Rodolfo Laddga López
Expediente 529/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/10/2016
Partes del expediente
- Rodolfo Laddga López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Oficial Mayor de la Sala Familiar de Toluca, por medio del cual solicita la devolución de los anexos uno, dos y tres, remitidos en complemento a su informe justificado. En ese tenor como lo solicita el promovente mediante oficio que derive del presente auto, remítanse dichos anexos, solicitando el acuse de recibo de estilo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por Oficial Mayor de la Sala Familiar de Toluca, Estado de México, a través del cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron mediante oficios 22163/2016; circunstancia de la cual queda enterado este órgano de control constitucional, para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que la sentencia, en la que, se negó el amparo a Rodolfo Laddga López, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, realícese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora, de conformidad con la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social ni económica; por lo que en su oportunidad es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se negó la protección constitucional. Asimismo, que no existe en autos documentos originales que devolver a la parte quejosa. Finalmente, devuélvase a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala , las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales obran en un anexo por separado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacer lo solicitado, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, 238, 259, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 529/2016, promovido por Rodolfo Laddga López, contra los actos de los Magistrados que integran la Primera Sala Familiar Región Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 2 a 26), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado el veinte del mes y año referidos a este Juzgado Quinto de Distrito, Rodolfo Laddga López, por propio derecho, solicitó amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA PRIMERA SALA FAMILIAR REGIONAL TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. EJECUTORAS C. JUEZ SÉPTIMO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO." "IV. ACTOS RECLAMADOS: (.) la sentencia de fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis y notificada en fecha veintinueve de marzo del mismo dentro, del toca número 659/2016 dictada por lo C.C. Magistrados que integran La Primera Sala Familiar Regional Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México." (Sic) Actos que estimaron violatorios del derecho fundamental previsto en los artículos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil dieciséis (fojas 27 a 30), se admitió a trámite la demanda, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional el trece de junio de dos mil dieciséis; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que tiene su residencia dentro del territorio en el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, el titular de este órgano jurisdiccional procede a la precisión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo vigente, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Así las cosas de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo que reclama la parte quejosa es: La resolución de veintiocho de marzo del año en curso, dictada en el toca de apelación 659/2015, en la que confirma la interlocutoria de doce de junio de dos mil quince, emitida en el expediente 29/2013, relativa al incidente de incremento de pensión alimenticia provisional, en la que se impone un incremento a dicha pensión. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Primera Sala Familiar Regional de Toluca (foja 35) y del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca (fojas 44 a 46), ambos del Estado de México, como lo expresaron al rendir sus respectivos informes justificados. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en toca de apelación 659/2015; cuaderno incidental de incremento de pensión alimenticia, derivado del expediente 29/2013, copias certificadas del expediente 29/2013, tres sobres amarillos, el primero contiene dos engargolados de color negro y dos discos sin rotular, el segundo un legajo con diversos documentos debidamente costurados y el tercero, un legajo de documentos varios, que adjuntó a su oficio 5481 (foja 59), a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, pues provienen de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 136 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153 del Apéndice Al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, del Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la tesis de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. " Ahora, las partes no invocaron causa de improcedencia del juicio, y este Juzgador no advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la litis constitucional planteada, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el diverso numeral 62 no lo establece así, bastando que el suscrito estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes para tener por satisfecho el precepto en comento. La anterior determinación, encuentra sustento en la jurisprudencia cuyo rubro establece: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." QUINTO. Naturaleza y estudio de las garantías cuya transgresión aduce la parte quejosa. Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son inoperantes. De inicio, cabe destacar que no obstante que el acto reclamado derive de un juicio de alimentos, en el caso no opera favor del quejoso la suplencia de la queja, dado que a su favor no se ven afectados derechos de menores; sin que sea óbice, como se verá, que el aquí quejoso aduzca que con la determinación reclamada se afecten derechos de un acreedor alimentario, pues ni en el presente juicio de garantías no en el de origen, dicho acreedor es parte formal, por lo que sus conceptos de violación serán atendidos en apego al principio de estricto derecho. Luego, debe tenerse en cuenta que en la sentencia combatida la Sala responsable determinó calificar de infundados e inoperantes los agravios formulados por el aquí solicitante del amparo. Apoyando su determinación, esencialmente en las consideraciones siguientes: Los hechos alegados por el recurrente se sustentan en que el demandado, no cuenta con un trabajo, que sus gastos los cubre de sus ahorros, que los informes bancarios con los que acreditó de manera indiciaria su capacidad económica son de años anteriores al dos mil doce, y que tiene un acreedor alimentario diverso "no constituyen hechos notorios, cuenta habida que no son acontecimientos de dominio público". Sin que sea óbice que el demandado haya hecho valer dichas circunstancias en la contestación de demanda, así como en el desahogo de la prueba confesional, pues éstas no deben ser tomadas en consideración a su favor, en virtud de que la confesión solo le produce efecto en lo que le perjudica a quien la hace. Las precisiones efectuadas en el dictamen pericial en materia del trabajo social emitido por la experta Evelyn López Sánchez, no pueden ser tomadas en consideración a favor del recurrente, pues éstas se sustentan en las manifestaciones que el ahora quejoso aportó a la experto de referencia, por lo cual no se pueden asumir a su favor dichos aspectos. Aunado a ello, con fundamento en el artículo 4.139 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece que el reparto de la obligación alimentaria se hará en proporción a los haberes de los deudores, de tal manera que si el demandado en el juicio natural, confesó tener un caudal (ahorros), además de diversas acciones precisadas en la sentencia de origen. Debiendo afirmarse que, respecto del último argumento, la Sala de origen, destacó el contenido de la sentencia recurrida, la que consideró, se sustentó en las siguientes consideraciones: Que obra en autos el informe que rindió la Administración General de Servicios al Contribuyente del Norte del Distrito Federal, del cual se derivó la existencia de un caudal patrimonial durante el año dos mil doce. Asimismo, que del diverso informe rendido por la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, se encontró que el recurrente es accionista de la Sociedad Mercantil Moderm media Technologies S.A. de C.V. Que si bien es cierto existieron manifestaciones unilaterales atinentes a que, el recurrente, ya no era accionista de diversas personas morales, también lo es que dichas afirmaciones no fueron demostradas en el procedimiento de origen; de lo anterior se derivó que el demandado en el juicio natural mantiene un estatus de empresario. Ahora, la Ad quem consideró que dichas aserciones no fueron combatidas por el recurrente y por ello estimó inoperantes los conceptos de agravio. Que fue correcto que el Juez del conocimiento tomara en consideración diversos estados de cuenta pues, éstos son representativos de la capacidad económica del recurrente. Que no es óbice que el ahora quejoso, aduzca tener diverso acreedor alimentario (Paulo Mikael Laddaga Ristal), pues dicha circunstancia no le exime de cumplir con su obligación alimentaria con el menor José Santiago Arzate Macedo. Que el juez de origen tomó en consideración para resolver el monto de la pensión impuesta el binomio necesidad-posibilidad, además de que no es posible estimar los ingresos del deudor, pues estos son incomprobables. Luego, para confirmar la sentencia alzada lo hizo bajo las consideraciones torales siguientes: Determinó declarar inoperantes los agravios del apelante, bajo el argumento esencial de que no combatió la totalidad de las consideraciones expresadas por el Juez de origen. Estimó de igual forma infundados los agravios del recurrente, pues contrariamente a lo sostenido por el recurrente, se estimó correcta la determinación del A quo en cuanto a la fijación de la pensión correspondiente, además de que la existencia de un diverso acreedor alimentario no es suficiente para desvirtuar la pensión impuesta. Sentado lo anterior, se procede al estudio de los motivos de queja que expone el peticionario de amparo, los cuales toralmente versan en el sentido de: En el primer concepto de violación, se esgrime que las autoridades de origen no recabaron las pruebas que permitan fijar los ingresos del ahora quejoso de manera objetiva atendiendo al principio de proporcionalidad ; además refiere que ".dicho análisis.deberá ser valorado y tener tal carácter de probatorio, una vez que el Juez de origen haga un examen más escrupuloso de razonabilidad y generar así convicción, para determinar fehacientemente la capacidad y nivel de vida de su persona." El anterior argumento es inoperante. En principio, el planteamiento de mérito, se encuentra dirigido combatir la actuación del Juez de primera instancia lo cual deviene inoperante, pues el procedimiento y la sentencia de origen cesaron en sus efectos puesto que se apeló la de primer grado y se dictó fallo de segundo grado, que es el que constituye el acto reclamado, de ahí que tales planteamientos resultan inoperantes, por no poderse analizar un procedimiento y una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia. Aunado a lo anterior, la obtención del material probatorio al que se refiere el quejoso, no es propio del procedimiento de apelación, sino que en todo caso, se vincula con la actuación de las partes en el juicio de origen. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.6o.C. J/4, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página ciento veintiuno, del Tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia." Por otra parte, como se ha visto el Tribunal de alzada declaró inoperantes diversos agravios del recurrente, al considerar que no se combatieron las consideraciones realizadas por el A quo y, si bien es cierto, el ahora quejoso manifiesta que la calidad de empresario no quedo fehacientemente acreditada; también lo es que con este concepto de violación no se combaten las consideraciones de inoperancia efectuadas por el Tribunal de Alzada. Es así que, la parte quejosa debió controvertir los argumentos, razonamientos lógicos y jurídicos en los que se calificaron de inoperantes los agravios del recurrente (por no combatir consideraciones efectuadas en el fallo de origen del acto reclamado), y no limitarse a citar los antecedentes del fallo reclamado y a referirse a las consideraciones del Juez natural. Pues con dichos argumentos únicamente se profundiza respecto de consideraciones del Juez de origen y no de la Alzada, lo que de suyo deviene inoperante, en la medida en que el peticionario de amparo vierte sus conceptos de violación para controvertir consideraciones no expresadas en la sentencia que ahora reclama, ya que, como se sintetizó en párrafos anteriores, el Tribunal del conocimiento determinó declarar inoperantes los agravios vertidos por el ahora agraviado; por ello, es inconcuso que tales motivos de disenso ahora expresados devienen inoperantes, puesto que con ellos no se combate los argumentos expresados en la resolución reclamada, por lo que no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia; por tanto, por falta de impugnación debe quedar incólume la sentencia combatida. De ahí que, deba sostenerse que con tales motivos de inconformidad de modo alguno combate las consideraciones asentadas en el acto reclamado, es decir, con relación a la calificación de inoperancia de los agravios esbozados, que constituyen los motivos y fundamentos expuestos por la responsable en la resolución en que se sustenta el acto combatido, lo que imposibilita su estudio. Sustenta lo anterior, la tesis aislada X.1o.10 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que se comparte, publicada en la página trescientos sesenta y cinco, del tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION, SON TAMBIÉN INOPERANTES, SI CONTRA LA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, NO SE RAZONA EL ATAQUE QUE EN ELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. Si de la comparación de los argumentos expresados en los conceptos de violación por parte del quejoso al promover el amparo directo civil, puede constatarse que éste sólo se concreta a realizar simples afirmaciones de que la Sala responsable violó sus garantías constitucionales, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al enviar la Sala responsable los autos al Juez del conocimiento para continuar con el proceso y la ejecución de la sentencia, pero con ello realmente no se pone de manifiesto la ilegalidad de la sentencia, ni constituyen verdaderos argumentos que expresen razonamientos jurídicos concretos que pongan en evidencia ante la potestad federal, que los que sustentan dicha resolución sean contrarios a la ley o a su interpretación, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicaron, o porque se aplicaron sin ser aplicables o bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley o, porque la sentencia combatida no se apoyó en principios generales del derecho cuando no hay ley, porque el amparo en materia civil es de estricto derecho, y en él no puede suplirse la queja deficiente, por lo que los conceptos de violación deben declararse inoperantes.". Por tanto, si bien el análisis de los conceptos de violación implica la comprensión de los planteamientos y la finalidad que se persigue con su exposición, sin tecnicismos ni rigorismos, o sea, sin la exigencia de un silogismo formal, sin embargo en la especie se advierte que el accionante del amparo, con sus conceptos de violación insiste en combatir aspectos relativos al fallo de origen y no de la sentencia reclamada, de tal manera que si el agraviado no realizó argumento alguno encaminado a acreditar que en forma incorrecta se calificaron de inoperantes sus motivos de impugnación y que ello fue violatorio de sus derechos públicos subjetivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XXI.1o. J/19, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página mil ciento treinta y siete, del tomo XIV, Septiembre de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, respecto de lo que alega la parte quejosa de que, la fijación de una pensión alimenticia no es proporcional a sus posibilidades económicas y vulnera derechos de terceros como lo son de su otro acreedor alimentario y, que para tal efecto y de conformidad con el artículo 4.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se debió tomar en consideración su capacidad económica, también resulta inoperante. En efecto, es de igual forma inoperante dicho motivo de queja, en atención a que, como ya se indicó el peticionario profundiza en sus planteamientos en el sentido de que le causa agravios lo resuelto en el sentido de fijarle el pago de una pensión alimentaria; empero, debe destacarse que dicha profundización se vincula con la sentencia de origen (en la que se le impuso el pago de una pensión en los términos apuntados) y no se combaten las consideraciones de la Sala del conocimiento, habida cuenta que el Tribunal responsable enfatizó que, pese a ese hecho (alegado por el quejoso) no controvirtió el valor probatorio otorgado por el juez de origen al material en el cual se sustentó el establecimiento de una pensión; sino que el impetrante se limita a destacar que la sentencia reclamada le ocasionó un agravio en su persona, así como la magnitud de lo que considera un indebido estudio de los preceptos legales mencionados; empero, se reitera, de ninguna manera esas aseveraciones son tendientes a combatir las consideraciones de la sentencia reclamada. En consecuencia, ante lo inoperante de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 1°, fracción I, 17, 18, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodolfo Laddga López, contra los actos de los Magistrados que integran la Primera Sala Familiar Región Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad, por los motivos expuestos en la última parte considerativa. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el día de hoy doce de septiembre de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional, asistido del licenciado Jaime Arzate Romero, secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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