Rodolfo Fernando Escobedo Martinez

Expediente 1522/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1522/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo Fernando Escobedo Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: para conocimiento de las partes, de nueva cuenta el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remiten constancias certificadas del juicio laboral *** CUESTIONES PREVIAS Primeramente, es menester destacar que este acuerdo se dicta conforme a los lineamientos precisados en la tesis número 2a. CV/2013 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinte de noviembre del dos mil trece y publicada el viernes trece de diciembre del mismo año, en el Semanario Judicial de la Federación, con el rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007); pues en ella se estableció la circunscripción del acto reclamado a la etapa procesal en la que se encuentre el juicio laboral de origen, abandonando el criterio sustentado en la jurisprudencia 45/2007; por tanto la suscrita analiza el acto que aquí se reclama precisamente en relación únicamente con el auto que impugna y la etapa procesal en la que se encuentra dicho juicio. INTRODUCCIÓN Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que en la especie la parte quejosa se duele en esencia, de la denegación de justicia por parte del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que se traduce en la omisión de dictar laudo del juicio laboral 627/2021. HECHOS Del informe justificado de la autoridad responsable y anexo que se recibió en copias certificadas, las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: Resolución de trece de junio de dos mil veintidós, en el que la junta responsable dictó el proyecto de laudo. El veintisiete de junio de dos mil veintidós, elevó a categoría de laudo la resolución. CONTEXTO LEGAL En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este Tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de dictar laudo juicio laboral 627/2021. Sin embargo, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el trece de junio de dos mil veintidós, la junta responsable dictó el proyecto de laudo, y el veintisiete de junio de dos mil veintidós, elevó a categoría de laudo la resolución; lo cual se desprende de las constancias que en copias certificadas agregó la autoridad responsable a su informe de Ley y oficio de cuenta, antes valoradas. En consecuencia, resulta incuestionable que han cesado los efectos del citado acto reclamado que la aquí parte quejosa atribuye a la Junta responsable, pues el trece de junio de dos mil veintidós, la junta responsable dictó el proyecto de laudo, y el veintisiete de junio de dos mil veintidós, elevó a categoría de laudo la resolución; con lo que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo total, que produjo el resultado de una sentencia concesora, pues le han sido restituidos a la parte quejosa el goce de sus derechos violados, en virtud de que han cesado los efectos de la conducta omisiva reclamada, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha fijada para el día VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS a las QUINCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el telegrama suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director General de Registro y Control Documental de dicha institución, con sede en la ciudad de México, mediante el cual, en atención a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto, informa que ha girado instrucciones a la Representación de dicho desconcentrado en el Estado de Yucatán, para que proceda al cumplimiento de la ejecutoria de mérito, o en su caso, manifieste la imposibilidad jurídica o material que tenga para ello; agregando que dicha comunicación será remitida igualmente por correo certificado, con las constancias a que hace referencia en el mismo, por lo que, resérvese acordar respecto al cumplimiento dado por la autoridad oficiante. Toda vez que se advierte que la citada autoridad con residencia en Ciudad de México, mediante oficio DGAJ/6854/2022, de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, hizo del conocimiento del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, que liberó la clave para la debida inscripción de la solicitud 31210000401, a efecto de que ésta última procediera a dar cabal cumplimiento del fallo protector; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérasele a dicha Delegación, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo informe si llevó a cabo la expida y entrega del título correspondiente a fin de dar efectivo cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor diario que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), correspondiente al año dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis; al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. NOTIFÍQUESE.

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