Rodolfo Ceron Carrillo
Expediente 1472/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1472/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rodolfo Ceron Carrillo
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, diversos documentos; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del citado punto, prevéngase a la parte quejosa para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger los documentos que anexó; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VI. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, diversos documentos; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del citado punto, prevéngase a la parte quejosa para que acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger los documentos que anexó; en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Rodolfo Cerón Carrillo, contra el acto que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; en tal virtud, fórmese el expediente respectivo, dese de alta y regístrese con el número 1472/2018. Sentado lo anterior, resulta procedente proveer en relación con la demanda de amparo que nos ocupa, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, es dable puntualizar que si bien el quejoso no señala en su demanda de mérito la etapa procesal en la cual se encuentra el juicio de origen, es notorio que de la revisión de la citada demanda se advierte que el mismo se encuentra en etapa de ejecución, ello en virtud de que parte del acto que se reclama consiste en el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual no se accedió a tener a la parte demandada conforme con el avalúo exhibido por la parte actora, aquí quejosa, fundamentando en el artículo 1410 del Código de Comercio, el cual nos habla de: Art. 1,410. A virtud de la sentencia de remate se procederá a la venta de los bienes retenidos o embargados, con el avalúo que cada parte exhiba dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. Si los valores determinados en cada avalúo no coincidieren, se tomará como base para el remate el promedio de ambos avalúos, siempre y cuando no exista una diferencia mayor al veinte por ciento entre el más bajo y el más alto. Si la discrepancia en el valor de los avalúos exhibidos por las partes fuera superior al porcentaje referido, el Juez podrá ordenar que se practique un tercer avalúo. Por lo anterior es dable concluir que la etapa procesal en la cual se encuentra el juicio de origen del cual deriva el acto aquí reclamado es la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo se puntualiza que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte que la parte quejosa impugna, el acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintitrés de noviembre del presente año, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 952/2016 del índice de la responsable en el cual no se accedió a la solicitud del ahora quejoso respecto de no tener por presentado al perito de su contraparte en el juicio de origen y tenerla por conforme con el avalúo presentado por la parte actora, se surte la causal de improcedencia previstas en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicada a "contrario sensu", ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado al Juez responsable no es el último acto dentro del procedimiento de remate. Primeramente, conviene citar que los aludidos dispositivos, disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". Como es de verse, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados en ejecución de sentencia únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; esto es, la que declare cumplida la sentencia o la que decrete la imposibilidad material o jurídica de que se cumpla, y en los procedimientos de remate, contra la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento. El artículo anterior entró en vigor a partir del tres de abril del año en curso (2013), pero en las reglas transitorias, en el artículo sexto, el legislador estableció: La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente ley. De forma tal, que debe analizarse si la jurisprudencia en torno a la fracción III se opone o no a la presente ley. La Ley de Amparo abrogada disponía: ARTICULO 114.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; Se transcriben estas dos fracciones en virtud de que fueron analizadas ambas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de la Novena Época con número de registro 163152 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Importa destacar que la regla genérica establecida en la jurisprudencia transcrita radica en que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Esta jurisprudencia, en opinión del que resuelve, podría cobrar aplicación, siempre y cuando, el acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues como se estableció en la jurisprudencia, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV (de la anterior Ley de Amparo, similar a la redacción de la fracción V del artículo 107 de la Nueva Ley de Amparo), para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. La excepción a esta hipótesis de improcedencia, tiene lugar cuando el juicio de amparo se promueve por una persona extraña al juicio, como previene el propio numeral 107, fracción VI de la Ley de Amparo. Respecto de este último precepto, se entiende que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Precisado lo anterior, la parte quejosa reclama de la Juez responsable el acuerdo de veintitrés de noviembre del presente año, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 952/2016 del índice de la responsable en el cual no se accedió a la solicitud del ahora quejoso respecto de no tener por presentado al perito de su contraparte en el juicio de origen y tenerla por conforme con el avalúo presentado por la parte actora. Bajo este tenor, si el acto que reclama la demandante del amparo, lo es el referido acuerdo descrito en párrafo precedente, es inconcuso que no se trata de la última resolución dictada en esa etapa, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Lo anterior es así, porque el acuerdo de veintitrés de noviembre de este año en litis, se trata de un auto intermedio tendiente a que se ejecute la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, concretamente en el procedimiento de remate; entonces, el juicio de amparo indirecto promovido en contra del citado acto impugnado, es improcedente; y si bien podría infringir derechos sustantivos, lo cierto es que ese acto no es ajeno a la ejecución de sentencia, ya que, se insiste, es una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En tal virtud, si la parte quejosa no es tercera extraña, toda vez que compareció en el juicio en su carácter de actora, entonces, es incuestionable que la determinación reclamada no es aquella que previó el legislador como parámetro para establecer la procedencia del juicio de amparo indirecto, y tampoco afecta de manera directa al quejoso derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, entonces es claro que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número 13/2016 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación, del rubro y texto siguientes: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquélla que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, resulta procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, las que resultan indudables habida cuenta de que en opinión del suscrito no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia de la Novena Época con número de registro 188643 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo y, por tanto, se reitera, lo procedente es desechar la demanda por notoriamente improcedente. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito, y como su autorizado para tal fin en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adrián Noe Vázquez Estrella. Asimismo, y respecto a la solicitud de uso de medios electrónicos durante la consulta del expediente; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, así como a su autorizado. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
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