transcribe parte considerativa de la resolución constitucional. ".. El juez responsable se limitó a señalar que **, es la persona a quien los coinculpados conocen con el alias de "***" y ser la misma persona que ***refirieron también haber participado en el secuestro de ***; empero, sin realizar un exhaustivo examen de todos los medios probatorios que obran en la causa penal de origen, y de los cuales pudiese deducirse que efectivamente el quejoso es el mismo sujeto que los citados coinculpados refirieron en sus declaraciones como la persona que conocen con "***" y ser coparticipe del injusto de trato. Sin que se pierda de vista que para el dictado del auto de formal prisión no es necesario que se encuentre demostrada plenamente la responsabilidad, pero tampoco se puede llegar a un grado de flexibilidad para dar paso a conjeturas o intuiciones, como en la especie ocurre, para poder determinarla. Se considera que el acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado, pues el juez responsable fue omiso en analizar íntegra y correctamente los medios convictivos obrantes en la causa penal. para que estuviera en aptitud de determinar con otros medios de pruebas, si el quejoso ***, es la misma persona que los coinculpados *** refirieron conocer con el alias de "**" y ser la misma persona que participó en el secuestro de ***, y de este modo poder establecer uno o varios hechos que pudieran llegar a la convicción de la probable participación del impetrante en la comisión del ilícito de trato. Amén de que, como ya se dijo en párrafos que anteceden, de las declaraciones de José Luis y Francisco Sierra Higuera, se advirtió que en diversa indagatoria aceptaron su participación en el delito de secuestro en agravio de *** con la finalidad de obtener el pago de un rescate. Ilícito que realizaron junto con el sujeto conocido como "***", entre otros. Tales declaraciones se extrajeron de las copias certificadas de la averiguación previa ***, las cuales, como se expuso, únicamente pueden ser valoradas como documental pública, con las cuales sólo se acredita la existencia de dicha indagatoria; por lo que resulta incorrecto que la autoridad responsable haya tomado en cuenta lo expresado por los mencionados coinculpados como testimoniales, ya que se insiste, obran en copia certificada de diversa averiguación previa. Y en cuanto a la declaración de ***, el Juez de la causa no expuso argumento alguno que sustentara como es que concluyó que de ese deposado se desprendían indicios que hicieran probable participación del quejoso en la comisión del delito de secuestro agravado en perjuicio de la víctima **. Por lo que el a quo responsable con la finalidad de cumplir con el requisito constitucional de motivar debidamente su determinación debió realizar un razonamiento lógico-jurídico por el que explicara con la suficiente precisión, cómo fue que arribó a la conclusión de que de la declaración de ***, se desprendía la probable responsabilidad de ***, en la autoría del injusto atribuido por el fiscal consignador, lo que deviene fundamente para que el quejoso esté en condiciones de poder preparar una adecuada defensa con el fin de combatir tal proceder. Finalmente, el a quo responsable tampoco expuso razonadamente por qué consideró que la conducta desplegada por el peticionario de amparo no se encontraba emparada bajo alguna causa excluyente del delito. Esto porque no externó los motivos por los cuales estimó que no se actualizaba una causa excluyente del delito, máxime que no sería justo admitir que no pudieran estudiarse en la resolución reclamada excluyentes de delito, puesto que si aparece acreditado, sin género de duda, alguna eximente en favor del aquí quejoso, nada se opone a que desde luego se aprecien las pruebas relativas, a fin de definir si debe quedar o no, en libertad absoluta o con las reservas de ley, lo cual se debe analizar a la luz de los previsto en el artículo 25 del Código Penal del Estado en Hidalgo. En conclusión, la determinación impugnada en esta instancia constitucional se encuentra indebidamente fundada y motivada en lo relativo a la acreditación de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de secuestro, al tomar en consideración las declaraciones de ***, así como los deposados de los coinculpados ***, las cuales obran en copia certificada de diversa averiguación previa, las cuales carecen de una debida valoración probatoria, por lo que es claro que violan en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y debido proceso.". 3. Análisis de la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector. Sentado lo anterior, se procede a resolver en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, así como en los diversos 77 y 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En ese orden, la responsable Juez Segundo Penal de Tulancingo de bravo, Hidalgo, mediante oficio de veinte de enero de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la nueva resolución, emitida en la misma data, en la causa penal 223/2013. De dicha resolución se advierte que se dejó sin insubsistente y sin efecto el auto de formal prisión de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 223/2013 y en su lugar dictó auto de libertad por falta elementos para procesar a favor de ***, al no haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio de ***, sin perjuicio de que por datos posteriores de prueba obtenidos en el ejercicio de su función investigadora Ministerio Público solicite nueva orden de aprehensión. Lo anterior lo consideró así la responsable, porque no obran elementos de prueba suficientes para determinar que ***, es uno de los probables responsables de los hechos delictivos que se le atribuye. Es decir, que si bien del testimonio de ***, se desprende que el día martes ocho de octubre "del año en curso", siendo "las veinte para la diez de la noche", momento en que regresaba en bicicleta a su domicilio fue privado de su libertad por varios sujetos con la finalidad de obtener rescate, ejercieron violencia física, solo reconoció a dos de ellos, sin poder identificar al procesado ***. Concluyendo que de dicho testimonio sólo arrojan datos que el ateste únicamente reconoció a dos de sus secuestradores, sin que ninguno de éstos fuera el quejoso de mérito, es decir, que no lo reconoció que hubiere participado en su privación de libertad. Del testimonio de ***, tampoco se advierte que exista señalamiento o imputación en contra del referido ***, como la persona que en unión de diversos sujetos activos privaran de la libertad a ***. También determinó la responsable que existe en el sumario de origen copia certificada de la averiguación previa ***, en la que obra la declaración de ***, en el que señala a ***, como la persona que lo invitó a participar en un secuestro, en específico en el que se le imputa al quejoso, empero, no consideró esa declaración como testimonial, sino como documental porque deviene de una diversa averiguación previa. Y, si bien de la misma declaración se advierte que *** hace referencia a la persona de nombre ***, alias "**", quien se encargaba de realizar las negociaciones, también lo es que no se cuenta con medio de prueba que permita ni por inferencia establecer que la identidad de la persona señalada como ***, alias "***", se trate de ***, menos que participó en el secuestro de **. Insiste que la aludida declaración de ***, por provenir de una averiguación previa diversa a la causa penal de origen, únicamente es valorada como documental pública que acredita la existencia de dicha indagatoria. Lo mismo ocurre con la averiguación previa **, en la que obran las declaraciones de ***, en las que señalan al "***", como la persona que les proporcionó las armas necesarias y que junto con "***", vigilaban al señor ***, para que cuando saliera lo pudieran secuestrar, incluso en el ilícito que se le imputa al aquí quejoso, porque no se les puede apreciar como testimonios, sino como documental, por las razones ya expuestas. Concluye la responsable, que si no existe prueba alguna que vincule a ***, en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio de *** o que los medios de convicción que obran en el sumario de origen son insuficientes para justificar su probable responsabilidad en su comisión, es procedente decretarle auto de libertad por falta elementos para procesarlo a favor de ***. De lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la protección constitucional, contenida en la ejecutoria de amparo, esto es, acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. 4. declaratoria de cumplimiento. Así las cosas al haberse pronunciado la autoridad responsable respecto a la concesión del juicio de derechos, es de concluirse que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito y en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción XVI, de la Carta Magna, 192, 196 segundo párrafo y 214 de la Ley de la Materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Por otra parte, agréguese a los actos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; en atención a su contenido, se le informa que mediante proveído de diecinueve de febrero pasado se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa "
- Principal
1. SENTIDO DE LA SENTENCIA. Vistos los autos, se advierte que mediante sentencia autorizada el diez de septiembre de dos mil veinte, en el presente juicio de derechos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***, misma que causó ejecutoria por auto de once de enero de dos mil veintiuno. 2. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La concesión del fallo protector consistió a efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo Penal de Tulancingo de bravo, Hidalgo. ". deje insubsistente la resolución reclamada y conforme a derecho, emita otra en la que cumpla con la exigencia formal precisada en la parte considerativa; la cual podrá ser en el mismo sentido del anterior, purgando los vicios formales que lo afectan, o en sentido diverso..". También se transcribe parte considerativa de la resolución constitucional. ".. El juez responsable se limitó a señalar que **, es la persona a quien los coinculpados conocen con el alias de "***" y ser la misma persona que ***refirieron también haber participado en el secuestro de ***; empero, sin realizar un exhaustivo examen de todos los medios probatorios que obran en la causa penal de origen, y de los cuales pudiese deducirse que efectivamente el quejoso es el mismo sujeto que los citados coinculpados refirieron en sus declaraciones como la persona que conocen con "***" y ser coparticipe del injusto de trato. Sin que se pierda de vista que para el dictado del auto de formal prisión no es necesario que se encuentre demostrada plenamente la responsabilidad, pero tampoco se puede llegar a un grado de flexibilidad para dar paso a conjeturas o intuiciones, como en la especie ocurre, para poder determinarla. Se considera que el acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado, pues el juez responsable fue omiso en analizar íntegra y correctamente los medios convictivos obrantes en la causa penal. para que estuviera en aptitud de determinar con otros medios de pruebas, si el quejoso ***, es la misma persona que los coinculpados *** refirieron conocer con el alias de "**" y ser la misma persona que participó en el secuestro de ***, y de este modo poder establecer uno o varios hechos que pudieran llegar a la convicción de la probable participación del impetrante en la comisión del ilícito de trato. Amén de que, como ya se dijo en párrafos que anteceden, de las declaraciones de José Luis y Francisco Sierra Higuera, se advirtió que en diversa indagatoria aceptaron su participación en el delito de secuestro en agravio de *** con la finalidad de obtener el pago de un rescate. Ilícito que realizaron junto con el sujeto conocido como "***", entre otros. Tales declaraciones se extrajeron de las copias certificadas de la averiguación previa ***, las cuales, como se expuso, únicamente pueden ser valoradas como documental pública, con las cuales sólo se acredita la existencia de dicha indagatoria; por lo que resulta incorrecto que la autoridad responsable haya tomado en cuenta lo expresado por los mencionados coinculpados como testimoniales, ya que se insiste, obran en copia certificada de diversa averiguación previa. Y en cuanto a la declaración de ***, el Juez de la causa no expuso argumento alguno que sustentara como es que concluyó que de ese deposado se desprendían indicios que hicieran probable participación del quejoso en la comisión del delito de secuestro agravado en perjuicio de la víctima **. Por lo que el a quo responsable con la finalidad de cumplir con el requisito constitucional de motivar debidamente su determinación debió realizar un razonamiento lógico-jurídico por el que explicara con la suficiente precisión, cómo fue que arribó a la conclusión de que de la declaración de ***, se desprendía la probable responsabilidad de ***, en la autoría del injusto atribuido por el fiscal consignador, lo que deviene fundamente para que el quejoso esté en condiciones de poder preparar una adecuada defensa con el fin de combatir tal proceder. Finalmente, el a quo responsable tampoco expuso razonadamente por qué consideró que la conducta desplegada por el peticionario de amparo no se encontraba emparada bajo alguna causa excluyente del delito. Esto porque no externó los motivos por los cuales estimó que no se actualizaba una causa excluyente del delito, máxime que no sería justo admitir que no pudieran estudiarse en la resolución reclamada excluyentes de delito, puesto que si aparece acreditado, sin género de duda, alguna eximente en favor del aquí quejoso, nada se opone a que desde luego se aprecien las pruebas relativas, a fin de definir si debe quedar o no, en libertad absoluta o con las reservas de ley, lo cual se debe analizar a la luz de los previsto en el artículo 25 del Código Penal del Estado en Hidalgo. En conclusión, la determinación impugnada en esta instancia constitucional se encuentra indebidamente fundada y motivada en lo relativo a la acreditación de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de secuestro, al tomar en consideración las declaraciones de ***, así como los deposados de los coinculpados ***, las cuales obran en copia certificada de diversa averiguación previa, las cuales carecen de una debida valoración probatoria, por lo que es claro que violan en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y debido proceso.". 3. Análisis de la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector. Sentado lo anterior, se procede a resolver en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, así como en los diversos 77 y 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En ese orden, la responsable Juez Segundo Penal de Tulancingo de bravo, Hidalgo, mediante oficio de veinte de enero de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la nueva resolución, emitida en la misma data, en la causa penal 223/2013. De dicha resolución se advierte que se dejó sin insubsistente y sin efecto el auto de formal prisión de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 223/2013 y en su lugar dictó auto de libertad por falta elementos para procesar a favor de ***, al no haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio de ***, sin perjuicio de que por datos posteriores de prueba obtenidos en el ejercicio de su función investigadora Ministerio Público solicite nueva orden de aprehensión. Lo anterior lo consideró así la responsable, porque no obran elementos de prueba suficientes para determinar que ***, es uno de los probables responsables de los hechos delictivos que se le atribuye. Es decir, que si bien del testimonio de ***, se desprende que el día martes ocho de octubre "del año en curso", siendo "las veinte para la diez de la noche", momento en que regresaba en bicicleta a su domicilio fue privado de su libertad por varios sujetos con la finalidad de obtener rescate, ejercieron violencia física, solo reconoció a dos de ellos, sin poder identificar al procesado ***. Concluyendo que de dicho testimonio sólo arrojan datos que el ateste únicamente reconoció a dos de sus secuestradores, sin que ninguno de éstos fuera el quejoso de mérito, es decir, que no lo reconoció que hubiere participado en su privación de libertad. Del testimonio de ***, tampoco se advierte que exista señalamiento o imputación en contra del referido ***, como la persona que en unión de diversos sujetos activos privaran de la libertad a ***. También determinó la responsable que existe en el sumario de origen copia certificada de la averiguación previa ***, en la que obra la declaración de ***, en el que señala a ***, como la persona que lo invitó a participar en un secuestro, en específico en el que se le imputa al quejoso, empero, no consideró esa declaración como testimonial, sino como documental porque deviene de una diversa averiguación previa. Y, si bien de la misma declaración se advierte que *** hace referencia a la persona de nombre ***, alias "**", quien se encargaba de realizar las negociaciones, también lo es que no se cuenta con medio de prueba que permita ni por inferencia establecer que la identidad de la persona señalada como ***, alias "***", se trate de ***, menos que participó en el secuestro de **. Insiste que la aludida declaración de ***, por provenir de una averiguación previa diversa a la causa penal de origen, únicamente es valorada como documental pública que acredita la existencia de dicha indagatoria. Lo mismo ocurre con la averiguación previa **, en la que obran las declaraciones de ***, en las que señalan al "***", como la persona que les proporcionó las armas necesarias y que junto con "***", vigilaban al señor ***, para que cuando saliera lo pudieran secuestrar, incluso en el ilícito que se le imputa al aquí quejoso, porque no se les puede apreciar como testimonios, sino como documental, por las razones ya expuestas. Concluye la responsable, que si no existe prueba alguna que vincule a ***, en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio de *** o que los medios de convicción que obran en el sumario de origen son insuficientes para justificar su probable responsabilidad en su comisión, es procedente decretarle auto de libertad por falta elementos para procesarlo a favor de ***. De lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la protección constitucional, contenida en la ejecutoria de amparo, esto es, acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. 4. declaratoria de cumplimiento. Así las cosas al haberse pronunciado la autoridad responsable respecto a la concesión del juicio de derechos, es de concluirse que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito y en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción XVI, de la Carta Magna, 192, 196 segundo párrafo y 214 de la Ley de la Materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Por otra parte, agréguese a los actos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; en atención a su contenido, se le informa que mediante proveído de diecinueve de febrero pasado se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro de ley al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se CONCEDIO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a Rodolfo Ortiz Martínez, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En tal virtud, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Hágase la devolución del duplicado de la causa penal 223/2013 en seis tomos, al Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, requiérase a dicha responsable Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para que en el plazo de DIEZ DÍAS remita las constancias necesarias que acredite el cumplimiento en sus términos al fallo protector, apercibiéndolo que de ser omiso a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente las gestiones que se encuentran llevando a cabo para dar cumplimiento al fallo protector y justificar la causa de su retraso, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Además, se dará inició con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, esto es, se rdenará que se abra el incidente de inejecución de sentencia, y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la substanciación del incidente de mérito, sin perjuicio de que éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del numeral 198 del ordenamiento legal en cita, esto es, separación del cargo de las autoridades omisas. Notifíquese sin ulterior acuerdo, hasta en tanto se reanuden plazos y términos.
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