RODOLFO MORALES MORENO o RODOLFO ENRIQUE MORALES MORENO

Expediente 610/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 36 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
610/2019
Año
2019
Actuaciones
36
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • RODOLFO MORALES MORENO o RODOLFO ENRIQUE MORALES MORENO
  • RODOLFO MORALES MORENO o RODOLFO ENRIQUE MORALES MORENO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el sobres cerrado que devuelve el Jefe de Administración de Correos de México, el cual contiene el oficio 19386/2021 dirigido a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, en cuyo exterior se indica la leyenda: "03/8/2021 CERRADO POR VACACIONES SE IGNORA CUANDO REANUDAN 11:10". Ahora, dada la imposibilidad para notificar la comunicación señalada establecida por la autoridad postal en el sobre descrito, reenvíese por la vía electrónica al correo electrónico oficial o institucional un diverso oficio dirigido a la citada responsable con el contenido de este auto e inserción del proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo, para que tenga conocimiento de tales resoluciones y esté en aptitud de atender el requerimiento formulado. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, en atención al requerimiento de uno de junio pasado, comunica el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, dictado en el juicio laboral 83/2016, en donde ese órgano de administración de justicia por un lado dejó sin efectos el proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, y sus consecuencias jurídicas, incluida la diligencia de tres de julio de la citada anualidad, que obra en el cuaderno de exhorto 76/2019 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca y, por otro, emitió un nuevo proveído, por lo que solicita que se tenga por cumplido el fallo protector. Al respecto, se tiene a la responsable en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos de lo dispuesto por el numeral 193 de la ley de la materia. Por otra parte, no es factible emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento del fallo protector, como la citada autoridad lo solicita, porque aun cuando dejó sin efectos las actuaciones indicadas y dictó un nuevo auto, lo cierto es que en esa determinación alude al instrumento notarial treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco, volumen setecientos cuarenta y uno, que es diverso al que se indica en el fallo protector, a saber, el primer testimonio del instrumento treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres, volumen setecientos cuarenta y uno. Aunado a lo anterior, no adoptó las medidas necesarias para que la información ajena a la litis y los datos confidenciales de sujetos diversos a los litigantes que se derivarán de la inspección que ordenó no se asiente en el acta de la diligencia relativa y tampoco fundó ni motivó porqué la inspección comprenderá todos los instrumentos que obran en el protocolo del Notario Público diecinueve en esta entidad federativa, relativos al veintisiete de abril de dos mil dieciséis, si esa prueba se ofreció únicamente respecto del primer testimonio del instrumento treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres, volumen setecientos cuarenta y uno, pasado ante la fe del Notario Público noventa y cuatro en el Estado de Oaxaca, quien al parecer actuó como asociado y utiliza el protocolo del fedatario público diecinueve en esta entidad federativa. En consecuencia, la mencionada responsable deberá atender de manera puntual el requerimiento de uno de junio pasado y tendrá que tomar en cuenta los aspectos destacados en esa determinación y en el presente acuerdo. En ese contexto, dicha entidad pública deberá atender el requerimiento señalado en los términos en los que fue dictado, en el entendido de que subsiste el apercibimiento formulado en el auto de uno de junio del año en curso, en el caso de que no lo haga. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, en atención al requerimiento de veintidós de abril pasado, comunica el acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, dictado en el juicio laboral **, en donde ese órgano de administración de justicia por un lado dejó sin efectos el proveído de diez de junio de dos mil diecinueve y, en su lugar, emitió un nuevo acuerdo, por lo que solicita que se tenga por cumplido el fallo protector. Al respecto, se tiene a la responsable en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos de lo dispuesto por el numeral 193 de la ley de la materia. Por otra parte, no es factible emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento del fallo protector, como la citada autoridad lo solicita, porque únicamente dejó sin efectos el auto de diez de junio de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio laboral **, pero no declaró la insubsistencia de las consecuencias jurídicas de ese proveído, en particular, omitió dejar sin efectos la diligencia de veinticinco de junio de la citada anualidad, que obra en el cuaderno de exhorto 76/2019 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, pues no debe perderse de vista que la concesión del amparo se hizo extensiva a la ejecución del citado acuerdo; por tanto, la responsable debía acreditar la insubsistencia de la citada diligencia, sin que lo haya realizado. En otro punto, es necesario recordar que la protección constitucional se otorgó al disidente ***por sí y en su carácter de Notario Público diecinueve en el Estado de Oaxaca, para que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, realizara lo siguiente: "[.] 56.1. Deje insubsistente el acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 83/2016, en el que dispuso girar un exhorto al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta entidad federativa, para que en auxilio de sus labores ordenara el desahogo de la inspección ocular admitida en ese contradictorio al actor Ulrich Kaufhold, el cual debía practicarse en el protocolo del citado fedatario, ya que señaló que en él actúa como asociado el diverso Notario Público noventa y cuatro en el Estado de Oaxaca y apercibió al inconforme que en el caso de negarse a poner a la vista su protocolo en el momento de la diligencia impondría en su contra un arresto por treinta y seis horas; y, 92.2. Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva determinación que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero deberá colmar los requisitos formales de fundamentación y de motivación señalados. [.]". Cabe precisar que la concesión del amparo se hizo extensiva al acto ejecutivo impugnado al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, dado que esa actuación se sustentó en el proveído que se declaró inconstitucional en dicho fallo, por lo que el vicio de legalidad detectado trascendió a aquella actuación ejecutiva. También debe señalarse que en las consideraciones establecidas en el octavo considerando de la citada ejecutoria se indicó lo siguiente: "[.] 49. Del proveído combatido se advierte que la responsable al disponer que se girara un exhorto al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, para que en auxilio de sus labores ordenara el desahogo de la inspección ocular admitida al actor Ulrich Kaufhold en el juicio de origen, si bien señaló que esa inspección se desahogaría en el protocolo de Notario Público diecinueve en el Estado de Oaxaca, ya que dijo que en él actúa como asociado el diverso Notario Público noventa y cuatro en esta entidad federativa, lo cierto es que no comunicó al disidente porqué ordenó esa inspección, pues ni siquiera hizo referencia al hecho de que el accionante Ulrich Kaufhold objetó la autenticidad del primer testimonio del instrumento treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres, volumen setecientos cuarenta y uno, pasado ante la fe del Notario Público noventa y cuatro en el Estado de Oaxaca, quien dijo que actúa como asociado y utiliza el protocolo del fedatario público diecinueve en esta entidad federativa y tampoco comunicó al justiciable que el demandante para demostrar la objeción que formuló ofreció una inspección ocular en su protocolo. 50. También se colige que la responsable no motivó porque ordenó la inspección en el protocolo del quejoso por el período comprendido del uno al treinta de abril de dos mil dieciséis, ni indicó qué relación tienen los instrumentos que obran en su protocolo durante ese lapso con la litis planteada en ese contradictorio y tampoco comunicó al disidente qué instrumentos y volúmenes debían ser inspeccionados; además, no adoptó las medidas necesarias para que la información ajena a la litis que se derivara de la inspección no se asentara y tampoco instruyó al diligenciario que tuviera presente los datos confidenciales que obraran en los instrumentos que revisara. 51. No escapa que el oferente de la inspección señaló que ésta abarcaría el período comprendido del uno al treinta de abril de dos mil dieciséis; empero, los puntos sobre los que versa esa prueba aluden a una sola data, a saber, el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, así como al primer testimonio del instrumento treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres, volumen setecientos cuarenta y uno, pasado ante la fe del Notario Público noventa y cuatro en el Estado de Oaxaca, quien al parecer actúa como asociado y utiliza el protocolo del fedatario público diecinueve en esta entidad federativa; de ahí que era necesario que la responsable abordara en su determinación de manera fundada y motivada los aspectos destacados, a fin de que el justiciable pudiera conocerlos, sin que esa situación haya acontecido. 52. En ese contexto, se advierte que el apercibimiento de arresto realizado al inconforme en el caso de que se negara a poner a la vista del actuario su protocolo en el momento de la diligencia vulneró en su perjuicio el derecho fundamental de legalidad establecido por el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna. 53. Se sostiene lo anterior, porque el peticionario del amparo no tuvo la posibilidad de conocer todos los fundamentos y las razones que tuvo en consideración la Junta responsable al dictar su determinación para que estuviera en aptitud de rebatirlos, lo cual implicó que quedara en incertidumbre jurídica al no conocer la fundamentación y la motivación real de esa actuación. 54. Tales circunstancias provocaron que el titular de la acción constitucional quedara en estado de indefensión, porque al no conocer todos los fundamentos de derecho y los motivos de hecho que la autoridad responsable tomó en cuenta para emitir su determinación, el afectado no tenía una real y auténtica defensa para controvertir el fondo de la decisión; en ese contexto, el Tribunal del Trabajo responsable transgredió en perjuicio del disidente el derecho fundamental de legalidad establecido por el ordinal 16, primer párrafo, del Pacto Federal, en su aspecto formal. [.]" Ahora, si bien en el fallo protector se estableció que la Junta responsable con plenitud de jurisdicción debía dictar una nueva determinación que podría ser en el mismo sentido al que adoptó en el acuerdo reclamado o en uno diverso, lo cierto es que se precisó que esa nueva resolución debía colmar los requisitos formales de fundamentación y de motivación señalados en la ejecutoria de amparo, por lo que el Tribunal del trabajo tiene la obligación de tomar en cuenta los aspectos señalados en los párrafos 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la sentencia transcrita al emitir el nuevo proveído; por tanto, debía hacer un pronunciamiento en el aludido proveído sobre los aspectos que se indicaron en los párrafos transcritos, sin que lo haya realizado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el normativo 192 de la Ley de Amparo requiérase nuevamente a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, para que en el plazo de tres días siguiente al en el que quede notificada de este acuerdo, acredite el cumplimiento dado al fallo protector en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copias certificadas ordenadas, legibles y completas de las constancias que acrediten su acato a la ejecutoria de amparo. Se apercibe al referido órgano de administración de justicia que si no actúa como se indica en la ejecutoria de amparo, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurra en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo de los servidores públicos respectivos y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígasele que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Se precisa que de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito del testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de febrero pasado, dictada en el toca del recurso de revisión 66/2020, así como de los autos originales del juicio constitucional 610/2019 del índice de este órgano jurisdiccional y de dos tomos de pruebas. Por otra parte, glósense al expediente del juicio de amparo devuelto las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de aquél. Ahora bien, del contenido de la citada ejecutoria se advierte que la Superioridad desechó por improcedente el recurso de revisión que el tercero interesado Ulrich Kaufhold interpuso en contra de la sentencia de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en este juicio de amparo, en donde por un lado se sobreseyó respecto de unos actos reclamados y, por otro, se otorgó la protección constitucional al quejoso Rodolfo Morales Moreno o Rodolfo Enrique Morales Moreno, por sí y en su carácter de Notario Público diecinueve en el Estado de Oaxaca, en contra de los actos impugnados a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, y al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca; en tal sentido, se toma conocimiento de la resolución pronunciada por el Tribunal de alzada para las consecuencias jurídicas a que haya lugar. En otro punto, es necesario establecer que dado el sentido de la resolución de veinticuatro de febrero del año en curso, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito pronunció en el toca del recurso de revisión 66/2020, la sentencia de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en este juicio constitucional ha causado ejecutoria conforme a lo prescrito por los arábigos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora, es necesario precisar que la protección constitucional se otorgó al disidente Rodolfo Morales Moreno o Rodolfo Enrique Morales Moreno, por sí y en su carácter de Notario Público diecinueve en el Estado de Oaxaca, para que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, realice lo siguiente: "[.] 56.1. Deje insubsistente el acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 83/2016, en el que dispuso girar un exhorto al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta entidad federativa, para que en auxilio de sus labores ordenara el desahogo de la inspección ocular admitida en ese contradictorio al actor Ulrich Kaufhold, el cual debía practicarse en el protocolo del citado fedatario, ya que señaló que en él actúa como asociado el diverso Notario Público noventa y cuatro en el Estado de Oaxaca y apercibió al inconforme que en el caso de negarse a poner a la vista su protocolo en el momento de la diligencia impondría en su contra un arresto por treinta y seis horas; y, 92.2. Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva determinación que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero deberá colmar los requisitos formales de fundamentación y de motivación señalados. [.]". Por tanto, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días siguiente al en el que quede notificada, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copia certificada ordenada, legible y completa de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe al referido órgano jurisdiccional que si no actúa como se indica en la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurra en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo de los servidores públicos respectivos y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígasele que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Se precisa que de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento del fallo protector. Finalmente, remítase a las autoridades responsables copia certificada de la ejecutoria descrita para que tengan conocimiento de ella. Notifíquese; por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito y a las autoridades responsables.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

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