Rodolfo Murillo Estrada
Expediente 265/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/08/2016
Partes del expediente
- Rodolfo Murillo Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, en contra del acto reclamado y las autoridades precisadas en el tercer considerando de esta resolución, por los motivos y fundamentos ahí expuestos.
- Principal
Ensenada, Baja California, uno de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurrido el plazo de quince días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de junio de dos mil dieciséis, para que manifieste si es su deseo tener con el carácter de autoridad responsable al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora de Delitos de Robo, con sede en esta ciudad. En consecuencia, a efecto de no transgredir normas dentro del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente como fecha para su celebración las nueve horas con siete minutos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Marisela Reyes Calderón, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de la Secretaria que autoriza y da fe, Yesica Karina Amador González, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy Fe. MRC/YKAG/Héctor
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la PARTE QUEJOSA RODOLFO MURILLO ESTRADA, por lo que se ordena la notificación del auto de veintidós de junio de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA RODOLFO MURILLO ESTRADA, publicada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que dice: "Agréguese a los autos el escrito signado por Carlos Alberto Evangelista Molina, autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 5 vuelta), mediante el cual en cumplimiento al proveído de ocho de junio de dos mil dieciséis, amplia la demanda de amparo, señalando como autoridad responsable al 4. Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora de Delitos de Robo, con sede en esta ciudad. Ahora bien, cabe precisar que la ampliación de la demanda constituye un acto de carácter personal, que sólo puede realizarlo directamente la parte quejosa (o sus representantes legales), por ser la única legitimada para decidir qué actos y de que autoridades, son los que le ocasiona perjuicio, de qué manera es que lesionan sus derechos fundamentales, conforme con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo y acorde con el contenido de los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo, que enseguida se transcriben: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Luego, de la lectura de los numerales invocados se advierte que las facultades del autorizado de la parte quejosa no llegan al extremo de que puedan ampliar la demanda de amparo, pues dicha potestad sólo puede ejercerla la parte quejosa, de conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley de Amparo, al constituir parte integrante de la propia demanda, por lo cual debe concurrir en aquélla la manifestación de voluntad de quien solicita el amparo. Además, el autorizado no cuenta con poder de representante legal y toda vez que el escrito de cuenta carece de la firma de la parte quejosa no puede tenerse por expresada su voluntad de ampliar la demanda de amparo, por no estar legitimado para ello el promovente. Al efecto es oportuno citar el texto del artículo 12 de la Ley de Amparo: Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Del precepto transcrito se colige que entre las facultades que comprende el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente se encuentra la de interponer los recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular alegatos, solicitar la suspensión o diferimiento de las audiencias y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero entre ellas no se encuentra la de ampliar la demanda, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal y la manifestación de los antecedentes "bajo protesta de decir verdad" sólo puede realizarla la parte promovente del juicio de derechos fundamentales, dado que este es quien alega sufrir el agravio personal y directo, sin que en el presente asunto se actualicen alguna de las excepciones previstas en los artículos 8, 15 y 16 de la Ley de Amparo. Sin que óbice a lo anterior, el hecho de que los autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, estén facultados para realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de la parte quejosa, pues dicha autorización se traduciría en que el autorizado hiciera suya la afectación personal a la parte quejosa. En consecuencia, al no tener el promovente la facultad de poder ampliar la demanda de ampro, en representación de la parte quejosa, dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad su ampliación por las razones expuestas en el presente proveído. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, tomo XXXIII, junio de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de conformidad con el transitorio Sexto de la ley vigente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, agosto de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes."
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