Rodolfo Isaac Reza Facio

Expediente 421/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
421/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Isaac Reza Facio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Valoración documental. Este expediente es conservable; por tanto, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, deberá ser transferido al depósito documental dependiente del área coordinadora de archivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del precitado acuerdo general. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No existe. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las doce horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jesús Omar López Coronado, secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por el cual ofreció la prueba instrumental de actuaciones y la prueba presuncional en su doble aspecto; asimismo, se hace constar que la diversa autoridad Comisión de Hacienda de la Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, omitió rendir su informe justificado, pese a estar notificada para ello. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Rodolfo Isacc Reza Facio, solicitó el amparo protección de la justicia federal en contra las autoridades Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otras, de las cuales reclamó los actos que al efecto precisó. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 421/2023-V, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto fracción VIII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una legislación estatal, con motivo de un acto de aplicación, en el que se aduce tuvo lugar dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 324, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que ésta exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: Del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. i. La aprobación, expedición, promulgación y orden de expedición de los artículos 54, fracción II, 58, 59, 60 fracciones I y II, 63, 64, 65, 166, 167, 168 169 y 170 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Del Administración Fiscal del Estado, de la Administración Fiscal General, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila y Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. ii. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de folio 768967214-A y 768967217-A de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa. De la Comisión de Hacienda de la Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo. iii. El oficio de veintidós de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se propone la reforma al sistema de pago por derechos por inscripción en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, consistente en Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En lo que respecta a los actos de aplicación atribuidos a las autoridades responsables Administración Fiscal del Estado, de la Administración Fiscal General, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila y Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, debe destacarse que para los efectos de este juicio de amparo, no existen. Es así, pues los actos de ejecución que se les reclama, no pueden ser imputados a esas autoridades, ya que la parte quejosa acreditó haberse autoaplicado los preceptos legales que reclama. Consecuentemente, el cumplimiento de la norma no puede ser atribuido a esas autoridades. De esta forma, sin prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de esas autoridades responsables. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, pues así se advierte del contenido de sus respectivos informes justificados. La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuyen a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forman parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Máxime, que las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende su existencia; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV, febrero de 1995, página 205, de rubro siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Asimismo, son ciertos los actos reclamados a la diversa autoridad responsable Comisión de Hacienda de la Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, pues al no haber rendido su informe justificado, pese a estar debidamente notificado, se presume la certeza de tales actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen 115-120, sexta parte, Séptima época, página 84, con registro 252213, que indica: "INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. PRESUNCION DEL ACTO RECLAMADO, CONFORME AL ARTICULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. ALCANCES. La presunción de certeza del acto reclamado, que opera porque la autoridad responsable no rinde informe justificado, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, sólo implica tener por demostrada la existencia del acto reclamado, pero carece del efecto de tener por acreditada la ilegalidad del propio acto ni, por otra parte, exime al quejoso de la obligación de aportar las pruebas necesarias para demostrar la ilegalidad del propio acto reclamado, salvo cuando el acto reclamado es inconstitucional en sí mismo." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, así como el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados alegaron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada, al constituir formatos de pago y no comprobantes de liquidación en institución bancaria. Debe desestimarse la actualización de esa causal de improcedencia. En efecto, contrariamente a lo aducido por las autoridades responsables, la parte quejosa sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, ofreció como pruebas los recibos electrónicos con números de referencia 768967214-A y 768967217-A de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, expedidos por la Administración General de Recaudación, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia de los mencionados recibos digitales, como si se trataran de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por tanto, los recibos de pago en cuestión tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, y gozan de valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, mayo de 2000, página 112, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS". Por otro lado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no demostró el acto de aplicación de los artículos 58, 59, 60, fracción I, 63, 64, 65, 166, 167, 168, 169 y 170 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023, ya que dichos preceptos se refieren a diversos supuestos cuyas contribuciones no aparecen en los recibos de pago. Es así, pues de los recibos electrónicos con números de folio 768967214-A y 768967217-A, sólo se advierte que la parte quejosa realizó el pago de derechos por inscripciones de una operación de compraventa, así como el pago de inscripción o modificación de crédito. Por consiguiente, la parte quejosa no acreditó, en el caso concreto, que se hubieren aplicado en su perjuicio las disposiciones normativas antes citadas, y por ende, su interés jurídico; por lo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 4/99, sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, febrero de 1999, página 103, de rubro siguiente: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO". Por otro lado, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el 5, fracción II de la Ley de Amparo, al considerar que la Comisión de Hacienda de la Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila no le resulta autoridad para efectos del juicio de amparo. Efectivamente, si la parte quejosa pretende reclamar el oficio de veintidós de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se propone considerar la reforma relativa al sistema de pago de los derechos de inscripción del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual se lo atribuye a la que señala como autoridad responsable Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, tal cuestión, en modo alguno puede revestir las características de los actos de autoridad. Lo anterior es así, ya que la participación de la referida Comisión en el proceso de discusión de la ley hacendaria reclamada, no crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular, lo que si acontece al momento de que los Órganos Legislativos expiden la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual, incluso, según el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, deben ser llamados los titulares de los Órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. Por ello es evidente que no se está frente a un acto de autoridad, por lo que, se actualiza el supuesto previsto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Luego, al no advertirse otra causal de improcedencia, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Decisión judicial. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda. La parte quejosa sostiene, en esencia, que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil veintitrés, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. Es así, debido a que los derechos por inscripción o registro de documentos e inscripción o modificación de crédito que fueron motivo de los cobros reclamados se establecieron tomando en consideración al tipo de acto u operación que se contiene en el documento a inscribirse y al monto de la operación; y en el caso, para fijar el monto del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado representa la prestación del servicio independientemente del valor de la operación. En ese sentido, la tasa o cuota establecida no va en relación directa con el costo que representa para el Estado la prestación de ese servicio, ya que la cantidad a pagar depende del monto o valor de la operación que se contenga en el documento a inscribir; por lo que, el monto a pagar será distinto, atendiendo al valor de la operación, no obstante que para el Estado representa el mismo costo prestar el servicio de inscripción de los documentos cuando su valor sea de cierta cantidad, exceda de la anterior cantidad, o bien cuando se refiere a la cancelación de inscripciones en el registro o por inscripción de avisos preventivos por cada lote o inmueble, otorgando así un trato inequitativo y desproporcional. Asimismo, la parte quejosa argumenta que los preceptos impugnados al establecer que por los mismos servicios se cobren cantidades distintas, atendiendo tanto al valor de la operación como al contenido o denominación del documento a inscribir, se traduce en un trato desigual y desproporcional para sujetos que reciben el mismo servicio por parte del Estado, ya que contrariamente a ello, a la autoridad le genera el mismo esfuerzo y costo al inscribir un título o documento que contenga la transmisión de un inmueble que el cancelar la inscripción, aún y cuando no se conozca el importe de los derechos pagados para su inscripción. Así, en concepto de la parte quejosa, los artículos combatidos son inconstitucionales, porque otorgan un trato distinto para sujetos que se encuentran en la misma situación, pues no obstante que el hecho generador del derecho es el mismo para todos -la inscripción o cancelación de inscripción-, la ley otorga un trato desproporcional e inequitativo, ya que atienden al valor de la operación y a la denominación formal del concepto. En conclusión, la parte quejosa sostiene que si existen diferentes cantidades, cuotas o montos para el pago de los derechos registrales, pero es igual el procedimiento que debe realizar el Registro Público de la Propiedad en todos los casos, es evidente que las cantidades o cuotas no guardan relación con el servicio prestado, pues atienden a un elemento ajeno que es, en el caso particular, el monto o valor de la operación a inscribir, así como la denominación formal del concepto, inscripción o cancelación. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar que por razón de método, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se analizaran de manera conjunta, dada la simetría de su contenido, y en un orden distinto al que fueron planteados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". De inicio, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". De la anterior trascripción, se colige que en materia tributaria las leyes y los actos realizados con apoyo en éstas, deben atender entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad, además de que toda contribución, debe cumplir con los requisitos de legalidad, que significa que debe estar prevista en la ley, ser equitativa y proporcional y destinarse a sufragar los gastos públicos; tratándose de derechos fiscales, éstos principios de proporcionalidad y equidad están regidos por un sistema distinto al de los impuestos, dada la naturaleza de este tipo de contribuciones. La contribución en análisis es un derecho, definido en el artículo 3º del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Entonces, los derechos por servicios, son una especie del género de las contribuciones, que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo. Así, la causa generadora de los derechos es la prestación de un servicio, característica que los distingue de las demás contribuciones, y para que cumplan con los principios de equidad y proporcionalidad establecidos el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el estado tenga la ejecución del servicio. Pues bien, los artículos 54 y 60 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2023, establecen lo siguiente: "(ANTERIORMENTE ARTÍCULO 79, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $308.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) (REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. 2). Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades civiles y asociaciones de carácter civil, así como cualquier modificación a la escritura constitutiva. 3). Los contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria para su perfeccionamiento. 4). La inscripción de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; la de los títulos por virtud de los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, distintos del dominio; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas. 5). (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 6). Las inscripciones que deriven de la inscripción de actos jurídicos por los que se deban pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción II, de la Sección de Comercio. 7). La inscripción de títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital y sólo sean consecuencia legal de contratos que se otorguen por las mismas partes que figuran en la primera escritura, sin aumentar el capital ni transferir derechos. 8). La inscripción del título o contrato cuando se aumente el capital o se transfiera algún derecho. (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. (ANTERIORMENTE ARTÍCULO 82, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) . ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará $308.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) (REFORMADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017); II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). La inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 2). Tratándose de sociedades mercantiles de capital fijo, por los aumentos de capital que se presente para su inscripción y sus modificaciones; (REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) 3). La inscripción actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. III. (DEROGADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017). IV. (DEROGADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017);" De los preceptos legales transcritos, se observa que establecen una cuota fija de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por la inscripción ante el Registro Público de los documentos que ahí se señalan, tales como la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por medio de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado; así como la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Asimismo, se advierte que esa tarifa incluye los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Ahora bien, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, los citados artículos en modo alguno establecen distintas tarifas ni hacen distinción entre los actos jurídicos que son materia de inscripción, pues como se puede advertir de su contenido, éstos establecen la misma tarifa tanto para inscripción de documentos en los que se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado, así como aquéllos en los que conste la celebración de contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Dicho de otro modo, los preceptos legales en análisis no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho -como es el valor de lo que ha de inscribirse-, toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, al fijar el legislador una cantidad para todos los casos en los cuales se solicite la inscripción o cancelación de inscripción se cubrirá la misma cuota establecida independientemente del monto de la operación. Además, tampoco existe un mecanismo que tome en consideración el monto de la operación del acto jurídico o documento a inscribir, para cuantificar el derecho por la inscripción, esto es, no se prevé algún elemento extraño para la fijación del costo, sino que, según esa norma, es igual para todos los que reciben el mismo servicio. Por tanto, si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnados no adolecen del vicio de inconstitucionalidad aducido, y por ende, no trasgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, no asiste razón a la parte quejosa cuando refiere que los impugnados, se cobran por otros servicios, en cantidades inferiores a las normas reclamadas, y que por ello existe una distinción en el cobro por los servicios prestados por el Registro Público. En efecto, en los dispositivos legales señalados por la parte quejosa, se advierte que prevén, respectivamente, que el examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse ésta por no ser procedente, o cuando se devuelvan sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial o se deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará la cantidad de $308.00 (trescientos ocho pesos 00/100). No obstante ello, si bien los artículos 54 y 60, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, prevén una diversa cuota inferior a los preceptos reclamados; lo cierto es, que aquellas porciones normativas prevén servicios distintos a la inscripción o registro de documentos que refieren los artículos tildados de inconstitucionales, pues disponen el pago de $308.00 (trescientos ocho pesos 00/100), cuando se rehúse la inscripción de documentos públicos o privados que se presenten con esa finalidad; pero no así la inscripción de documentos previstos en las diversas porciones normativas que reclama la parte quejosa. Por lo que, los servicios que se contemplan en esos numerales no guardan similitud con los servicios previstos en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado; así como la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Además, el solo hecho que existan cuotas distintas para inscribir un documento ante el Registro Público de la Propiedad, no implica que ello torne inconstitucional la legislación combatida, en la medida que, como puede apreciarse, son distintos los procedimientos a efectuar dependiendo del documento a inscribir. De modo que, si en el caso, los preceptos legales combatidos establecen una tarifa mayor a las diversas señaladas en dispositivos distintos, ello obedece al proceso que implica su inscripción; sin embargo, el procedimiento no se agota en un solo acto genérico de inscribir, ni se trata de idéntico servicio, pues la actividad registral requiere una estructura administrativa, operativa y funcional para alcanzar su fin, que también depende de la naturaleza y no del monto del documento a inscribir. Aunado a que, las tarifas que se establecen en la legislación combatida, no tienen por qué ser iguales para todos los documentos que se pretendan inscribir, en la medida que, dependiendo de su contenido, ameritan un análisis diferente, pero ello no hace patente la inconstitucionalidad de la norma reclamada, y dicha confronta es insuficiente, por sí sola, para considerarla inconstitucional, en la medida que las legislaturas locales cuentan con la libre configuración en materia tributaria, sin mayor exigencia que las disposiciones que emitan se encuentren apegadas a la Constitución. Del mismo modo, tampoco asiste razón a la parte quejosa, cuando refiere que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y desmedido, en cuanto a que la actualización de la tarifa no aconteció de acuerdo al índice inflacionario, lo que originó que ésta sea excesiva. Al respecto, la parte quejosa omitió aportar medios de prueba a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos previsto en los artículos 54, fracción II, incisos 1) y 60, fracción II, inciso 3) vigentes en el año dos mil veintitrés, es superior al costo que tiene en el mercado, pues únicamente exhibió como probanzas las documentales consistentes en recibos con números de folio 768967214-A y 768967217-A de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, expedidos por la Administración General de Recaudación, las cuales, si bien tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no son idóneas para configurar un parámetro que permita determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 343/2013, sustentó el criterio que cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde a la parte quejosa aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Explicó que ello era así, porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Ello no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la parte quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen; circunstancias que no acontecieron en el caso particular, dado que la parte quejosa omitió presentar prueba alguna que acredite tal alegato. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. CX/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 2, enero de 2014, tomo II, página 1589, que señala lo siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, por lo que hace a los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. Reserva notificación. Finalmente, en atención a que es del conocimiento oficial que las autoridades responsables se encuentran gozando de su periodo vacacional, una vez que reanuden labores, sin necesidad de nuevo acuerdo, hágase la notificación de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Rodolfo Isacc Reza Facio por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodolfo Isacc Reza Facio, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Comisión de Hacienda de la Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, Coahuila; ni el acuse de recibo del oficio por el que se le solicita. Diferimiento. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, así como el presente, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de mayo de dos mil veintitrés. Escrito. Por recibido el escrito signado por el defensor particular del quejoso, y en atención a su contenido, se le tiene por haciendo diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en este juicio. Acuerdo. Ahora bien, atendiendo al contenido de las constancias de autos, así como a las manifestaciones de la parte quejosa en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria, estúdiense, en su caso, al momento de resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Notifíquese.

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