Rodolfo Antonio Ortega Garza

Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
83/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo Antonio Ortega Garza

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Glósese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, mediante el cual adjunta una demanda de amparo promovida vía electrónica a nombre de Rodolfo Antonio Ortega Garza con evidencia criptográfica a nombre de Ángel Tapia Chávez, contra actos del Juez Primero Civil de esta ciudad, en atención a su contenido se provee: Fórmese el expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 83/2022-VI. No obstante, del análisis de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar de plano el libelo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo.En efecto, toda vez que la demanda inicial contiene una evidencia criptográfica de una persona distinta a quien promueve la demanda, resulta pertinente citar los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo.Descrito lo anterior, del estudio del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo, se desprende que el procedimiento de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y, en el supuesto que emane de un procedimiento penal, podrá ser promovido por la defensa de la parte quejosa o cualquier persona, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese aspecto, en primer término, sustancialmente dispone que las promociones que sean presentadas para la tramitación del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa (vía indirecta), deberán hacerse por escrito; excepcionalmente, podrán ser orales, siempre y cuando sean formuladas en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley de Amparo. Por otra parte, en cada una de las promociones o escritos presentados por las partes, deberá constar la firma autógrafa o huella digital de quien promueve el juicio de amparo. Adicionalmente, la Ley de Amparo, en su artículo 3°, confiere el derecho a las partes de presentar promociones en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.En ese sentido, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Expuesto lo anterior, no ha lugar a admitir la demanda que nos ocupa, toda vez que de la demanda que se atiende, fue firmada electrónicamente por Ángel Tapia Chávez, lo cual se corrobora de la evidencia criptográfica anexa. Esto es, al no haber firmado el escrito inicial de demanda en forma electrónica el quejoso Rodolfo Antonio Ortega Garza, deviene en un ocurso en el que no se incorpora la voluntad de la parte agraviada, ello en relación con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, en el aspecto de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona jurídica individual o colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado (principio de agravio personal y directo). Por tanto, se concluye que no existe manifestación de voluntad expresa, ya que no está firmada por (Rodolfo Antonio Ortega Garza) sino por diversa persona quien no cuenta, ni se ostenta con tal representación. Esto es, no se soslaya que el escrito de demanda, fue firmado electrónicamente por Ángel Tapia Chávez, persona señalada por la parte quejosa para imponerse de los autos; empero, ello es insuficiente para tener por acreditada la voluntad del promovente, pues no se advierte que Rodolfo Antonio Ortega Garza, tenga autorizada firma electrónica para el efecto de tener por satisfecho el requisito que prevé el artículo 3° de la Ley de Amparo. Además, Ángel Tapia Chávez, en su carácter de autorizado de la parte agraviada, carece de facultades para promover la demanda de garantías, dado que es un acto personalísimo atribuible a la parte quejosa.Por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el artículo 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la ley la materia, en relación con los preceptos legales invocados con antelación, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Rodolfo Antonio Ortega Garza, contra actos del Juez Primero Civil de esta ciudad. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Glósese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, mediante el cual adjunta una demanda de amparo promovida vía electrónica a nombre de Rodolfo Antonio Ortega Garza con evidencia criptográfica a nombre de Ángel Tapia Chávez, contra actos del Juez Primero Civil de esta ciudad, en atención a su contenido se provee: Fórmese el expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 83/2022-VI. No obstante, del análisis de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar de plano el libelo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo.En efecto, toda vez que la demanda inicial contiene una evidencia criptográfica de una persona distinta a quien promueve la demanda, resulta pertinente citar los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo.Descrito lo anterior, del estudio del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo, se desprende que el procedimiento de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y, en el supuesto que emane de un procedimiento penal, podrá ser promovido por la defensa de la parte quejosa o cualquier persona, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese aspecto, en primer término, sustancialmente dispone que las promociones que sean presentadas para la tramitación del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa (vía indirecta), deberán hacerse por escrito; excepcionalmente, podrán ser orales, siempre y cuando sean formuladas en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley de Amparo. Por otra parte, en cada una de las promociones o escritos presentados por las partes, deberá constar la firma autógrafa o huella digital de quien promueve el juicio de amparo. Adicionalmente, la Ley de Amparo, en su artículo 3°, confiere el derecho a las partes de presentar promociones en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.En ese sentido, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Expuesto lo anterior, no ha lugar a admitir la demanda que nos ocupa, toda vez que de la demanda que se atiende, fue firmada electrónicamente por Ángel Tapia Chávez, lo cual se corrobora de la evidencia criptográfica anexa. Esto es, al no haber firmado el escrito inicial de demanda en forma electrónica el quejoso Rodolfo Antonio Ortega Garza, deviene en un ocurso en el que no se incorpora la voluntad de la parte agraviada, ello en relación con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, en el aspecto de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona jurídica individual o colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado (principio de agravio personal y directo). Por tanto, se concluye que no existe manifestación de voluntad expresa, ya que no está firmada por (Rodolfo Antonio Ortega Garza) sino por diversa persona quien no cuenta, ni se ostenta con tal representación. Esto es, no se soslaya que el escrito de demanda, fue firmado electrónicamente por Ángel Tapia Chávez, persona señalada por la parte quejosa para imponerse de los autos; empero, ello es insuficiente para tener por acreditada la voluntad del promovente, pues no se advierte que Rodolfo Antonio Ortega Garza, tenga autorizada firma electrónica para el efecto de tener por satisfecho el requisito que prevé el artículo 3° de la Ley de Amparo. Además, Ángel Tapia Chávez, en su carácter de autorizado de la parte agraviada, carece de facultades para promover la demanda de garantías, dado que es un acto personalísimo atribuible a la parte quejosa.Por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el artículo 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la ley la materia, en relación con los preceptos legales invocados con antelación, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Rodolfo Antonio Ortega Garza, contra actos del Juez Primero Civil de esta ciudad. Notifíquese personalmente.

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