Rodolfo Ceron Carrillo

Expediente 1171/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1171/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Rodolfo Ceron Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    IV.- PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  2. Principal

    MESA IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional firmada el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; notificado que sea este acuerdo, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto décimo del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que el presente expediente no existen documentos originales; asimismo, en virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto vigésimo primero del capítulo quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto décimo séptimo del capítulo cuarto del propio acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto vigésimo primero capítulo quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido; de conformidad con lo establecido en el artículo décimo primero del capítulo tercero del acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. ...

  3. Principal

    IV. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1171/2017-IV; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mérida, Yucatán, turnada ese mismo día a este órgano jurisdiccional ******************** por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir, medularmente, en el acuerdo de doce de julio de dos mil diecisiete, publicado en el Diario oficial del Gobierno del Estado, el tres de agosto siguiente, en el que se aprobó la planilla de liquidación que presentó el actor, aquí quejoso, en el juicio ejecutivo mercantil ********************, por la cantidad de $313,760.00 (Trescientos trece mil setecientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), no así por lo que respecta al rubro de honorarios, toda vez que el mismo no se encontraba justificado; de igual forma, reclamó la resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, publicada el ocho de septiembre siguiente, mediante el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el actor, aquí quejoso, contra el acuerdo de doce de julio del año en curso, confirmándose dicha determinación. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, previo requerimiento, se admitió a trámite la demanda de amparo, únicamente respecto de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, contra el acuerdo de doce de julio del año en curso; no así por lo que respecta al acuerdo de doce de julio anterior, debido a que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, puesto que a la fecha en que se promovió el juicio de amparo respecto de tal acto, éste era extemporáneo, siendo que tal determinación que no fue recurrida; en tal virtud, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, respecto del acto reclamado precisado al principio de este apartado; se ordenó emplazar a los terceros interesados ******************** y ********************, lo que se realizó oportunamente, como consta de las constancias que integran el cuaderno de amparo; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtienen el siguiente acto reclamado: La resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por el aquí quejoso, la que confirmó la diversa determinación de doce de julio del año en curso, respecto a la no aprobación del concepto de costas y honorarios precisado en la planilla de liquidación que éste presentó para su aprobación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, porque así lo afirmó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil ********************, mismas que remitió la Juez responsable como justificación de su informe. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del juicio. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de fondo. Resultan infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, en virtud de las siguientes consideraciones. En efecto, en el caso, el quejoso aduce que la resolución de veintitrés de agosto del año en curso, viola sus derechos humanos, ya que la Juez responsable no tomó en consideración que desde el inicio del juicio, su endosatario en procuración manifestó ser Licenciado en Derecho, con cédula profesional 7434317, emitida a su favor por la Secretaría de Educación Pública, y debidamente registrada ante los Juzgados y Tribunales del Estado de Yucatán, bajo el número de registro de litigante PODJUDRPD000500, desde el mes de febrero de dos mil trece; además que al presentar la planilla de liquidación, exhibió copia del referido registro de litigante, así como de tal cédula profesional. De ahí que, a su consideración, su endosatario sí cumple con el requisito que se exige en el artículo 1083 del Código de Comercio, para reclamar el rubro de costas, contrario a la determinación a la que arribó la Juez responsable, en tanto que para tal efecto existe un Registro Único Computarizado de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Ahora bien, en la resolución que por esta vía reclama el quejoso, la Juez responsable señaló que los agravios hechos valer en la revocación eran inoperantes e infundados; que lo anterior era así, ya que el artículo 1083 del Código de Comercio, se establece que en los juicio mercantiles no se necesita que los litigantes se asistan de abogados; pero que si lo ocupaban y había condenación de costas, únicamente se pagarían al abogado con título, siendo que si bien el recurrente, al inicio de la demanda, acompañó copia simple de su cédula profesional de su endosatario y al exhibir la planilla de liquidación de crédito, gastos y costas originadas con motivo del juicio de origen, adjuntó copia simple de su registro de litigantes del Poder Judicial del Estado, lo cierto era que ello es insuficiente para demostrar los extremos pretendidos, en tanto que no exhibió el original de su cédula profesional, para que se hiciera un cotejo con la copia simple que adjuntó a su planilla de liquidación, o en su caso, debió de haber exhibido una copia certificada ante Notario Público, cuyo valor quedaría al prudente arbitrio de esa autoridad, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, señaló que de acuerdo al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis bajo el rubro "COSTAS. PARA TENER DERECHO A SU COBRO, ES SUFICIENTE DEMOSTRAR HABER SIDO ASESORADO DURANTE EL JUICIO POR UN LICENCIADO EN DERECHO, CON CÉDULA PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDA.", el hecho de que se establezca que se deberá registrar la cédula profesional, no debe entenderse como una limitante al derecho de cobro de costas, en razón de que el legislador no señaló tal condicionante para hacer efectivo ese derecho, al ser sólo una forma más de acreditar que se cuenta con la autorización para ejercer la profesión de abogado; sin que ello impida que pueda demostrarse de alguna otra manera, llegando a la conclusión de que es claro que tienen derecho a cobrar costas quienes hayan sido asesorados por abogados, siendo que el registro de la cédula profesional ante la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sólo tiene efectos publicitarios, cuenta habida que si tal registro fuese un requerimiento establecido de manera previa, así lo señalaría expresamente el artículo 127 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Por lo que, a su consideración, el recurrente, al no haber acreditado ser Licenciado en Derecho, con cédula profesional expedida por autoridad o institución facultada para ello, no justificó contar con dicha calidad, y tampoco era conforme a derecho suplir dicho cumplimiento con la copia simple de su registro de litigantes efectuado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como tampoco con la manifestación que hizo respecto que al ofrecer su cédula profesional certificada por un Notario Público, le generaría más gastos innecesarios, cuenta habida que con ello incumplió con lo dispuesto en el numeral 1083 del Código de Comercio, de ahí que concluyó en la improcedencia del recurso interpuesto, confirmando el auto de doce de julio del año en curso. Una vez sentado lo anterior, es necesario transcribir el contenido íntegro de los artículos 1082 y 1083 del Código de Comercio, que a la letra dicen: "Artículo 1082. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva, en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que se hubieren causado, cuando hubiese opuesto excepciones o recursos frívolos o improcedentes con el propósito de retardar el procedimiento. La condenación no comprenderá la remuneración del procurador, ni la del patrono, sino cuando fuere abogado recibido; cuando un abogado fuere procurador, sólo comprenderá sus honorarios la condenación, cuando el mismo se haya encargado de la dirección del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado." "Artículo 1083. En los juicios mercantiles no se necesita que los litigantes se asistan de abogado; pero si lo ocupan y hay condenación en costas, solo se pagarán al abogado con título." De la interpretación de los numerales 1082 y 1083 del Código de Comercio, se concluye que en un juicio mercantil no se necesita que los litigantes se asistan de abogado, pero en caso de que lo ocupen y haya condenación en costas, como en el caso a estudio, sólo se pagarán al abogado con título; siendo que la condenación comprenderá los honorarios del abogado, cuando el mismo se haya encargado de la dirección del juicio, sin recurrir al patrocinio de otro abogado. De lo antes expuesto se infiere que cuando exista condenación en costas, la parte condenada indemnizará las que la otra hubiere erogado; que la condenación comprenderá la remuneración al procurador cuando fuere agente de negocios, la del patrono si fuere abogado recibido y la del abogado como procurador cuando él mismo se haya encargado de la defensa; igualmente, se previene que en los juicios mercantiles no se necesita que los litigantes se asistan de abogados, pero si se ocupan y hay condenación en costas, sólo se pagarán al abogado con título. En tal virtud, este Juzgador Federal estima correcta la resolución que por esta vía se impugna, cuenta habida que es un requisito sine qua non, para la aprobación de las costas, el acreditar ser Licenciado en Derecho, conforme a lo previsto en el artículo 1083 del Código de Comercio. De ahí que tal requisito se encuentra sujeto a prueba, a cargo de la parte del juicio que solicita la aprobación de dicho concepto al momento de presentar su planilla de liquidación. Por tanto, en el caso, debe decirse que si bien es cierto la parte actora, aquí quejosa, exhibió una copia simple de la cédula profesional de su endosatario, al momento de exhibir su planilla de liquidación; también lo es que tal documento carece de valor probatorio pleno, sencillamente porque es una copia simple, que no está certificada por un fedatario público, y su valor queda al prudente arbitrio del Juzgador, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Lo anterior, porque al tratarse de una copia fotostática que se obtiene mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible lograr la composición, arreglo o alteración de los objetos reproducidos, no puede descartarse la posibilidad de que aquélla no corresponda de una manera real o auténtica al contenido exacto o fiel del documento o documentos de los que se toman, luego al no estar adminiculada con alguna otra prueba, dicha documental por sí misma, carece de valor probatorio. Máxime que el propio quejoso, al momento de exhibir su planilla de liquidación para su aprobación, manifestó que de exhibir dicha certificación le generaría gastos innecesarios; lo que deja ver que efectivamente exhibió en copia simple la cédula profesional respecto de quien solicitó la aprobación del concepto de costas y honorarios, de ahí que deba decirse que no cumplió con lo previsto en el artículo 1083 del Código de Comercio, tal y como acertadamente lo indicó la responsable. Además de que en modo alguno, tal requisito puede suplirse con el registro de litigantes con que cuenta su abogado ante la potestad común, tal y como lo pretende hacer valer dicho quejoso, en tanto que dicho registro no es apto ni suficiente para tener por acreditada la calidad de abogado o licenciado en derecho de quien se ostenta asesor del actor ahora quejoso, pues aun y cuando dicho sistema fue creado para que los abogados postulantes inscriban sus cédulas profesionales en ese medio electrónico y el órgano jurisdiccional verifique, en los procedimientos en que intervienen, si están debidamente facultados para ejercer la profesión de abogado, pues sólo así les tendrá como autorizados y podrán actuar con las facultades que se contemplan en el Código de Comercio; sin embargo, ese registro es de control interno para los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado y surte efectos únicamente entre éstos, pues únicamente implica una anotación declarativa con fines publicitarios, de ahí que en modo alguno dicha base de datos es un elemento idóneo que por sí mismo demuestre que el actor ahora quejoso fue asesorado durante el juicio por un profesional del derecho. Es aplicable, la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página: 2975, cuyo rubro y texto dicen: "COSTAS EN EL JUICIO CIVIL FEDERAL. LA INFORMACIÓN QUE SE CONTIENE EN EL MECANISMO DENOMINADO "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO", NO ES PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR QUE LA ACTORA INCIDENTISTA FUE ASESORADA DURANTE EL JUICIO POR UN LICENCIADO EN DERECHO. De conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 16/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 290, de rubro: "HONORARIOS. LA ACCIÓN DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REQUIERE PARA SU PROCEDENCIA QUE EL ACTOR EXHIBA LA CÉDULA PROFESIONAL QUE ACREDITE SU CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO.", cuando se ejerce la acción de pago de honorarios que deriva de un contrato de servicios profesionales, es requisito indispensable que la actora acredite a través de prueba idónea y directa que está autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho y para ello, deberá exhibir la cédula profesional respectiva, por ser el documento público y oficial mediante el cual se comprueba de manera fehaciente que la persona a cuyo favor fue expedida cumplió con los requisitos legales requeridos para el ejercicio de esta profesión. Ahora bien, tratándose del incidente de costas en un juicio civil federal, constituye un requisito de procedencia para su cobro, que la actora incidentista demuestre que fue asesorada durante el juicio por un profesionista en la ciencia del derecho, por lo que aplicando dicho criterio jurisprudencial por identidad de razón al caso particular, es menester que la actora incidentista aporte como prueba la cédula profesional del abogado que la asesoró durante el juicio, pues con dicha documental pública está justificando su derecho al cobro de ese concepto y además, se da la oportunidad al demandado para que en su caso, impugne dicho documento, lo que es acorde a las reglas que rigen la carga de la prueba en materia civil y además, con ello se salvaguarda el principio de igualdad procesal de las partes. Tomando en consideración lo anterior, debe señalarse que la falta de exhibición de la cédula profesional en el incidente de costas no puede ser subsanada con la verificación que realiza el juzgador de la inscripción de la cédula profesional en el mecanismo denominado "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", para tener por acreditada la calidad de licenciado en derecho de quien se ostenta asesor de la actora incidentista, pues aun cuando dicho sistema fue creado para que los abogados postulantes inscriban sus cédulas profesionales en ese medio electrónico y el órgano jurisdiccional verifique en los procedimientos en que intervienen si están debidamente facultados para ejercer la profesión de abogado, pues sólo así les tendrá como autorizados y podrán actuar con las facultades que se contemplan en las legislaciones respectivas, no debe perderse de vista que ese registro es de control interno para los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación y surte efectos únicamente entre éstos, además de ser información confidencial que no se encuentra a la vista del público y por tanto, no tiene el alcance de constituir una anotación declarativa con efectos publicitarios. En este sentido, la información contenida en la aludida base de datos no es un elemento idóneo que por sí mismo demuestre que la actora incidentista fue asesorada durante el juicio por un profesional del derecho, dado su carácter reservado y confidencial." En tal virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso ******************** lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, por los motivos expuestos en la presente sentencia. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, este Juzgador: RESUELVE PRIMERO. No ampara. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** contra el acto que reclamó de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el quinto subsecuente. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, hoy veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  4. Principal

    IV.- PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

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