Rodolfo Morales Pazos

Expediente 693/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
693/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Morales Pazos

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Ahora bien, en atención el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se provee: I. Se declara consentido el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad prevista por el arábigo 201, fracción I de la Ley de Amparo. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. III. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: Que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo. El amparo se otorgó para que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veinticuatro de agosto de dos mi veinte, dictada en el recurso de revisión ********************en la que determinó que el promovente carece de interés jurídico para controvertir la infracción origen de la controversia; Dicte una en la que prescinda que el recurrente ******************** carece de interés jurídico y con libertad de jurisdicción resuelva el recurso de revisión que hizo valer en contra de la diversa determinación de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que, dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual, deberá remitir copia certificada que acredite dicho cumplimiento. Se apercibe a la responsable que si no actúa como se le indica en esta resolución, este juzgado de distrito le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que proceda, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígasele a la autoridad responsable, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrán tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además de insistir en su conducta contumaz, se evidenciaría que tratan de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. Finalmente, devuélvase los autos originales que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado: 1) recurso de revisión ******************** y juicio de nulidad ********************. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 693/2020, promovido por Rodolfo Morales Pazos, por propio derecho, en contra de actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. ANTECEDENTES De las documentales que obran en autos, se advierte que Rodolfo Morales Pazos, aduce ser propietario de una motocicleta marca Italika, color blanco con negra, motor con número de serie LC161QMKH6F01520, con placas de circulación HHS6X. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se impuso a Ricardo Samuel Rosales Patiño, una infracción de tránsito por conducir la aludida motocicleta en estado de ebriedad.Inconforme con esa infracción, Rodolfo Morales Pazos, quien se ostenta como propietario, interpuso juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca.Dicho juicio se registró bajo el consecutivo 76/2019 y por determinación de nueve de agosto de dos mil diecinueve, se desechó la demanda, al estimarse que se había presentado fuera del plazo legal.En desacuerdo con ese auto, Rodolfo Morales Pazos, interpuso recurso de revisión, el cual se registró bajo el número 293/2019 y correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.En resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dicha sala responsable estimó que el promovente Rodolfo Morales Pazos, carecía de interés jurídico para controvertir una infracción que no se le impuso a su persona; por ende, a pesar de que no compartió la causal de improcedencia por la cual se desechó su demanda en primer término (extemporánea), estimó confirmar la determinación sometida a revisión.(Resolución que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Rodolfo Morales Pazos, por propio derecho, mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, promovió juicio de amparo en contra de un acto y autoridad que se precisaran con posterioridad.En proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 693/2020; se admitió a trámite; se solicitó a las autoridad responsable su informe justificado; se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.Seguida la secuela procesal del juicio, la audiencia constitucional tuvo verificativo el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados se atribuyen a una autoridad, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, da pauta a establecer que la parte inconforme reclama de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo siguiente:La resolución de veinticuatro de agosto de dos mi veinte, dictada en el recurso de revisión 293/2020, mediante la cual se resuelve que el promovente del recurso de revisión carece de interés jurídico para controvertir el acta de infracción 03051 de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la resolución que se reclama en esta instancia constitucional. De ahí que se tiene por probado el acto atribuido a dicha autoridad responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."La anterior circunstancia, se corrobora con los expedientes originales del juicio de nulidad 76/2019 y el expediente de revisión 293/2019, remitidos por la propia responsable, a los que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." LEGITIMACIÓN Rodolfo Morales Pazos, por propio derecho, se encuentra legitimado para promover este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente asunto está probado que la resolución que reclama en esta instancia constitucional, se le privó de la revisión del acta de infracción pretendida, al estimar que carecía de interés jurídico para impugnarla. PROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia.En atención a lo expuesto, se considera que en el presente asunto, no se advierte motivo de sobreseimiento o alguna causa de improcedencia prevista en el numeral 61 de la Ley de Amparo; por ende, se procede analizar la legalidad de las determinaciones reclamadas. ESTUDIO DEL ASUNTO Uno de los conceptos de violación hecho valer por la parte quejosa refiere que contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, cuenta con interés jurídico para controvertir el acta de infracción 03051 de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Lo anterior ya que existe una responsabilidad solidaria entre el aquí quejoso (quien se ostentó como propietario de la motocicleta) y el conductor a quien se le impuso la infracción, ello con el objeto de liquidar el monto de esa multa administrativa. Refiere que si bien es cierto el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no hay una disposición expresa que indique que existe responsabilidad solidaria entre los propietarios de vehículos y sus conductores para la liquidación del monto de la multa en el supuesto de una violación a dicho reglamento; cierto es también, que de una interpretación a los capítulos relativos, se infiere que es así.Refiere que uno de los requisitos para poder retirar del corralón la moto de su propiedad, es que se liquide el monto de la referida infracción administrativa; de ahí, que aduce tener interés jurídico para controvertirla. Es fundado dicho concepto de violación. Ahora bien, el suscrito juzgador advierte que la autoridad responsable al resolver en el sentido en que lo hizo, realizó una interpretación literal del numeral 138 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Dicha responsable de manera simplificada indicó que el recurrente aquí quejoso Rodolfo Morales Pozos, realizó manifestaciones como si se trataran de hechos propios, cuando se advierte que en el acta de infracción combatida, la persona sancionada por conducir en estado de ebriedad fue el ciudadano Samuel Ricardo Rosales Patiño. Por ende, el recurrente carece de interés jurídico para demandar la nulidad de un acta de infracción ya citada. Además le hizo saber al recurrente lo dispuesto por el numeral 138 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a saber: "ARTÍCULO 138. El conductor que contravenga las disposiciones del presente Reglamento se hará acreedor al pago de la multa correspondiente." Indicó que dicho numeral es claro al disponer que el conductor que contravenga las disposiciones de dicho reglamento se hará acreedor al pago de la multa correspondiente; de ahí, que el infractor Samuel Ricardo Rosales Patiño, es a quien le corresponde impugnarla a través del juicio de nulidad. De igual forma denegó la devolución de la motocicleta, ya que uno de los requisitos que impone el numeral 145 del multicitado reglamento, es precisamente que se liquide el importe de la multa impuesta. Sin embargo, a juicio del suscrito juzgador y en ejercicio aplicativo del principio pro persona, se aprecia de manera evidente que la norma en que sustentó la autoridad responsable su determinación, admite una interpretación diversa, que es más benéfica para el gobernado, es decir, que otorga una protección más amplia a su derecho de acceso a la justicia, como enseguida se evidencia. Resulta orientadora a la precisión previa, la tesis aislada 1a. CCVII/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2018781, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, visible en la página 378, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. SÓLO PUEDE UTILIZARSE EN SU VERTIENTE DE CRITERIO DE SELECCIÓN DE INTERPRETACIONES CUANDO ÉSTAS RESULTAN PLAUSIBLES. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas de derechos humanos se interpretarán y aplicarán "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", ello implica que el principio pro persona opera como un criterio que rige la selección entre: (i) dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; o (ii) dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. Así, es importante que tanto las normas entre las que se elige como las interpretaciones que se pretendan comparar sean aplicables en el primer caso y plausibles en el segundo, por ser el resultado de técnicas válidas de interpretación normativa. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 104/2013 (10a.) y 1a./J. 10/2014 (10a.), sostuvo que el principio pro persona no puede entenderse como una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque, ni como un permiso para soslayar el cumplimiento a los requisitos de admisibilidad o procedencia de recursos y medios de impugnación, aunque sí exige que su interpretación se realice en los términos más favorables a las personas. Lo anterior, refleja que el principio pro persona debe beneficiar a quienes participen dentro de un procedimiento jurisdiccional, ya que opera como criterio para determinar el fundamento, alcances, regulación y límites de los derechos humanos de cada una, según se encuentren en juego en un asunto, mientras que su falta de utilización puede ser reclamada en juicio por el efecto potencialmente perjudicial que podría tener para la tutela de un derecho humano".Ahora bien, para estar en condiciones de determinar la existencia de una diversa interpretación de la norma en que se sustentó el acto reclamado y por consiguiente, lo conducente acerca de la legalidad del acto reclamado, es necesario tomar en consideración de forma amplía el título VII "De las infracciones y Sanciones" del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y no solo algunos artículos de manera aislada. Dicho capitulo dispone lo siguiente: "[.] TÍTULO VII DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES CAPÍTULO PRIMERO DE LA FORMULACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN ARTÍCULO 128.- Las autoridades viales del Municipio podrán utilizar dispositivos electrónicos como comparenderas, cámaras de video, sensores de velocidad y radares, que permitan verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, así como las conductas contrarias al mismo. ARTÍCULO 129.- Para la formulación de las actas de infracción podrán contener los siguientes datos: Placas de circulación; Entidad federativa expedidora de las placas; Folio de las actas de infracción; Lugar de la comisión de la infracción; Hora, día, mes y año; Datos del propietario en caso de que se encuentre presente; Datos del infractor en caso de que se encuentre presente; Número, tipo y vigencia de la licencia, sí pudieran obtenerse estos datos; Características del vehículo (tipo, marca, color y número económico para el servicio público); Motivación; Fundamentación; Observaciones; Hora del cierre del acta; Nombre y firma del policía vial; Firma del infractor en caso de que se encuentre presente o la mención de haberse negado a firmar. ARTÍCULO 130.- En el caso de que los conductores contravengan algunas de las disposiciones de este Reglamento, los Policías Viales deberán proceder de la forma siguiente: [.] ARTÍCULO 131.- Se impedirá la circulación de cualquier vehículo, dejándolo inmediatamente junto con su conductor a disposición de Juez Calificador, en los siguientes casos: Cuando el conductor que cometa alguna infracción al presente Reglamento, muestre además síntomas inequívocos de ebriedad o de estar bajo el influjo de alguna droga o enervante prohibidos por la Ley; Cuando a consecuencia de un hecho de tránsito se hubieren causado daños a bienes ajenos o lesiones simples los cuales no se puedan resolver en el mismo lugar. En los casos anteriores, cuando los conductores sean menores de edad, los Policías Viales, los pondrán también a disposición del Juez Calificador en Turno, haciéndoles del conocimiento desde su detención de los derechos con que cuentan. ARTÍCULO 132.- Los Policías Viales procederán a la detención de cualquier vehículo, remitiéndolo de inmediato a disposición de la Comisaría de Vialidad, quien deberá resguardarlo para garantizar su conservación y la guarda de los objetos que en él se encuentren y será trasladado al corralón oficial cuando: Al cometer una infracción al presente Reglamento, su conductor carezca de licencia o permiso para circular, el vehículo no tenga tarjeta de circulación o documento que justifique la omisión o cuando la licencia o el permiso estén vencidos, cancelados o suspendidos por resolución de autoridad competente; Cuando al vehículo le falten ambas placas o el documento que justifique la omisión; Cuando las placas del vehículo no coincidan con el número y letras del holograma, calcomanía o la tarjeta de circulación; Cuando estando estacionado el vehículo en lugar prohibido, exceda el tiempo permitido en el señalamiento respectivo, o estacionado en doble o triple fila, su conductor no esté presente; Cuando estando a ello obligado, el vehículo con placas del Estado o de otra entidad federativa, que circule dentro de la circunscripción del Municipio de Oaxaca de Juárez, carezca de la constancia que acredite que la emisión de contaminantes está dentro de los límites permitidos. Cuando estando obligado a ello, los vehículos del transporte urbano y suburbano, porten publicidad en lugares prohibidos, de conformidad con lo establecido en el presente reglamento. Por conducir en estado de ebriedad o por el influjo de drogas prohibidas por la Ley, en los casos que establece el presente ordenamiento legal; Por interferir, obstaculizar o impedir deliberadamente la circulación de vehículos en la vía pública del Municipio; Por incumplimiento o violación reiterada de las condiciones fijadas para la prestación del servicio público de transporte; En caso de requerimiento o mandamiento de autoridad judicial o administrativa competente; Cuando el vehículo se encuentre en tan malas condiciones que pongan en peligro a sus ocupantes, o cuando carezca de una o ambas defensas o parachoques; En los casos específicos que determinen otras disposiciones legales, y En los supuestos en que los conductores hagan uso indebido de lugares destinados para el estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad. En todos los casos a que se refiere este artículo, el conductor tiene derecho a guiar su vehículo hasta el Corralón que la autoridad indique, lo que no generará costo alguno, excepto cuando la detención sea originada por las causas a que se refiere la fracción VII de este artículo y no exista persona que se haga cargo de la unidad. En caso de negarse el conductor o por tratarse de abandono de la unidad, el traslado podrá efectuarse por medio del servicio autorizado de grúas, el cual se hará a costa del propietario. Cuando por cualquier causa no fuere posible proceder a la detención del vehículo, el Policía Vial procederá a la retención de una de las placas de circulación. ARTÍCULO 133. En el caso de vehículos estacionados en lugar prohibido o en doble fila, se deberá atender a las disposiciones siguientes: [.] ARTÍCULO 134. Únicamente en caso de flagrante infracción a las disposiciones de este Reglamento, los Policías Viales, podrán detener la marcha de un vehículo y exigir a su conductor la entrega de su licencia o permiso para conducir, así como la tarjeta o permiso provisional que ampare la circulación del mismo. Consecuentemente, la sola revisión de documentos no será motivo para detener el tránsito del vehículo. ARTÍCULO 135. Una vez que el Policía Vial hubiere formulado el acta de infracción en los términos del presente Reglamento, entregará al infractor, el original de la misma para que proceda al pago de la multa correspondiente, así mismo deberá informar al infractor la ubicación exacta de las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Administración y del Departamento de Vialidad, Infracciones y Garantías de Recaudación de Rentas, en donde podrá recuperar las garantías retenidas. El Policía Vial al concluir su turno, deberá entregar las actas de infracción y sus respectivas garantías al Departamento de Vialidad, Infracciones y Garantías de Recaudación de Rentas. En caso de que la infracción consignada en el acta no se encuentre legalmente fundada y motivada, el interesado o su legal representante, podrá solicitar al Comisionado la recalificación de la infracción para efecto de su pago, la cual se resolverá en el mismo día, previo análisis que lleve a cabo la Dirección Jurídica adscrita a la Comisión. CAPÍTULO SEGUNDO SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ARTÍCULO 136.- Las sanciones que se impongan a los infractores, se hará atendiendo al presente Reglamento y demás disposiciones de la materia. ARTÍCULO 137- Los elementos de la Policía Vial están facultados en caso de una infracción a las disposiciones que dicta este Reglamento, para recoger licencias, tarjetas de circulación, placas de circulación y vehículos, a fin de garantizar el pago de las sanciones administrativas correspondientes. ARTÍCULO 138.- El conductor que contravenga las disposiciones del presente Reglamento se hará acreedor al pago de la multa correspondiente. ARTÍCULO 139.- Cuando el infractor en uno o varios hechos viole varias disposiciones de este Reglamento, se le acumularán y aplicarán las sanciones correspondientes a cada una de ellas. ARTÍCULO 140.- El infractor que pague su multa dentro de los quince días siguientes a la fecha de la infracción tendrá derecho a un descuento por pago oportuno del cincuenta por ciento de la calificación de la misma, excepto, en aquellas infracciones consideradas graves por atentar o poner en riesgo la vida, la salud, la integridad física o el patrimonio, propio o de terceras personas, así como las infracciones por reincidencia. Una vez realizada la calificación de la infracción, el Presidente Municipal o el Secretario de Finanzas y Administración podrá, a petición de parte y previo análisis y dictamen correspondiente, condonar total o parcialmente el importe de la multa impuesta así como sus accesorios, para lo cual el solicitante deberá aportar los datos necesarios para la valoración y determinación del descuento. ARTÍCULO 141. Para los efectos del presente Reglamento se consideran reincidentes los conductores o propietarios que infrinjan una misma disposición más de una vez, durante el lapso de un año contados a partir de la primera violación. Por la primera reincidencia deberá aplicarse el mínimo de la sanción establecida y respecto a las infracciones no graves no habrá descuento por pago oportuno; A partir de la segunda reincidencia se incrementará un cincuenta por ciento sobre el mínimo establecido sin derecho al descuento por pago oportuno, y Para la tercera y adicionales, se cobrará el monto máximo de la infracción establecida incrementado en un cincuenta por ciento, sin derecho a descuento por pago oportuno. ARTÍCULO 142.- Corresponde la recalificación de las infracciones cometidas a cualquier disposición de este Reglamento al titular de la Comisión, observando lo establecido en el artículo 10 fracción XV del presente ordenamiento legal. ARTÍCULO 143.- La Comisaría de Vialidad llevará un banco de datos de infractores e infracciones, que garantice el control de estos y su comportamiento en la vía pública, observando lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y demás ordenamientos legales de la materia. El banco de datos se compartirá y se nutrirá con los datos que aporte la Recaudación Municipal, respecto al cobro de multas y demás ingresos en Materia de Vialidad y Transporte. ARTÍCULO 144.- Los antecedentes del Banco de datos de un infractor deberán ser borrados cuando el infractor o propietario del vehículo, previa identificación, acuda a una plática de Educación Vial bajo programa establecido por la Coordinación de Capacitación, Escuela Vial, y Actualización, quien entregará constancia de asistencia. ARTÍCULO 145.- Se procederá a la liberación de vehículos retenidos sólo después de haber cubierto el importe de la multa, traslado y depósito si lo hubiere y posterior a la presentación de los siguientes documentos en original y copia certificada y una copia simple: Identificación oficial del solicitante; Factura original o carta factura reciente que acrediten la propiedad del vehículo; Tarjeta de circulación; Carta poder simple tratándose de personas físicas que realicen el trámite a nombre de otra persona, y Poder General para Pleitos y Cobranzas tratándose de personas morales. Por lo que se refiere a vehículos no registrados en este Municipio o de otra Entidad Federativa, podrán acreditar la documentación anterior vía fax o copia digitalizada y su tarjeta de circulación vigente. La Dirección Jurídica de la Comisión analizará los documentos exhibidos y cotejará las copias con los originales que se devolverán al solicitante, asentando razón de lo anterior, procederá a la entrega de los vehículos retenidos en los términos de este Reglamento ARTÍCULO 146.- El Policía Vial respetuosamente podrá amonestar o advertir a los conductores de vehículos, que a su juicio así lo ameriten por cometer una falta mínimo, buscando con esto la corrección de la conducta con apego a este ordenamiento. ARTÍCULO 147.- Tratándose de infracciones no flagrantes al presente Reglamento, los Policías Viales, podrán comunicarlo al Juez Calificador, quien en uso de sus facultades podrá citar al infractor y resolver lo que en derecho proceda, para la denuncia se contará con un término de treinta días hábiles siguientes a la comisión de la falta. ARTÍCULO 148.- El peatón, escolar, pasajero y personas con discapacidad que infrinjan el presente ordenamiento será objeto de una llamada de atención verbal y respetuosa por parte del Policía Vial. ARTÍCULO 149.- Las multas por las infracciones al presente Reglamento quedarán sujetas a la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez para el ejercicio fiscal vigente y se correlacionaran con el presente Reglamento, en cuanto a las hipótesis normativas contempladas, aun variando el título, capítulo, artículo, fracción o inciso del presente ordenamiento. Por lo anterior se faculta a las autoridades contempladas en el artículo 7 del presente Reglamento a efectuar la correlación jurídica respectiva entre aquellas hipótesis contenidas en este ordenamiento y las sanciones o multas establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez en vigor, al momento de determinar la infracción cometida. ARTÍCULO 150.- Los conductores de cualquier tipo de vehículos automotores, dictaminados conforme a lo establecido en este ordenamiento en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o enervantes, serán remitidos al Juez Calificador en turno para la sanción correspondiente que establezca la Ley de Ingresos Municipal en vigor y el presente Reglamento. Sin perjuicio de la multa impuesta por conducir en estado de ebriedad o narcotizado, si el conductor se encuentra en segundo o tercer grado de ebriedad, podrán imponérsele las sanciones administrativas que establece el cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en proporción al grado de intoxicación que presente, pudiendo ser una multa proporcional en los términos constitucionales, o el arresto según el grado de ebriedad en que se encuentre el conductor, así como también se le encomendará por escrito asistir a pláticas informativas sobre los temas de alcoholismo, drogadicción y sus consecuencias, a un centro especializado. ARTÍCULO 151.- En el caso de conductores reincidentes por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o enervantes, exceso de velocidad y demás faltas graves, independientemente de la multa y demás sanciones que se impongan, se podrá solicitar a la autoridad competente la suspensión de la licencia para conducir hasta por seis meses, o su cancelación; si los conductores fueren del servicio público, se solicitará de inmediato la cancelación a la autoridad competente. ARTÍCULO 152.- Todo conductor podrá solicitar la conmutación de la multa a que se haya hecho acreedor, por trabajo comunitario en beneficio de la seguridad vial, realizando labores de patrullero escolar en el lugar y tiempo que la Comisaría Vialidad determine. [.]" Dicho capitulo dispone los requisitos para la formulación de las actas de infracción, sanciones y medidas de seguridad. Por su parte el numeral 129 dispone los datos con que debe de contar un acta de infracción levantada por una autoridad vial del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Así la fracción VII del diverso precepto 132, refiere que los Policías Viales procederán a la detención de cualquier vehículo, remitiéndolo de inmediato a disposición de la Comisaría de Vialidad, quien deberá resguardarlo para garantizar su conservación y la guarda de los objetos que en él se encuentren y será trasladado al corralón oficial por conducir en estado de ebriedad o por el influjo de drogas prohibidas por la Ley, en los casos que establece ese ordenamiento legal. El diverso numeral 135 de dicho reglamento, en específico en su párrafo tercero, refiere que en el supuesto de que la infracción consignada en el acta no se encuentre legalmente fundada y motivada, el interesado o su legal representante, podrá solicitar al Comisionado la recalificación de la infracción para efecto de su pago, la cual se resolverá en el mismo día, previo análisis que lleve a cabo la Dirección Jurídica adscrita a la Comisión. Seguidamente el diverso artículo 140, una vez realizada la calificación de la infracción, el Presidente Municipal o el Secretario de Finanzas y Administración podrá, a petición de parte y previo análisis y dictamen correspondiente, condonar total o parcialmente el importe de la multa impuesta así como sus accesorios, para lo cual el solicitante deberá aportar los datos necesarios para la valoración y determinación del descuento. Señala el diverso 141 las hipótesis que se consideraran para que se cataloguen como reincidentes a conductores o propietarios, cuando infrinjan una misma disposición más de una vez, durante el lapso de un año contados a partir de la primera violación. Por su parte el numeral 144, faculta a los propietarios de los vehículos a solicitar se borren sus datos del "banco de datos de infractores" cuando acudan a pláticas de educación vial bajo el programa establecido. De suma importancia es precisar lo dispuesto por el numeral 145 de ese reglamento, el cual condiciona a una serie de requisitos la devolución de cualquier vehículo que es encuentre en el corralón oficial por ser objeto de una violación al reglamento. Uno esos requisitos es haber cubierto el importe de la multa. Con los preceptos legales referidos, en las porciones precisadas, es factible realizar una interpretación sistemática, que lleva al suscrito juzgador a la conclusión de que los propietario de los vehículos infraccionados, tienen injerencia en los trámites para la devolución de sus vehículos cuando se haya cometido una infracción al reglamento y dichos automotores hayan sido utilizados para realizar la conducta tipificada. Lo que de igual forma conlleva a esa obligación solidaria con los conductores a realizar el pago de las multas a que se hagan acreedores, ya que los propietarios tienen interés en liberar sus vehículos de los corralones a que fueron llevados para garantizar dicha sanción administrativa. Se afirma lo anterior ya que ese reglamento concede a los propietarios o a las partes las siguientes facultades y obligaciones: Solicitar al Comisionado la recalificación de la infracción para efecto de su pago, la cual se resolverá en el mismo día, previo análisis que lleve a cabo la Dirección Jurídica adscrita a la Comisión. Se podrá condonar total o parcialmente el importe de la multa impuesta, así como sus accesorios. Se podrán considerar reincidentes. Podrá solicitar que sus antecedentes sean borrados del Banco de datos de infractores. Máxime que uno de los requisitos para que se liberen los vehículos infraccionados, es que se liquide el monto de la multa impuesta. En ese tenor si tenemos que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; por tanto, es dable concluir que Rodolfo Morales Pazos, cuenta con ese interés para controvertir el acta de infracción de mérito. Se estima así, ya que si bien es cierto la conducta por la cual se levantó esa infracción no es atribuible a su persona (conducir en estado de ebriedad); cierto es también, que tiene interés jurídico en controvertirla ante la autoridad competente, ya que un vehículo que aduce es de su propiedad fue utilizado en la conducta tipificada como infracción al Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. De ahí que su derecho de propiedad resulta afectado, al no poder disponer de su motocicleta, ya que el vehículo se encuentra en el corralón oficial a cargo del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por haber sido utilizado en la realización de una conducta tipificada como infracción. Entonces, contrario a lo que determinó la autoridad responsable en la resolución sometida a escrutinio Constitucional, Rodolfo Morales Pazos, cuenta con interés jurídico para controvertir el acta de infracción 03051 de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. DECISIÓN Al resultar fundado el concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, es dable conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Rodolfo Morales Pazos, en contra de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mi veinte, dictada en el recurso de revisión 293/2020 por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA AMPARO Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veinticuatro de agosto de dos mi veinte, dictada en el recurso de revisión 293/2020, en la que determinó que el promovente carece de interés jurídico para controvertir la infracción origen de la controversia; Dicte una en la que prescinda que el recurrente Rodolfo Morales Pazos carece de interés jurídico y con libertad de jurisdicción resuelva el recurso de revisión que hizo valer en contra de la diversa determinación de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Rodolfo Morales Pazos, en contra del acto que reclamó de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en términos de lo expuesto en el considerando VIII. Para los efectos del diverso X de este fallo. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO PORLISTA AL QUEJOSO)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Agréguese la promoción señalada en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al fiscal Federal adscrito a este órgano de control constitucional formulando sus alegatos en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en lo estatuido por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo prescrito por el dispositivo 2 de la ley de la materia expídasele en su oportunidad copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio de amparo. Notifíquese.

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