Rodolfo Mellado Pérez
Expediente 292/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/07/2017
Partes del expediente
- Rodolfo Mellado Pérez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del proveído de cancelación de multa, dictado en los autos del juicio contencioso administrativo 14/2016 T.S., de su índice. Ahora bien, de las constancias de referencia, a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El quejoso Rodolfo Mellado Pérez, promovió demanda de amparo contra actos de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en el auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio contencioso administrativo 14/2016 T.S., del índice de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia en esta ciudad, donde se hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, y se le impuso una multa por el equivalente a tres meses de salario mínimo general vigente para el Estado de Baja California. Luego, de la copia certificada que adjuntó la Sala responsable, al oficio de cuenta, relativa al auto de cancelación de multa, mismas que fueron valoradas en los párrafos que anteceden, se aprecia en lo que interesa lo siguiente: Ahora bien, tomando en consideración que los medios de apremio establecidos en el artículo 36 de la ley que rige a este Tribunal, tienen la finalidad de hacer cumplir las determinaciones que se dicten en los juicios contenciosos administrativos; por tanto, atendiendo a que en autos ya se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada dentro del presente juicio, el suscrito considera pertinente dejar sin efectos las multas impuestas tanto al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California como a los integrantes del Cabildo de manera personal mediante autos de fechas catorce de febrero y diez de mayo, ambos de de dos mil diecisiete, al haberse conseguido el fin que perseguían dichas sanciones. Gírese el oficio correspondiente al Recaudador de Rentas del Estado en Ensenada, Baja California, a efecto de que, en caso de haber iniciado el procedimiento administrativo de ejecución respectivo, lo deje sin efecto. Así también, atento a los diversos juicios de amparo promovidos por los integrantes del Cabildo en contra del auto donde se les impuso la multa, infórmese al Juzgado Octavo de Distrito la determinación contenida en el presente proveído, dado que han cesado los efectos del acto reclamado y pudiera actualizarse alguna causal de sobreseimiento."(sic) En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados en este juicio de garantías, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable, se desprende que se se dejó sin efectos la multa impuesta en proveído de diez de mayo de dos mil diecisiete, tanto al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, como a los integrantes del cabildo en lo personal, y al ser el aquí quejoso Rodolfo Mellado Pérez, integrante del cabildo y en contra de quien se impuso la multa reclamada como se desprende del oficio A-997/2017, que acompañó a su demanda de garantías, es claro que lo ordenado en dicho acuerdo de cancelación de multa, por la Sala responsable le beneficia; de ahí que hayan cesado los actos aquí reclamados. Además de que también la Sala responsable informó que en el juicio contencioso administrativo 14/2016 T.S., se ordenó girar oficio al Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en caso de haber iniciado el procedimiento administrativo de ejecución respectivo, lo dejará sin efectos. Por lo anterior, se estima que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que volvieron las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, no haya anexado al oficio de cuenta, el diverso que refiere giró al Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, pues ésta última, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, lo que deriva que no se ha iniciado la ejecución de la multa y por ende acto que dejar sin efecto. En apoyo a lo anterior, se cita Conforme a la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución."
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad de cuenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de la autoridad responsable antes señalado, a las personas que señala en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica.
- Principal
Ensenada, Baja California, seis de junio de dos mil diecisiete. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve Rodolfo Mellado Pérez, por derecho propio; contra actos de: Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en Ensenada. Recaudación de Rentas del Estado en Ensenada, Baja California. Ambas con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 292/2017-V-A. POSTERGACIÓN DE APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar y tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, así como del sello de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, se advierte que con la demanda de amparo únicamente se exhibieron ocho copias para correrle traslado a las partes; y, en el caso, se requieren en total nueve: dos para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, cuatro para los terceros interesados y dos más para los cuadernos incidentales. En consecuencia, con fundamento en los artículos 110 y 114, fracción V de la Ley de Amparo, se posterga la apertura del incidente de suspensión; hasta en tanto, el quejoso exhiba las copias necesarias para su apertura. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del tres de julio de dos mil diecisiete. SOLICITUD DE INFORMES JUSTIFICADOS Se solicita a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se harán acreedoras a una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. De igual modo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se harán acreedoras a una multa por el equivalente a la suma de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS En cuanto al emplazamiento de los terceros interesados señalados en el escrito inicial de demanda, esta juzgadora se reserva acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos el informe justificado de las responsables. PRUEBAS De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa anexó al escrito de demanda, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en carretera Transpeninsular, número 6500 A, Ex Ejido Chapultepec de esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizada con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Karla Marcela González Otero, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes
- Rodimiiro Valdovinos Pineda1129/2023
- Rodolfo Antonio Nassif Arellano27/2015
- Rodolfo Haro Calvillo1/2016
- Rodolfo Horta Pérez510/2021
- Rodolfo Horta Perez1035/2023
- Rodolfo Joaquín Arellano Mendez y Otros.263/2019
- Rodolfo Murillo Estrada265/2016
- Rodolfo René Machado López328/2014
- Rodolfo Rogelio Herrera Barcena361/2022
- Rodrigo Bustillos Ibarra849/2023
- Rodrigo Félix Beltrán y Otros.564/2015
- Rodrigo Gómez Moreno250/2016