Rodolfo Jaimes Muciño

Expediente 980/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
980/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Jaimes Muciño

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de trece de los cursantes, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por *********** por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 980/2021-III. DESECHAMIENTO. Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la Jurisprudencia I 1 A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se evidencia que los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 832/2020; su notificación atribuida a los notificadores adscritos a los Juzgados Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, y Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec (cuando recibió la resolución); así como la ejecución material por parte de la última de las autoridades indicadas. De la citada demanda, también se advierten los siguientes antecedentes: El dos de agosto del dos mil diecisiete, el quejoso interpuso juicio ordinario civil en contra de Miguel Ángel Becerril Degollado, en donde controvirtió entre otras cosas, el pago de honorarios de servicios profesionales, al demandado, derivado de un contrato verbal. El demandado dio contestación a la demanda instaurada en su contra, y substanciado que fue el procedimiento en todas sus etapas, se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas, procedimiento que fue radicado ante el Juzgado Sexto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, bajo el número de expediente 518/2021. Posteriormente ************ promovió procedimiento de declaración especial de ausencia por desaparición de Miguel Ángel Becerril Degollado, el cual fue radicado bajo el número de expediente 832/2020, del índice del Juzgado Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec. El dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, se dictó la resolución respectiva, declarando la ausencia por desaparición de ************ esta resolución le fue notificada al hoy quejoso el veinte de agosto del año en curso, por lista y boletín judicial en el Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, con Residencia en Metepec. En el presente caso, aduce la parte quejosa que con motivo de la resolución dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por el Juez Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 832/2020; se pretenden hacer inexigibles las obligaciones establecidas en el juicio 518/2017, del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, porque en la citada determinación se estableció lo conducente, dada la declaración de ausencia ahí establecida. Hecha tal precisión, es dable establecer que respecto de acto reclamado que se hizo consistir en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 832/2020, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional, para reclamar la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 832/2020, notificada el veinte de ese mismo mes y año, por medio de lista y boletín judicial. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, la parte quejosa no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, la quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que la resolución reclamada en este juicio le fue notificada el veinte de agosto de este año, y que a partir de esa fecha tuvo conocimiento de la misma. Manifestación que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe. También es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, precisado lo anterior conviene citar el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que señala: "Artículo 1.149. Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación. Luego, conforme a lo establecido en al artículo 1.149, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el plazo para combatir la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió del veintitrés de agosto al diez de septiembre del año en curso, dado que a la parte quejosa como quedó precisado en párrafos precedentes le fue notificada dicha determinación, el veinte de agosto pasado, sin tomar en cuenta para dicho cómputo los días inhábiles, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que, al haberse presentado la demanda de amparo -origen del presente sumario- hasta el siete de octubre de dos mil veintiuno, como se desprende de la Papeleta de Turno, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, el plazo para su presentación ocurrió en exceso. Es aplicable la jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Por otra parte, respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la notificación de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 832/2020; atribuida al notificador de dicho Juzgado; atendiendo a que de los antecedentes de la demanda, se advierte que el quejoso no fue parte en el citado procedimiento, por lo que para controvertir su legalidad debió haber instado la presente instancia constitucional, desde que tuvo conocimiento y no lo hizo, sino hasta el siete de los corrientes, por lo que su petición resulta de la misma manera extemporánea. De igual manera, respecto de la notificación de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 832/2020; atribuida al notificador adscrito al Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, al ser parte la quejosa en dicho procedimiento, se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad, interponiendo previo a la instancia constitucional, el recurso ordinario establecido en la ley de la materia, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. El principio de definitividad es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de la disposición antes transcrita, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna) b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, en el caso la notificación aquí reclamada, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra los actos reclamados. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la promovente del amparo está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. En el caso, se precisa que contra la notificación reclamada procede el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece: "Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Así, del análisis de los preceptos legales antes transcritos, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido, por un fedatario adscrito a un órgano jurisdiccional, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del cual se advierte la procedencia del medio de impugnación que debió hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (incidente de nulidad de notificaciones), previo a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior, porque del artículo en estudio, se aprecia la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones contra la notificación reclamada. Por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes; de ahí que, resulta exigible que la parte peticionaria de amparo, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote los recursos ordinarios previstos por la ley que rige la controversia de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que como ya se dijo se trata de una de las partes formales dentro del juicio subyacente. Sin que se soslaye que aduce también controvertir la ejecución material de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, atribuida al Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec; sin embargo, al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 217 ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." La causa de improcedencia invocada, refiere que tratándose de actos que derivan de otros consentidos, deviene improcedente el juicio de amparo, en atención a que si bien es cierto ninguna de las fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo contempla dicha causa de improcedencia, la fracción XXXIII de dicho artículo en relación con el artículo 217 del citado ordenamiento, sí la regula. Es aplicable la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada a página cincuenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, registro 230859, que establece: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." Ahora bien, es necesario señalar que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. En el presente asunto, se advierte la actualización de dicha causa de improcedencia, en atención a que la parte quejosa reclama los actos de ejecución emanados precisamente de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 832/2020; atribuida al Juez Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, siendo que respecto de ésta última, como se advierte de la presente determinación, no fue impugnada en su oportunidad, a través de algún recurso o medio de defensa. Por tanto, es evidente que respecto del acto que ahora reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 217 del mismo ordenamiento y la jurisprudencia 17, publicada en la página 12, del tomo VI, materia común, del Apéndice de 1917-1995, registro 393973, cuyo texto establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Asimismo, en lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada a página 515, del tomo IX, Abril de 1992, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CAUSALES DE. LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO SON LIMITATIVAS SINO ENUNCIATIVAS. Las causales de improcedencia en cuanto a su configuración no se limitan a las XVII hipótesis referidas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, dado que de la fracción XVIII de ese numeral aparece que esas causales no sólo dimanan de la ley, cuanto a la vez de la Constitución y de la jurisprudencia. Tal es el caso en que se impugna la ejecución de una orden de reaprehensión (no por vicios propios) por parte de un Juez de Distrito, pero omitiendo combatir en sí mismo el mandato de recaptura emitido en realidad por el Tribunal Unitario. Así planteada la cuestión, al reclamarse un acto que es consecuencia legal necesaria de otro no combatido, resultaría improcedente el juicio de garantías en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 74, fracción III, de la ley de la materia y el criterio jurisprudencial sostenido por el Máximo Tribunal bajo la voz "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." (jurisprudencia número 70, página 116, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988)." Por tanto, atendiendo a las causas de improcedencia invocadas en la presente resolución, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. En otro punto, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados en términos restringidos a las personas que refiere. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese por lista al quejoso.

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