Rocio Vergara Hernandez
Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rocio Vergara Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido el escrito de cuenta y agréguese a los autos; en atención a su contenido, se provee: Determinación Hágase devolución de los documentos que refiere en su escrito de cuenta, previo desglose, cotejo y certificación, así como razón de recibido que se asiente en autos, lo anterior en apoyo a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Estado procesal. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido el escrito de cuenta y agréguese a los autos. Determinación Se tiene a la parte quejosa por dando cumplimiento a la prevención efectuada en autos. Así, de sus escritos aclaratorios, es posible conocer que el juicio del que emana el acto reclamado, aún no ha sido resuelto y que la última actuación practicada en el mismo, corresponde al acuerdo de trece de junio de dos mil veintitrés, en donde se dictó auto admisorio de pruebas y se fijó fecha y hora para su desahogo. Desechamiento De conformidad con los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar el escrito inicial de demanda y los diversos aclaratorios, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; así como que se tiene la certeza plena de que la circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Luego, del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: ACTO RECLAMADO La falta de llamamiento o citación al Juicio Ordinario Civil de Guardia y Custodia, dentro de los autos del Expediente número 61/2023-I, del Índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravos, del cual la quejosa es parte y como consecuencia la nulidad de todo lo actuado en el juicio. De lo expuesto con anterioridad, se desprende que el acto reclamado corresponde a la falta de llamamiento a juicio. Causal de improcedencia que se configura En la especie, la suscrita estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo por las razones que enseguida se expondrán, esto es, la parte quejosa no tiene el carácter con que compareció a este juicio de amparo, es decir, no es tercera extraña por equiparación respecto del juicio de origen. En efecto, los artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, así como 107, fracción VI, de la misma legislación constitucional establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". El precepto citado, señala uno de los supuestos en que el juicio de amparo biistancial es procedente y por tanto puede y debe ser promovido ante un Juez de Distrito, y que es cuando una persona ajena a un juicio controvierta la constitucionalidad de actuaciones emitidas antes o durante el procedimiento de que se trate. Ahora bien, también podrán promover el juicio de amparo en contra de las actuaciones emitidas antes o durante el procedimiento judicial, aquellas personas que aun siendo partes, no hayan sido debidamente emplazadas, no hayan comparecido al juicio, y que no hayan conocido de la sentencia definitiva que se dicte en el mismo sino hasta después de concluido el término para impugnarla mediante el recurso ordinario que la ley señale; a esas personas se les considerara terceros extraños por equiparación, pues de igual forma quedaron inauditos respecto del juicio lo que los dejó en estado de indefensión. A pesar de ello, si se interpreta en sentido contrario esta última disposición y según el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sola circunstancia de que la parte quejosa haya tenido conocimiento del juicio de origen, antes de que se haya dictado la resolución, aun cuando no haya sido legal y debidamente emplazada, ello desvirtúa el carácter de tercero extraña al juicio de origen por equiparación con el que pueda comparecer al juicio de amparo, porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio referido se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), por contradicción de tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, de la literalidad siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Caso concreto En la especie, Rocío Vergara Hernández promovió este juicio de amparo y señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento dentro del juicio ordinario civil de guarda y custodia 61/2023 del índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo; sin embargo, del contenido del escrito aclaratorio de cuenta, la parte quejosa manifestó -bajo protesta de decir verdad- que el citado juicio actualmente se encuentra en la etapa probatoria (así se desprende de las capturas de imagen que insertó). En las condiciones apuntadas, es indiscutible que a la quejosa no le asiste el carácter de tercero extraño en el citado juicio del que emana el acto reclamado, pues de las manifestaciones realizadas por éste, se advierte que es parte demanda en el juicio de origen y que a la fecha no ha sido dictada la resolución correspondiente, por lo cual se encuentra en posibilidad de comparecer y hacer valer lo que a su interés convenga. Decisión En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo en relación con el numeral 61, fracciones XVIII y XXIII, se desecha la demanda de amparo promovida por Rocío Vergara Hernández. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de julio de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, del que se advierte que el veintiséis de junio del año en curso, se dictó sentencia; sin embargo, se omitió girar oficio a los terceros interesados ASESORES JURÍDICOS ABRAHAM JOVAN ESPARZA GALARZA Y MARCO ANTONIO ALVA MOTA y FRANCISCO JAVIER ALVARADO RODRÍGUEZ Y MAYRA VERA ZAPATAS, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO; en consecuencia, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase copia autorizada de la citada resolución a efecto de que la referida parte procesal se imponga de su contenido. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de julio de dos mil veintitrés. Recepción de los oficios Ténganse recibidos y agréguense a los presentes autos los oficios cuenta, remitidos electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, con un anexo que acompaña; así como por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, sin que pase inadvertido para esta Juzgadora que éste último no se encuentra signado electrónicamente. Estado procesal No obstante lo anterior, en atención a su contenido, como lo solicitan, infórmense a los citados órganos judiciales que, mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, causó estado la determinación por la cual se tuvo por no presentada la demanda constitucional de que se trata y, en consecuencia, se ordenó el archivo correspondiente del presente asunto. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Hecho lo anterior, devuélvase el juicio de mérito al archivo en donde se encontraba. Notifíquese.
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