RODOLFO JAVIER CANTILLO CETINA y Otros.

Expediente 1335/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1335/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • Rodolfo Javier Cantillo Cetina
  • Amayrani Estefani Jiménez Esquivel
  • RODOLFO JAVIER CANTILLO CETINA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA II.- Vista la cuenta y la certificación que antecede, de las que se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, que declaró cumplida la sentencia concesora de amparo dictada en este asunto, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de inconformidad, según se advierte del registro de correspondencia; en consecuencia, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE. ACUERDO DE DEPURACIÓN: Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. De igual manera, con fundamento en el punto cuarto del referido acuerdo, deberá realizarse copia digitalizada, debidamente certificada, de la demanda y sentencia dictadas en el presente juicio de garantías. INCIDENTE DE SUSPENSION: Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues en auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. ANOTACIONES: Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Finalmente, toda vez que el expediente principal y el cuaderno incidental original son depurables, glósese éste último al primero.

  2. Incidental

    MESA II.- Como está ordenado en el expediente principal, de donde deriva este incidente, procédase en su oportunidad a su destrucción por encontrarse dentro de los supuestos a que alude la fracción III del artículo vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, mientras tanto, remítase al legajo correspondiente. Notifíquese

  3. Principal

    MESA II.- Mérida, Yucatán, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento del Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; proveído en el que se le apercibió que en caso de que no hiciera manifestación alguna en el término concedido, este Tribunal acordaría lo que en derecho corresponda. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el veintiuno de febrero del año en curso, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista. Precisado lo anterior, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.---.... Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías constitucionales violadas, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el término de quince días, contado a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, para interponer el recurso de inconformidad establecido en el numeral 201, fracción I de la Ley de Amparo en vigor, en contra de la presente resolución, y una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubiere interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo definitivo de este asunto, conforme al cuarto párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente.

  4. Principal

    MESA II.- Vista la certificación de cuenta y advirtiéndose que las partes no recurrieron la sentencia de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, dictada por esta autoridad, en la que en su primer punto resolutivo, SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo promovido por Rodolfo Javier Cantillo Cetina y Amayrani Estefani Jiménez, contra las autoridades y actos precisados en el considerando segundo de citada resolución; y en su segundo punto resolutivo, AMPARÓ Y PROTEGIÓ a Rodolfo Javier Cantillo Cetina y Amayrani Estefani Jiménez, contra el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para los efectos precisados en el tercer considerando de la citada resolución. En consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA en sus términos dicha sentencia. Ahora bien, en el fallo protector que amparó a la referida quejosa, se determinó que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, deje insubsistente las resoluciones de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete y sus consecuencias. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce de sus derechos fundamentales violados; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa, equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciara el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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