Rodolfo Lugo Martínez
Expediente 1305/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1305/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Rodolfo Lugo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se haya hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella a toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Entrega de oficio. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Elena Marcela Ulloa Mendoza, apoderada jurídica de Rodolfo Lugo Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se transcriben: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. - Como autoridad responsable se señala al C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL No. 42 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, y la H. JUNTA ESPECIAL No. 42 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN y; ARBITRAJE, con domicilio . IV.- ACTOS RECLAMADOS. - De las autoridades responsables se reclama: A).- LA OMISIÓN DE ACORDAR LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA, respecto a la solicitud de que se requiriera al INSTITUTO DEL FONDO NACIONALDE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES para que libere a favor del quejoso RODOLFO LUGO MARTINEZ el crédito hipotecario y los gravámenes del bien inmueble de su propiedad, así mismo que se gire oficio al Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo., para que cancele la hipoteca que recae sobre dicho bien inmueble, SOLICITUD REALIZADA POR EL QUEJOSO MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2019, DENTRO DEL EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL NÚMERO 1085/2014. B). - LA OMISION DE APLICAR EL CONTENIDO DEL ARTICULO 940 Y 958 DE LA I LEY FEDERAL DEL TRABAJO DENTRO DEL EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL NÚMERO 1085/2014." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Previa aclaración, por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda a trámite registrada con el número 1305/2022-VI, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente; y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido el trámite, se celebró la audiencia constitucional conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa y de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de acordar su promoción presentada ante la responsable quince de abril de dos mil diecinueve, así como la omisión de aplicar los artículos 940 y 958 de la Ley Federal de Trabajo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada con independencia que la autoridad responsable lo negara, pues al momento de la presentación de la demanda existía la misma. Aunado a lo anterior, debe indicarse que dicho acto quedó acreditado con las pruebas documentales que remitió como apoyo de su informe justificado; documentales que poseen valor probatorio pleno conforme lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Amparo, por disposición del numeral 2 de ésta, al haberse expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Cesación de efectos. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que la autoridad responsable el nueve de septiembre de dos mil veintidós, acordó la promoción de doce de abril de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 958 de la Ley Federal de Trabajo, requirió a la demandada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la liberación de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor del Instituto, debiendo cancelar la hipoteca y liberación del adeudo respecto del crédito de vivienda a nombre del aquí quejoso; asimismo giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad con residencia en Lerdo, Durango, para que cancelara la hipoteca sobre el inmueble del promovente, al grado de haber obtenido una concesión de la protección de la justicia federal. El citado dispositivo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, al estar íntimamente ligada con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe satisfacer dos elementos, a saber: a) que el acto reclamado sea destruido en todas sus consecuencias de hecho y de derecho, al grado que compararse con una declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, derivado de una concesión de amparo, y, b) restituir a la parte quejosa, en su derecho fundamental vulnerado, al grado de dejar las cosas como si no se hubiera emitido el acto de molestia, ubicándola antes que aquello ocurriera; por lo cual, para actualizar dicha causal, el juzgador debe atender al análisis de la cuestión efectivamente planteada por la parte quejosa, en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, posteriores a presentación de la demanda. Actuación de la responsable para generar la cesación de efectos. La autoridad responsable el nueve de septiembre de dos mil veintidós, acordó la promoción de doce de abril de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 958 de la Ley Federal de Trabajo, requirió a la demandada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la liberación de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor del Instituto, debiendo cancelar la hipoteca y liberación del adeudo respecto del crédito de vivienda a nombre del aquí quejoso; asimismo giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad con residencia en Lerdo, Durango, para que cancelara la hipoteca sobre el inmueble del promovente. Valoración probatoria. Documentales anteriores que tienen valor probatorio por haber sido emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 197, 199 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, además que no fueron objetadas ni existe prueba en contrario. Motivos específicos de la cesación de efectos. Atendiendo lo anterior, al realizar un análisis comparativo entre la omisión reclamada por la parte quejosa y las actuaciones efectuadas por las responsables, se desprende: 1. Que la autoridad responsable el nueve de septiembre de dos mil veintidós, acordó la promoción de doce de abril de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 958 de la Ley Federal de Trabajo, requirió a la demandada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la liberación de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor del Instituto, debiendo cancelar la hipoteca y liberación del adeudo respecto del crédito de vivienda a nombre del aquí quejoso; asimismo giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad con residencia en Lerdo, Durango, para que cancelara la hipoteca sobre el inmueble del promovente. Satisfaciendo con ello el artículo 77 de la Ley de Amparo. Conclusión. En ese contexto, se estiman satisfechos las exigencias contenidas en el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues desaparecieron los efectos del acto reclamado, en virtud que la responsable después de la presentación de la demanda, la autoridad responsable el nueve de septiembre de dos mil veintidós, acordó la promoción de doce de abril de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 958 de la Ley Federal de Trabajo, requirió a la demandada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la liberación de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor del Instituto, debiendo cancelar la hipoteca y liberación del adeudo respecto del crédito de vivienda a nombre del aquí quejoso; asimismo giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad con residencia en Lerdo, Durango, para que cancelara la hipoteca sobre el inmueble del promovente, al grado de compararse como si se le hubiese concedido a la parte quejosa la protección constitucional, de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Sin que pase desapercibido que no medio el término a que alude el numeral 117 de la Ley de Amparo, pues es irrevocable una sentencia que cometió una violación procesal, cuando no cambiaría el sentido del fallo. Esto, en atención a los principios de economía procesal, acceso a la justicia pronta y expedita y a la celeridad de los procedimientos judiciales, contemplado en el artículo 17 constitucional. Tiene sustento la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 152/2015, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, página 1293, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento. Asimismo, por su temática, se comparte el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 2286, que ilustra lo siguiente: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO SE ADVIERTA QUE SE VIOLENTARON LAS REGLAS ESENCIALES DE ÉSTE, PREVIA DESESTIMACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CON BASE EN LA CUAL EL JUZGADOR SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Si al resolver el recurso de revisión se advierte que no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, debe levantarse el sobreseimiento indebidamente decretado, y aunque ordinariamente ese pronunciamiento traería consigo que operen las reglas del artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, no es posible actuar en ese sentido, si se observa la existencia de una violación a las normas esenciales del procedimiento de amparo, por lo que en dicho supuesto, una vez desestimada la causal de improcedencia con base en la cual, el juzgador sobreseyó en el juicio, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar su reposición, a efecto de que el juzgador subsane las irregularidades advertidas y siempre que trasciendan al resultado del fallo. En tales consideraciones, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Escrito. Téngase por recibido el escrito signado por Elena Marcela Ulloa Mendoza, apoderada jurídica de Rodolfo Lugo Martínez, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de agosto del presente año. Aclaración. En virtud de lo anterior, se tiene a la parte quejosa por aclarando su escrito de demanda. Radicación. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Elena Marcela Ulloa Mendoza, apoderada jurídica de Rodolfo Lugo Martínez, contra actos de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Incidente de suspensión. No lo solicitó la parte quejosa en su escrito de demanda. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable el informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Multa. Con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Con la prevención de que en caso de ser omisa al respecto y de no informar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se procederá en su contra conforme a lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. En términos del dispositivo 115 de la ley en aplicación, se señalan las once horas con diez minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia, la cual podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Terceros interesados. Se reserva acordar una vez se integre la Litis. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo la prueba documental que anexa a la demanda de amparo; la cual se admite, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Vía para la rendición de promociones. Atento a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, 21/2020 y 1/2022, 16/2022, 17/2022, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Del mismo modo, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea". Notificaciones a autoridad. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Entrega de oficio. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Elena Marcela Ulloa Mendoza, quien se ostenta como apoderada jurídica de Rodolfo Lugo Martínez, contra actos de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1305/2022-VI. Prevención. Para estar en condiciones de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que, dentro del término de cinco días -como lo establece el párrafo segundo del numeral 114, de la Ley de la Materia-, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda de amparo, para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: Acredite el carácter con el que comparece a instar la acción constitucional, quien se ostenta como apoderada jurídica de Rodolfo Lugo Martínez, dado que los documentos que anexan a la demanda de amparo, no se advierte la personalidad que dice tener. Es aplicable la jurisprudencia P./J.43/2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IV, julio de 1996, Registro: 200084, que dice lo siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Asimismo, deberá exhibir las copias necesarias del documento con el que acredite esa personalidad para correr traslado a cada una de las partes. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J.124/2016, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 36, Tomo II, Noviembre de 2016, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES." iii) Finalmente, deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que ello es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y nueve, tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, vigente virtud que no se opone a la presente Ley de Amparo, de conformidad con el artículo sexto transitorio de le ley de la materia, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento. De incumplir con las prevenciones que en este acuerdo se le formulan, dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los que menciona para tal efecto en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Del mismo modo, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea". Vía para la rendición de promociones. Atento a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, 21/2020 y 1/2022, 16/2022, 17/2022, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Notifíquese personalmente.
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