Rodolfo Enrique Arroyo Trujillo
Expediente 335/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/05/2018
Partes del expediente
- Rodolfo Enrique Arroyo Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA I. ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que en auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se declaró consentido el auto de veinticinco de abril del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, asimismo, se ordenó devolver al Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió como anexo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 1077/2015, solicitando a su vez el acuse de recibo correspondiente, el cual ya obra en autos. SE ORDENA ARCHIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
MESA I. Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, acusa recibo del oficio 9712/2018, con el cual se le devolvieron las constancias remitidos al presente juicio; atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, téngase por satisfecho el requerimiento respectivo y por insubsistente el apercibimiento realizado a la autoridad oficiante. Cúmplase.
- Principal
MESA VII. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de once de abril de dos mil dieciocho (foja 126), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La resolución de treinta de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Séptimo Familiar de Toluca, Estado de México, en el recurso de revocación hecho valer por el quejoso, que confirmó el auto de cuatro de octubre de ese año, por el cual la autoridad responsable proveyó dos cuestiones: I. Por una parte, que el descuento de la pensión alimenticia a que se le condenó al quejoso es sobre el total de los ingresos netos tanto ordinarios como extraordinarios, y demás prestaciones, lo cual incluye el rubro de fondo de ahorro; II. Por otra, que correspondía al empleador realizar los desgloses y ajustes que correspondieran a los estrictamente legales, a fin de realizar el descuento de la pensión alimenticia a que fue condenado y si dentro de ellos se encontraba el rubro de fondo de ahorro, entonces su fuente laboral debía contemplarla de esa manera, considerando el total de ingresos del trabajador con base en el puesto o actividad laboral que realiza." Previa substanciación del juicio de amparo, el quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 65 a 80), se emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rodolfo Enrique Arroyo Trujillo, contra el acto reclamado al Juez Séptimo Familiar de Toluca, Estado de México, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia." El quince de marzo del año que transcurre (fojas 91 y 92), causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, el cual debería ser en los términos siguientes: "En consecuencia, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Séptimo de lo Familiar en Toluca, Estado de México, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar, emita una nueva -respetando el principio de congruencia- en la que analice lo determinado en el auto recurrido y responda, conforme a derecho proceda, los agravios expresados por Rodolfo Enrique Arroyo Trujillo. c) Ello, en pleno ejercicio de sus facultades legales y respetando los principios de fundamentación y motivación." Es importante precisar que el amparo otorgado derivó de que en la sentencia protectora se consideró: "De lo anterior se aprecia que, tal y como lo asevera la parte quejosa, el acto reclamado vulnera su derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en virtud de que la autoridad omitió dar contestación a sus agravios, en cuanto a que el fondo de ahorro no forma parte de su salario, así como la falta de valoración del informe de la Comisión Federal de Electricidad en el auto de cuatro de octubre del año próximo pasado en la contienda de origen." En ese orden de ideas, mediante oficio registrado con folio 6500 (fojas 112 a 124), el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada de la resolución dictada el cinco de abril de dos mil dieciocho, en el expediente 1077/2015, cuya parte conducente resolvió: "Toluca de Lerdo, Estado de México, a cinco (05) de abril de dos mil dieciocho (2018). [.] I. En estricto cumplimiento a la sentencia ejecutoria de fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018), del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se deja insubsistente la resolución de treinta (30) de octubre de dos mil diecisiete (2017), para dictar otra del tenor siguiente: [.] Expuestos de manera toral los razonamientos esgrimidos por la autoridad federal, este órgano jurisdiccional procede al estudio de los agravios esgrimidos por el señor Rodolfo Arroyo Trujillo. Ello, con base, apoyo y sustento a esos razonamientos lógico jurídicos contenidos en la sentencia de amparo, tanto en su considerando "SEXTO" como "SÉPTIMO": El quejoso, señor Rodolfo Enrique Arroyo Trujillo, se duele del contenido del auto de fecha cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017), señalando que es impreciso e incongruente al no acordar favorablemente su petición de girar oficio a su fuente laboral para que se deje de descontar el concepto denominado fondo de ahorro que viene proporcionando a sus acreedores alimentarios invocando jurisprudencias que respaldan su petición. Al respecto, debe decirse que no le asiste razón al recurrente porque contrario a lo que manifiesta, el suscrito juzgador aplica los razonamientos lógico jurídicos que motiva y fundamentan el contenido del auto impugnado, pues en su contenido se precisa que en atención al informe que tuvo a bien remitir la Jefa del Departamento Jurídico, Zona Aeropuerto, de la Comisión Federal de Electricidad, Licenciada Elena González Tapia, el fondo de ahorro no es una prestación de ley pero si una prestación extra que recibe el colaborador cada cuatro meses, incluso, en dicho informe, se indica que al ser el fondo de ahorro una prestación extra, tiene derecho a ella la señora Mónica Araceli Castillo García. Luego, el fondo de ahorro, en la porción aportada por el patrón, es parte integrante del salario, al constituir una prestación extralegal para los trabajadores a cambio de su trabajo que, además de incrementar su patrimonio, tiene como fin fomentar el hábito del ahorro. [.] En tal estado de cosas, se declaran infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el quejoso; empero, sí ha lugar a modificar el último párrafo del auto impugnado, en el sentido de que mediante oficio, se haga saber a la fuente laboral del deudor alimentario proceda realizar el descuento de la pensión alimenticia definitiva ordenada en autos a razón del 30% respecto del rubro "fondo de ahorro", pero sólo en el porcentaje que aporta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), así como el contenido del informe que rindió el Departamento Jurídico de dicha Comisión Federal de Electricidad; en consecuencia, las cantidades que en su caso aporte de manera voluntaria el señor RODOLFO ENRIQUE ARROYO TRUJILLO, en concepto de "fondo de ahorro", deberán quedar libre de todo gravamen." Lo precedente revela que la responsable acató el primer lineamiento, pues dejó insubsistente el acto reclamado. De igual forma, cumplió los restantes requisitos, ya que en pleno ejercicio de sus facultades legales, respetando los principios de fundamentación y motivación, emitió una determinación en la que analizó los agravios expresados por Rodolfo Enrique Arroyo Trujillo, de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En efecto, los párrafos transcritos de la nueva determinación emitida por el juzgador responsable, ponen de manifiesto que, en acatamiento al principio de congruencia, desestimó los motivos de inconformidad expresados por el quejoso, relativos al fondo de ahorro como parte integrante de su salario, remitiendo a los fundamentos del auto recurrido, además de pronunciarse en cuanto a la valoración del informe de la Comisión Federal de Electricidad. Tales constancias remitidas por la citada responsable, por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Por consiguiente, si el juez responsable expuso los fundamentos y motivos para desestimar los agravios señalados, se considera que cumplió con la ejecutoria protectora. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento del quejoso que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y por lisa a la parte quejosa en términos del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 22 a 24).
- Principal
MESA VII. El estado procesal de autos y la certificación de cuenta, evidencia que el quejoso Rodolfo Enrique Arroyo Trujillo, no se inconformo dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veinticinco de abril del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de depuración; ya que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero. En el entendido que no existen documentos de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 y a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General aludido. A la parte quejosa se comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Asimismo, mediante oficio devuélvase a la autoridad responsable Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió, consistentes en copias certificadas del expediente 1077/2015. Se le requiere a la citada autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de tres días, acuse recibo de las constancias de mérito, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
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