Rodolfo García García

Expediente 623/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
623/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
24/08/2016

Partes del expediente

  • Rodolfo García García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, solicita se le remitan las copias certificadas que adjuntó a su informe justificado, mismas que obran agregadas en el sumario constitucional en que se actúa. Atento a ello, como lo solicita el homólogo Federal mediante oficio remítanse la brevedad posible, las copias certificadas que solicita, previo desglose de las mismas y certificación que obre en su lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se negó el amparo y protección de la justicia en el juicio de amparo promovido por Rodolfo García García; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en Libro de Gobierno. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 623/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese día a este Juzgado Quinto de Distrito, Comisión Federal de Electricidad por conducto de su apoderado Rodolfo García García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE "Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca". ACTO RECLAMADO "Constituye el auto de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis dictado dentro de los autos que integran las diligencias de jurisdicción voluntaria número 29/2016-I, mediante el cual se determinó desechar la solicitud planteada." SEGUNDO. Admisión. Por auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, ordenó su registro con el número 623/2016 y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede (foja 227). CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia del Órgano Jurisdiccional. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclaman actos que tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial que ejerce este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Sobre el particular, cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio reiterado en relación a que el estudio de los actos reclamados por los gobernados que acuden a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, debe hacerse de manera integral y sistemática, es decir, se debe atender a la totalidad de las manifestaciones que se viertan en la demanda de amparo, para que de esa forma se conozcan los actos que verdaderamente se reclamen y las características de éstos, así como la situación jurídica que guarda el quejoso con respecto a dichos actos. Apoya a lo anterior, las jurisprudencias 2ª./J. 55/98 y P./J.40/2000, emitidas por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomos VIII y XI, Agosto de 1998 y Abril de 2000, páginas 227 y 32, respectivamente, cuyos rubros son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, Comisión Federal de Electricidad reclama el auto de ocho de abril de dos mil dieciséis dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria 29/2016-I, planteada por organismo descentralizado ahora quejoso, por el cual el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México desechó dichas diligencias. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, pues al rendir su informe justificado, aceptó su existencia; lo que se corrobora fehacientemente con la copia certificada relativa a las diligencias de jurisdicción voluntaria 29/2016-I; constancias a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuya literalidad es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia, por ser una cuestión de orden público. En el caso a estudio, ninguna de las partes formuló apuntamiento al respecto y este juzgador tampoco advierte que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Procede el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa respecto del acto cuya existencia se acreditó, los cuales no se transcribirán en el presente apartado, dado que no existe en la ley reglamentaria de la materia, precepto alguno que obligue al juzgador a proceder de esa manera. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, con el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. El Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal esgrime que el Juez de Distrito transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación con los diversos preceptos normativos 22, 530, 533 y 534 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, pues el desechamiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre interpelación judicial carece de fundamentación y motivación, debida congruencia y exhaustividad que debe primar en todas las resoluciones; esto lo hace derivar de dos vertientes: 1. La primera porque el juez parte de una premisa incorrecta al considerar que mediante las diligencias se solicitó se requiriera judicialmente a Víctor Manuel Sánchez Salgado por sí y como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Arturo Sánchez Marín diversas prestaciones, cuando en realidad lo que se planteó fueron diligencias de jurisdicción voluntaria sobre interpelación judicial para los efectos siguientes: a) Notificara a Víctor Manuel Sánchez Salgado por sí, y en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Arturo Sánchez Marín y/o causahabientes de la sucesión, que en cumplimiento de las prestaciones a que resultó condenado en el juicio civil federal 22/2007 promovido por Comisión Federal de Electricidad, cuenta con el plazo de cinco días hábiles para reconocer y respetar la servidumbre constituida en favor del actor sobre sus parcelas, conforme a la naturaleza de la misma. b) Lo interpelara de que en caso de faltar al cumplimiento de su obligación, la Comisión Federal de Electricidad quedara legalmente facultada para solicitar la ejecución forzosa de la resolución citada, a su costa en la vía ejecutiva civil. c) Como consecuencia de lo anterior, el interpelado sería responsable de los daños y perjuicios que se pudiera ocasionar en la continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto en el artículo 2104 del Código Civil Federal. Con base en dichas estimaciones sostiene que la sola interpelación no hace las veces de un requerimiento, menos un reclamo de prestaciones, sino que simplemente se limita a solicitar la intervención de la autoridad judicial para que se realice una "notificación" y/o interpelación, en cuanto requisito necesario para la procedencia de la vía ejecutiva civil que con posterioridad pretende promover su representada, como lo señaló en el inciso b). 2. En segundo aspecto, el juez responsable determinó que las diligencias de jurisdicción voluntaria debían desecharse, por no cumplir "uno de los presupuestos procesales para iniciar el juicio, pues la vía que se promueve es incorrecta"; además que vertió distintos razonamientos que la comisión peticionaria condensó de la forma siguiente: -Que en el auto inicial el juez debe pronunciarse respecto de la procedencia de la acción intentada. -Que la vía es un presupuesto procesal porque es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, sin la cual no puede dictarse sentencia de fondo. -Que las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción; así por ejemplo, si se intentara una acción reivindicatoria debía tramitarse en la vía ordinaria civil, ya que la que la ley prevé para ello. -Que la prosecución de juicio en la forma que establece la ley tiene el carácter de presupuesto procesal que debe ser atendido previamente a la decisión de fondo. -Que el estudio de los presupuestos procesales es una cuestión de orden público y debe estudiarse de oficio. -Que los gobernados no tienen la facultad legal de elegir los procedimientos jurisdiccionales, salvo excepciones. Para sustentar sus consideraciones el juez citó los criterios cuyos rubros precisó el impetrante del amparo: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA" "ACCIÓN, ESTUDIO DE OFICIO DE SU IMPROCEDENCIA." "PROCEDENCIA DE LA VÍA, ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA." "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." Entonces, la parte quejosa estima que le dio tratamiento como si fuera una demanda, tanto que hasta señaló que reclamó prestaciones, la cual inicia un procedimiento que seguido en sus cauces legales necesariamente culminara con una resolución; ello, sin considerar que se promovió diligencias de jurisdicción voluntaria sobre la interpelación judicial, regulado en apartado especial "Título Segundo jurisdicción voluntaria" del que se desprende que dicho trámite no tiene por efecto privar de la propiedad o posesión a persona determinada y mucho menos la obtención de una resolución favorable o no a los intereses de la promovente, puesto que la tramitación de la jurisdicción voluntaria se contempla en la ley para el caso de que sea necesaria la intervención de un juez pero no esté promovida cuestión alguna entre las partes que vayan a contender, lo cual -sintetiza- en que sólo se utiliza ese procedimiento para interpelar a ciertas personas para hacer de su conocimiento una serie de especificaciones establecidas en su escrito inicial y, por tanto, la notificación que en vía judicial se materialice para tal fin concluye el trámite de las diligencias. Los motivos de disentimiento señalados son por una parte inoperantes y, por otra, infundados. Para demostrar tal aseveración, resulta pertinente destacar las consideraciones neurales que sustentan el acto reclamado. Consideraciones que rigen el acto reclamado. De inicio, el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México estableció que en general, el auto inicial que provee sobre una demanda debe pronunciarse respecto de la acción intentada; que el acceso a la justicia tiene límites en las condiciones y plazos que el legislador ordinario establece para el cumplimiento de la garantía de seguridad jurídica, ambas garantías establecidas en el artículo 17 de la Ley Fundamental. Enseguida precisó que dentro de esas condiciones está la vía, que es la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites y que constituye un presupuesto procesal, desarrolló un análisis sobre este último tópico. Luego, explicó cómo es que no se puede seguir un procedimiento jurisdiccional -salvo excepciones- a elección de los gobernados; más bien, en las leyes procesales se determina cuál es la vía para buscar la solución a un caso; citó los criterios de rubros siguientes: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA" y "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA". Posteriormente, precisó lo que se entendía por jurisdicción voluntaria, y resaltó que la característica común de esos procedimientos es la ausencia de litigio entre la partes; por lo que, si surge oposición de alguna parte -legítima- el procedimiento de jurisdicción voluntaria se dará por terminado y deberá iniciarse el juicio respectivo, asimismo citó el artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo que concluyó que la vía intentada era incorrecta, para tal efecto transcribió lo que consideró que eran las prestaciones reclamadas y finalizó que no se cumplían con los presupuestos procesales, o sea que se estuviera en presencia de un acto en el que se requiriera la intervención de ese juzgador sin que estuviera promovida cuestión alguna entre las partes determinadas, ya que existía una condena emitida por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales del Segundo Circuito, confirmada por el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito. En este punto, es necesario clarificar la naturaleza de las diligencias de jurisdicción voluntaria reguladas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Naturaleza y concepto de diligencias de jurisdicción voluntaria En principio, las diligencias de jurisdicción voluntaria se encuentran reguladas en los artículos 530 a 537 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuya literalidad es: "Artículo 530.- La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas". "Artículo 531.- Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, será citada conforme a derecho, advirtiéndole, en la citación, que quedan, por tres días, las actuaciones en la secretaría, para que se imponga de ellas, y se le señalará día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo, para la celebración de ella, la falta de asistencia de éste". "Artículo 532.- Se oirá precisamente al Ministerio Público Federal: I.- Cuando la solicitud promovida afecte los intereses de la Federación; II.- Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados; III.- Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente; y IV.- Cuando lo dispusieren las leyes". "Artículo 533.- Si, a la solicitud promovida, se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando su derecho al opositor". "Artículo 534.- El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidos respecto de la jurisdicción contenciosa. No se comprenden, en esa disposición, los autos que tengan fuerza de definitivos, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que determinaron la resolución". "Artículo 535.- Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no admiten recurso alguno". "Artículo 536.- Nunca se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria de que pueda resultar perjuicio a la Federación. Las que se practicaren en contravención de este precepto serán nulas de pleno derecho, y no producirán efecto legal alguno". "Artículo 537.- No procede la acumulación de un expediente de jurisdicción voluntaria y otro de jurisdicción contenciosa". De conformidad con los preceptos legales trascritos, se advierte que las diligencias de jurisdicción voluntaria constituyen procedimientos judiciales en los cuales no existe controversia alguna entre las partes, pero dada las cuestiones que en ellos se ventilan, es necesaria la intervención de una autoridad jurisdiccional a efecto de dotar de eficacia jurídica a los actos llevados a cabo dentro de dichos procedimientos. En ese sentido, es dable sostener que la jurisdicción voluntaria es, por naturaleza, un instrumento legal para tramitar diversas solicitudes sin existir controversia entre partes, es decir, no hay conflicto por dirimir, carece de contienda; de ahí la diferenciación en cuanto al fin y a la sustancia del proceso. Así, a través de la jurisdicción voluntaria el juzgador se concreta a constatar, integrar, certificar o sancionar hechos descritos por el promovente en la demanda respectiva. Lo anterior implica que si durante el trámite de la jurisdicción voluntaria existe oposición de parte legítima, dicho procedimiento debe concluir, ya que una de las características de aquellas es la inexistencia de cuestión alguna entre partes determinadas, esto es, que no existe contienda entre partes. Además, la porción final del artículo 530 de la legislación mencionada excluye la promoción, previa o simultánea a los actos materia de jurisdicción voluntaria, de cuestión alguna entre las partes, es decir, de controversia o litigio. Al respecto, en la parte conducente de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 675, tomo XXV, enero de dos mil siete, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, se sostuvo lo siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR. De conformidad con lo establecido en los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley Agraria, según lo dispone su artículo 167, si en el procedimiento de jurisdicción voluntaria en materia agraria, se opone parte legítima, ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de contienda entre partes; esto es así porque al oponerse parte legítima, el procedimiento toma las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora, por ello, el artículo 533 antes citado, que se interpreta, dispone que ante la oposición de parte legítima a la solicitud promovida en la vía de jurisdicción voluntaria, 'se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio' como se advierte, dicha disposición se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria; de ahí que éste, al dejar de tener la característica propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, debe concluir y, el negocio, al transformarse en contencioso con motivo de la cuestión judicial surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, debe seguirse conforme a las reglas establecidas para el juicio, esto es, en un procedimiento diferente a la jurisdicción voluntaria que concluye con motivo de la oposición. Lo anterior se refleja si se considera que, por un lado, el legislador se refirió en el primer párrafo del artículo 533 del Código aludido, a que el negocio se seguirá conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro, que el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso." El criterio transcrito, aunque se refiere a la materia agraria, interpreta el artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y destaca la ausencia de contienda como característica definitoria de la jurisdicción voluntaria. El texto de la jurisprudencia atendió las consideraciones de la ejecutoria correspondiente, en la cual se sostuvo lo que se transcribe enseguida: "Los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ubicados en el libro tercero 'Procedimientos especiales', título segundo 'Jurisdicción voluntaria', capítulo I 'Disposiciones generales', establecen:.. (se trascriben). Se sigue de las normas antes reproducidas que la jurisdicción voluntaria comprende a los actos que requieren, sea por disposición de ley o por solicitud de los interesados, de la intervención del Juez, siempre que no esté promovida o se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, así como que si a la solicitud presentada se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio. Este órgano colegiado considera que la correcta interpretación que debe darse a los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles es en el sentido de que si se opone parte legítima en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, éste debe concluir, ya que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esta vía es la inexistencia de cuestión alguna entre partes determinadas, esto es, de contienda entre partes. Así, al oponerse parte legítima, el procedimiento abierto en la vía de jurisdicción voluntaria debe concluir al tomar las características de un negocio contencioso con motivo de diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora. Por ello, el artículo 533 que se interpreta dispone que en el supuesto referido, a saber, ante la oposición de parte legítima a la solicitud promovida en la vía de jurisdicción voluntaria, 'se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos juicio'. El citado artículo 533 se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria. Éste, al dejar de tener la característica propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, como es la inexistencia de una contienda entre partes determinadas, debe concluir, y el negocio, al transformarse en contencioso con motivo de la cuestión jurídica surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, debe ya seguirse conforme a las regla establecidas para el juicio, lógicamente en un procedimiento diferente a la jurisdicción voluntaria, que concluye con motivo de la oposición." Las referidas consideraciones son aptas para reiterar la característica inherente a la jurisdicción voluntaria: la ausencia de contienda entre partes, ya sea previa o posterior. De igual forma, también se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2004-PS, de la cual surgió la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, enero de dos mil cinco, página 128, del rubro: "DILIGENCIAS DE DESLINDE. SON EQUIPARABLES A UN PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", cuyo texto no se transcribe por referirse al caso específico de la legislación local que examinó; sin embargo, en la ejecutoria se hizo referencia a la naturaleza de la jurisdicción voluntaria, con base en un precepto de similar contenido al antes citado artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la manera siguiente: "(.) Para determinar la naturaleza de las diligencias de jurisdicción voluntaria, es necesario transcribir los preceptos que lo regulan en la legislación que parcialmente sirvió de fundamento a otro de los órganos jurisdiccionales contendientes. 'Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 'Libro quinto Jurisdicción voluntaria 'Capítulo primero 'Disposiciones generales'. 'Artículo 1472. La jurisdicción voluntaria comprende los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida, ni se promueva, controversia alguna entre partes determinadas.' ... De acuerdo con los preceptos transcritos, resulta que la jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, puesto que ese procedimiento sólo es procedente cuando no se plantea o suscita controversia alguna o conflicto entre partes determinadas ya que de darse habrá de convertirse en jurisdicción contenciosa, terminándose así la voluntaria. Es decir, que la característica esencial de la jurisdicción voluntaria, es que en ella no existe controversia; luego, en el momento mismo en que se suscite esa controversia, cesará la jurisdicción voluntaria y las diferencias que existan entre los interesados deben dirimirse en el procedimiento contencioso." Es de resaltar, además de la similitud normativa entre los preceptos de las legislaciones adjetivas civiles local y federal, los razonamientos sobre la exclusión de controversia propia de la jurisdicción voluntaria y la imposibilidad legal de ejercer en ella acciones respecto de las cuales puedan oponerse excepciones. Análisis del caso justiciable. Improcedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Del escrutinio de la resolución reclamada se aprecia que es un hecho que el juez responsable examinó el punto neural de las diligencias de jurisdicción voluntaria planteadas, pues se estima legal el desechamiento, bajo la óptica que derivan de un procedimiento contencioso, por lo cual perdió la calidad de la jurisdicción voluntaria, ya que ésta comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida cuestión alguna entre partes determinadas. Lo anterior, al margen de que haya sido o no técnicamente correcto que en el acto reclamado se haya hablado de que se trataba de una demanda; y que ésta contenía prestaciones, como si se tratara de una contienda entre partes. Por ende, resultan inoperantes los argumentos del organismo quejoso relacionados con los aspectos destacados en el párrafo precedente, pues a nada práctico conduciría subsanar las sedicientes deficiencias en cuanto a la terminología utilizada, si la conclusión sería la misma: desechar las diligencias de jurisdicción voluntaria intentadas. En efecto, lo que es palmaria es la improcedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, pues -como acertadamente lo sostuvo la autoridad responsable- no es jurídicamente admisible dar trámite a dichas diligencias sobre interpelación judicial porque hay una contienda previa que se tramitó, a saber, el juicio ordinario civil 22/2007, promovido por Comisión Federal de Electricidad contra Víctor Manuel Sánchez Salgado, por si y en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Arturo Sánchez Marín, juicio en el cual se reconoció la servidumbre en favor de actor sobre las parcelas del demandado; de ahí que, es evidente que antes de promover las diligencias de jurisdicción voluntaria hubo un conflicto, es decir, hay promovida una contienda entre partes, ciertamente ya resuelta a favor de una de ellas. Pero todavía más, recuérdese que el peticionario del amparo promovió diligencias de jurisdicción voluntaria sobre interpelación judicial para que el Juez Federal realizara lo siguiente: a) Notificara a Víctor Manuel Sánchez Salgado por sí, y en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Arturo Sánchez Marín y/o causahabientes de la sucesión, que en cumplimiento de las prestaciones a que resultó condenado en el juicio civil federal 22/2007 promovido por Comisión Federal de Electricidad, cuenta con el plazo de cinco días hábiles para reconocer y respetar la servidumbre constituida en favor del actor sobre sus parcelas, conforme a la naturaleza de la misma. b) Lo interpelara de que en caso de faltar al cumplimiento de su obligación, la Comisión Federal de Electricidad quedara legalmente facultada para solicitar la ejecución forzosa de la resolución citada, a su costa en la vía ejecutiva civil. c) Como consecuencia de lo anterior, el interpelado sería responsable de los daños y perjuicios que se pudiera ocasionar en la continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto en el artículo 2104 del Código Civil Federal. Empero, el peticionario del amparo no justifica que para hacer uso de la vía de apremio es menester cumplir con una condición previa, atinente a que tratándose de ejecución de sentencias, previamente se debe interpelar al demandado; ello, para estar en aptitud de ponderar o no la procedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Menos aún justifica a quiénes alude al referir que el interpelado sería responsable de los daños y perjuicios que se pudiera ocasionar en la continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica; y por cierto, en ese sentido, dicho tema sí entraña controversia por los términos en los que se haya determinado la servidumbre. De ahí que sus restantes motivos de disenso que pretenden sostener la procedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria que promovió son infundados. Es aplicable, en lo conducente la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2244, XXVII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. Las diligencias de jurisdicción voluntaria solamente sirven para acreditar hechos, sin que se promueva ni esté promovida cuestión alguna entre partes determinadas, precisamente porque se privaría a la parte contraria, del derecho de repreguntar a los testigos examinados." En ese sentido, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, ante lo ineficaz de los conceptos de violación formulados por el organismo quejoso. Por lo expuesto, motivado, fundado y, además, con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Comisión Federal de Electricidad, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en los términos y para los efectos a que se contrae el último considerando de la presente resolución.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Delegado del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Sin embargo, al día de la fecha no se tiene constancia alguna que acredite la devolución correspondiente y que se haya ordenado la abstención del cobro por concepto de derecho de alumbrado público a la quejosa, en los términos precisados en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, y en atención a que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente, a la autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede, para que en el término de tres días, computados a partir de su legal notificación informe el cumplimiento que dio a la sentencia de amparo dictada en el sumario constitucional en que se actúa; de igual manera, adjunte la totalidad de constancias certificadas que acrediten su dicho. Lo anterior, en el entendido de que continúa subsistente el apercibimiento decretado mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, es decir, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual en su caso, se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte.

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